Red Feminista Sonorense

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM

Se active o no la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada desde hace dos años, el gobierno de Claudia Pavlovich debe generar acciones de emergencia contra la violencia de género, afirmó la coordinadora de la Red Feminista Sonorense AC, Leticia Burgos Ochoa.
 
Esto es urgente, señaló Burgos, porque la violencia feminicida, desde que se pidió la AVG, no cesa: 107 casos de feminicidio de 2015 a 2016, 20 de los cuales se cometieron e Cajeme, según el  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.  
  
La solicitud para la AVG en Cajeme fue presentada el 25 de mayo de 2015 por la agrupación Alternativa Cultural por la Equidad de Género, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y un mes después fue remitida a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que la aceptó en junio del mismo año.
 
Luego se conformó el Grupo de Trabajo que inició la investigación y  emitió en noviembre de 2015 su informe con 12 recomendaciones para el gobierno estatal, para ser ejecutadas en un periodo de 6 seis meses a partir de diciembre.
 
Sin embargo, el Gobierno estatal pidió y se le concedieron seis meses más de prórroga para aplicar dichas recomendaciones, lo que  generó el reclamo de consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pues viola la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), porque las acciones “han sido marcadamente insuficientes” y no cesa la violencia feminicida: desde entonces han sido asesinadas 11 mujeres. 
 
La decisión sobre la AVG para Cajeme será anunciada en los próximos días por la Secretaría de Gobernación (Segob), pero sea cual la respuesta, la posición de la Red ante la Conavim, dependiente de la Segob, quedó clara en la reunión que tuvieron el 20 de abril en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme: exigir acciones, informó en entrevista telefónica Burgos Ochoa
 
En esta reunión, informó Burgos, el Grupo de Trabajo debería de haber dado su dictamen sobre emitir o no la alerta, pero no fue así y solo dijo que se reuniría en los próximos días, sin dar una fecha exacta, para discutir sobre la declaratoria y remitir la información a la Segob, encargada de dar el fallo correspondiente.
 
El Grupo presentó a Conavim un “informe sombra” con 13 apartados sobre el seguimiento que dan a la AVG desde que la solicitaron y que contienen: antecedentes de violencia de género, observación a las acciones del Gobierno estatal y propuestas para prevenir la violencia contra las sonorenses.
 
INACEPTABLE DILACIÓN DEL GOBIERNO
 
Entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo, estaban: crear un sistema de información sobre violencia de género, fortalecer las instancias públicas para la mujer; elaborar protocolos especializados para investigar casos de feminicidio y desaparición de mujeres; impartir capacitaciones para funcionarios; y crear campañas y programas para prevenir y erradicar la violencia contra las sonorenses.
 
El 1 de junio de 2016 el Gobierno estatal remitió a la Conavim la información sobre la implementación de las propuestas, donde solo cumplió 5 del total, por lo que Segob extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas, pues el tiempo “no era suficiente”, determinó.
 
La coordinadora de la Red, Leticia Burgos, indicó que es “inaceptable” la espera de 2 años, y dijo en este tiempo el gobierno local no ha implementado acciones contundentes ante la violencia contra las sonorenses, que no acaba.
 
VIOLENCIA DOCUMENTADA
 
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico de la Red Feminista Sonorense, desde el momento en que se otorgó la prórroga para cumplir con las recomendaciones, hasta mayo de 2017, ocurrieron 11 casos de feminicidio en Sonora; 6 muertes de mujeres calificados como suicidio; un intento de feminicidio y la desaparición de una mujer adulta.
 
El reporte que brindó la Red a esta agencia y que fue entregado al personal de Conavim en la reunión de ayer indica que estos casos se concentraron en la localidad de Ciudad Obregón y en los municipios del Valle del Yaqui, Bacúm y Benito Juárez.
 
Explicó Burgos que los funcionarios de Conavim “no tenían conocimiento detallado de hechos concretos de feminicidio porque la autoridad no reconoce este tipo de violencia”. Pero ante las cifras, los presentes en la reunión coincidieron y aceptaron que existía un problema de violencia contra las mujeres en la entidad y “había mucho por hacer”.
 
Además, aseveró, existe un sub-registro, pues esta es la información que recuperan a través de los medios de comunicación locales. Pero tiene conocimiento de otros casos no mediáticos que acompañan agrupaciones civiles de la entidad.
 
La directora de la Red Sonorense dijo que si bien la solicitud de la AVG se pidió sólo para Cajeme, será responsabilidad de las autoridades determinarla en otras localidades, porque también se observa un patrón de violencia feminicida muy alto.
 
SE UNEN CONSEJERAS DE INMUJERES
 
Al llamado para exigir la declaración de la Alerta, se unieron las Consejeras Sociales de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes a través de un comunicado exigieron la inmediata aplicación del mecanismo, y condenaron la prórroga que otorgó Segob al Gobierno sonorense, pues “viola la norma vigente, establecida en el Artículo 38 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal cumpla con las observaciones del grupo de trabajo”. 
 
“Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora, para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia”, afirmaron las firmantes del Consejo; Rosa Verónica Terrazas Aragonez, Raquel Arely Torres Mirnado, Magaly Reyes Chávez, Claudia María Vélez Londoño, María Dores Ybone Candilla Echeverría; Natalia Reyes Andrade, Enma Obrador Garrido; Marigarita Camacho Rodríguez; Violeta Lagunes Viveros; Ofelia Torres, Diana Ibarra Soto y Luordes Elizabeth Murgía Ferreira.
 
Al concluir la reunión con Conavim, integrantes de la Red se manifestaron enfrente al Palacio Municipal de Cajeme para mantener y visibilizar la exigencia. “Esperamos que la deliberación de Segob sea apegada a las exigencias y el contexto que vivimos de zozobra y falta de paz social en la localidad, bajo esta idea se debe declarar la alerta”, concluyó Burgos.
 
17/HZM/GG

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidieron a las autoridades de Sonora que impida el certamen de belleza adolescente “Teen Universe”, al que se convocó en redes sociales desde inicio de este mes.
 
Señalan REDIM y OSC, en un comunicado, que se deben realizar acciones que garanticen el derecho de las niñas y las adolescentes a una vida sin violencia, y no fomentar estos concursos que “atentan contra su integridad y seguridad al fomentar estereotipos de género”.
 
“Este tipo de concursos, señalan, reproducen el exhibicionismo de las adolescentes y mujeres como objetos con una connotación sexual, amplían las brechas de género y exaltan los estereotipos en un país donde la violencia en contra de la mujer está cada vez es más normalizada y se expresa en contra de mujeres cada vez jóvenes”.
 
En Sonora, por ejemplo, en 2014, el 60.2 por ciento del total de víctimas de delitos sexuales  fueron niñas y adolescentes, y la Red Feminista Sonorense insistió en la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues entre 2006 y 2014, se han reportado un total de 55 niñas y mujeres adolescentes de 10 a 17 años desaparecidas.
 
Por tanto, invitan también a las propias niñas y adolescentes y a sus familias  a reconsiderar el riesgo que implican este tipo de concursos y exhortan a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado a asumir su responsabilidad de revisar las prácticas que atentan en contra de la igualdad de género desde la infancia y realizar las acciones pertinentes para eliminarlas.
 
Recuerdan que el Estado mexicano tiene un compromiso con la niñez, ya que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y en 2015 el Comité por los Derechos del Niño, destacó  su preocupación ante la violencia vinculada con los estereotipos de género.

LAS RAZONES
 
Explica la RED y las OSC que la protección de los derechos de las infancias implica el reconocimiento de sus identidades y el desarrollo pleno de la personalidad, ámbitos que no deben estar sometidos a la aprobación de otras personas, ni a cánones que prestablecen la “belleza” o los “talentos”, como sucede con estos concursos.
 
Estos certámenes para la infancia y adolescencia “atentan contra la integridad y seguridad de las niñas y las adolescentes al fomentar estereotipos de género”, señalan, y destacan la preocupación expresada por el Comité por los Derechos del Niño  ante la violencia vinculada con los estereotipos de género, que son discriminatorios frente a las niñas y las mujeres, y que traen como resultado una alta prevalencia de violencia contra mujeres y niñas.
 
El Comité, ante esto, instó a los Estado parte a otorgar la máxima prioridad a la eliminación de las actitudes patriarcales y de los estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas de educación y de sensibilización.
 
Por su parte,  REDIM y OSC instan a las autoridades responsables a promover acciones concretas en beneficio de las mujeres en todo su ciclo de vida, en particular las niñas y las adolescentes.
 
Y a realizar programas en beneficio de ejercicio de sus derechos como el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, y el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano y pleno desarrollo.
 
Les pide también atender el exhorto que envío la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 14 de marzo de 2017, donde señala que las Procuradurías Estatales deben “emitir medidas especiales de protección en favor de las niñas y adolescentes, cuyos derechos pueden verse vulnerados al participar en este tipo de concursos”.
 
EN HIDALGO, CONCURSO NO PASÓ
 
Recuerda el comunicado que “hace unos meses en el estado de Hidalgo, frente a la exigencia de la sociedad civil y con el respaldo de diversas autoridades, entre ellas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se logró prohibir un evento similar”.
 
17/RED

Desde 2015, año en que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, hasta el año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizó 107 casos de feminicidio en la entidad, pese a que el gobierno local estaba obligado a seguir las 12 recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la seguridad de las mujeres, emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
De acuerdo con datos que proporcionó a Cimacnoticias, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, Cajeme es el municipio con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad: 19 por ciento de estos casos (20 asesinatos, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El 25 de mayo de 2015, agrupaciones no gubernamentales presentaron la solicitud de la AVG para Cajeme a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 
Tres meses después fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); se abrió el grupo de trabajo y al término de su investigación emitió 12 recomendaciones a las autoridades de Sonora.
 
Entre las recomendaciones figuraba la creación de un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, del cual el gobierno de Claudia Pavlovich respondió con la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), que sólo registro 1 feminicidio en 2016.
 
En el informe sobre los avances de la AVG del gobierno de Sonora -entregado el 13 de junio de 2016- también se habla de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y el establecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
En septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones y extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas. Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones están a la altura de la emergencia que se presenta en el territorio, indican las agrupaciones.
 
El plazo para atender las recomendaciones venció el 14 de marzo, incluida la extensión de 6 meses que dio la dependencia al gobierno de Sonora, bajo Claudia Pavlovich Arellano.
  
Sin embargo, organizaciones civiles como la Red Feminista Sonorense refieren que la violencia feminicida no desciende en la entidad, como ejemplo está el feminicidio registrado en días recientes en Cajeme y la violencia extrema de la que fue víctima otra mujer por su pareja en el mismo municipio, por lo que pidieron  a las autoridades estatales y a Segob, la ejecución de un plan de acción emergente y la declaratoria de la alerta. 
 
PETICIÓN PARA TODO EL ESTADO
 
Los datos del Observatorio llevaron a que el Congreso local se uniera a la petición de la declaratoria de la AVG en todo Sonora, mediante un exhorto dirigido en marzo a la Segob y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
 
Señala el Observatorio: en 2016 de los 45 asesinatos de mujeres que registró , el 14 por ciento ocurrieron en el municipio del Hillo (6 casos), asimismo, 4 asesinatos tanto en Nogales como en San Luis Río Colorado, 3 en Navojoa y otros tres en  Carborca.  En  Empalme, Sonoyta y Etchojoa se registraron 2 por municipio.
 
La información del Observatorio indica que prácticamente en cualquier edad las sonorenses son víctimas de esta violencia extrema, sin embargo, entre ellas destaca el grupo entre 21 a 30 años de edad, que representó el 33 por ciento del total de víctimas, es decir, 15 víctimas.
 
Le sigue el grupo de 31 a 40 años, que suma 8 casos en total (17 por ciento), las víctimas entre 21 a 50 años de edad representaron el 15 por ciento, con un total de 7 casos. Las niñas menores a 10 años también marcan uno de los porcentajes más altos, 11 por ciento (5 casos).
 
De acuerdo con la información proporcionada por la organización, la mayoría de estas 5 niñas víctimas de feminicidio mantenía algún tipo de relación con el asesino: 3 se registraron como padrastros de la víctima, 1 como padre, y 1 como vecino, otro se desconoce.
 
INFORMACIÓN SOBRE AVG
 
Cabe recordar que actualmente 7 entidades cuentan con la declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, sin embargo, es poca la información que se cuentan sobre los avances y resultados.
 
Por eso, el 13 de marzo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, pidió a Segob un informe detallado sobre las mismas e informar cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron.
 
17/HZM/GG

Dos actos de violencia extrema contra mujeres, ocurridos ayer, son ejemplo de que esos hechos no cesan en el municipio de Cajeme, en Sonora, por lo que es urgente instaurar un plan de acción de emergencia y declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa.
 
La feminista recordó que desde el pasado 14 de marzo concluyó la prórroga de 6 meses que otorgó la Secretaría de Gobernación (Segob) al Gobierno de Sonora para cumplir con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la AVG en el municipio.
 
Esto, luego de que el 25 mayo de 2015, organizaciones civiles presentaron la solitud de AVG para el municipio de Cajeme, la cual fue aceptada el 18 de junio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
A partir de esa fecha, se abrió el periodo de investigación del grupo de trabajo, que emitió 12 recomendaciones a las autoridades sonorenses para atacar el problema. Sin embargo, ninguna de estas acciones han sido suficientes para combatir la violencia contra las mujeres, dijo la ex legisladora.
 
Burgos Ochoa habló sobre los hechos de violencia cometidos ayer: se trata del hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer y de la grave situación de salud que enfrenta otra, luego de que su pareja intentó quemarla con gasolina. 
 
De acuerdo con coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora.
 
“Queremos garantías para vivir en paz en Cajeme, para que nuestros hijos e hijas acudan a la escuela con seguridad, nosotras realicemos nuestros quehaceres sin ninguna sombra y preocupación por nuestra vida”, indica el comunicado hecho por la Red.
 
INSUFICIENTES
 
Entre las 12 recomendaciones hechas a las autoridades sonorenses, tras la aceptación de la solicitud de AVG están: contar con un sistema de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer el Instituto Municipal de la Mujer, la elaboración de protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, la desaparición de niñas y mujeres.
 
El 13 de junio de 2016, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presentó el informe a Conavim sobre los avances en el cumplimiento de estas, donde destacó la creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Asimismo, se informó de la creación del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
También, indica se capacitó a diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para el acceso a la interrupción del embarazo a víctima de violación. 
 
Con ello, en septiembre de 2016, Segob dio por concluidas 5 de las 12 recomendaciones dadas por el grupo de trabajo, y emitió un plazo de 6 meses más para que el gobierno de Sonora cumpla con las exigencias.
 
CIFRAS AL ALZA
 
Sin embargo, Leticia Burgos destacó que estas acciones apenas son la base para terminar con la violencia feminicida que está en aumento en Cajeme, y otras regiones de Sonora, como en el Valle del Yaqui, Pesqueira y el Poblado de Miguel Alemán, y dijo, aún existen grandes desafíos para garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
En Cajeme, de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
Contrario a lo registrado por las organizaciones, las cifras que presenta la Baesvim, indican que en 2016 sólo hubo en todo el estado un feminicidio en julio; ningún caso de violación, 32 casos de abuso sexual, 6 de hostigamiento sexual y 496 casos de violencia familiar. La base no proporciona datos desagregados por género, edad, o municipio donde se registraron.
 
17/HZM/GG

A nuestras personas lectoras:
 
Como autora de la nota “Urge plan de acción y AVG en Cajeme, reiteran sonorenses”, que se publicó el 20 de abril de 2017 a través del portal cimacnoticias.com.mx, hago la siguiente aclaración:
 
En el párrafo: “De acuerdo con la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, quien colabora con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, en 2016 registraron 54 casos de feminicidio, 14 ocurrieron en Cajeme. En 2015 reportaron 10 en dicho municipio, de los 61 registrados en Sonora”.
 
Al respecto comento que la persona a la que hago referencia es a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, quien no es colaboradora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.
 
Respecto a los datos sobre el número de casos de feminicidio, los datos fueron registrados por la Red Feminista Sonorense, y no por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, como se entiende en la nota.
 
Atentamente
 
Hazel Zamora Mendieta
 
 
 

Después de dos meses de trabajo, las mujeres de la sociedad civil lograron colocar sus propuestas en el texto de lo que será la primera Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
Este martes 4 de abril de 2017, el Congreso de Sonora vota en pleno el dictamen que ayer aprobaron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género en forma unida.
 
Es un hecho trascendente para el movimiento de mujeres y feminista del estado de Sonora, pues no solo fueron éstas las que impulsaron la creación de una instancia de las mujeres en los años 90, sino que en la que será la ley que dé vida propia al Instituto, están plasmadas sus inquietudes que a dos décadas siguen siendo vigentes.
 
En la nueva configuración del Instituto Sonorense de las Mujeres, las ciudadanas podrán participar con voz y voto en la Junta de Gobierno.
 
Por primera vez habrá una metodología para elegir a la directora general, eliminando los nombramientos verticales absolutos que permitían que a las personas se les asignara esa importante encomienda solo por decisión de la o el titular del Ejecutivo.
 
Por 18 años el Instituto Sonorense de la Mujer, creado por decreto del ex gobernador Armando López Nogales en octubre de 1998, contaba con una Junta de Gobierno conformada por representantes gubernamentales y sólo la presidenta en turno del Consejo Consultivo participaba con voz, pero sin voto.
 
Ahora serán 14 las vocales ciudadanas que, representando a los consejos Consultivo y Social, podrán llevar la opinión y propuestas al órgano de toma de decisiones, con voz y voto.
 
La ahora coordinadora general tendrá que ser nombrada luego de un procedimiento en donde mediará una convocatoria abierta que derive en una terna de la cual la o el gobernador elegirá la próxima titular del ISM.
 
CONSEJOS CON OSC
 
Se acaba el actual Consejo Consultivo sempiterno, compuesto por alrededor de 50 organizaciones invitadas por la Directora General, y representantes de Gobierno. Esa configuración se transformará en dos consejos que se compondrán por entre 10 y 15 organizaciones cada uno, sin representación gubernamental.
 
Además, estos consejos serán electos tomando en cuenta los perfiles de las organizaciones que deberán ser impulsoras y defensoras de derechos humanos de las mujeres.
 
El Consejo Consultivo y el Consejo Social, según la nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, harán un verdadero contrapeso, ya que ahí se discutirán las acciones a realizar por la instancia.
 
El dictamen que hoy se pone a consideración del pleno puntualiza las aportaciones del trabajo conjunto entre sociedad civil, Comisiones dictaminadoras, Gobierno del Estado, así como representantes de las diversas bancadas de los partidos en el Congreso.
 
Entre los cambios sustanciales que experimentará el Instituto Sonorense de las Mujeres, destaca el que se modificó la integración de la Junta de Gobierno del Instituto.
 
Se le otorgó a la Junta de Gobierno la atribución para expedir la convocatoria para la integración y renovación del Consejo Consultivo y del Consejo Social, así como para expedir la convocatoria para la designación de la Coordinadora Ejecutiva.
 
Se estableció que la designación de la titular del Instituto estará a cargo de la titular o  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  estado,  de  la  terna  que  le  envíe  la  Junta  de Gobierno.
 
Se estableció que  el funcionamiento del Consejo Consultivo  y Consejo Social se realizará con el apoyo de comisiones que se crearán en el Reglamento Interior del Instituto.
 
OSC Y ACADÉMICAS
 
De igual forma, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género se menciona “la activa y valiosa participación que mujeres integrantes de asociaciones de la sociedad civil e instituciones académicas llevaron a cabo”, mismas que se señalan a continuación:
 
El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., el Colegio de la Frontera Norte A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Sonorense de la Mujer y su Consejo Consultivo, y la Red Feminista Sonorense.
 
Pero fue sin duda la oportuna intervención del Colectivo de Organizaciones de Mujeres lo que pudo abrir la discusión y la inclusión de las propuestas ciudadanas que ahora se ven plasmadas en el texto de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
El dictamen también lo reconoce puntualizando a las diversas organizaciones que forman parte del colectivo: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Feminista Clara Zetkin, la  COBANARAS Federación  Estatal  de  Sociedades  de  Solidaridad  Social,  el  Comité  de  América  Latina  y  el  Caribe  para  la  Defensa  de  los Derechos de la Mujer  (Cladem)  y  GEMAS  I.A.P.
 
Y es que el proceso empezó apenas en enero pasado cuando se dictaminó la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich para crear el ISM, cuando dichas organizaciones interpelaron la decisión y abrieron el debate.
 
Hoy culmina ese proceso en donde el Congreso se encamina hacia su objetivo de ser un parlamento abierto, el Gobierno del estado decidió acoger la discusión de los temas sociales con la sociedad civil y el resultado en esta ocasión es una ciudadanización del ISM. Bienvenido el renovado Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG

Exige organización de defensoras de los derechos de las mujeres indígenas, Jamut Boo’o que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la activista Anabela Carlón Flores y respeto a los derechos de la comunidad de Loma de Bácum.
 
La dirigente de la organización Jamut Boo’o, Casilda Flores Álvarez emitió un comunicado vía redes sociales para exigirle al Ministerio Público (MP) que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la defensora Anabela Carlón Flores, quienes ya tienen una carpeta de investigación por la denuncia interpuesta el mismo martes 13 de diciembre con número 00348/12-2016.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, Anabela Carlón Flores, dijo que tanto en el MP como en la Policía Estatal Investigadora (PEI) le informaron que aún no encuentran el paradero de Isabel Lugo Molina porque primero tienen que aplicar un “protocolo” sin decirle el nombre de éste, el cual establece que primero hay que buscar a las personas en “hospitales y Centros de Readaptación Social (Cereso)”.
 
De acuerdo a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, el día 13 de diciembre acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y no tenían registro de orden de aprehensión, ni cargo en contra Anabela Carlón Flores ni de Isabel Lugo Molina.
 
De manera que no hay motivo por el cual busquen a Isabel Lugo Molina en los Cereso porque no hubo orden de aprehensión, ni cargo alguno, tanto Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad por un grupo armado el pasado 13 de diciembre, que podrían ser elementos de la PEI, porque Anabela Carlón Flores vio cerca del lugar en el que fueron interceptados una patrulla de la policía estatal con las torretas encendidas y no hicieron nada por detener el secuestro o seguirlos para rescatarlos.
 
Anabela Carlón Flores fue liberada tras la presión mediática local, pero a Isabel Lugo Molina, se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construye la transnacional IEnova Sempra Energy en la comunidad de Loma de Bácum y en el territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora.
 
Las defensoras indígenas ya habían sido amenazadas y criminalizadas por funcionarios públicos de los gobiernos estatal y federal, así como por la comunidad de la etnia Yaqui que está a favor del gasoducto, una acción que fue provocada por la empresa transnacional IEnova Sempra Energy para dividir a la comunidad indígena y continuar con la construcción del gasoducto a pesar de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
Antes de que Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina, fueran privados de su libertad denunciaron en un comunicado firmado por las autoridades tradicionales de Bácum, las amenazas del subdirector de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, en dicho comunicado señalan que el funcionario público les dijo: “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.
 
La empresa Gasoducto Aguaprieta filial de la trasnacional IEnova Sempra Energy les entregó un “convenio” con una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.
 
El recurso más reciente que la defensora Anabela Carlón Flores interpuso fue un oficio dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde narra los hechos del pasado 13 de diciembre y el contexto de violencia que viven las mujeres y la comunidad de Loma de Bácum a causa de la construcción ilegal del gasoducto.
 
16/GVV

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
16/GVV/LGL