Hermosillo

Un eufórico “¡Hasta nunca!” fue la expresión de despedida de un sonriente niño que salía con su hermanito y hermanita de la casa hogar Unacari ubicada en Hermosillo, Sonora.
 
El niño de 6 años, peinado igual que su hermanito con un fleco hacia arriba, detenido con gel, abandonaba el albergue para niñas y niños maltratados o que por alguna razón han sido retirados de sus padres, para estar bajo el resguardo del gobierno del Estado.
 
Era el día más feliz de su existencia a juzgar por su amplia sonrisa y la euforia que tenían sus palabras cuando levantó su manita y saludó al personal mientras cruzaba la puerta hacia la salida que también significaba la salida a su libertad.
 
Y es que las y los niños que radican en Unacari viven ahí, no porque lo hayan escogido, sino como consecuencia del estilo de vida de sus padres, más no fueron consultados para esa decisión.
 
Son más de cien, entre niñas, niños y adolescentes. A partir de la publicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en 17 de diciembre de 2015, hubo cambios nominativos, de facultades y obligaciones.
 
La antes Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia hoy se llama Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pero fuera del edificio, en letras grandes, después de un año, permanece el nombre anterior.
 
En teoría, cambia el enfoque para orientarlo hacia los estándares internacionales y armonizarlo a la Constitución mexicana.
 
Los cambios llevan a considerar a niñas, niños y adolescentes personas con derechos, con capacidad de ejercerlos y no como una extensión de sus padres, como si fueran pertenencias de éstos.
 
La institución, a la que todos los miércoles le llegan pizzas de la empresa Domino’s, llama “fuga” o “abandono” al acto en el cual las niñas o niños, solos o en grupo, salen de las instalaciones sin permiso o determinación de autoridades.
 
“Cada rato pasa”, fue una frase recurrente que durante la semana pasada escuchamos mientras dábamos seguimiento a la desaparición de dos niñas de 9 años, un niño de la misma edad, y una adolescente de 16 años.
 
Todos habían salido de las  instalaciones de Unacari el domingo 12 de marzo sin que el personal se percatara de ello.
 
La familia no fue informada del incidente, sino dos días después. Fue la tía de una de las niñas, Isabel Hernández, quien a través de las redes sociales inició la denuncia, exigiendo ver a su sobrina.
 
Ante la falta de información y el haberse enterado un día después a través de un reportero que ya habían encontrado a las niñas y niño, la angustiada tía decidió solicitar que le entregaran en custodia a la niña y a dos hermanitos de ésta que también se encuentran en Unacari.
 
Pasó otro día más en el que nadie le daba explicaciones y su preocupación empezó a crecer pues temía que fuera falso que los niños habían aparecido.
 
Cuando al fin y tras muchas horas de espera le permitieron ver a su sobrina, el estado en que la encontró acrecentó su temor, pues la niña estaba sedada, junto con la otra niña y niño que habían estado fuera del albergue.
 
No pudo dialogar con ella, dadas las condiciones  en que se encontraba. La vio adormilada, flácida y apenas balbuceaba lo que pretendía fueran palabras.
 
Hasta el momento, las condiciones de cómo salieron, o cómo se trasladaron hacia el punto en donde los encontraron, aún  no son explicadas por las autoridades.
 
Isabel exigió  le entregaran a los hijos de su hermana: sobrina y dos sobrinos. Primero le dijeron que tendrían que pasar por varios exámenes, desde toxicológicos hasta psicológicos, tanto ella como su esposo para poder considerarlo.
 
Sin embargo, ante las irregularidades del llamado “escape de los niños” por parte de Unacari, la tía acrecentó su exigencia pues la institución no garantizaba la integridad de sus familiares.
 
Fue así que los exámenes se hicieron en un solo día, pues había la promesa de entregar a los niños el viernes 17 de marzo.
 
Pero a las horas la decisión se contradijo, ya que por un “error de un empleado”, siempre no se los entregarían.
 
Volvieron a confirmarle que los niños se irían con Isabel, ante las denuncias públicas que hizo a través de las redes sociales. Los tres menores de edad fueron entregados a su tía el jueves 16 de marzo, justo en su cumpleaños.
 
Las irregularidades y la tardanza en salir a dar una explicación pública por parte del Procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, de nuevo puso en la mira a la casa hogar Unacari.
 
Las historias van desde la supuesta frecuencia con que “se escapan” niñas y niños del recinto, hasta que todos tienen piojos, que los sedan para que estén tranquilos y otras.
 
Como medio, fuimos retiradas de la sala de espera de Unacari por una psicóloga, sin una argumentación suficiente pues solo esperábamos a Isabel Hernández, mientras permanecía dentro intentando que le permitieran llevarse a sus sobrinos.
 
Hermosillo no es cualquier ciudad. Su mala relación con el cuidado infantil la ha hecho ver como un punto en donde la infancia no vale mucho.
 
En esta ciudad han ocurrido hechos catastróficos que obligan a que las políticas públicas deban respetar impecablemente la legislación, y la rendición de cuentas sea cotidiana.
 
Por si fuera poco, las hijas y los hijos de la violencia están encerrados, tal vez revictimizados por las propias autoridades. Si bien la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, es parte de la armonización legislativa, lo cierto es que los ojos están puestos para constatar si es solo para cumplir, o en verdad respetarán sus derechos.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG
 

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
16/GVV/LGL