Cajeme

El próximo 4 de abril el Juez Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en Sonora, resolverá si la Secretaría de Gobernación (Segob) debe activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, luego de que la negó en agosto del año pasado, informó la Red Feminista Sonorense.

El 7 de junio de 2017 una de las organizaciones peticionarias de la AVG para Cajeme, Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC (ACEG), interpuso un amparo contra de la Segob por demorar la resolución de la solicitud Alerta y después rechazarla replicando que “no había elementos suficientes para su decreto” a pesar de las pruebas de hechos de violencia de género en el municipio.

En un comunicado, la Red Feminista Sonorense informó que el próximo 4 de abril se llevará a cabo la cuarta y última audiencia en la que el Juez Séptimo determinará si otorga o no el amparo a la organización quien tener un fallo a su favor, puede obligar a la Segob a decretar la Alerta de Género en Cajeme, dijeron.

Las activistas señalaron que siguen aportando documentación sobre la violencia extrema que viven las mujeres de Cajeme y conforme a sus registros, hasta el día de ayer se cometieron 15 casos de feminicidio en dicho municipio, además de otros cinco intentos de asesinato contra mujeres por parte de sus parejas; un caso de abuso sexual en contra de una niña; dos desapariciones de mujeres (una localizada) y un intento de secuestro.

Cabe recordar que el proceso de la Alerta de Género para Cajeme –que tramitaron organizaciones en mayo de 2015- se atrasó dos años porque la Segob, por medio de la Conavim, otorgó al gobierno de Sonora un plazo adicional de seis meses para completar las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

En el amparo, las organizaciones argumentaron que esta prórroga fue ilegal porque no está regulada ni prevista en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, que negar la AVG resulta violatorio a los Derechos Humanos de las mujeres porque no les garantiza “la paz social, la libertad y la protección de la vida”.

Por su parte, la Segob defendió que los dichos de las activistas no eran ciertos y pidió al Juez Séptimo terminar el proceso judicial en su contra.

Por último, la red de activistas feministas denunció que las autoridades sonorenses están rebasadas por los acontecimientos criminales sin que se garantice la seguridad de la población femenina.

Cabe recordar que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en 2017 Cajeme fue el tercer municipio del país con mayor casos de feminicidio, su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Por lo tanto, indicaron que si el Juez Séptimo niega el amparo a las organizaciones se revelaría que “por motivos políticos” se deja “sin resolver una estrategia de protección integral para la vida de las mujeres y sus familias en Sonora”.

El Estado de México y Nuevo León son dos entidades donde las organizaciones que solicitaron Alertas lograron la activación del mecanismo gracias a amparos que interpusieron y ganaron.

18/HZM/LGL

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM

El estado de Sonora se ubicó en 2017, en el quinto lugar del país en feminicidio, con una tasa de 2.13, muy por encima de la media nacional que fue de .06 por cada 100 mil, de acuerdo con datos del reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte consultado por esta agencia destaca que el municipio de Cajeme aparece en tercer lugar de entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio. Al 31 de diciembre de 2017, se registraron 13 casos de feminicidio, mientras que su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Cabe recordar que en 2015, las organizaciones civiles solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG), sin embargo ésta se rechazó con el argumento de que “no había elementos para declararla”.

En lo que concierne a los llamados “incidentes”, derivados de las llamadas de emergencia a la línea 911, Sonora se coloca en primer lugar en Violencia familiar con 82 mil 331 llamadas. Mientras, la tasa de violencia familiar por cada 100 mil mujeres, conserva a Sonora en primer lugar con 5 mil 470.9.

En tanto las llamadas de emergencia con “incidentes” de violación colocan a Sonora en el séptimo lugar nacional con 168 casos de enero a diciembre de 2017.

Esos eventos de violación reportados al 911, indican que la tasa por cada 100 mil mujeres eleva a Sonora al sexto lugar nacional con 11.2, en tanto la nacional es de 5.7.

Los incidentes reportados al 911 incluyen violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Por otra parte, el homicidio doloso contra mujeres, clasificado así por las autoridades investigadoras y juzgadoras, tuvo una incidencia de 37 casos, que sumados a los 32 casos de feminicidio  reportados en el informe, hacen un total de 69 asesinatos de mujeres durante 2017.

El informe sobre violencia contra las mujeres da cumplimiento al acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) con el objetivo de poner a disposición del público en general en una sola plataforma, datos estadísticos sobre el tema.

Las cifras se obtienen de la incidencia delictiva reportada por las procuradurías y fiscalías de los estados, mientras que los incidentes de violencia contra las mujeres, son tomados de los registros de los Centros de atención de llamadas de emergencia en las entidades federativas.

Todo lo relativo a incidencia delictiva es tomado con base en denuncias presentadas o tomadas de oficio, y a partir de este año se publicará un reporte actualizado cada día 25 de cada mes.

El reporte de violencia contra las mujeres del SESNSP puntualiza que la información es resultado de una nueva metodología para el  registro y clasificación de los delitos y las víctimas, la cual está alineada con la Norma Técnica para la clasificación nacional de delitos del fuero común para fines estadísticos y al catálogo de delitos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, especifica que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 32 entidades federativas.

No obstante, en su apartado V, hace notar la obligatoriedad de las autoridades ministeriales de toda la república de seguir puntualmente los protocolos de investigación del delito de feminicidio, pero no así el registro como tal en el sistema que este 20 de enero se dio a conocer.

18/SNE/LGL

Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.
 
El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.
 
Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.
 
Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.
 
La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura.
 
Este lunes 17 de julio era una fecha importante en el proceso de definición rumbo a la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme  y tal vez otros puntos del Estado de Sonora.
 
Se trataba del día en que el Grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para Cejeme, sesionaría para presentar su dictamen sobre el informe del gobierno del Estado, entregado en marzo de 2017.
 
Cuarto meses después, el grupo de trabajo integrado por académicas y académicos, así como por representantes de las comisiones de derechos humanos y los institutos de las mujeres estatal y nacional, no pudo exponer su opinión, pues Conavim suspendió la reunión hasta nuevo aviso.
 
Y es que las instituciones a las que pertenecen las y los miembros del grupo se encuentran de vacaciones.
 
Aunque no es la razón aducida públicamente, -no se ha dado explicación- si el dictamen está listo, no se ve motivo razonable para posponer lo que es urgente desde hace dos años: Definir, con base en el dictamen si se declara o no la AVGM en Cajeme y otros municipios de Sonora.
 
La prontitud con la que la fiscalía resolvió el triple feminicidio ocurrido el pasado 5 de julio en una de las principales avenidas de Ciudad Obregón, habla de una preocupación por responder a la ciudadanía que cada vez está más desolada por el estado de indefensión en el que se siente.
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos que culminaron en la detención de dos autores materiales, se anuncia que serán vinculados a proceso por homicidio agravado.
 
El asesinato de una joven de 23 años y dos niñas, ambas de tres años de edad, y la tentativa de asesinato de otra joven que la acompañaba en el auto, así como un bebé de meses, cuentan como homicidio, más no como feminicidios consumados y en grado de tentativa.
 
¡Murieron tres mujeres! Otra más sufrió atentado y sobrevivió, pero no se consideran feminicidios.
 
Y eso abona a la impunidad. No porque nos se investigue el caso, sino porque no se le confiere la gravedad que tiene.
 
El delito de feminicidio garantiza un mínimo de sanción de 30 años de cárcel a partir de la cual se puede llegar hasta la pena máxima de 60 años.
 
Pero no tiene convalidaciones que puedan rebajar el mínimo de la pena más adelante, como sí las tiene el homicidio.
 
El triple feminicidio con lujo de superioridad en armamento, por el estado de indefensión al no estar alertas, por ser unas niñas y una joven desarmada, pasan a ser supuestos del contexto desechados para la vinculación al proceso.
 
La importancia que institucionalmente se le dio a ese caso, no converge con la laxitud que se toma la urgencia de declarar la alerta de género para poder prevenir los feminicidios.
 
Una vez más se carga la responsabilidad hacia la fiscalía para que investigue y resuelva los casos cuando ya tenemos los cuerpos sin vida.
 
Pero nadie trabaja para que todo lo que pasó antes no suceda y así evitar que sigan cayendo más mujeres por razones de género y por otras causas.
 
Además, se busca aparentar que el detonante para la reacción inmediata es que en el carro que fue blanco del ataque iban tres niñas y un bebé, y a Sonora “le importan mucho sus niñas y niños”.

Sin embargo, un día después se encontró a otra menor de edad golpeada, torturada, quemada y aventada en un basurero.
 
Nayelly Guadalupe y las demás, no ha sido motivo de tanta movilización, como si su vida valiera menos que la de la joven y las niñas mencionadas.
 
La solicitud de Alerta de Género camina en línea paralela a los acontecimientos. Toda la población se da cuenta de la gravedad de la violencia feminicida y de su incremento. En tanto, el gobierno del Estado se concentra en cumplir el check list que le sugirió en doce recomendaciones el Grupo de trabajo, entregado por la Conavim.
 
Bien por las instituciones, porque eso dará sustento  al trabajo en el futuro. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, necesitamos que paren los asesinatos. Reconózcanlo, hay una crisis feminicida en Cajeme, y hay que atenderla. Evitar es la única forma de prevenir.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SN

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM

La agrupación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, presentó el 8 de agosto una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación (Segob) para exigirle que decrete el mecanismo en el municipio, luego de que lo negará en días anteriores por considerar “que no había elementos objetivos suficientes para su procedencia”.

La carta dirigida también a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y firmada por las comisionadas para el seguimiento de la AVG en Cajeme, Leticia Burgos Ochoa y María Elena Barreras Mendivil, expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” con la que Segob elaboró el dictamen final sobre la procedencia de la AVG para Cajeme, indican. 

La agrupación señala que dentro del documento -específicamente en la numeral cuarto- se hace referencia a “las mujeres queretanas”, cuando se trataba de una resolución que buscaron las organizaciones civiles de Cajeme hace dos años, en mayo de 2015, para salvaguardar la vida de las sonorenses. 

“Al respecto expresamos con extrañeza al concluir la lectura de ambos documentos que varias de las afirmaciones al parecer no corresponden al proceso de seguimiento que llevamos a cabo los organismos solicitantes de la AVG, mostrando irresponsabilidad e ilegalidad y poniendo en duda la veracidad de la resolución”, indican en el documento.  

Por lo que las comisionadas al seguimiento de la Alerta piden una audiencia con Segob e Inmujeres para poder conocer las razones de la negativa y deliberar la procedencia de la alerta considerando “la violencia extrema que asecha a las mujeres en Cajeme”. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizan 107 casos de feminicidio en la entidad en los dos años del proceso de la AVG (2015 a 2016). 

De inmediato, ese mismo día el director general adjunto de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Segob, Francisco Esquinca Cuevas, respondió a través de un oficio sobre la corrección al error del documento expedido el 4 agosto por la instancia a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y sin dar mayor respuesta sobre la petición de la organización para que se vuelva a considerar decretar el mecanismo en Cajeme.  

Las promoventes de la AVG, recuerdan en el documento que el proceso estuvo lleno de obstáculos, motivo por el cual el pasado 7 de julio la ACEG presentó un juicio de amparo por la demora de Segob para dar una respuesta sobre la procedencia de la Alerta, y la prórroga de seis meses que otorgó al gobierno local en septiembre de 2016 para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, porque la normativa de la AVG no especifica este tipo de decisiones. 

Sin embargo, señalan las firmantes de la carta, dentro del resolutivo de Segob, se describe que ya había considerado en septiembre del año pasado que no existían elementos para declarar el mecanismo en Cajeme, pero decidió esperar otros seis meses para ver avances por parte del Gobierno local, a pesar de que había concluido que las autoridades sólo acataron cinco de las 12  propuestas contenidos en el informe del grupo de expertas. 

Cajeme es el municipio de Sonora con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad, 19 por ciento de los casos registrados de 2015 a 2016 por el Observatorio (20 asesinatos en total, 10 cada año) se cometieron en dicha región.

El mismo día que la Secretaría de Gobernación dio la resolución final sobre la AVG para la localidad de Sonora, también publicó la negativa para los estados de Tlaxcala y Tabasco. 

La decisión de Segob también llevó a la doctora del Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, integrante del Grupo de Trabajo a renunciar a su puesto “por las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento de discusión y toma de acuerdos”. 

17/HZM
 

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

Desde 2015, año en que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, hasta el año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizó 107 casos de feminicidio en la entidad, pese a que el gobierno local estaba obligado a seguir las 12 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la seguridad de las mujeres, emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
De acuerdo con datos que proporcionó a Cimacnoticias, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, Cajeme es el municipio con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad: 19 por ciento de estos casos (20 asesinatos, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El 25 de mayo de 2015, agrupaciones no gubernamentales presentaron la solicitud de la AVG para Cajeme a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 
Tres meses después fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); se abrió el grupo de trabajo y al término de su investigación emitió 12 recomendaciones a las autoridades de Sonora.
 
Entre las recomendaciones figuraba la creación de un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, del cual el gobierno de Claudia Pavlovich respondió con la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), que sólo registro 1 feminicidio en 2016.
 
En el informe sobre los avances de la AVG del gobierno de Sonora -entregado el 13 de junio de 2016- también se habla de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y el establecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
En septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones y extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas. Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones están a la altura de la emergencia que se presenta en el territorio, indican las agrupaciones.
 
El plazo para atender las recomendaciones venció el 14 de marzo, incluida la extensión de 6 meses que dio la dependencia al gobierno de Sonora, bajo Claudia Pavlovich Arellano.
  
Sin embargo, organizaciones civiles como la Red Feminista Sonorense refieren que la violencia feminicida no desciende en la entidad, como ejemplo está el feminicidio registrado en días recientes en Cajeme y la violencia extrema de la que fue víctima otra mujer por su pareja en el mismo municipio, por lo que pidieron  a las autoridades estatales y a Segob, la ejecución de un plan de acción emergente y la declaratoria de la alerta. 
 
PETICIÓN PARA TODO EL ESTADO
 
Los datos del Observatorio llevaron a que el Congreso local se uniera a la petición de la declaratoria de la AVG en todo Sonora, mediante un exhorto dirigido en marzo a la Segob y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 
Señala el Observatorio: en 2016 de los 45 asesinatos de mujeres que registró , el 14 por ciento ocurrieron en el municipio del Hillo (6 casos), asimismo, 4 asesinatos tanto en Nogales como en San Luis Río Colorado, 3 en Navojoa y otros tres en  Carborca.  En  Empalme, Sonoyta y Etchojoa se registraron 2 por municipio.
 
La información del Observatorio indica que prácticamente en cualquier edad las sonorenses son víctimas de esta violencia extrema, sin embargo, entre ellas destaca el grupo entre 21 a 30 años de edad, que representó el 33 por ciento del total de víctimas, es decir, 15 víctimas.
 
Le sigue el grupo de 31 a 40 años, que suma 8 casos en total (17 por ciento), las víctimas entre 21 a 50 años de edad representaron el 15 por ciento, con un total de 7 casos. Las niñas menores a 10 años también marcan uno de los porcentajes más altos, 11 por ciento (5 casos).
 
De acuerdo con la información proporcionada por la organización, la mayoría de estas 5 niñas víctimas de feminicidio mantenía algún tipo de relación con el asesino: 3 se registraron como padrastros de la víctima, 1 como padre, y 1 como vecino, otro se desconoce.
 
INFORMACIÓN SOBRE AVG
 
Cabe recordar que actualmente 7 entidades cuentan con la declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, sin embargo, es poca la información que se cuentan sobre los avances y resultados.
 
Por eso, el 13 de marzo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, pidió a Segob un informe detallado sobre las mismas e informar cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron.
 
17/HZM/GG

Dos actos de violencia extrema contra mujeres, ocurridos ayer, son ejemplo de que esos hechos no cesan en el municipio de Cajeme, en Sonora, por lo que es urgente instaurar un plan de acción de emergencia y declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa.
 
La feminista recordó que desde el pasado 14 de marzo concluyó la prórroga de 6 meses que otorgó la Secretaría de Gobernación (Segob) al Gobierno de Sonora para cumplir con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la AVG en el municipio.
 
Esto, luego de que el 25 mayo de 2015, organizaciones civiles presentaron la solitud de AVG para el municipio de Cajeme, la cual fue aceptada el 18 de junio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
A partir de esa fecha, se abrió el periodo de investigación del grupo de trabajo, que emitió 12 recomendaciones a las autoridades sonorenses para atacar el problema. Sin embargo, ninguna de estas acciones han sido suficientes para combatir la violencia contra las mujeres, dijo la ex legisladora.
 
Burgos Ochoa habló sobre los hechos de violencia cometidos ayer: se trata del hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer y de la grave situación de salud que enfrenta otra, luego de que su pareja intentó quemarla con gasolina. 
 
De acuerdo con coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora.
 
“Queremos garantías para vivir en paz en Cajeme, para que nuestros hijos e hijas acudan a la escuela con seguridad, nosotras realicemos nuestros quehaceres sin ninguna sombra y preocupación por nuestra vida”, indica el comunicado hecho por la Red.
 
INSUFICIENTES
 
Entre las 12 recomendaciones hechas a las autoridades sonorenses, tras la aceptación de la solicitud de AVG están: contar con un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer el Instituto Municipal de la Mujer, la elaboración de protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, la desaparición de niñas y mujeres.
 
El 13 de junio de 2016, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presentó el informe a Conavim sobre los avances en el cumplimiento de estas, donde destacó la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Asimismo, se informó de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
También, indica se capacitó a diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para el acceso a la interrupción del embarazo a víctima de violación. 
 
Con ello, en septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones dadas por el grupo de trabajo, y emitió un plazo de 6 meses más para que el gobierno de Sonora cumpla con las exigencias.
 
CIFRAS AL ALZA
 
Sin embargo, Leticia Burgos destacó que estas acciones apenas son la base para terminar con la violencia feminicida que está en aumento en Cajeme, y otras regiones de Sonora, como en el Valle del Yaqui, Pesqueira y el Poblado de Miguel Alemán, y dijo, aún existen grandes desafíos para garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
En Cajeme, de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
Contrario a lo registrado por las organizaciones, las cifras que presenta la Baesvim, indican que en 2016 sólo hubo en todo el estado un feminicidio en julio; ningún caso de violación, 32 casos de abuso sexual, 6 de hostigamiento sexual y 496 casos de violencia familiar. La base no proporciona datos desagregados por género, edad, o municipio donde se registraron.
 
17/HZM/GG

A nuestras personas lectoras:
 
Como autora de la nota “Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses”, que se publicó el 20 de abril de 2017 a través del portal cimacnoticias.com.mx, hago la siguiente aclaración:
 
En el párrafo: “De acuerdo con la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora”.
 
Al respecto comento que la persona a la que hago referencia es a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, quien no es colaboradora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.
 
Respecto a los datos sobre el número de casos de feminicidio, los datos fueron registrados por la Red Feminista Sonorense, y no por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, como se entiende en la nota.
 
Atentamente
 
Hazel Zamora Mendieta
 
 
 

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
16/GVV/LGL