Estados Unidos

En un estudio reciente realizado por la Fundación Thomson Reuters, se informa que los investigadores entrevistaron a 603 mujeres que eran explotadas en la industria sexual en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
 
Las niñas que han sido víctimas de trata con propósitos sexuales en el norte de México frecuentemente han sido forzadas a vivir en situación de explotación de la prostitución como niñas-novias por sus propios esposos, se reporta en el estudio.
 
Tres de cada cuatro niñas víctimas de trata en la frontera se casaron siendo niñas, la mayoría antes de los 16 años, de acuerdo con los investigadores mexicanos y estadounidenses autores del estudio que está por publicarse.
 
La trata de personas se considera la industria criminal que más ha crecido en México y tres cuartos de sus víctimas, mujeres y niñas, son explotadas sexualmente, de acuerdo con un grupo de activistas que se llaman Mujeres Unidas contra la Trata.
 
De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, aprobada en el 2012, las personas sentenciadas por el delito de trata de personas y beneficio de la explotación sexual puede ser sentenciado a 45 años de prisión.
 
Sin embargo, se estima que cerca de 380 mil personas son esclavizadas en México, de acuerdo al Índice Global de Esclavitud 2016, publicado por la Fundación de Derechos Humanos “Walk Free”.
 
PERSONAL DE SALUD Y DETECCIÓN
 
La mayoría de las 603 mujeres entrevistadas dijeron haber sido tratadas como niñas-novias, la mayoría de las veces, por sus propios esposos, dijo Jay Silverman, el investigador coordinador y autor del estudio, profesor de medicina en la Universidad de San Diego.
 
En aproximadamente la mitad de los casos, las novias estaban embarazadas, por lo que las y los trabajadores de la salud pueden jugar un papel crítico en detectar y combatir la trata con propósitos sexuales, dijo. 
 
“Mientras se brindan los servicios relacionados con los cuidados del embarazo, ahí se tiene la oportunidad de entrevistar a las niñas para entender y detectar su situación”, dijo Silverman.
 
“Podemos apoyar y asistir a esas niñas para reducir las probabilidades de que sean víctimas de explotación sexual”, dijo.
 
De conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en el 2014, la edad mínima para el matrimonio es de 18 años, pero las niñas se pueden casar a los 14 años y los niños a la edad de 16 años, con consentimiento de sus padres.
 
El equipo de investigación incluyó miembros de la Comisión Fronteriza de Salud México-Estados Unidos, un esfuerzo conjunto que dio inicio desde el 2000 por los dos gobiernos para mejorar la salud y la calidad de vida a lo largo de la frontera. 
 
RESPETO A DH, ANTES QUE USOS Y COSTUMBRES
 
Este estudio confirma que una de las formas de reclutamiento de niñas para la explotación sexual y la trata es el matrimonio infantil.
 
Y, por lo tanto, el pago de la novia que se acostumbra en muchos de los pueblos indígenas de nuestro país es un riesgo muy grave para todas las niñas y adolescentes indígenas y hasta para las no indígenas que viven en las zonas pobres y marginadas de nuestro país.
 
Por eso es necesario exigir a las autoridades que en el marco del respeto a usos y costumbres, se respeten los Derechos Humanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque seguir permitiendo el matrimonio infantil es continuar entregando a nuestras niñas a las bandas de tratantes y a la delincuencia organizada.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
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El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.
 
“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos.
 
Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.
 
El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40 mil menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.
 
La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.
 
Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.
 
“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.
 
“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.
 
El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan ​​antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.
 
Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.
 
Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.
 
“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.
 
Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.
 
“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.
 
En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.
 
“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.
 
INICIATIVAS PARA EVITARLO
 
En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.
 
En mayo, el Congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.
 
El Senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.
 
No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.
 
“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.
 
En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.
 
En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.
 
Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión. “No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.
 
DONANTE HIPÓCRITA
 
La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.
 
“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.
 
En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de Derechos Humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”. “Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.
 
Según Niñas, No Novias, cada año 1.5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá mil 200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.
 
Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.
 
*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG

Estados Unidos (EU) tiene la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes, pero decidió ausentarse de los espacios donde organizaciones y sociedad civil discuten el problema, lo que evidencia la falta de compromiso de la administración de Donald Trump por proteger estos derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y niñas.
 
Así lo indican 14 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en una carta dirigida al secretario del Estado de EU, Rex Tillerson, quienes han insistido y destacado el riesgo que enfrentan mujeres y niñas en su trayecto hacia EU: pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral, incluso asesinadas.
 
En el documento critican la deserción de las autoridades estadounidenses para participar en las audiencias celebradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de marzo de 2017, lo que marca un “peligroso precedente” y contraproducente para abordar las violaciones de los derechos de personas migrantes en toda la región.
 
Las agrupaciones recordaron al Secretario de Estado que no debe eludir a estas responsabilidades, pues han pasado dos décadas consecutivas desde que EU participa en este proceso de la CIDH, hasta ahora.
 
El cierre de las fronteras, como la construcción del muro fronterizo con México, y la regulación de la participación política y económica de EU, tal como sucede con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), son acciones características de regímenes autoritarios, contrarias a naciones democráticas que velan por los derechos universales, cuestiones que se deben tomar con severa precaución, indicaron las organizaciones.
 
Entre los temas discutidos ante el organismo del Sistema Interamericano –donde el lugar reservado para las autoridades estuvo vacío- se destacó la participación de las mujeres y niñas en los procesos migratorios, quienes, dijeron las organizaciones especializadas, son las principales afectadas por las políticas migratorias ejecutadas por Trump.
 
De acuerdo con datos de Imumi, cerca de 20 mil mujeres cruzan cada año la frontera sur de México con intensión de llegar a EU, sin embargo, en su trayecto es peligroso, pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral.
 
De la misma manera, en la audiencia de la que se ausentaron autoridades estadounidenses, se planteó la falta de acceso al derecho de asilo en EU, lo que significa para ellas y sus familias, condenarlas a la muerte o desaparición, ya que se verían obligadas a retornar a los territorios de lo que huyeron por violencia como El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que en 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, a quienes, en su mayoría, se les niega el derecho al asilo a pesar de las razones por las que migraron.
 
Por último, en el documento hicieron un llamado a la administración estadounidense en general para  defender los Derechos Humanos y reafirmar su compromiso internacional ante instituciones como la CIDH.
 
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Estados Unidos retiró su apoyo económico al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia que trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en 150 países.
 
La decisión se basa en la falsa acusación, arguye el UNFPA, de que “apoya o participa en la gestión de o en programas de esterilización involuntaria y de aborto coercitivo (en China)”.
 
El argumento figura en una carta enviada el lunes 3 de abril por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a la agencia en la que anuncia el retiro de ese país, a pesar de que, conocedores del trabajo que realiza la agencia, han sostenido en reiteradas ocasiones de que no tiene sustento real.
 
“Siempre valoramos a Estados Unidos como socio confiable y líder de las iniciativas para garantizar que cada embarazo sea deseado, cada niño sea protegido y cada joven pueda desarrollar su potencial”, reza el comunicado del UNFPA en respuesta al recorte de fondos.
 
Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes del UNFPA, que en 2015 aportó 75 millones de dólares, en tercer lugar detrás de Gran Bretaña y Suecia. También es el segundo donante de las operaciones humanitarias de esta agencia. Y al igual que sucede con otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los gobiernos realizan sus aportes al UNFPA de forma voluntaria.
 
Los recortes tendrán “consecuencias devastadoras” para las niñas y las mujeres de todo el mundo, se lamentó Shannon Kowalski, directora de políticas y campañas de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, en diálogo con IPS.
 
“El UNFPA desempeñó un papel fundamental en la distribución de servicios para las mujeres más marginadas, y ahora sus vidas y su salud están en juego”, subrayó Kowalski.
 
El trabajo de la agencia en el frente de situaciones de crisis será el más perjudicado, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas del Estado Islámico y de otros grupos extremistas en Medio Oriente, observó.
 
Según la Fundación de la ONU, la eliminación del apoyo de Estados Unidos pone en riesgo la capacidad del UNFPA de facilitar partos seguros a unas 48 mil mujeres en Siria y de apoyar a 55 centros que ayudan a 15 mil niñas y adultas sobrevivientes de violencia de género en Iraq, entre los que hay uno que ayuda a más de 700 yazidíes sobrevivientes de violencia sexual.
 
El UNFPA indicó que la contribución de Estados Unidos en 2016 le ayudó a evitar que 2 mil 340 mujeres murieran por causas relacionadas con el embarazo y el parto, así como 947 mil  embarazos no deseados, asegurar mil 251 operaciones para reparar fístulas obstétricas e impedir 295 mil abortos en condiciones inseguras.
 
Por su parte, Seema Jalan, directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Universal de la Fundación de la ONU, dijo a IPS que el gobierno de Estados Unidos también es el principal contribuyente de la única maternidad del campamento de refugiados sirios de Zaatari, en Jordania.
 
“Las sirias embarazadas no tendrán absolutamente ningún lugar donde parir a sus bebés”, subrayó.
 
Kowalski subrayó el enorme impacto que tendrá la decisión de Estados Unidos: “Es un claro mensaje de que al mundo no le importa dar respuestas a las mujeres en situaciones de enorme marginación y, en muchos aspectos, gratificará a los extremistas que buscan sacar provecho de esa marginación y abandono de la población femenina”.
 
Pero esta no es la primera vez que el UNFPA sufre recortes económicos del gobierno de Estados Unidos.
 
El presidente George W. Bush, ya había retirado 34 millones de dólares entre 2002 y 2008, con el mismo argumento de que la agencia participaba en políticas coercitivas en China.
 
Si bien el UNFPA trabaja en China, tanto Kowalski como Jalan dijeron a IPS que la acusación no tiene fundamentos y es simplemente una “excusa” para retirar su aporte a la organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos.
 
“El gobierno chino todavía (violenta los derechos de las mujeres), pero como el UNFPA trabaja en el país apoyando la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva, relacionan los dos hechos y dicen que el UNFPA apoya directamente las políticas coercitivas, lo que no es cierto”, explicó Kowalski.
 
MIENTE DEPARTAMENTO DE ESTADO
 
Una de esas políticas restrictivas es la de hijo único, que retrocede de a poco desde 2015, una iniciativa que el UNFPA ayudó a elaborar, apuntó Jalan. “El principal propósito del UNFPA en China es introducir el concepto de atención de calidad y de planificación familiar voluntaria”, precisó.
 
Además, Jalan subrayó que el UNFPA ni siquiera ofreció asistencia al gobierno chino ni a su agencia de planificación familiar en 2016, como arguye el Departamento de Estado en su carta.
 
Pero debido a la duplicación de las contribuciones de Estados Unidos desde 2002 y a las crisis humanitarias sin precedentes que aquejan al mundo, las consecuencias de este último recorte tendrán un alcance mucho mayor que antes.
 
 AGENDAS PROHIBICIONISTAS
 
Kowalski urgió al Congreso a revocar la Enmienda Kemp-Kasten, sobre el retiro de fondos a la agencia de la ONU.
 
La enmienda prohíbe la asistencia a cualquier organización, incluidas las estadounidenses y las multilaterales, que participen en esterilizaciones involuntarias y en abortos coercitivos.
 
Y es similar la Ley Mordaza Global, también conocida como Política de la Ciudad de México, que prohíbe a organizaciones extranjeras que reciban asistencia de Estados Unidos, distribuir información sobre abortos o servicios de aborto.
 
La decisión de Washington generó críticas entre numerosos dirigentes de Nueva York y California, quienes ya condenaron la medida.
 
“La hipocresía del presidente (Donald) Trump alcanzó nuevos niveles con la decisión de dejar de asistir al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hace poco sostuvo que tenía ‘tremendo respeto por las mujeres y su papel en el mundo’, pero al mes decide recortar los fondos del UNFPA”, reza la declaración.
 
“Recortar esos fondos es una decisión cruel que no solo perjudicará a las mujeres y a sus hijos, sino que también atentará contra el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Le pedimos al presidente que ponga a las mujeres por encima de la política y modifique de inmediato esa decisión”, reclama la misiva.
 
Jalan dijo que ese pronunciamiento fue un comienzo “importante”, pero urgió a que se ponga en marcha una iniciativa de los dos principales partidos estadounidenses para revertir la decisión.
 
“Financiar la atención médica básica de mujeres y niñas, asegurar que refugiadas sirias embarazadas puedan tener un parto seguro y que sus hijos sobrevivan, y que alguien que sobrevivió a la violencia sexual pueda recibir atención y apoyo, creemos que son temas bipartidistas”, subrayó.
 
Por su parte, Kowalski remarcó la necesidad de que la comunidad internacional dé un paso al frente y contribuya a paliar el déficit del UNFPA.
 
Debido a la reintroducción de la Ley Mordaza Global, varios países reunieron unos 190 millones de dólares para paliar el déficit inminente, entre ellos Suecia, Canadá y Finlandia, que comprometieron 21 millones de dólares cada uno para no recortar el acceso global a los servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Este es el primero de los recortes que el gobierno de Trump dijo que implementaría.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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Las políticas de expulsión de personas migrantes del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se enfocarán en la frontera sur de México, advirtió la especialista en migraciones y género de la organización Fundación y Capacitación AC (Foca), Alejandra Elizalde Trinidad. El muro, dice, “no será de concreto, ni se construirá en la frontera norte, ya actúa con la militarización en la región sur de nuestro país”.
 
Con este escenario, es probable que México se convierta en un país donde se concentre el flujo migratorio, indicó en entrevista con Cimacnoticias Elizalde Trinidad, tan sólo de 2011 a 2016 el índice de solicitud de refugio creció un mil 60 por ciento de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y para este año, comentó la especialista, “esperan que se duplique”.  
 
En este flujo, la organización Foca ha detectado un aumento en el número de mujeres provenientes de Guatemala, Honduras y el Salvador, expulsadas a partir de la violencia pandilleril y la pobreza que impacta en sus países, “es una crisis migratoria vinculada a la violencia”, dijo Elizalde Trinidad.
 
A la par del fenómeno de feminización de la migración, Elizalde Trinidad señaló que la organización -ubicada en el estado de Chiapas, territorio clave en la entrada de migrantes- ha observado la intensificación de la militarización fronteriza desde 2014 con la entrada del Plan Frontera Sur.
 
“Este gran muro del que se habla ya está siendo operado en nuestro territorio en la frontera sur, y va a ser desde la militarización, desde la intención por la ruptura de tejidos sociales y posibilidades solidarias, la criminalización y estigmatización de las personas migrantes”, aseveró Alejandra Elizalde.  
 
La problemática se plantea entonces en dos ejes, el asilo y el retorno, explicó la especialista en migración. En primer lugar el gobierno mexicano deberá de atender las solicitudes de refugio de las personas migrantes, de las cuales, si se considera las condiciones establecidas por la ACNUR para acceder a este, la mayoría de las migrantes están calificadas.
 
Desde los tiempos de entrega, hasta las condiciones de vivienda y laborales en las cuales se establecerán las personas migrantes, deben ser modificados, señaló la también especialista en antropología, “la solicitud de refugio implica por lo menos 45 días de trámite, estas medidas no son sencillas”, y, luego, la mayoría de las mujeres sólo podrá acceder a empleos informales, donde son explotadas y mal pagadas.
 
Asimismo, con las políticas de expulsión del Plan Frontera Sur y las deportaciones masivas de Estados Unidos; los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, e incluyendo México, deberán generar políticas de retorno para atender a la población migrante, sobre todo a las mujeres y sus hijos e hijas, dijo Elizalde Trinidad, pues además, gran parte de su economía “está ligada a las remesas”.
 
MUJERES BUSCAN NUEVAS RUTAS MIGRATORIAS
 
Otro tema esencial que estudia la organización son las rutas migratorias por las cuales se desplazan las mujeres, indicó la antropóloga.
 
Con las políticas mexicanas de retención de personas migrantes, apoyadas por el país vecino, las mujeres se han visto obligadas a buscar nuevas rutas de migración poco vigiladas por las autoridades y organizaciones civiles, como es la ruta centro: Huehuetenango (Guatemala) - Comitán (Chiapas), dijo la especialista en migración y género.
 
Se exponen a mayores riesgos, continuó Elizalde, lidian con el crimen organizado, la violencia sexual y los riesgos de infecciones de transmisión sexual,  con las extorsiones, desapariciones o con el riesgo de ser  cooptadas por las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral; además tienen que proteger a sus hijas e hijos con quienes muchas de ellas viajan.  
 
Es un tema que también debe ser observado por el gobierno mexicano, dijo Alejandra Elizalde, pues son mujeres que transitan con zonas de vulnerabilidad, sin protección alguna. “El Estado mexicano en términos mediáticos está concentrado en lo que implica el retorno forzado”, sin visibilizar problemas ya latentes en el territorio, concluyó la especialista.
 
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El incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción de Guatemala cobró una vida más: la de una de las sobrevivientes trasladadas a hospitales de Estados Unidos, con lo cual ascendieron hoy a 41 las fallecidas.
 
Según fuentes oficiales, que prefirieron el anonimato, la menor de edad expiró esta madrugada en una clínica de Galveston, en Texas, pese a los cuidados prodigados para su recuperación de un estado muy delicado, debido a las quemaduras de alto grado que afectaron órganos vitales en su organismo.

El deceso de la niña ocurrió 15 días después de debatirse entre la vida y la muerte por el impacto del fuego, desatado el 8 de marzo en el salón en el cual fue encerrada por agentes policiales y custodios del refugio junto a otras 51, en represalia por intentar escaparse de los malos tratos que recibían.

Resultado del enclaustramiento, y de la desatención a los llamados de auxilio de las niñas y adolescentes, así como a las señales de humo, al menos 19 murieron calcinadas en el lugar y a ellas se sumaron otras 21 que agonizaron hasta morir en hospitales de este país.

Exámenes practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala con posterioridad mostraron entre las causas de esas muertes signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.

Siete sobrevivientes de la tragedia en el nombrado bajo el eufemismo de Hogar Seguro, ubicado en el municipio metropolitano de San José Pinula, continúan bajo cuidados intensivos en nosocomios de Galveston, Cincinnati, Ohio, y Chicago.

De acuerdo con las fuentes, una de ellas podría retornar este viernes a Guatemala gracias a la evolución experimentada.

Tanto la fallecida este jueves en la madrugada, como la que regresará no fueron identificadas.
 
Mientras, supuestamente continúan las investigaciones relativas a lo acaecido en el albergue Virgen de la Asunción el 8 de marzo, en medio de las cuales apareció la llave que nunca llegó a abrir la puerta por la cual hubieran salido a tiempo las víctimas del incendio.

En entrevistas concedidas a los pesquisidores, varias niñas presentes ahí contaron que lejos de permitirles salir, agentes policiales mujeres les dijeron que si eran buenas para escapar, pues también lo fueran para resistir y las abandonaron a su suerte.

Esas mismas chicas confirmaron lo conocido por el Gobierno y la sociedad de Guatemala: que en el centro de acogida a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia los internos al cuidado del Estado eran abusados desde todos los puntos de vista y hasta eran explotados sexualmente.

“Pareciera que hubo una intencionalidad de permitir la muerte de esas niñas, y de manera perversa, por las muchas denuncias que ha habido”, declaró el diputado Amílcar Pop, quien solicitó al Ministerio Público un informe “porque allí es una práctica permanente el abuso sexual” a ellas.
 
17/RED/GG
 

Organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno mexicano para presentar acciones a favor de la población migrante proveniente de Centroamérica que cruza por el país para llegar a Estados Unidos (EU), sobre todo a madres, niñas y niños.
 
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres Migrantes (Imumi), 20 mil mujeres transitan esta frontera sur cada año y el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que uno de cada 12 migrantes en tránsito por México, es menor de 18 años.
 
Hasta el momento, tras las órdenes ejecutivas del presidente de EU, Donald Trump, el Gobierno mexicano tiene registrados 250 mil casos inmediatos de posibles deportaciones, como informaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Enrique Peña, tras su reunión del pasado 31 de enero.
 
Conago y Peña acordaron brindar defensa jurídica a los mexicanos y mexicanas que viven en el país vecino y podría ser deportados.  
 
Sin embargo, agrupaciones civiles como el Imumi y el Colectivo Migrantes Para las Américas (COMPA) consideraron en un comunicado que la protección debe ir más allá de la población exterior y las estrategias deben incluir la protección de las personas migrantes que cruzan la frontera sur.
 
Se les debe otorgar asilo y servicios básicos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por los sistemas interamericanos y universales de Derechos Humanos (DH), señalan las organizaciones.
 
SITUACIÓN ACTUAL
 
Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que entre 2015 y 2016, autoridades mexicanas detuvieron alrededor de 400 mil personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), la mayoría eran menores de edad, adolescentes y personas con salud precaria.
 
De estas, sólo el 0.5 por ciento tuvo la posibilidad de contar con protección en México y no fueron deportadas a su país de origen.
 
Ante este contexto, las organizaciones refirieron que el Estado mexicano debe promover alternativas de detención, contar con programas de asilo que respeten los derechos a la libertad personal y garantice la identificación y reconocimiento de las personas refugiadas.
 
También, pidieron invertir en la infraestructura y capacidad de la Comisión para la Ayuda a los Refugiados (COMAR) y las organizaciones y sociedad civil que realizan apoyo humanitario.
 
ALIANZA CON PAÍSES DE CENTROAMÉRICA
 
El 27 de enero Trump anunció la suspensión del programa de refugiados en EU por 120 días, lo que orilló a que en diversas partes del mundo los gobiernos se pronunciaran como receptores de personas migrantes. Sin embargo, las agrupaciones señalaron que México no ha dado una postura al respecto.
 
“México tiene que incluirse en el debate internacional contra la discriminación hacia la población migrante y refugiada” y para esto, señalaron, es urgente configurar acciones concretas y tener un presupuesto asignado para las poblaciones que le conciernen en la región.
 
Esto llevaría –de acuerdo con las organizaciones- a que el gobierno articule relaciones sólidas con los países vecinos de la región sur, encaminadas a la implementación de programas regionales, que a su vez den abordar temas estructurales que originan la migración, como  los altos niveles de violencia, la falta de empleo y oportunidades de crecimiento.
 
RECIBIR A CONNACIONALES DEPORTADOS
 
Las agrupaciones resaltaron que la defensa jurídica no deberá ser la única medida que debería brindar las autoridades a los y las connacionales deportados.
 
En este sentido, los gobiernos locales deberán asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad, sobre todo a las madres quienes sus hijos e hijas nacieron en EU.
 
Será fundamental, sostienen las organizaciones, realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios médicos.
 
Para lograrlo “será imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados”, concluyeron.
 
17/HZM/GGQ

Con el arribo de Donald Trump a la presidencia estadounidense, el panorama no parece ser el más prometedor para los movimientos sociales. El actual presidente decidió en los primeros días de su administración eliminar de la página de internet de la Casa Blanca todo lo relacionado con lo LGBTTTI, los derechos civiles, el cambio climático, mujeres y niñas, así como la Estrategia Nacional contra el VIH/sida, además de quitar la versión en español de los contenidos del sitio.
 
En sus primeros días de mandato, el también empresario firmó un decreto que recupera la aplicación de una ley que prohíbe a organizaciones civiles usar fondos del gobierno para financiar a grupos que promueven servicios de salud reproductiva en varias partes del mundo, entre ellos, la interrupción del embarazo. En esa misma lógica, no es difícil adivinar que reavivará pronto la política del ABC en materia de salud sexual, que privilegió en la administración de George Bush la abstinencia sexual antes que el uso correcto del condón.
 
La decisión del magnate pone sus prejuicios, compromisos políticos e ideología por encima de los derechos de las mujeres y muestra un claro retroceso en los avances alcanzados en más de cuatro décadas de lucha social y política de movimientos libertarios. La alerta ya sonó entre activistas, no sólo de Estados Unidos, sino del mundo entero.
 
Las primeras en manifestarse en contra de la agenda ultraconservadora de Trump fueron las mujeres que en varias partes del mundo organizaron la WomensMarch para externar su repudio a la visión machista del nuevo mandatario. Como siempre ha sucedido entre el movimiento feminista y el de la diversidad sexual, en las multitudinarias marchas se vieron banderas arcoíris que reflejan la vulnerabilidad en que se encuentra esa población ante los avisos de Trump en suspender logros en las políticas públicas. Ante esa realidad, la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD) ha comenzado a movilizarse en todo el territorio nacional.
 
La amenaza a las libertades conseguidas, no sólo en Estados Unidos, es real. La movilización se hace necesaria para exigir respeto a los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, de inmigrantes y de la comunidad afroamericana, que permanentemente luchan por salvaguardar los derechos civiles.
 
Ante esa realidad, no permitamos que la era Trump nos amedrente. La razón está de lado de los derechos, de las libertades, de la igualdad.
 
Es momento de unir esfuerzos y solidarizarnos con el pueblo estadounidense que busca defender lo que ha costado muchas vidas e intensos años de lucha. Los países del mundo donde hemos experimentado avances en temas de diversidad sexual, o donde estamos en procesos progresistas, no podemos permitir que la influencia conservadora del presidente de Estados Unidos se mimetice en nuestros gobiernos, congresos y espacios de convivencia social.
 
La libertad debe sustentarse en los Derechos Humanos y con los numerosos tratados internacionales que buscan garantizar la igualdad. Los gobiernos del mundo no sólo deben pensar en la protección económica de los países, sino también en la defensa de los derechos y de las libertades humanas. La unión entre los diferentes movimientos sociales y la congruencia de quienes gobiernan, legislan y deciden el destino de los países, hoy debe mostrar su verdadera fuerza.
 
*Activista, académico, periodista independiente y actual secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
 
17/AMT/LGL
 

La directora general de Marie Stopes México, Araceli López Nava, se pronunció en contra de la orden ejecutiva aprobada el pasado 23 de enero por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que prohíbe financiar a organizaciones internacionales que trabajen temas de salud sexual y reproductiva, principalmente en el tema de aborto.
 
López Nava dijo en entrevista con Cimacnoticias al término de la presentación de la campaña PornEducation, que si bien Marie Stopes México no recibe fondos del gobierno estadounidense, la medida sí reduce la incidencia de otras organizaciones defensoras del derecho a decidir de las mujeres.
 
“No sólo repercutirá negativamente en México, también lo hará en América Latina, una de las regiones con mayores niveles de abortos inseguros y, al carecer de fondos para apoyar la causa, prevemos que las cifra de embarazos no deseados incrementará”, mencionó.
 
La medida implementada por Donald Trump preocupa a la representante de Marie Stopes México ya que, de acuerdo con el estudio realizado por El Colegio de México “Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias (2013)”, de los 22 millones de abortos inseguros que se realizan en el mundo cada año, cuatro millones de ellos ocurren en la región de América Latina.
 
Afirmó que la política que entró en vigor por primera vez en 1984 bajo el mandato del presidente Ronald Reagan, ahora revivida por Trump, significa un retroceso para el ejercicio sexual pleno y seguro de las mujeres. “Todos los derechos humanos deben ser progresivos y esto interfiere en el derecho a las mujeres de contar con un aborto seguro”, añadió.
 
Araceli López Nava adelantó que debido a esta orden ejecutiva, durante 2017 podría disminuir el alcance a nivel internacional de la organización Marie Stopes, cuya presencia se mantiene en 37 países, lo que significará que atenderán aproximadamente a un millón y medio de personas menos que en años anteriores.
 
MIRADA INTERNACIONAL
 
En tanto, la organización Marie Stopes internacional, se pronunció contra la medida republicana y estimó que sin un financiamiento alternativo, el impacto en la pérdida de sus servicios durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2020, podría ser de 6.5 millones de embarazos no deseados; 2.1 millones de abortos inseguros y 21 mil 700 muertes maternas.
 
La organización agregó que esta medida afectará severamente a las mujeres del mundo en desarrollo, quienes son las más propensas a perder la anticoncepción moderna, lo que repercutirá no solamente en su salud sino en sus oportunidades a futuro, y más aún, en el largo plazo, los efectos se verán en la estabilidad de los países más pobres del mundo.
 
La Ley Mordaza, también conocida como “La Política de Ciudad de México” es una orden ejecutiva de Estados Unidos que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto (independientemente de cómo se financien estos servicios), tiene prohibido recibir fondos del gobierno de Estados Unidos.
 
Marie Stopes explica en su posicionamiento, que desde 2009, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realiza una importante inversión en proyectos que amplíen el acceso a la anticoncepción voluntaria para las mujeres y las niñas en los países en desarrollo. 
 
Actualmente -dice la organización- la USAID es la mayor donante bilateral del mundo en el tema de planificación familiar, con una inversión de aproximadamente 620 millones de dólares (el equivalente a 13 billones 131 mil 978 millones 200 mil pesos mexicanos) al año.
 
De acuerdo con la información difundida por Marie Stopes, desde hace mucho tiempo existen restricciones legislativas para que la USAID no pueda financiar siempre servicios de aborto. No obstante, antes del pasado lunes, pudo financiar programas de planificación familiar con organizaciones como Marie Stopes International, que proporcionan servicios de aborto seguro utilizando fondos de otros donantes.
 
Finalmente, la organización señala que “el acceso a la anticoncepción es una base fundamental para el desarrollo” y por tanto la medida impuesta por Donald Trump atenta contra los principios de la organización pues les impedirá hablar a sus usuarias sobre el aborto y agrega que las mujeres y niñas serán quienes pagarán las consecuencias, pues lejos de reducir la práctica del aborto, éste se incrementará.
 
17/MMAE/LGL

La Casa de Moneda de Estados Unidos dio a conocer que acuñará una moneda de oro en la que, por primera vez, una mujer afroamericana representará la Libertad.
 
La Casa de Moneda dijo que el objetivo de las monedas es reflejar “la diversidad cultural y étnica de Estados Unidos”.
 
La moneda de 24 kilates se emitirá con motivo del 225º aniversario de la institución, y en ella aparecerá la mujer de perfil con una corona de estrellas, una toga como vestido, el año 1792 -el de la fundación de la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos (Mint)-, y las palabras “Liberty” y “In God we trust”.
 
El reverso llevará otro gran símbolo norteamericano, el águila en pleno vuelo, junto con el lema en latín "E pluribus unum" (de muchos, uno).
 
“Esta será la primera moneda de una serie con diseños de una Libertad alegórica en una variedad de formas contemporáneas, entre las que se encontrarán representaciones de mujeres asiáticas, hispanas e indias, para reflejar la diversidad cultural y étnica de Estados Unidos”, explicó el comunicado de prensa del Mint.
 
A PARTIR DEL 6 DE ABRIL
 
La nueva moneda, con un valor de 100 dólares, estará disponible a partir del próximo 6 de abril.
 
En abril del año pasado, el Tesoro imprimió en los billetes de 20 dólares, también por primera vez a la esclava abolicionista afro Harriet Tubman (1822-1913), en sustitución del presidente esclavista Andrew Jackson.
 
El billete de 20 dólares es el tercero que más circula en Estados Unidos, por detrás del de un dólar, que tiene la imagen de George Washington; y del de 100, que ilustra un retrato de Benjamín Franklin. El de 5 dólares (con Abraham Lincoln) representa 7 por ciento de los billetes en circulación y el de 10, el más falsificado, solo 5 por ciento. Periódicamente hay que renovar los diseños para reforzar la seguridad.
 
17/RED/LGL