Claudia Pavlovich

A un mes de aprobada en el Congreso del Estado, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 181 del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM).
 
Fue el pasado 4 de abril cuando la 61 Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen presentado por las comisiones de Igualdad de Género y la de Gobernación y Puntos Constitucionales, en forma unida.
 
La Ley del ISM surgió a raíz de una iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich, que fue modificada en puntos sustanciales por la propuesta del Colectivo Organizaciones de Mujeres.
 
Las integrantes del Colectivo solicitaron a las Comisiones Dictaminadoras participar de las discusiones rescatando las propuestas realizadas por mujeres de la sociedad civil y funcionarias de gobierno, en los años noventa.
 
El colectivo Organizaciones de Mujeres sostuvo varias reuniones tanto con las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa, así como con autoridades gubernamentales que presentaron la iniciativa de ley.
 
La nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres fue producto de un diálogo entre el Poder Legislativo y las mujeres de la sociedad civil.
 
La iniciativa de abril de 2016 fue discutida en conjunto y las modificaciones que se hicieron se enfocan en la participación con voz y voto de las mujeres del sector no gubernamental en los órganos de gobierno.
 
A diferencia de la configuración anterior, que emanaba del decreto de octubre de 1998, el nuevo ISM contará no solo con un Consejo Consultivo, sino con un Consejo Social y un Consejo Consultivo.
Ambos estarán compuestos por mujeres con un perfil relacionado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
 
Para el colectivo esto era lo más importante de lograr pues la instancia de la mujer tendrá una reorientación desde sus propios órganos de gobierno.
 
Esto es porque  las integrantes de los consejos,  como las mujeres que a su vez participen en la Junta de Gobierno, deberán contar con una trayectoria de incidencia y trabajo a favor de los derechos de las mujeres.
 
Otra aportación es el nombramiento de la coordinadora general  que se realizará por convocatoria abierta de la cual se elegirán los perfiles idóneos para seleccionar una terna de la cual la o el titular del poder ejecutivo la nombrará.
 
Hay un salto cualitativo importante, ya que la forma de nombrar a directora y la conformación de los órganos de gobierno abre la puerta a la participación de perfiles acordes a los Derechos Humanos de las mujeres.
 
La inclusión con voz y voto en la Junta de Gobierno, máxima autoridad para tomar las decisiones de una cantidad de defensoras de derechos humanos de las mujeres, casi paritaria a la de los representantes gubernamentales, no tiene precedente.
 
Con la nueva configuración, el rumbo del ISM se definirá de manera más equilibrada entre gobierno y sociedad civil.
 
Las tareas inmediatas que se derivan de la entrada en vigencia de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres es el nombramiento de las integrantes no gubernamentales de la Junta de Gobierno.
 
Esto recaerá por única ocasión en el Congreso del Estado, para posteriormente ser el propio instituto el que convoque a la conformación de los consejos Consultivo y Social, de donde saldrán las integrantes futuras de la Junta de Gobierno.
 
La otra gran tarea es la de la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley del ISM, lo cual es prerrogativa del Poder Ejecutivo.
 
No obstante, las mujeres impulsoras de la ley esperan ser consultadas para poder dar su punto de vista en lo que será el complemento que facilitará la operación de la Ley del ISM, publicada en el Boletín Oficial el 4 de mayo de 2017 y en vigencia un día después.
 
17/SNE/GG 

Que encadenen la reja de su casa con la familia encerrada adentro; que su niña de dos años sea separada del CENDI al que asistía; y que el 8 de marzo la agredan en el evento oficial de conmemoración del Día internacional de la Mujer, son solo algunos ejemplos del giro que dio la vida de Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, desde que la cesaron como maestra el 15 de abril de 2016.
 
Víctima de la reforma educativa, Marcela ha pasado por meses muy difíciles en lo económico, pero también en lo psicológico, pues la presión del desempleo y falta de ingresos está mermando su salud, a un año del cese.
 
Conocedora de sus derechos, con una Maestría y un Doctorado, Marcela, una de las 27 maestras cesadas en Sonora, no presentó el Examen de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, como parte de su reforma educativa y que asume la Secretaría local.
 
La maestra Zazueta tiene muy claro que una ley no puede regir retroactivamente, y mucho menos una relación laboral de tantos años como era la de ella con la Secretaría de Educación y Cultura.
 
EL LLAMADO A PAVLOVICH
 
No obstante que la Secretaría fue la que instrumentó lo que desde el punto de vista legal es un despido, Marcela hace un llamado a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich para que tenga una actitud empática con las maestras cesadas, al ser la única gobernadora mujer en el país.
 
Sin embargo, no solo no ha ocurrido algún encuentro con ella para dialogar sobre esta problemática, sino que el pasado 8 de marzo, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, las maestras acudieron a manifestarse y extender una lona para que Pavlovich la viera.
 
No era la única lona, puesto que había otras de apoyo a la gobernante. Sin embargo, la de las maestras fue objeto de jaloneos acompañados de empujones y golpes a ellas.
 
Un grupo de mujeres las agredieron mientras intentaban mostrarla, paradas en las gradas del gimnasio polifuncional Ana Gabriela Guevara, en donde se desarrollaba el evento masivo.
 
La maestra lamenta que se esté utilizando brigadas de mujeres de colonias populares quienes “por una despensa” se prestan para atacar a otras personas del mismo pueblo.
 
Al estar instaladas en la parte superior de las gradas, y al echárseles encima para jalar la lona “como si fueran luchadoras”, narra que fue un momento muy tenso, pues temieron que las aventaran hacia la duela del gimnasio en la parte inferior, a más de diez metros, en donde se realizaba el evento oficial.
 
SU LUCHA NO TERMINA
 
Marcela Zazueta ha vivido los últimos meses haciendo activismo para concientizar a la población sobre la injusticia que significa aplicar la reforma educativa y otras reformas estructurales, mismas que mantiene a más de cuarenta personas despedidas de las cuales 27 son mujeres.
 
Pero su actividad comenzó desde que se aprobó y empezó a operar la reforma educativa en 2014, siendo ella una de las docentes que se dedicaba a informar a otros maestros sobre las consecuencias de la misma.
 
Uno de los días en que saldría temprano a informar, con sorpresa se dio cuenta de que su casa estaba encadenada por fuera en el frente y no se podía abrir la reja.
 
Fue necesario que acudieran sus compañeros maestros a retirar las cadenas. Junto con ellos indagó entre personas que estaban en la calle y que eran señalados como quienes habían colocado las cadenas para encerrarla con su familia. Al cuestionarles, simplemente sonrieron y le dijeron: “foto para el feis”. Días después, su casa fue nuevamente encadenada. 
 
Intentos varios ha hecho, tanto para reunirse con la gobernadora, como con el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins.
 
Este último ya accedió a dialogar con ellas, pero cuando estuvo enfrente de las maestras, siempre estuvo chateando, y cuando le llamaron la atención preguntándole que si no le interesaba el tema, él respondió: “¿Usted cree que no me interesa? Son como 26 mil maestros, y viene el 2018”.
 
Según el Artículo 14 constitucional, a nadie se le puede aplicar una ley retroactiva, afirma convencida Marcela Zazueta quien se ha convertido en emblema de la lucha de las maestras cesadas.
Es una de las 27, y una de las dos maestras madre de familia a las que les suspendieron el servido en el CENDI, privando a las niñas del derecho a la educación y el derecho al cuidado.
 
Pero a ella le favoreció un amparo que interpuso, y su niña está de gozando del servicio, y restituidos sus derechos, mismos que se habían violentado.
 
La directora del CENDI número 1, al que estaba inscrita su pequeña, ahora de dos años y cinco meses de edad, le había argumentado los artículos del reglamento en donde especifica que a las mamás que no estén trabajando se les suspende el servicio.
 
Además de la denuncia pública, interpuso un amparo, aunado al proceso jurídico que continúa por su despido injustificado.
 
El CENDI y los servicios de salud para ella y sus dependientes, se siguen brindando, ya que al encontrarse en un proceso jurídico no resuelto, no deben suspenderse.
 
Quien se desempeñara como maestra de segundo grado de la escuela primaria Jesús José Loya Aboitia, habla de la nostalgia que le produce llegar a la escuela, ahora solo a dejar a sus hijos quienes estudian ahí, pero confía en que tarde o temprano la justicia le dará la razón y podrá volver a ejercer como tanto anhela. A un año de su despido, Marcela sigue adelante.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG
 

Después de dos meses de trabajo, las mujeres de la sociedad civil lograron colocar sus propuestas en el texto de lo que será la primera Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
Este martes 4 de abril de 2017, el Congreso de Sonora vota en pleno el dictamen que ayer aprobaron las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género en forma unida.
 
Es un hecho trascendente para el movimiento de mujeres y feminista del estado de Sonora, pues no solo fueron éstas las que impulsaron la creación de una instancia de las mujeres en los años 90, sino que en la que será la ley que dé vida propia al Instituto, están plasmadas sus inquietudes que a dos décadas siguen siendo vigentes.
 
En la nueva configuración del Instituto Sonorense de las Mujeres, las ciudadanas podrán participar con voz y voto en la Junta de Gobierno.
 
Por primera vez habrá una metodología para elegir a la directora general, eliminando los nombramientos verticales absolutos que permitían que a las personas se les asignara esa importante encomienda solo por decisión de la o el titular del Ejecutivo.
 
Por 18 años el Instituto Sonorense de la Mujer, creado por decreto del ex gobernador Armando López Nogales en octubre de 1998, contaba con una Junta de Gobierno conformada por representantes gubernamentales y sólo la presidenta en turno del Consejo Consultivo participaba con voz, pero sin voto.
 
Ahora serán 14 las vocales ciudadanas que, representando a los consejos Consultivo y Social, podrán llevar la opinión y propuestas al órgano de toma de decisiones, con voz y voto.
 
La ahora coordinadora general tendrá que ser nombrada luego de un procedimiento en donde mediará una convocatoria abierta que derive en una terna de la cual la o el gobernador elegirá la próxima titular del ISM.
 
CONSEJOS CON OSC
 
Se acaba el actual Consejo Consultivo sempiterno, compuesto por alrededor de 50 organizaciones invitadas por la Directora General, y representantes de Gobierno. Esa configuración se transformará en dos consejos que se compondrán por entre 10 y 15 organizaciones cada uno, sin representación gubernamental.
 
Además, estos consejos serán electos tomando en cuenta los perfiles de las organizaciones que deberán ser impulsoras y defensoras de derechos humanos de las mujeres.
 
El Consejo Consultivo y el Consejo Social, según la nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, harán un verdadero contrapeso, ya que ahí se discutirán las acciones a realizar por la instancia.
 
El dictamen que hoy se pone a consideración del pleno puntualiza las aportaciones del trabajo conjunto entre sociedad civil, Comisiones dictaminadoras, Gobierno del Estado, así como representantes de las diversas bancadas de los partidos en el Congreso.
 
Entre los cambios sustanciales que experimentará el Instituto Sonorense de las Mujeres, destaca el que se modificó la integración de la Junta de Gobierno del Instituto.
 
Se le otorgó a la Junta de Gobierno la atribución para expedir la convocatoria para la integración y renovación del Consejo Consultivo y del Consejo Social, así como para expedir la convocatoria para la designación de la Coordinadora Ejecutiva.
 
Se estableció que la designación de la titular del Instituto estará a cargo de la titular o  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  estado,  de  la  terna  que  le  envíe  la  Junta  de Gobierno.
 
Se estableció que  el funcionamiento del Consejo Consultivo  y Consejo Social se realizará con el apoyo de comisiones que se crearán en el Reglamento Interior del Instituto.
 
OSC Y ACADÉMICAS
 
De igual forma, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género se menciona “la activa y valiosa participación que mujeres integrantes de asociaciones de la sociedad civil e instituciones académicas llevaron a cabo”, mismas que se señalan a continuación:
 
El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., el Colegio de la Frontera Norte A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Sonorense de la Mujer y su Consejo Consultivo, y la Red Feminista Sonorense.
 
Pero fue sin duda la oportuna intervención del Colectivo de Organizaciones de Mujeres lo que pudo abrir la discusión y la inclusión de las propuestas ciudadanas que ahora se ven plasmadas en el texto de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
El dictamen también lo reconoce puntualizando a las diversas organizaciones que forman parte del colectivo: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Feminista Clara Zetkin, la  COBANARAS Federación  Estatal  de  Sociedades  de  Solidaridad  Social,  el  Comité  de  América  Latina  y  el  Caribe  para  la  Defensa  de  los Derechos de la Mujer  (Cladem)  y  GEMAS  I.A.P.
 
Y es que el proceso empezó apenas en enero pasado cuando se dictaminó la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich para crear el ISM, cuando dichas organizaciones interpelaron la decisión y abrieron el debate.
 
Hoy culmina ese proceso en donde el Congreso se encamina hacia su objetivo de ser un parlamento abierto, el Gobierno del estado decidió acoger la discusión de los temas sociales con la sociedad civil y el resultado en esta ocasión es una ciudadanización del ISM. Bienvenido el renovado Instituto Sonorense de las Mujeres.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG

Treinta y nueve segundos fue tiempo suficiente para que las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora aprobaran en lo general y en lo particular el dictamen de la ley que crea el Instituto Sonorense de la Mujer.
 
A eso se redujo el intento de las ciudadanas que con oportunidad presentaron una iniciativa que trabajaron en conjunto en el movimiento amplio de mujeres y que, a pesar de los años, es vigente.
 
Siete personas que desconocen la iniciativa ciudadana, que nunca mencionaron la petición de las mujeres, y que tampoco dijeron algo sobre otra iniciativa presentada por un diputado que proponía convertir en Secretaría a la instancia de la mujer.
 
Siete legisladoras y legisladores cuya especialidad es cualquiera, menos los derechos humanos de las mujeres. Ellas y ellos levantaron la mano en automático para dar la venia a la iniciativa de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich.
 
El propio dictamen de fecha 30 de enero de 2017 se refiere a la iniciativa oficial como la única, omitiendo mencionar las otras dos iniciativas.
 
LEY SIN CONSULTA
 
Con ello cancelaron la posibilidad de que las ciudadanas -por cierto algunas fueron impulsoras del Instituto Sonorense de la Mujer- pudieran dar su opinión. Ignoraron la posibilidad de consultarlas para conocer su punto de vista sobre la viabilidad de la propuesta gubernamental.
 
Las viejas prácticas de aprobar iniciativas gubernamentales sin discusión e ignorando a la ciudadanía se reviven para dar vida propia a una instancia que en diez y ocho años ha demostrado que ser una oficina de gobierno sujeta a los vaivenes políticos no ha dado resultado.
 
La esperanza de ciudadanizar el ISM la están cancelando las y los legisladores al aprobar un dictamen que esta semana será llevado al pleno del Congreso, además con la petición de que se dispense el trámite de segunda lectura y sea considerado de obvia resolución.
 
Sabemos que eso significa que, de alguna manera, los partidos políticos que tienen representación en la 61 Legislatura ya se pusieron de acuerdo para aprobarla, seguramente a cambio de alguna negociación que desconocemos.
 
El próximo jueves tendremos Ley del Instituto Sonorense de las mujeres, pero no la propuesta por las mujeres, ni alguna en la que hayan sido consultadas.
 
El colmo es que, en reunión de diciembre de 2016 del Consejo Consultivo del ISM, la directora de la instancia se comprometió a circular la iniciativa gubernamental para conocer las opiniones de las consejeras, misma que nunca compartió.
 
CUMPLIÓ SOLO EL TRÁMITE
 
El dictamen aprobado por la Comisión, que preside la diputada Lisette López Godínez, es un documento que vacía la iniciativa de la Gobernadora y solo cumple el trámite para cumplir la formalidad de convertirla en ley.
 
El Congreso desdeñó la propuesta ciudadana, violando el elemental derecho de petición, en este caso para ser consideradas en las discusiones de las iniciativas, ante la conciencia de que eran tres.
Pero la sumisión política al poder ejecutivo volvió a hacerse presente, y la era de la transparencia y vinculación con la ciudadanía tirada al traste.
 
Entre lo más grave es que, dentro de los cambios expuestos por la iniciativa dictaminada, está la creación de dos consejos, a diferencia de uno extenso que existe actualmente.
 
Consejo consultivo y Consejo social son los nombres de las organizaciones en donde en teoría estarán representados los diferentes sectores de las mujeres en Sonora y que formarán parte de la estructura de consulta y asesoría del ISM.
 
No obstante, se introducen candados para la inclusión de las mujeres en dichos consejos, por lo que ya podemos augurar que es una nueva forma que institucionalizará la exclusión.
 
Lo que parece una buena acción -demandada por las mujeres- la creación de la Ley del ISM, se convierte en la evidencia de que para los poderes del Estado las mujeres siguen siendo menores de edad que no son capaces de hacer propuestas serias y dignas de tomarse en cuenta.
 
La exclusión es el sino de la ley que será aprobada el próximo jueves. No se tomaron en cuenta ni se discutieron las otras iniciativas presentadas al Congreso, no se consultó a las ciudadanas peticionarias.
 
Peor aún, no se incluyó ni consultó a la Comisión de Igualdad del propio Congreso. Mucho menos se le invitó a dictaminar en forma unida. La Ley va mal de origen, por lo tanto el propio Instituto tendrá un sustento legal tal vez, pero ilegítimo pues no dio cabida a otras opiniones.
 
El proceso es una verdadera lástima pues nos hace retroceder décadas en el tiempo al llevarnos a la sumisión de todas las partes que podrían estar involucradas, por el solo hecho de cerrar filas ante una iniciativa gubernamental.
 
El acuerdo que haya sido por parte de los partidos cancela la posibilidad de avanzar en las recomendaciones internacionales de vincular cada vez más a la sociedad en la armonización de la legislación así como en la creación de políticas públicas.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG 

El anuncio de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, sobre acciones específicas para combatir la violencia de género, cayó como respuesta urgente y directa a la indignación y miedo que generaron los más recientes casos de feminicidio perpetrados al sur del estado.
 
La expectativa sobre la concreción de acciones está presente pues hasta hoy la política de atención a la violencia de género había estado soterrada y disminuida ante los demás programas de gobierno.
 
La gobernadora anunció una serie de medidas para subsanar la omisión de la violencia que se inflige a las mujeres; entrará en operación el número de emergencia 911 que dará atención especial a las solicitudes de ayude de mujeres víctimas de violencia.
 
Pero esa es solo una de las medidas. También anunció que habrá “autobuses rosas” en la zona rural en donde al menos cuatro jóvenes fueron violentadas sexualmente, una de ellas asesinada, en el sur del Estado.
 
En lo que llamó “una batalla frontal contra la violencia hacia las mujeres”, Pavlovich Arellano reconoció por primera vez por su nombre a la violencia de género, y exhortó a las mujeres a denunciar, a no quedarse calladas. Otra de las medidas es la generación de una aplicación de teléfono celular para situaciones de emergencia, así como para obtener información de manera permanente.
 
El discurso modificado radicalmente se da dentro del término de prórroga que por 6 meses pidió el gobierno del estado a la Conavim, y con ello poder dar cumplimiento a las doce recomendaciones que emitió el grupo de trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG) para el municipio de Cajeme, ubicado al sur de la entidad.
 
Son tres los casos de feminicidio cuyas características han generado un impacto psicosocial negativo pues tanto las jóvenes, adolescentes y niñas, así como sus familias, vecinos, y habitantes del sector se encuentran temerosos y estresados para caminar por las calles vecinales, hacia la escuela o trabajos.
 
En poco más de un mes las autoridades dieron a conocer tres casos de mujeres que salieron de sus casas a atender actividades rutinarias, todas desaparecieron, fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares y un día después, encontradas sin vida.
 
El 22 de septiembre la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que encontró el cuerpo calcinado de una mujer en el kilómetro 8 de la carretera que conecta Bacobampo con Buaysiacobe; a través de pruebas periciales se determinó que la víctima era Sara Gertrudis Solís Pérez, quien permaneció desaparecida por cuatro días.
 
El 3 de noviembre, después de tres días de desaparecida, la maestra de danza folclórica Lizeth Aracely Fuentes Argüelles, apareció asesinada en el Ejido Primero de Mayo (Campo 77), perteneciente al Municipio de Bácum. El cuerpo fue localizado sobre el margen de un dren (drenaje), parcialmente sumergido en las aguas residuales en el Valle del Yaqui, según el reporte de las autoridades.
 
Su asesinato provocó mucha indignación, miedo, y dolor entre la sociedad sonorense, familiares, amigos y conocidos del instituto en donde impartía clases.
 
En protesta, se realizó una marcha a la que acudieron cientos de personas quienes mostraron su enojo pues se dio a conocer que el responsable había cometido tres violaciones más con el mismo modus operandi, previo al asesinato de la maestra.
 
Mientras las autoridades intentaban explicar cómo pudo suceder un feminicidio evitable como el de la maestra, el 11 de noviembre Diana Domínguez Félix, quien trabajaba como representante de laboratorios, fue localizada sin vida después de cuatro días de desaparecida, según reportaron sus familiares.
 
Días antes había salido a trabajar, pero desapareció, por lo que su familia la empezó a buscar. Su cuerpo se encontró en la comunidad de Tesia, hacia donde fue llevado por el feminicida pues la privó de la vida en Ciudad Obregón.
 
Todo este contexto feminicida en la región sur de Sonora, generó un cambio de discurso oficial. Ya se habla de violencia de género, lo cual nos indica que finalmente se reconoce que también en esta entidad la violencia contra las mujeres se hace presente.
 
Se instruyó al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres a trabajar coordinadamente en acciones de emergencia que contribuyan a evitar el feminicidio. Si bien algunas otras medidas han sido retomadas de las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, todavía no se ha establecido una coordinación con éstas.
 
Es esperanzador que la política estatal venga desde la responsable del poder ejecutivo, no obstante, las acciones llevarán tiempo pues están sujetas a su creación como el caso de la aplicación telefónica o el transporte rosa, pues se deberán diseñar las condiciones en que éste operará.
 
De igual forma, el Centro de Justicia para las mujeres en Hermosillo llevará tiempo en construirse. Sin embargo, la instrucción enérgica para que todo el funcionariado se conduzca de acuerdo a los protocolos vigentes, es para tomarse en cuenta.
 
De cualquier manera, la violencia exacerbada contra las mujeres en el sur del estado no debe invisibilizar el feminicidio que está presente en todos los municipios. No debe hacernos olvidar que en Sonora, más de la mitad de los asesinatos se perpetran dentro de los hogares y por las personas con las que las mujeres se sienten más seguras: sus familiares.
 
No podemos dejar de lado que en Nogales, San Luis Río Colorado, y la región del desierto, también se han producido casos de feminicidio emblemáticos.
 
Por ahora, aunque no se llame así, en Sonora se ha emitido una pre alerta de género. Esperemos que las acciones se cumplan, pero sobre todo, que sirvan para evitar más casos de feminicidio.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/LGL

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
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