políticas públicas

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.
 
Desde la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural, que han significado avances para las mujeres en la región pero que también han mostrado la persistencia de las desigualdades.
 
Hemos sorteado múltiples obstáculos generando colectivamente un proceso excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región, profundas deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos y el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres.
 
La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la desigualdad de nuestras sociedades.
 
MERCADO LABORAL, LLAVE PARA IGUALDAD  
 
Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo.
 
En América Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la innovación y en muchos casos empleos de baja calidad.
 
El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde allí es desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la proporción de mujeres en el mercado del trabajo, sin embargo, en los últimos 10 años la tasa de actividad femenina en la región se ha estancado en el entorno de 53 por ciento, denunciando un techo en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
 
En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a la reducción de la pobreza en la región con casos paradigmáticos como el de El Salvador donde la pobreza se podría reducir hasta 12 puntos porcentuales de contar con ingresos laborales para las mujeres.
 
Para entender las barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres es fundamental analizar dos dimensiones centrales de la autonomía económica. Por un lado, el acceso a recursos monetarios propios y por otro, la dimensión del uso del tiempo.
 
En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende a 30 por ciento aproximadamente, es decir una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos. Esto sin duda es un gran desafío para la autonomía de las mujeres que dependen de otros miembros del hogar para la satisfacción de sus necesidades o las de sus familias.
 
A esto se suma que 26 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad reciben menos de un salario mínimo resultando que más de la mitad de las mujeres de la región no tengan ingresos propios o reciban sumas mínimas que imposibilitan una verdadera autonomía económica.
 
Propuestas como la renta básica universal o la regulación y fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que permitirían ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos.
 
Respecto al uso del tiempo, se ha demostrado que las mujeres en todos los países de la región tienen una carga total de trabajo sistemáticamente mayor a la de los hombres. La tradicional división sexual del trabajo, muy presente en la región, asigna el trabajo no remunerado principalmente a las mujeres y lo hace una responsabilidad casi exclusiva de ellas.
 
Esto constituye una de las principales barreras para incorporarse al mercado laboral y acceder al desarrollo personal y profesional. La reducción de la jornada laboral y las políticas de promoción de la corresponsabilidad del cuidado son instrumentos que pueden modificar y dar un mejor balance a la hoy desigual carga de trabajo que tienen hombres y mujeres.
 
Junto a los indicadores de uso del tiempo, la valorización monetaria de todo el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se realiza en los hogares y su inclusión en las cuentas nacionales mediante una cuenta satélite de trabajo no remunerado han sido potentes herramientas para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía de los países.
 
Las estimaciones indican que este valor representó 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014, el 20.4 por ciento del PIB de Colombia en 2012 y 18.8 por ciento del PIB de Guatemala en 2014. Para Ecuador su cuenta satélite estima que el valor del trabajo no remunerado representa 15,2 por ciento del PBI del año 2012.
 
Las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres.
 
Toda esta información lleva inequívocamente a la necesidad de diseñar políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo no remunerado y que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo.
 
Se trata de políticas públicas que eviten reproducir estereotipos de género y que contemplen las diversas posiciones de las mujeres e impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional al más alto nivel aprovechando sus niveles de calificación y habilidades en los sectores de mayor productividad. De esta forma se minan las bases de la segmentación horizontal y vertical que caracterizan hoy el mercado de empleo para ellas.
 
En octubre de 2016, los gobiernos de la región, reunidos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, alcanzaron un acuerdo para implementar la Estrategia de Montevideo y hacer efectivas las premisas establecidas en los consensos anteriores así como responder al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.
 
Esta sinergia nos plantea el desafío de implementar la igualdad de género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.
 
Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Es el momento de abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha constante por la construcción de una sociedad más justa no solo para todas sino también para todos.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
**Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
 
17/AB/GG
 

En medio de la invisibilidad socialmente construida hacia las mujeres, hay quienes son más invisibles dentro del imaginario colectivo, así como su sexualidad y sus derechos sexuales. Ellas son las mujeres con discapacidad, las que se encuentran privadas de su libertad, las enfermas mentales y las que viven en situación de calle, entre otras.
 
No hay políticas públicas y por supuesto son pocas o escasas las acciones que desde las instituciones se diseñan pensando en sus contextos y condiciones. En vez de eso tenemos posturas basadas en el exterminio poblacional, una suerte de discurso eugenésico que pretende hacerse sutil al proponer la esterilización de “ellas”, que sólo así son vistas.
 
La sexualidad de las mujeres ha sido explotada como un sistema de control y opresión, como una cuota a cubrir para hacerse visibles; pero es selectiva, está dirigida a las mujeres cuyos cuerpos son consumibles por el mercado patriarcal que determina quiénes son consumibles, cosa de exhibición. En una centralidad de las hegemonías del deber ser en la feminidad y el cuerpo de las mujeres.
 
Las demás salen a la periferia, ese ámbito disperso en el que el Estado patriarcal ya no compromete protección a cambio de ser “consumible”, y ahí están las mujeres consumidoras de drogas, las mujeres privadas de su libertad, las enfermas mentales, las mujeres con discapacidad y las que viven en situación de calle.
 
Y quizá habría que sumar a las más pobres entre las pobres: las mujeres indígenas que al no ser vistas como personas, son abandonadas a su suerte y sólo se concibe una política de exterminio institucionalizada a través de las esterilizaciones forzadas y/o el parto en la acera pública, en la exposición y la violencia.
 
No hay estrategias de acceso a métodos anticonceptivos o distribución de éstos entre poblaciones de mujeres que viven estos contextos de vulnerabilidad e intersecciones de discriminación; aunque en general hay un difícil acercamiento entre las adolescentes y mujeres jóvenes a los métodos anticonceptivos que esté pensada con un enfoque de Derechos Humanos y de género.
 
Esto ofrece un reto para las activistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes afrontan la falta de recursos etiquetados no solamente para la promoción sino para la defensa en caso de violaciones a éstos.
 
Los medios de comunicación han empezado a difundir cuando una mujer indígena es abandonada y obligada a parir en la puerta del hospital, se ha puesto atención en la esterilización forzada que se realizaba en algunas clínicas rurales contra grupos étnicos, y quizá se ha pensado en la difusión de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad auditiva, pero poco hay para mujeres con otras discapacidades.
 
Pensar en la sexualidad no consumible por el patriarcado está casi fuera del ámbito de reflexión y pensamiento, y en consecuencia, de las políticas públicas; es algo de lo que se elige no hablar.
 
Se prefiere no pensar en la sexualidad que no es “bonita”, en los cuerpos que no son consumibles por el sistema patriarcal y que no ofrecen ningún interés en su erotización y reproducción; pero ocurre en el discurso periférico de la violencia, ahí donde se cometen violaciones contra mujeres discapacitadas, enfermas mentales o en condición vegetativa, en contra de mujeres que consumen alguna droga o de las que viven en situación de calle.
 
Esta violencia sexual poco denunciada pero ligada a la percepción del cuerpo de las mujeres como una extensión de los territorios, está latente y demanda ser visibilizada.
 
De la misma forma, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres que viven en situación de cárcel y que están dando a luz a niñas y niños que permanecen con ellas hasta los 3 años de edad porque son separados como parte de las políticas institucionales, sin que se revise o considere las condiciones de la violencia de género que contribuyeron a la criminalización y encarcelamiento.
 
Construir una acción de intervención desde la sociedad civil organizada, asociaciones defensoras de mujeres, iniciativas y colectivos feministas, puede contribuir a atender, pero el Estado debe asumir también la parte que le toca y empezar a hacer visibles a las invisibles, y junto a ellas, a sus hijos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL