Asamblea Legislativa de la Ciudad de México

Alrededor de 5.3 millones de niñas y niños de 10 estados de la República mexicana no han regresado a las aulas tras los terremotos que sacudieron al país el 7, 19 y 23 de septiembre, lo que representa un riesgo para continuar su educación, afirmó Save the Children.

La organización defensora de los derechos de la infancia señaló que de acuerdo con datos del Banco Mundial, en México, una vez que la niñez han sido sacada de la escuela, inclusive sólo por una conmoción temporal, tiene 30 por ciento menos probabilidad de seguir con su educación comparado con quienes permanecen en la escuela.

A casi un mes después del primer terremoto que golpeó a los estados de Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre y de los sismos del 19 y 23 de septiembre, este último prácticamente imperceptible en la capital del país, la organización informó que se sabe de un total de 2 mil 424 escuelas que resultaron dañadas, 577 que necesitan ser reconstruidas por completo y mil 847 de forma parcial.

Este jueves la Secretaría de Educación Pública informó que 57 por ciento de las escuelas, tanto públicas como particulares, de todos los niveles educativos, reanudaron actividades y que continuaría el proceso de inspección de la seguridad de los centros educativos por parte de los Directores Responsables de Obra (DRO) en la Ciudad de México.

Al respecto, la directora ejecutiva de Save the Children en México María Josefina Menéndez Carbajal, señaló a través de un comunicado que debe ser una prioridad la coordinación entre Gobierno, sociedad civil y sector privado, para asegurar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

“Es importante que la reubicación de los alumnos en otras escuelas, así como el establecimiento de aulas temporales, se lleven a cabo en el menor plazo posible para que los niños más vulnerables recuperen su normalidad”, destacó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el ciclo escolar 2012-2013, los hombres abandonaron más la escuela que las mujeres, una condición que se acentúa conforme avanzan los niveles educativos; sin embargo, muchas veces las mujeres estudian y realizan actividades de trabajo en casa sin recibir remuneración.

Ante la contingencia por los recientes sismos, Menéndez Carbajal señaló que la educación es una prioridad en las zonas afectadas en las que están trabajando. “Independientemente del tiempo que dure la emergencia, ningún niño debe dejar de recibir una educación de calidad. Los niños siempre nos dicen que uno de sus principales deseos es volver a la escuela. No importa lo que haya pasado, en la escuela están sus compañeros y allí se sienten seguros y protegidos”.

Save the Children expuso que está trabajando con mil 825 niñas, niños y adolescentes en 35 albergues o campamentos en las zonas afectadas de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Morelos. Asimismo han establecido espacios amigables donde la infancia recibe apoyo psicosocial, y materiales para cubrir sus necesidades básicas.

Además, la organización hará campañas de promoción del regreso a clases, repartirá material escolar, promoverá hábitos de higiene para prevenir enfermedades en las escuelas e impulsará educación en Reducción de Riesgo de Desastre, entre otras acciones. En total, la organización atenderá a 100 mil personas afectadas por los terremotos: 32 mil niñas y niños y 68 mil adultos.

La organización estimó la cantidad de alumnos que están sin clases al considerar el promedio de niñas y niños en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala y multiplicarlo por el número de escuelas que no han reanudado actividades.

17/AGM/LGL

A pesar de la lluvia varias mujeres se envolvieron con impermeables y otras cubrieron a sus bebés con sombrillas pero todas permanecieron plantadas frente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exigiendo que el Instituto de Vivienda (Invi) garantice la construcción de viviendas para las personas damnificadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Alrededor de las once de la mañana el contingente de agrupaciones civiles, en su mayoría de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, llegó a la esquina de las calles Donceles y Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde permanecieron gritando frases como “el dinero de la nación para la reconstrucción” para exigir la liberación de recursos para la reconstrucción de edificios y casas colapsadas por los sismos.

Mientras el grupo de vecinos, en su mayoría mujeres, permanecía en la calle demandando acciones concretas, en el interior del recinto el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna, presentó un proyecto para expedir la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más Resiliente.

La iniciativa se sustenta en el decreto publicado el 26 de septiembre por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, y señala etapas para la atención de la emergencia: atención inmediata en un lapso de 6 semanas; reubicación, reconstrucción y recuperación en 6 meses; y transformación de la ciudad en un periodo de 5 años.

Según dijo el diputado, con esta ley también se creará la plataforma tecnológica “Plataforma Ciudad de México”, para registrar los inmuebles y a las personas afectadas para garantizar que reciban el apoyo correspondiente. La propuesta se analizará en las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

En la calle, un vecino, Héctor Ruiz, explicó que antes del sismo las agrupaciones vecinales ya tenían diálogos con el Invi para la construcción de vivienda pero ahora exigen que los acuerdos planteados no se echen para abajo y que se atienda a las personas cuyas casas resultaron dañadas, en particular en avenida Fray Servando Teresa de Mier y calle Xocongo, en la colonia Tránsito de la delegación Cuauhtémoc.

La manifestación, dijeron las personas inconformes, también es en solidaridad con las víctimas, que de acuerdo con la actualización de datos que este 4 de octubre presentó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México dejó un saldo de 228 personas que perdieron la vida, de los cuales 90 eran hombres, 138 mujeres y 29 menores de edad.

Sobre edificios y construcciones Mancera Espinoza dijo que está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México pero será hasta hoy que se tenga la información de los edificios que se deben reparar; y señaló que el Invi trabaja en un programa de apoyo para vivienda que podría ir de 100 mil o 150 mil pesos.

Al respecto, el líder de la organización Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, Armando Contreras, expuso que en la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, existen colonias como la Obrera, Viaducto Piedad y Esperanza, donde hay predios dañados que deben ser atendidos, por lo que exigieron que haya un fondo de reconstrucción que se maneje con transparencia.

17/AGM/LGL

Sin un proceso legislativo de por medio, diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de un plumazo el concepto de “violencia política de género” del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital porque argumentan que se equivocaron al incluirlo en la ley.
 
El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la expedición del nuevo Código electoral en el tiempo que establecía la Constitución capitalina y, luego de una revisión del texto, por parte de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de junio, con lo que entró en vigor para el proceso electoral de 2018.  
 
Sin embargo, fue hasta el 21 de junio, prácticamente tres semanas después de que se avaló la ley, cuando los asambleístas se dieron cuenta e informaron que “hubo una equivocación” y que en la norma electoral aparecía el concepto de “violencia política de género” cuando en realidad debería decir “violencia política”.
 
REVERSA
 
Ese mismo día, el miércoles 21, la Mesa Directiva de la ALDF, integrada por los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo y Rebeca Peralta, y del Partido Humanista, Luciano Jimeno, publicaron una “nota aclaratoria” en la Gaceta Oficial para dejar en claro que la ley no debería tener dicho término. 
 
De acuerdo con la nota, la ley debe decir que “violencia política” es  “toda acción, omisión o conducta ejercida contra las personas, directa o indirectamente, que tiene por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales…”.
 
Asimismo la definición correcta, que no aparece en el Código electoral, dice que la violencia política se puede manifestar “mediante cualquier modalidad de violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, expresándose en los ámbitos político, público y privado” y enumera 12 características y no 19 como están en la ley vigente.
 
¿CON “ACLARACIÓN” SE CAMBIA LA LEY?
 
Al siguiente día de que fue publicada la aclaración, el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, afirmó que el proceso legislativo del Código electoral no fue vulnerado sino que la “aclaración” era para que no entrara en vigor “algo diferente a lo votado por los diputados”.
 
El asambleísta también informó que en uso de sus facultades y junto con los integrantes de la Mesa Directiva revisó la versión estenográfica de la sesión del día 31 de mayo. “Hubo un error en el contenido que se envió para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esto es grave porque se hubiera publicado una ley con un artículo distinto a lo aprobado por el Pleno”, destacó.
 
Luna Estrada explicó que durante la discusión del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se presentaron varias reservas y una de ellas hablaba de la violencia política de género. “El pleno decidió dejar solo el concepto de violencia política”, recalcó.
 
El perredista subrayó que aún con la nota aclaratoria, no había impedimento legal para recurrir a la autoridad correspondiente si se llegase a presentar un caso de violencia política de género, ya que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla este concepto.
 
¿ACLARACIÓN DESAPARECE CONCEPTO?
 
Sin embargo, el 24 pasado la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, se pronunció sobre el tema y dijo que la nota aclaratoria dejaba la puerta abierta para que los supuestos para acreditar la violencia política de género se consideren inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo inadecuado e ilegal.
 
Durante la aprobación del Código Electoral, el día 31 de mayo, la asambleísta presentó reservas al Artículo 4 de la norma, a fin de incluir el concepto aprobado anteriormente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina; y reservas al Artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los “actos de violencia política”.
 
Pero ese día las reservas se presentaron en bloque junto con otros seis artículos, no se discutieron una por una, se generó confusión y fueron rechazadas. No obstante se publicó el decreto como si hubieran sido aprobadas.
 
ACCIÓN INCONSTITUCIÓNAL
 
Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Juana Ángeles Valencia, consideró que excluir el término “violencia política de género” en toda su acepción es una acción inconstitucional que merece ser sometida a revisión mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Para la legisladora, la modificación que la Asamblea Legislativa quiere hacer a través de una nota aclaratoria y no por medio de un proceso parlamentario, implicaría dejar inválida la posibilidad de argumentar que la violencia política de género como una causal para anular una elección, tal como lo establece la Carta Magna de la Ciudad de México.
 
El Articulo, Apartado D, numeral 2 de la Constitución capitalina dice que “sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución”.
 
Con el proceso electoral de 2018 para renovar la Asamblea Legislativa y poner en marcha la nueva estructura electoral de la capital, todavía no hay certeza de si una nota publicada en la Gaceta Oficial es suficiente para modificar el Código electoral o si es necesario un proceso parlamentario para rectificar un error del Legislativo local.
 
En tanto, el 22 de junio, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, dijo que “el cambio” no se informó a los diputados y ante ello mencionó que su partido analizaría la pertinencia de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque la modificación era de fondo y no una fe de erratas.
 
17/AGM/GG