mujeres con discapacidad

Una muestra de la situación de desventaja y discriminación múltiple que viven las mujeres con discapacidad en México es que solo 28 por ciento de ellas son económicamente activas en comparación con 53 por ciento de sus pares varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así lo afirmó la organización Transversal.

Lo anterior es parte de la información que la agrupación Transversal “Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad” reveló en un “informe sombra” dirigido al Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de cara a la novena evaluación que tendrá el Estado mexicano del 2 al 20 de julio de 2018.

A través de un documento enviado al Comité de expertas de la CEDAW, México informó que existe un avance en la atención de las mujeres con discapacidad en el país. Según reportó, en 2016 un 39 por ciento de esta población estaba empleada, “rebasando la meta de 38.5 por ciento considerada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 2018”, aseguró.

El Estado mexicano también reportó que hubo avances en el acceso a los servicios de salud para las mujeres con discapacidad ya que en 2012 se calculaba que la carencia de este servicio era del 19 por ciento pero en 2016 disminuyó siete puntos porcentuales y pasó a 12 por ciento.

En materia de educación, el Estado mexicano aseveró que el rezago educativo de las mujeres con discapacidad en 2014 era del51 por ciento y en 2016 bajo a 49 por ciento.

En contraste, Transversal aportó información al Comité que advierte de la desatención y el empobrecimiento que viven las personas con discapacidad en México, en especial las mujeres. A partir de las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indicó que en 2014 un 50 por ciento de las personas con discapacidad en el país, que corresponde a 4.6 millones, no contaron con el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos y al 2016 aumentó a 4.9 millones.

Transversal precisó que en particular las mujeres con discapacidad son doblemente vulnerables en comparación a los hombres. Según el Inegi 72 por ciento de las mujeres con discapacidad mayor de 15 años de edad no realiza ninguna actividad económica y la brecha en la participación laboral crece conforme aumenta la edad.

La organización civil añadió que si se considera que una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más, por consecuente, es mayor el deterioro de la calidad de vida en este sector.

En tanto, las mujeres con discapacidad que acceden al ámbito laboral “se ubican en puestos de baja calificación con desprotección salarial”, refirió la agrupación, y con datos del Inegi de 2015 añadió que un 50 por ciento de los hombres con discapacidad tiene como principal fuente de ingresos su trabajo a diferencia de 31 por ciento de las mujeres en la misma condición.

En suma, en México las personas con discapacidad ganan por su trabajo 67 por ciento menos de lo que ganan las personas sin discapacidad, señaló la organización civil especializada en tema.

En evaluaciones anteriores al Estado mexicano, tanto de CEDAW como del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estos organismos han expresado su profunda preocupación por la situación de exclusión y pobreza de las mujeres con discapacidad, instando al gobierno a que los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural.

Para esta novena evaluación el Estado mexicano informó previamente a las expertas de CEDAW –sin dar detalles– que “28 de las 32 entidades federativas han cumplido con los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018” y que “60 de las 70 reglas de operación de los Programas Sociales consideran la priorización de apoyo a personas con discapacidad”.

Al respecto, Transversal indicó al Comité de CEDAW que en el país se genera poca información relativa a las personas con discapacidad y a las situaciones de discriminación de las que son objeto. Ante este vacío es imposible conocer el impacto de las políticas públicas en la reducción de la discriminación a la que se enfrentan particularmente las mujeres con discapacidad.

SIN ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN

Transversal afirmó en su informe sombra, publicado el 9 de mayo en la página oficial de CEDAW, que las mujeres con discapacidad tampoco ejercen su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Señaló que aún con la reforma educativa, este sistema no es inclusivo, por el contrario, “fomenta la educación especial y segregada para las personas con discapacidad”.

Las mujeres con discapacidad, nuevamente ven trastocado este derecho, la agrupación civil precisa con información recopilada del Inegi, que 26 por ciento de las mujeres con discapacidad son analfabetas, los varones un 19 por ciento, mientras solo 4 por ciento de la población sin discapacidad son analfabetas.

En relación al acceso a la salud para las mujeres con discapacidad, Transversal indicó que enfrentan obstáculos en el consentimiento libre e informado para cualquier tratamiento médico, es especial en la salud reproductiva que da origen a casos de esterilización forzado, tratamientos que son irreversibles.

Sobre la misma temática de mujeres con discapacidad, antes de que se realice la evaluación al Estado mexicano en julio próximo, las expertas de CEDAW pidieron información adicional a las autoridades mexicanas sobre las medidas adoptadas para prevenir la explotación sexual y económica, el abuso y la trata en lo que respecta a las mujeres indígenas con discapacidad. Sobre este requerimiento el gobierno no respondió en el último informe que entregó al Comité.

18/HZM

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) detectó en 2016, durante el desarrollo del programa de “Apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad”, un total de 257 casos de mujeres del colectivo que han sido víctimas de violencia, lo que supone el 24.2 por ciento de las mil 58 participantes en esta iniciativa.
 
COCEMFE ha desarrollado esta iniciativa a nivel estatal, en el marco del convenio de colaboración que mantiene con la Obra Social “la Caixa”, con el objetivo de fomentar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y potenciar su integración sociolaboral para, de este modo, prevenir y acabar con las dificultades que se encuentran las mujeres del colectivo por el hecho de ser mujer y tener discapacidad, y a las que se añade una mayor probabilidad de ser víctima de violencia.
 
En el 59 por ciento de los casos detectados, la figura agresora fue el marido, seguido de la pareja, en un 33 por ciento de los casos, los progenitores en un 4 por ciento y otros en un 9 por ciento. Que exista una relación afectiva en el 82 por ciento los casos pone de manifiesto la importancia del empoderamiento y de fomentar la autonomía personal y la independencia económica para hacer frente a estas situaciones.
 
En este sentido, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, asegura que “el apoyo psicosocial y la potenciación de la autonomía son aspectos fundamentales para prevenir los casos de violencia y por ello, COCEMFE seguirá trabajando para que el colectivo de la mujer con discapacidad vea atendidas sus necesidades en este sentido y contribuyendo a que la prevención, detección y atención de los casos de violencia sea cada vez menos necesaria”.
 
En 2016, el programa se ejecutó en nueve comunidades autónomas y contó con la participación de mil 58 mujeres con discapacidad, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse semanalmente en grupos reducidos para compartir sus experiencias y abordar aspectos esenciales, como la mejora de la autoestima, las habilidades personales y sociales, sensibilización en género, etc.
 
Además de realizarse 57 talleres de soporte psicosocial y 23 talleres de consolidación en 2016, un total de 235 mujeres han contado con atención y asesoramiento individualizados. Asimismo, cuando se han detectado casos de violencia y maltrato se ha contado con un protocolo de derivación voluntaria a servicios especializados para su atención y protección a corto y largo plazo, con el correspondiente seguimiento del personal técnico del programa.
 
También, el programa ha permitido a 193 mujeres en búsqueda activa de empleo, participar en el programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”, en el que también colabora COCEMFE.
 
Desde 2010, se han realizado 501 cursos y talleres y han participado en el programa más de 3 mil mujeres con discapacidad, un total de 142 familiares, 552 estudiantes, 165 voluntarios, 700 trabajadores de ONG de discapacidad y 845 de la administración.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG
 

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) lamentó la falta de información que existe sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad. Aseguró que “no se sabe cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia, ni cuántas adquieren una discapacidad por maltrato. Tampoco se sabe cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia que sufrió la madre durante el embarazo”.
 
Así lo dio a conocer la FCM a través de la edición número 20 de la publicación digital Generosidad, que corresponde al mes de enero.
 
La FCM recordó que la macroencuesta que presentó en 2015 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género informó que las mujeres tienen una discapacidad igual o superior 33 por ciento por haber padecido violencia física, sexual o porque tuvieron miedo a sus parejas en un 23.3 por ciento de los casos, mientras que este porcentaje bajó 15.1 por ciento, en mujeres sin discapacidad.
 
Además, la tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas, muestra que alrededor de 13 por ciento de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.
 
Ante este escenario, la FCM celebró que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
 
“Las estrategias que se ejerzan para las políticas públicas coordinadas y financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal, pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad. Las ayudará a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, dijo la FCM.
 
En este sentido, coincidió con la aprobación de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”.
 
La editorial digital, Generosidad recogió un reportaje en el que la FCM destacó la necesidad de reforzar la perspectiva de género denominada “Cuarto soporte del estado del bienestar”, ya que entre otras cosas, no sirvió para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas mujeres en España.
 
El pasado 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que 65 por ciento de las mujeres, en su mayoría con más de 65 años solicitaron atención.
 
En cuanto a las prestaciones que les dan a personas beneficiarias (856 mil 452 en total), está vinculada a la asistencia personal, ya que solamente 0.51 por ciento del total. Al igual sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal que representa 3.54 por ciento.
 
Por el contrario, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi 34 por ciento de los servicios totales, por lo que la FCM denunció que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolide un sistema basado en los cuidados informales”.
 
Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con la asesora técnica de la Subdirección de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, María José Melero, quien se abordó la necesidad de seguir mejorando la atención a las mujeres y niñas con discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva.
 
El apoyo de la FCM en el Día Internacional del Voluntariado o las acciones que la entidad puso en marcha con la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y con el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid para reforzar la perspectiva de género y discapacidad.
 
17/RED/ KVR

En medio de la invisibilidad socialmente construida hacia las mujeres, hay quienes son más invisibles dentro del imaginario colectivo, así como su sexualidad y sus derechos sexuales. Ellas son las mujeres con discapacidad, las que se encuentran privadas de su libertad, las enfermas mentales y las que viven en situación de calle, entre otras.
 
No hay políticas públicas y por supuesto son pocas o escasas las acciones que desde las instituciones se diseñan pensando en sus contextos y condiciones. En vez de eso tenemos posturas basadas en el exterminio poblacional, una suerte de discurso eugenésico que pretende hacerse sutil al proponer la esterilización de “ellas”, que sólo así son vistas.
 
La sexualidad de las mujeres ha sido explotada como un sistema de control y opresión, como una cuota a cubrir para hacerse visibles; pero es selectiva, está dirigida a las mujeres cuyos cuerpos son consumibles por el mercado patriarcal que determina quiénes son consumibles, cosa de exhibición. En una centralidad de las hegemonías del deber ser en la feminidad y el cuerpo de las mujeres.
 
Las demás salen a la periferia, ese ámbito disperso en el que el Estado patriarcal ya no compromete protección a cambio de ser “consumible”, y ahí están las mujeres consumidoras de drogas, las mujeres privadas de su libertad, las enfermas mentales, las mujeres con discapacidad y las que viven en situación de calle.
 
Y quizá habría que sumar a las más pobres entre las pobres: las mujeres indígenas que al no ser vistas como personas, son abandonadas a su suerte y sólo se concibe una política de exterminio institucionalizada a través de las esterilizaciones forzadas y/o el parto en la acera pública, en la exposición y la violencia.
 
No hay estrategias de acceso a métodos anticonceptivos o distribución de éstos entre poblaciones de mujeres que viven estos contextos de vulnerabilidad e intersecciones de discriminación; aunque en general hay un difícil acercamiento entre las adolescentes y mujeres jóvenes a los métodos anticonceptivos que esté pensada con un enfoque de Derechos Humanos y de género.
 
Esto ofrece un reto para las activistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes afrontan la falta de recursos etiquetados no solamente para la promoción sino para la defensa en caso de violaciones a éstos.
 
Los medios de comunicación han empezado a difundir cuando una mujer indígena es abandonada y obligada a parir en la puerta del hospital, se ha puesto atención en la esterilización forzada que se realizaba en algunas clínicas rurales contra grupos étnicos, y quizá se ha pensado en la difusión de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad auditiva, pero poco hay para mujeres con otras discapacidades.
 
Pensar en la sexualidad no consumible por el patriarcado está casi fuera del ámbito de reflexión y pensamiento, y en consecuencia, de las políticas públicas; es algo de lo que se elige no hablar.
 
Se prefiere no pensar en la sexualidad que no es “bonita”, en los cuerpos que no son consumibles por el sistema patriarcal y que no ofrecen ningún interés en su erotización y reproducción; pero ocurre en el discurso periférico de la violencia, ahí donde se cometen violaciones contra mujeres discapacitadas, enfermas mentales o en condición vegetativa, en contra de mujeres que consumen alguna droga o de las que viven en situación de calle.
 
Esta violencia sexual poco denunciada pero ligada a la percepción del cuerpo de las mujeres como una extensión de los territorios, está latente y demanda ser visibilizada.
 
De la misma forma, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres que viven en situación de cárcel y que están dando a luz a niñas y niños que permanecen con ellas hasta los 3 años de edad porque son separados como parte de las políticas institucionales, sin que se revise o considere las condiciones de la violencia de género que contribuyeron a la criminalización y encarcelamiento.
 
Construir una acción de intervención desde la sociedad civil organizada, asociaciones defensoras de mujeres, iniciativas y colectivos feministas, puede contribuir a atender, pero el Estado debe asumir también la parte que le toca y empezar a hacer visibles a las invisibles, y junto a ellas, a sus hijos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL