Estado mexicano
DERECHOS HUMANOS
--Organización Transversal informa al Comité CEDAW
Persisten violaciones a Derechos Humanos de mujeres con discapacidad

Una muestra de la situación de desventaja y discriminación múltiple que viven las mujeres con discapacidad en México es que solo 28 por ciento de ellas son económicamente activas en comparación con 53 por ciento de sus pares varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así lo afirmó la organización Transversal.
Lo anterior es parte de la información que la agrupación Transversal “Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad” reveló en un “informe sombra” dirigido al Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de cara a la novena evaluación que tendrá el Estado mexicano del 2 al 20 de julio de 2018.
A través de un documento enviado al Comité de expertas de la CEDAW, México informó que existe un avance en la atención de las mujeres con discapacidad en el país. Según reportó, en 2016 un 39 por ciento de esta población estaba empleada, “rebasando la meta de 38.5 por ciento considerada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 2018”, aseguró.
El Estado mexicano también reportó que hubo avances en el acceso a los servicios de salud para las mujeres con discapacidad ya que en 2012 se calculaba que la carencia de este servicio era del 19 por ciento pero en 2016 disminuyó siete puntos porcentuales y pasó a 12 por ciento.
En materia de educación, el Estado mexicano aseveró que el rezago educativo de las mujeres con discapacidad en 2014 era del51 por ciento y en 2016 bajo a 49 por ciento.
En contraste, Transversal aportó información al Comité que advierte de la desatención y el empobrecimiento que viven las personas con discapacidad en México, en especial las mujeres. A partir de las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indicó que en 2014 un 50 por ciento de las personas con discapacidad en el país, que corresponde a 4.6 millones, no contaron con el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos y al 2016 aumentó a 4.9 millones.
Transversal precisó que en particular las mujeres con discapacidad son doblemente vulnerables en comparación a los hombres. Según el Inegi 72 por ciento de las mujeres con discapacidad mayor de 15 años de edad no realiza ninguna actividad económica y la brecha en la participación laboral crece conforme aumenta la edad.
La organización civil añadió que si se considera que una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más, por consecuente, es mayor el deterioro de la calidad de vida en este sector.
En tanto, las mujeres con discapacidad que acceden al ámbito laboral “se ubican en puestos de baja calificación con desprotección salarial”, refirió la agrupación, y con datos del Inegi de 2015 añadió que un 50 por ciento de los hombres con discapacidad tiene como principal fuente de ingresos su trabajo a diferencia de 31 por ciento de las mujeres en la misma condición.
En suma, en México las personas con discapacidad ganan por su trabajo 67 por ciento menos de lo que ganan las personas sin discapacidad, señaló la organización civil especializada en tema.
En evaluaciones anteriores al Estado mexicano, tanto de CEDAW como del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estos organismos han expresado su profunda preocupación por la situación de exclusión y pobreza de las mujeres con discapacidad, instando al gobierno a que los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural.
Para esta novena evaluación el Estado mexicano informó previamente a las expertas de CEDAW –sin dar detalles– que “28 de las 32 entidades federativas han cumplido con los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018” y que “60 de las 70 reglas de operación de los Programas Sociales consideran la priorización de apoyo a personas con discapacidad”.
Al respecto, Transversal indicó al Comité de CEDAW que en el país se genera poca información relativa a las personas con discapacidad y a las situaciones de discriminación de las que son objeto. Ante este vacío es imposible conocer el impacto de las políticas públicas en la reducción de la discriminación a la que se enfrentan particularmente las mujeres con discapacidad.
SIN ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN
Transversal afirmó en su informe sombra, publicado el 9 de mayo en la página oficial de CEDAW, que las mujeres con discapacidad tampoco ejercen su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Señaló que aún con la reforma educativa, este sistema no es inclusivo, por el contrario, “fomenta la educación especial y segregada para las personas con discapacidad”.
Las mujeres con discapacidad, nuevamente ven trastocado este derecho, la agrupación civil precisa con información recopilada del Inegi, que 26 por ciento de las mujeres con discapacidad son analfabetas, los varones un 19 por ciento, mientras solo 4 por ciento de la población sin discapacidad son analfabetas.
En relación al acceso a la salud para las mujeres con discapacidad, Transversal indicó que enfrentan obstáculos en el consentimiento libre e informado para cualquier tratamiento médico, es especial en la salud reproductiva que da origen a casos de esterilización forzado, tratamientos que son irreversibles.
Sobre la misma temática de mujeres con discapacidad, antes de que se realice la evaluación al Estado mexicano en julio próximo, las expertas de CEDAW pidieron información adicional a las autoridades mexicanas sobre las medidas adoptadas para prevenir la explotación sexual y económica, el abuso y la trata en lo que respecta a las mujeres indígenas con discapacidad. Sobre este requerimiento el gobierno no respondió en el último informe que entregó al Comité.
18/HZM
VIOLENCIA
Por primera vez se integra temática
Poder judicial mexicano, a evaluación de CEDAW

Por primera vez el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) analizará en julio de 2018 el trabajo del Poder Judicial mexicano y la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.
Previo a la sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, el Comité de CEDAW para preparar la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, la organización civil Equis Justicia para las Mujeres entregó al organismo de Naciones Unidas un “informe sombra” sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.
Derivado de este reporte, Equis Justicia informó en un comunicado que el Comité retomó el tema en la sesión y pidió al Estado mexicano explicar, ante la evaluación prevista del 2 al 20 de julio de 2018 en Ginebra, los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.
En 2012, en las observaciones finales que hizo el Comité sobre México, señaló en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado debe eliminar las prácticas discriminatorias y estereotipos en la labor de las personas juzgadoras, así como aplicar la perspectiva de género en las resoluciones de los casos.
Sobre el cumplimiento de estas consideraciones, el gobierno mexicano entregó por novena ocasión en diciembre de 2016 su informe a CEDAW, en el que señala que creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género y capacitó a funcionarios públicos para incorporar la perspectiva de género en el análisis de casos.
Sin embargo, en el informe alternativo de Equis Justicia que tuvo el objetivo de brindar al Comité datos certeros sobre la situación de justicia para las mexicanas, la organización indicó que por medio del observatorio de sentencias que realizan, encuentran que las y los jueces utilizan estereotipos de género en sus resoluciones, en los que revictimizan y criminalizan a las mujeres.
Equis Justicia colocó en su informe a las víctimas de violación sexual como una de las principales afectadas. Destacó que el Poder Judicial les exige “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito; como comprobar que la mujer haya puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.
La organización ejemplificó que en 2009 el Poder Judicial de Veracruz gastó alrededor de 35 millones de pesos para capacitar a su personal en perspectiva de género, pero en la entidad persiste la discriminación al momento de juzgar, como le sucedió a Daphne Fernández, víctima de violación por cuatro jóvenes en enero de 2015. Uno de ellos quedó libertad el año pasado porque un juez determinó que no había pruebas suficientes y “los tocamientos” no fueron con intención lasciva ni de satisfacción sexual.
CEDAW EXIGE TRANSPARENCIA
En materia de acceso a la justicia al Comité de CEDAW también le llamó la atención el acceso a la información sobre sentencias de casos de violaciones a los derechos de las mujeres.
CEDAW refiere que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se han reducido considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a las información sobre los casos”, por lo que pidió al Estado mexicano informar si existen mecanismos para para vigilar la aplicación de la Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité toca este tema, destacó Equis Justicia.
Al Estado también se le pide demostrar con indicadores, el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial. Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a ella y el excesivo uso de prisión preventiva para mujeres, relacionada con delitos de drogas.
TEMAS A EVALUAR
Otros de los temas que enlistó CEDAW y por los cuales será evaluado el Estado mexicano en julio son: la violencia contra las mujeres, trata de mujeres, participación en la vida política y pública de las mujeres, agresiones contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas, estereotipos y prácticas discriminatorias en medios de comunicación.
Acceso a la educación y trabajo, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, políticas para mujeres con discapacidad, derechos de mujeres indígenas y rurales, mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de asilo en el país, mujeres privadas de la libertad por el delitos relacionados con las drogas y equidad en el matrimonio y relaciones familiares, son otros de los temas
Esta es la novena evaluación que enfrenta México desde 1981 que se integró a este instrumento internacional.
17/HZM/LGL
VIOLENCIA
Madre de Nadia señala que el Estado las dejó en la indefensión
Estado mexicano pide a CIDH no admitir feminicidio de Nadia Muciño

El Estado mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitir el caso por el feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez alegando que a la fecha la familia y su defensa no ha agotado todos los recursos legales internos para obtener justicia y porque en la investigación “no se violó ningún Derecho Humano”.
Con un retraso de cinco meses, el Estado mexicano dio respuesta a la petición que le hizo la CIDH en mayo de 2016 para dar información sobre el caso de Nadia Muciño, joven asesinada por su esposo Bernardo López Gutiérrez y el hermano de este, Isidro alias el “El Matute”; crimen que se cometió enfrente de sus hijos de entonces cinco, cuatro y dos años de edad, el 12 de febrero de 2014 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
El 5 de octubre de 2010, la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández y su defensa legal, los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CDMPDH), solicitaron a la CIDH admitir el caso ante las omisiones e irregularidades que cometió la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a la hora de investigar el caso.
Asimismo por las violaciones a los Derechos Humanos de la madre de Nadia y sus tres nietos, y por los malos tratos que han recibido durante del proceso (petición P-1402-10).
Sobre estas dos acusaciones a nivel internacional, el Estado mexicano entregó un informe el 10 de enero de 2017 a la CIDH, donde argumentó que ninguno de estos supuestos es cierto pues la familia de Nadia “no ha agotado todos los recursos legales dentro del país” como debe suceder antes de acudir al organismo; y porque la autoridad ha realizado todas las diligencias necesarias para corroborar el asesinato de Nadia.
La familia de Nadia denunció ante la Comisión Interamericana las demoras en el proceso penal en contra de los feminicidas, a lo que el estado respondió, en el reporte del cual Cimacnoticias tiene copia, que el retraso es debido a los recursos legales que han interpuesto ambas partes: las víctimas y los acusados.
En el informe del Estado indicó que no existieron “supuestas dilaciones injustificadas en el proceso penal” como lo denunció Antonia, pues ella misma, dice el Estado, interpuso a lo largo del proceso penal 13 recursos legales, mientras el acusado, Bernardo López, “únicamente 10”.
En contradicción indica que los amparos interpuestos por Bernardo fueron para evadir la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, y en respuesta a ellos, los de Antonia fueron para evitar la libertad el feminicida y la impunidad del caso de su hija.
Asimismo el Estado mexicano reconoció que 12 años atrás “no tuvo éxito para cumplir la orden de aprehensión” en contra del ex esposo y asesino de Nadia, pues tardó siete años en detenerlo desde marzo de 2005 cuando se dictó la orden de aprehensión.
De acuerdo con el documento, el retardo en la detención fue responsabilidad de la PGJEM mientras que el Estado envió varios oficios para que se cumpliera el arresto de Bernardo. En ese lapso, de casi una década, la autoridad “estuvo buscando líneas de investigación” hasta que finalmente el 14 de junio de 2012 logró encarcelar a López Gutiérrez en el Centro Preventivo y de Readaptación Social del Edomex.
“En ese sentido, es claro que el Estado mexicano llevó a cabo los medios a su alcance para lograr la aprehensión del señor Bernardo López, la cual incluso, cumplimentó” –y continuó- “la dilatación en el cumplimiento de la orden de aprehensión, no caracteriza una violación a los Derechos Humanos”, concluyó el gobierno mexicano.
Al momento en que el Estado rindió el informe, en enero pasado, aún continuaba con letargo el proceso penal contra Bernardo López ya que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no contaba con peritos en criminalística para el desahogo de pruebas y dictaminar que Nadia no cometió suicidio.
Recientemente, después de 13 años, el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli condenó a Bernardo López a 42 años y seis meses de prisión por el delito de “homicidio agravado”.
EL SEGUNDO ASESINO: “EL MATUTE”
Respecto al segundo asesino de Nadia, su cuñado Isidro López alias “El Matute”, el Estado mexicano insiste que no habían pruebas para acreditar que él participó en el asesinato puesto que los testimonios de los hijos de Nadia no era suficientes pruebas.
Tres años después del asesinato, “El Matute” fue detenido y la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla ratificó el auto de formal prisión sustentándose en las declaraciones de los tres hijos de Nadia e insistió que no se podía minimizar estos testimonios.
Sin embargo, en febrero de 2010 ante un recurso de apelación por parte de la defensa “del Matute” y el Ministerio Público, los magistrados se retractaron de su criterio y ordenaron su inmediata libertad; argumentaron que por la edad los hijos de Nadia eran incapaces de diferenciar entre una “fantasía” y “un hecho real”. Con ello el proceso contra Isidro concluyó.
En el informe enviado a la CIDH, el Estado mexicano apoya la decisión de los magistrados: “las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, de los hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez, son insuficientes y no aptas para tener por acreditado el elemento núcleo del tipo penal de homicidio, ya que las mismas no se encuentran apoyadas en las periciales de necropsia, criminalística, ni con el acta médica.”
EL ESTADO “CUMPLIÓ CON LA INVESTIGACIÓN”
Asimismo, el Estado dice que es inadmisible el caso porque no presenta ninguna violación a los Derechos Humanos por la “falta de una investigación diligente”, por el contrario, asevera que se “recabaron todas las pruebas necesarias y se realizaron todas las diligencia periciales correspondientes”.
En su denuncia, la familia y la Comisión Mexicana indican que desde que la Procuraduría mexiquense recogió el cuerpo de Nadia omitió resguardar la escena del crimen y pruebas, tal es el caso, que cuando regresaron para ampliar la investigación notaron que alguien entró al inmueble sin vigilancia y quemó evidencias del feminicidio: ropa, objetos y la soga con la que presuntamente se suicidó Nadia.
Además no se tomaron pruebas de sangre que se encontraron en el lavadero de la casa y en la blusa que portaba la hija de Nadia de dos años de edad, porque “no eran suficientes” se excusó la PGJEM.
De estas omisiones en la indagación da cuenta la denuncia que interpuso la defensa de Nadia en 2009 contra los funcionarios de la PGJEM: Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández. De ello, no se tiene registro en el reporte del Estado.
En este sentido el gobierno mexicano indica que permitió participar a la familia durante el proceso de investigación, resalta que en junio de 2012 a petición de Antonia, la reconoció en su calidad de coadyuvante del caso con el fin que de aportará pruebas del feminicidio.
“Por lo tanto, el Estado considera que la petición debe ser declarada inadmisible por no existir violaciones a Derechos Humanos en el presente caso”, exige al final del documento.
Esta respuesta la tendrá que analizar la CIDH y pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, de acuerdo con el reglamento también podrá invitar a ambas partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia.
“EL ESTADO NOS DEJÓ EN LA INDEFENSIÓN”
Hoy, a un mes de que se dictó sentencia en contra de Bernardo, en conferencia de prensa Antonia Márquez y su hija Viviana Muciño, quienes han luchado por justicia para Nadia durante estos 13 años, señalaron que el Estado mexicano “las dejó en indefensión con una justicia a medias” que no fue “ni pronta ni expedita” y que tampoco garantizó la reparación del daño para los hijos de Nadia, dijo firme la madre de Nadia.
Antonia repasó los obstáculos que ha enfrentado en estos años y la vida que vivió Nadia con Bernardo previó a su asesinato: la privó de su libertad, vivió violencia familiar y económica.
La hermana de Nadia, Viviana, también recordó que estos procesos desgastantes son los que recorren las familias de víctimas de feminicidio en México por lo que hizo aún llamado a las familias de otras mujeres asesinadas a no desistir en su búsqueda de justicia “por ellas, aunque cueste 13 años”, concluyó.
17/HZM
VIOLENCIA
Omisión e indolencia del Estado
Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio

Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quien les repara el daño, quién las mantiene...
Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas “colaterales”, “indirectas” del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del Gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática, entre ellas: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Comité de Violencia Sexual de la Conavim y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Y es su obligación saber e informar porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
Esta ley no surgió por iniciativa del Estado mexicano, sino como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2009, como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua proceso conocido como Campo Algodonero. Desde entonces, el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas.
Hoy, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizarían dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio.
Eso llevó a esta agencia a echar mano de la ley para solicitar datos. Así, obligadas por solicitudes públicas de información, dos de estas instituciones revelaron a Cimacnoticias lo que tienen: apenas una pálida semblanza de las niñas, niños y adolescentes que sobreviven al feminicidio, víctimas invisibles para el Estado.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por feminicidio.

Las otras dependencias, a las que se interrogó por las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, callaron. Desde febrero pasado, solicitamos entrevistas con la entonces directora nacional del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; con la titular del Comité de Violencia Sexual de la Conavim, Anita Suárez Valencia: y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hoy, esta agencia sigue en espera de respuesta.
En suma, solo 66 orfandades reconocen estas autoridades, aunque existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres, ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades.
Y si, en el mejor de los casos, el homicida es llevado a la justicia, remoto es que un juez dé vista a alguien para ver qué ocurre con los hijos e hijas de la víctima, como afirma la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar.
Hablamos de un número de víctimas que, además, se incrementa cada vez que un feminicida comete el crimen, lo que sucede al menos siete veces por día en nuestro país.
Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, los niños y adolescentes que quedaron en huérfanos existen, tiene voz, necesidades y una historia para contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen.
ALAN, REGATEO DE APOYOS
A la medianoche del 9 de septiembre de 2015, Alan*, de 10 años de edad, llegó corriendo a casa de sus abuelos, a unos metros de su domicilio, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, para pedir ayuda porque su padre, Alberto, quería asesinar a Betsabé, su madre.
Alan contó angustiado a sus abuelos que él y sus hermanos, de 9, 3 y dos de 7 años de edad estaban durmiendo, cuando los gritos de su madre y su padre los despertaron. En medio de la violencia, su mamá le pidió que fuera corriendo a traer a los abuelos para que la auxiliaran, pero en ese momento su padre lo detuvo, lo aventó violentamente y lo amenazó con asesinarlo junto a sus hermanos.
Pudo huir, pidió ayuda, pero cuando regresó con sus abuelos, el cuerpo de su mamá estaba ya en el suelo, con heridas de cuchillo en el pecho. De eso pasaron ya 2 años y desde entonces él y sus hermanas y hermanos viven con sus abuelos, quienes tratan de cubrir sus necesidades de salud, su educación y les dan la oportunidad de conservar una familia. Sin embargo, Alan tiene miedo de que su padre, prófugo de la justicia, regrese y cumpla su amenaza de matarlos.
Al día siguiente del asesinato de Betsabé, su madre y su padre, María Amparo Hernández y Mario García, adultos mayores, él dedicado al campo y ella a atender una mercería, fueron a la Procuraduría Social de Tlajomulco a tramitar la custodia de sus cinco nietos, donde les dijeron que tendrían que “pagar ocho mil pesos por cada niño si realmente los querían”.
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser. Y al final, dice, dependiendo del contexto la familia hace lo que puede hacer.
Así sucedió con los nietos de Amparo y Mario, pues para que pudieran quedarse con ellos, fue necesaria la intervención del DIF Tlajomulco, donde se agilizó el trámite de custodia ante la Procuraduría Social, explica la abogada y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena.
Así, la pareja, además de una hija con síndrome de Down, sumó a sus responsabilidades el cuidado y la crianza de sus cinco nietos, sin más recursos que los que les deja su trabajo de campesinos y con una batalla perpetua para que las instituciones les den el apoyo a que tienen derecho como víctimas secundarias de feminicidio.
La insistencia de la abogada Cartagena ante el DIF de Tlajomulco apenas tuvo respuesta en 2016: una despensa para la familia “de vez en cuando”. También una beca de la Secretaría de Educación Pública, por un año, solo para Alan, nada para los demás.
¿Por qué?, preguntamos a la abogada: “La ayuda no está llegando a quienes la necesitan porque las autoridades no están organizadas”, responde. Y agrega: “no tendrían que ser las víctimas quienes estén buscando ayuda, tendría que ser el Estado quien les de todo el apoyo que necesitan”.
A la familia le falta apoyo psicológico, que no pueden pagar y al que tienen derecho. Les urge también construir un cuarto más y dicen que el DIF ya se los prometió, para que no estén tan restringidos de espacio.
Mientras tanto, en espera de que la ley se aplique, hoy Amparo y Mario sobreviven sin el negocio de la mercería y resuelven los gastos de cinco hijos-nietos más. Peor aún, decidieron abandonar su casa, por temor a que el feminicida los busque, mientras la abogada insiste, toca puertas para recordar a las autoridades que tienen una obligación legal para con las víctimas.
HUELLAS DE LA VIOLENCIA
Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15, todos quieren ir a la universidad, Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014, vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello.
Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y su declaración no fue considerada como evidencia.
Presenciar el feminicidio de su madre les dejó graves secuelas: Rafael, quien tenía 5 años de edad, perdió el control de sus esfínteres y Ulises, de 4 años, comenzó a esconderse debajo de las sábanas para gritar y escapar de las constantes pesadillas, otras veces se golpeaba contra la pared, subía a la azotea de su casa y preguntaba cuándo regresaría su madre.
Su hermana más pequeña, Fabiola, a sus 2 años de edad, articulaba palabras que según María Antonia, su abuela, querían decir que su “papá le pegó a su mamá” y al igual que Ulises cada vez que la niña tenía ansiedad se golpeaba la cabeza con las manos: “Era horrible”, narra su abuela.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) concluyó que se trató de un “suicidio”, María Antonia se dedicó a dos arduas tareas: primero cuidar a sus nietos y después tocar puertas para exigir justicia a todas las instancias que se encontró en el camino.
En 2004, María Antonia escuchó en la radio al psiquiatra Giuseppe Amara, en su programa “Parejas Disparejas ¿Y la Familia?”. Le pidió ayuda y este aceptó dar terapia psicológica y psiquiátrica gratuita a los dos hijos mayores de Nadia, por un tiempo determinado. Fabiola nunca recibió atención porque su abuela pensó que era muy pequeña para recordar los hechos.
Terminada la ayuda del doctor Amara, María Antonia buscó por su cuenta ayuda psicológica particular para sus nietos. Un gasto que pudo solventar con enormes dificultades, gracias a su trabajo como costurera.
Abocada a entender el expediente del caso de su hija, buscadora incansable de salidas, imaginó que tal vez Fevimtra, alguna Instancia de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia o el DIF podría ayudarla para obtener algún tipo de apoyo, pero se dio cuenta de que eso dependía de la buena voluntad de la institución.
La urgencia de Antonia por buscar apoyo psicológico está perfectamente fundamentada, como lo explica la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Julia del Carmen Chávez Carapia, quien asegura que las probabilidades de que esos huérfanos del feminicidio hayan vivido violencia familiar es muy alta porque es muy difícil que un padre violento con su pareja no lo sea con sus hijas e hijos.
La niñez que no es atendida tras haber sido violentada por su padre y luego presenciar o vivir el asesinato de su madre “puede normalizar la violencia y reproducirla en la escuela o en su entorno general o presentar desequilibrios en su personalidad”.
La niña o el niño queda súbitamente huérfano y necesita recibir apoyo psicológico porque “en un segundo le arrebatan a su madre y su padre se convierte en un delincuente”, dice la especialista.
Sin embargo, poco se ha investigado sobre estas víctimas, dice Chávez Carapia, porque las instituciones y muchas veces las propias familias no lo permiten, en ocasiones creyendo que aislarlos les evitará más daños, aunque el apoyo es necesario para que comprendan el contexto.
Fue hasta 2008 cuando, apoyada por organizaciones civiles, Antonia logró que sus dos nietos mayores fuera atendidos a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que fueron sometidos a un careo con su tío Isidro.
El careo se realizó tomando medidas para no revictimizarlos, le aseguraron a Antonia, lo que no ocurre en otros casos, donde se evidencia la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y en el tratamiento de las víctimas secundarias, “pues es un nivel de violencia tan fuerte que necesita ser atendida por especialistas en psicología, psiquiatría, pedagogía y personal de trabajo social, capaz de atender e integrar a las víctimas de manera individual y familiar”, señala Chávez Carapia.
Hoy, Antonia tiene como prioridad, a la par de la búsqueda de justicia en el proceso judicial, que sus nietos y su nieta tengan salud emocional. En pos de tranquilidad vendió su casa, por temor a que Isidro, puesto en libertad por falta de pruebas, tome venganza, y pidió un crédito para comprar una casa.
En 2011 en una reunión entre la Secretaría de Gobernación, autoridades del Edomex y familiares de víctimas de feminicidio, María Antonia expuso su problema de vivienda y la dependencia le prometió facilitar un crédito, pero el beneficio que nunca llegó.
Y aunque en 2016, un año después de que en el Estado de México se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobernador Eruviel Ávila anunció becas educativas y capacitación para el trabajo para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por razones de género, para los hijos de Nadia solo hubo un registro en el Seguro Popular.
“Económicamente me ha sido muy difícil sacarlos adelante, pero también se puede decir que han sido mi fortaleza”, dice Antonia a Cimacnoticias, y continuará apoyándolos para que terminen la universidad. A la par no cesará en su demanda de justicia, que podría llegar hasta instancias internacionales, y que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
ABUELA-MADRE-ACTIVISTA
Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001.
Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio.
Como muchas madres que quieren ver a los asesinos de sus hijas en prisión, Norma vio a las otras víctimas de Ciudad Juárez, vio a las hijas e hijos huérfanos, a las abuelas y, junto con la profesora que daba clases a Alejandra, Marisela Ortiz, fundó la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una de las primeras organizaciones en documentar y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio en el territorio fronterizo.
Las dos mujeres y otras madres se dieron cuenta que muchas otras estaban en la misma situación, eran abuelas educando hijos que no habían planeado, a la par que se alejaban de sus oficios y sus familias para aprender a hacer las tareas de un Ministerio Público porque los funcionarios simplemente no investigaban los crímenes.
Así decidieron organizarse y en 2002 lograron que el gobierno de Chihuahua comenzará a realizar mesas de trabajo con las familias de las víctimas para solventar algunas de sus necesidades. A los hijos de las víctimas se les dio apoyos educativos que incluían útiles escolares, uniformes, becas, pago de inscripción a la escuela y acceso gratuito a los servicios de salud pública.
A las madres de esas mujeres que fueron encontradas sin vida les brindaron 900 pesos quincenales, una cantidad de dinero que Norma no le alcanzaba para cubrir los gastos de sus dos nietos y de su esposo enfermo de cáncer. Por dignidad al inicio ella se negó a aceptarlo pero la necesidad por comprar las medicinas para su esposo hizo que aceptara el apoyo.
Por un par de años Norma se exilió de Juárez pero a su regresó en 2005 notó que estos servicios, conseguidos por las víctimas, se redujeron a becas y útiles escolares.
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía General de Chihuahua, estado donde desde 1993 se ha documentado el feminicidio, informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que tenían un Fideicomiso de Apoyo para Niños Huérfanos Víctimas de la Violencia, con un registro de 4 mil 158 menores de edad, de los que 3 mil 897 fueron atendidos con algún apoyo asistencial.
Para Norma Andrade la atención psicológica llegó meses después con la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer (en 2001), pero sólo se atendió a las madres de las víctimas, explica Norma. Judith y Alberto parecían invisibles para el Estado a pesar de ser afectados directos.
Las becas, uniformes y consultas médicas gratuitas a Judith y Alberto se hicieron a través de programas sociales del estado de Chihuahua, sin embargo para su abuela Norma estas acciones gubernamentales fueron y son una forma de calmar las exigencias de las familias que quieren conocer la verdad sobre los asesinatos de las mujeres y castigo para los culpables.
ESCENARIO “IDEAL”
La vida de las mujeres víctimas de feminicidio no es recuperable, pero sí la de las niñas, niños y adolescentes que les sobreviven, sí la de sus madres y padres, la de su familia. Para ello hay sentencias, leyes, acuerdos, obligaciones gubernamentales y hasta morales. Falta que se apliquen, como revela lo aquí narrado.
Sin embargo, aun cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria a un feminicida, “jamás se le ocurre dar vista a alguien para ver qué ocurre con los niños”, señala la experta en derechos de la infancia, Margarita Griesbach Guizar, y al final, dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer.
Debería de existir, señala la pedagoga Griesbach, “una cadena de protección” para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, sobre todo porque desde 2014 existe la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla responsabilidades para los gobiernos.
A través de esta ley, se crearon las Procuradurías de Protección estatales, y una federal, encargadas de representar a las niñas y niños y de articular todas las instancias y servicios médicos, psicológicos o sociales para atender a esta población cuando está en riesgo o son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
Es decir, el escenario ideal sería que en caso de que una mujer se quede al cargo de niñas y niños por causa de un feminicidio, acuda a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su estado y esta instancia se encargue de conseguir todos los servicios que se necesitan aunque en realidad esto no sucede.
Aún más, en la sentencia que en 2009 dictó la CoIDH contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, el tribunal consideró que la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no se puede confundir con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, porque se trata de un daño específico generado por la violación.
Sin embargo, hay un hueco por donde se cuelan omisiones e irregularidades: la Corte Interamericana consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social y se abstuvo de pronunciarse respecto a ese tema.
Lo que sí mencionó fue que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas que incluyeran atención psicológica y médica.

RAZÓN DE VIVIR…
Judith y Alberto saben cómo fue asesinada Alejandra, su madre, un severo impacto, dice Norma Andrade, que ocasionó que su nieto sea hoy un joven reservado, que no toca el tema del feminicidio, mientras Judit desarrolló el trastorno de “despliegue de personalidad”. Ambos reciben atención psiquiátrica, pagada con dificultades por su abuela.
Judit tiene hoy 16 años, es activista y escribe poemas, cuentos, e historia sobre feminicidio, algunos dedicados a su madre. En ocasiones se le ha visto marchar junto a su abuela, tomar el micrófono y gritar justicia, para su madre y para otras madres, y para ellos mismos y su abuela, quienes siguen siendo víctimas.
Dos atentados contra Norma Andrade, presenciados por Judith, obligaron a la familia a dejar Ciudad Juárez y a exiliarse en la capital del país, para salvar sus vidas.
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dice Norma, “son los más ausentes, muchos han quedado sin madre y ahora ya están sin abuelas”, dice.
“Quisiera, señala Norma, que al Estado se le obligue a hacerse responsable de esas víctimas invisibles, desde su alimentación, su manutención, en lo más esencial, hasta terminar de ir a la escuela”, pero prevenir el feminicidio y para evitar que el dolor de tener más huérfanas y huérfanos.
*Los nombres de todas las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados para proteger su identidad.
17/AGM/HZM/GG
VIOLENCIA
Que PEF tenga fondo revolvente para fortalecer refugios
Exige RNR que no se disminuya su presupuesto para 2017

Hoy en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Nacional de Refugios (RNR) hizo un llamado al Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para que el próximo año no exista una disminución al presupuesto asignado para los refugios y sus Centros de Atención Externa (CAES).
En un comunicado, la RNR demandó que las mujeres-quienes conforman más del 50 por ciento de la población mexicana- sean una prioridad en la agenda política del país; por lo que pidió legislar y asignar recursos adecuados para la prevención, atención y eliminación de la violencia de género desde el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género.
Mencionó que la falta de un presupuesto con perspectiva de género es un obstáculo para responder a las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), para que las mujeres gocen de una vida sin violencia y se promueva la Igualdad sustantiva.
Actualmente, a pesar de que las autoridades mexicanas están obligadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, han sido incapaces de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, señaló la Red.
Indicaron que uno de los principales problemas para combatir la violencia de género, radica en la falta de acceso a la justicia, sumado a la falta de armonización en las leyes de cada estado y la falta de coordinación de las autoridades.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país 63 de cada 100 mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia y en promedio 7 mujeres son asesinadas diariamente.
Asimismo una de cada seis mujeres mayores de 15 años vive violencia en su relación de pareja (Inegi, agosto 2015), y una de cada 4 mujeres ha vivido discriminación laboral (ONU Mujeres, 2015).
Recordaron que las organizaciones civiles han presionado a las autoridades para que diseñen diversos mecanismos que protejan a las mujeres, como por ejemplo la Alerta de Violencia de Género (AVG) que si bien se ha solicitado en algunos estados, se niegan a implementarla.
Otro mecanismo que surge de la sociedad civil para proteger a las mujeres son los refugios y sus CAES que atienden a mujeres víctimas de violencia, y en su caso a sus hijas e hijos.
En Latinoamérica, México es el único país que cuenta con una RNR integrada por 43 Organizaciones tanto de gobierno como de la sociedad civil que representa a más del 50 por ciento de los refugios del país.
Sin embargo, señaló la RNR, “aún los refugios no están dentro de la política pública del Estado Mexicano, y no se contemplan como un programa específico y especializado que deba tener un presupuesto etiquetado anualmente, por lo que cada año este presupuesto está en riesgo y sólo se accede a él a través de convocatorias”.
Por ello “es imprescindible contar en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un fondo revolvente para el fortalecimiento, operatividad y continuidad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa”.
Finalmente, la RNR constituida legalmente en 2004, pidió la activación inmediata de las AVG en donde las organizaciones civiles la han demandado, entre ellos en San Luis Potosí y que se implemente una política de Estado post-refugio para la restitución de los Derechos Humanos de las mujeres como ciudadanas: casas de transición, fomento económico, acceso a la salud, educación y todo lo necesario para fomentar su bienestar y su desarrollo integral, y en su caso, de sus hijas e hijos.
16/GMV/LGL
VIOLENCIA
En Diálogo
Dilación de AVG una violación a la LGAMVLV

Las acciones de emergencia y de coordinación para decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) se demoran por un proceso de “chance” a los gobiernos estatales para que atiendan lo que en 9 años han dejado de lado: política pública y presupuestos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En un encuentro de los organismos de la sociedad civil promotores y solicitantes de las Alertas en 20 entidades de la República con el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizado el 5 de agosto en Guadalajara, se coincidió en que más que atender a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ha dedicado a administrar procesos que postergan la demanda de las Alertas.
En dicho encuentro y en razón de la serie de cuestionamientos y propuestas, se acordó por unanimidad, abrir el diálogo sobre las Alertas con el Ejecutivo Federal a través de una solicitud que haría la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SNPASEVIM); seguimos a la espera de respuesta.
La LGAMVLV señala claramente en su artículo 24 que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Los tres preceptos se cumplen en el caso de Cajeme, Sonora, pero también se cumplen en el resto del país. Se posterga 6 meses más después de 15 meses y 24 días que han transcurrido desde que fue solicitada por la Red Feminista Sonorense. Y en vez de instrumentar las acciones de emergencia y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Estatal lanza una campaña perniciosa “Sonora libre de Alerta”.
A ello se suma el hecho de que México pospuso la presentación de su informe- la cual debió ser en junio pasado- al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a 2018.
En ese informe, el Estado mexicano debió informar sobre las acciones que implementó a raíz de las recomendaciones hechas por el mismo Comité en 2012 referentes a la violencia y a la AVG como lo que establece el numeral 14 y que tiene que ver con la Armonización Legislativa y derogación de leyes discriminatorias.
El numeral 16 que se refiere a la Aplicación y cumplimiento con la Ley General de Acceso y el mecanismo de Alerta de Género; el 18 que tiene que ver con la Actuación ante Desapariciones de mujeres y niñas; el 21 que hace recomendaciones sobre la trata de personas, el numeral 33 sobre la actuación ante el aborto y aplicación de la NOM-046.
Es evidente que la actuación de la Secretaría de Gobernación –Conavim- y el Gobierno federal, ha inhibido la aplicación de la Ley y desatendido a CEDAW.
*Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense.
16/LBO/LGL
