LGAMVLV

La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) a fin de enunciar como violencia laboral la negativa de contratar a mujeres por motivos de embarazo.

El pasado 9 de marzo, la Cámara baja aprobó la modificación para agregar al conjunto de acciones que constituyen violencia laboral “las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, que elaboró el dictamen, esta ampliación permitirá reconocer como violencia laboral la exigencia a las mujeres de presentar certificados médicos de embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; incluso al despido de una trabajadora o coacción de renuncia por motivos de embarazo, cambio de estatus civil o cuidado de los hijos. 

En adelante el artículo 11 de esta Ley dirá que constituye violencia laboral: “la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la LFT, la explotación; el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género”.

DESPIDO POR EMBARAZO, VIOLENCIA RECURRENTE

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el despido por embarazo ocupa el primer lugar por discriminación en la capital del país.

Esta violencia constituye 31.4 por ciento de los expedientes abiertos en la Copred tan sólo de enero al 8 de marzo de 2018.

En tanto, la segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDUS CDMX 2017) reflejó que 65.5 por ciento de las empleadas embarazadas fueron víctimas de una discriminación.

Entre las conductas discriminatorias más recurrentes están que “no les dan trabajo”, “las corren del empleo”, y “las hacen menos”.

El origen de esta modificación a la LGAMVLV es una iniciativa que presentó la bancada de Movimiento Ciudadano durante la Legislatura LXII. Esta iniciativa fue aprobada en marzo de 2014, luego fue remitida al Senado, y luego devuelta a la Cámara de Diputados con algunos cambios. 

Con esta aprobación, la iniciativa de ampliación avanza a su última fase: la discusión y eventual aprobación por parte del Senado de la República. 

18/AJSE/LGL

Intereses políticos de gobernantes y falta de perspectiva de género en las instituciones son los principales obstáculos que impiden el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
Así lo afirman investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 10 años de la publicación de la LGAMVLV en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007.
 
La doctora Aleida Hernández Cervantes,  investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, explica que uno de los principales retos para la aplicación de la ley ha sido la resistencia de los gobernantes para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de protección propuesto para las mujeres que viven en zonas con alto índice de violencia  de género.
 
Comentó Hernández Cervantes, en entrevista para Cimacnoticias, que los intereses políticos de los gobernadores para ganar elecciones frenan el acceso de justicia de las mujeres. “Las y los gobernadores no quieren aceptar ni quieren que se diga que en el  estado que lideran se vive una violencia alarmante de género hacia ellas”, dijo.
 
Para que la AVG se apruebe en una entidad, la Secretaría de Gobernación (Segob) debe comunicárselo al Poder Ejecutivo estatal, sin embargo, explica la doctora Hernández Cervantes, suele retrasarse porque: “Se vuelve un tema de negociación política entre la Segob y el gobernador. Y si, por ejemplo, el Secretario de Gobernación pertenece al mismo partido que el Ejecutivo del estado, el proceso se retrasa y necesita más presión de la sociedad civil, de la academia y hasta del ámbito internacional”, afirmó.
 
En México 41 municipios de Morelos, Estado de México, Jalisco y Michoacán tienen  la AVG, pero destaca que en el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, las exigencias de la sociedad civil por declararla tardaron años en ser respondidas, pese al alto índice de violencia hacia las mujeres.
 
El informe “Homicidio: una mirada a la violencia en México” del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), menciona que en esa entidad  se reportaron 48 casos de feminicidios durante 2014.
 
TEMA EN LA AGENDA PÚBLICA
 
La implementación de la LGAMVLV en 20017 significó el reconocimiento por parte del Estado para institucionalizar y poner en la agenda pública la violencia de género hacia las mujeres.
 
Con la Ley se dio respuesta a las exigencias de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
 
Sin embargo, Teresa Ambrosio, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la eficacia de la LGAMVLV depende de una transformación en los modelos socioculturales de mujeres y hombres que están en las instituciones.
 
Teresa Ambrosio dijo que es esencial trabajar en la educación de todas las personas en materia de género y derechos humanos porque, de no hacerlo, la existencia de instituciones enfocadas a atender la violencia hacia las mujeres, así como la aplicación de la ley LGAMVLV no podrá cumplirse.
 
17/MMAE/GGQ
 

Las acciones de emergencia y de coordinación para decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) se demoran por un proceso de “chance” a los gobiernos estatales para que atiendan lo que en 9 años han dejado de lado: política pública y presupuestos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
 
En un encuentro de los organismos de la sociedad civil promotores y solicitantes de las Alertas en 20 entidades de la República con el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizado el 5 de agosto en Guadalajara, se coincidió en que más que atender a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ha dedicado a administrar procesos que postergan la demanda de las Alertas.
 
En dicho encuentro y en razón de la serie de cuestionamientos y propuestas, se acordó por unanimidad, abrir el diálogo sobre las Alertas con el Ejecutivo Federal a través de una solicitud que haría la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SNPASEVIM); seguimos a la espera de respuesta.
 
La LGAMVLV señala claramente en su artículo 24 que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
 
Los tres preceptos se cumplen en el caso de Cajeme, Sonora, pero también se cumplen en el resto del país. Se posterga 6 meses más después de 15 meses y 24 días que han transcurrido desde que fue solicitada por la Red Feminista Sonorense. Y en vez de instrumentar las acciones de emergencia y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Estatal lanza una campaña perniciosa “Sonora libre de Alerta”.
 
A ello se suma el hecho de que México pospuso la presentación de su informe- la cual debió ser en junio pasado- al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a 2018.
 
En ese informe, el Estado mexicano debió informar sobre las acciones que implementó a raíz de las recomendaciones hechas por el mismo Comité en 2012 referentes a la violencia y a la AVG como lo que establece el numeral 14 y que tiene que ver con la Armonización Legislativa y derogación de leyes discriminatorias.
 
El numeral 16 que se refiere a la Aplicación y cumplimiento con la Ley General de Acceso y el mecanismo de Alerta de Género; el 18 que tiene que ver con la Actuación ante Desapariciones de mujeres y niñas; el  21 que hace recomendaciones sobre la trata de personas, el numeral 33 sobre la actuación ante el aborto y aplicación de la NOM-046.
 
Es evidente que la actuación de la Secretaría de Gobernación –Conavim- y el Gobierno federal, ha inhibido la aplicación de la Ley y desatendido a CEDAW.
 
*Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense.
16/LBO/LGL