violencia feminicida en la capital

La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) aceptó hace unos días, la solicitud de las organizaciones civiles para analizar si es necesario declarar en Alerta de Violencia de Género (AVG) a la Ciudad de México, por lo que ahora se conformará el grupo de Trabajo que analice el contexto de violencia en la capital.

En entrevista con Cimacnoticias, la directora general de Justicia Pro Persona, una de las organizaciones peticionarias de la Alerta, Nahyeli Ortiz Quintero, informó que se exhortó a que este Grupo de Trabajo sea multidisciplinario, de confianza y realice una ardua investigación.

Que la Conavim realice una selección de especialistas en materia de violencia de género y que su trabajo en conjunto con la sociedad civil permita reconocer el panorama de violencia feminicida en la Ciudad de México. “Lo que estamos esperando es que el Grupo de Trabajo precisamente sea bastante confiable, realice una labor no solo de escritorio sino de campo”, precisó.

En menos de un año, de noviembre de 2016 a junio de 2017, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) informó que se cometieron 101 casos de feminicidio; mientras que no ha localizado a 644 mujeres de las mil 836 reportadas como “ausentes o extraviadas” durante enero de 2015 a diciembre de 2016.

Fue el evidente incremento de violencia feminicida en la Ciudad, la falta de debida diligencia en las investigaciones, la impunidad y las prácticas de revictimización y estigmatización en las que incurre la PGJDF lo que orilló al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas AC, el Centro Fray Francisco de Vitoria y la Red “Todos para Todas y Todos” a solicitar a la Conavim el 7 de septiembre la AVG para las 16 delegaciones de la Ciudad.

La Alerta también se solicitó por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivero Osorio, hallada el 3 de mayo de este año en Ciudad Universitaria pues pese a que existían todos los indicios para investigarlo como feminicidio, la Procuraduría local determinó que se trató de un suicidio.

A casi un mes de que las organizaciones realizaron la petición, el 5 de octubre la Conavim informó sobre la aceptación de la AVG y publicó la convocatoria para conformar el grupo de expertas, quienes emitirán un informe para recomendar al gobierno capitalino una serie de políticas públicas enfocadas en abatir la violencia de género; acciones que deberá cumplir en un periodo de seis meses.

De acuerdo con las cifras de la Procuraduría se tienen identificadas las zonas de la capital que reportan el mayor número de casos de feminicidio. De los 260 asesinatos violentos de mujeres cometidos desde 2012 a 2016, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran 50 por ciento de los casos.

La directora de Justicia Pro Personas Ortiz Quintero, agregó que esperan durante el proceso la apertura del Gobierno de la Ciudad de México, actualmente bajo el mando de Miguel Ángel Mancera Espinosa, para aceptar las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo. Asimismo que las expertas supervisen constantemente el cumplimiento del informe una vez que lo entreguen.

Otra de las exigencias que plantearon las organizaciones al momento de pedir la AVG, es que demás de las medidas que emita el Grupo de Trabajo, se forme paralelamente un mecanismo de supervisión técnica conformado por especialistas en investigación criminal, para evaluar las actuaciones de las autoridades como lo prevé el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio con el que cuenta la Ciudad desde 2011.

Cabe recordar que actualmente en 12 entidades del país está activa la AVG (Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit).

17/HZM/LGL

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE