Estado de México

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ESTADOS
   Defensa legal se cerciora integración diligente de la investigación
Demandan protección para tías de la “Niña de Neza”
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/02/2018

La defensa legal de la familia de Guadalupe, la niña de cuatro años de edad que fue asesinada en marzo de 2017 en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, pedirá a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) estatal que brinde medidas de protección a Luz y Marina Medina, tías de la menor de edad.

La abogada Daniela Meléndez Villegas, confirmó a Cimacnoticias que ayer la Fiscalía mexiquense halló a Luz María Medina Pichardo, tía de Guadalupe e involucrada, en calidad de ofendida, en la investigación del feminicidio de su sobrina. Luz María se encontraba desaparecida desde el 2 de febrero.

De acuerdo con la litigante, en algún momento se sospechó que la desaparición estuviera relacionada con las amenazas que la familia ha recibido tras revelar la identidad de Guadalupe, la niña conocida como la “Niña de Neza”; sin embargo, confirmó que Luz Medina aseguró que no fue víctima de ningún delito y que se ausentó de forma voluntaria con su expareja pero no tuvo la oportunidad de comunicarse con sus familiares hasta ayer cuando se percató de las noticias sobre su búsqueda.

No obstante dijo que continúan las amenazas a la integridad de las tías por parte del hermano de uno de los presuntos feminicidas, el padrastro de la niña, Pablo Rodríguez. Por ello, la abogada del despacho jurídico Defensores Legales, Daniela Meléndez, aseguró que solicitarán al Ministerio Público local que les otorgué medidas de protección.

La denuncia de la desaparición de Luz fue interpuesta el martes 6 de febrero por una de sus hermanas, Marina Medina. Ambas son quienes han salido a la luz pública para exigir justicia por el feminicidio de su sobrina de cuatro años de edad, también fueron claves para identificar a los presuntos responsables del feminicidio: la madre de la niña, Yadira Medina, y su pareja, Pablo Rodríguez.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

La abogada recordó que por el momento continúan los tres meses de investigación del feminicidio de Guadalupe (etapa que concluyen en marzo), quien fue hallada sin vida por vecinas y vecinos de la colonia Virgencitas en Nezahualcóyotl el 18 de marzo de 2017, su cuerpo fue reconocido nueve meses después que activistas difundieron un retrato en redes sociales.

Los presuntos responsables fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio el 29 de diciembre de 2017 y permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, después de que la Fiscalía confirmó con una prueba de ADN que Yadira Medina era madre de la víctima.

El 31 de enero de 2018 la FGJEM reconoció a Luz Medina en calidad de ofendida tras la exigencia de la defensa legal para que fuera considerada víctima indirecta del feminicidio y así darle derecho a revisar la carpeta de investigación.

Meléndez Villegas dijo que por el momento revisarán que la indagatoria se realice de forma diligente y participarán en la recaudación de pruebas.

18/HZM

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Marina Medina, sigue sin protección
Familia de la “Niña de Neza” desconoce localización de tía desaparecida
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2018

A pesar de que en las redes sociales circula información de que fue encontrada Luz María Medina Pichardo, tía de Guadalupe –la niña de cuatro años de edad víctima de feminicidio en marzo de 2017 en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México– su familia aseguró que no sabe nada y no ha recibido aviso por parte de las autoridades.

Consultada por Cimacnoticias, la hermana de Luz y también tía de Guadalupe, conocida como la “Niña de Neza”, Marina Mediana, informó que hasta la tarde de este jueves 8 de febrero desconoce el paradero de su hermana a pesar de que desde ayer ha realizado recorridos con la unidad de Atención Ciudadana de Víctimas del Palacio municipal de Nezahualcóyotl con el objetivo de encontrarla.

Este de 7 de febrero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) levantó la ficha de búsqueda después de que un día antes Marina Medina presentó una denuncia por desaparición. Este miércoles la hermana de Luz María visitó hospitales de la zona para hallarla pero no obtuvo resultados.

De acuerdo con el relato de Marina Medina, la última vez que los vecinos vieron a su hermana fue el viernes 2 de febrero en un “bicitaxi” de la colonia Benito Juárez en Nezahualcóyotl. Ella se enteró de su ausencia hasta el martes 6 de febrero por una llamada de sus familiares, quienes le alertaron que Luz no había llegado a su casa desde el viernes por la noche.

Luz Medina es parte involucrada en la investigación penal por el feminicidio de su sobrina Guadalupe. En el expediente la mujer tiene calidad de ofendida desde el pasado 31 de enero cuando la Fiscalía mexiquense la reconoció como víctima indirecta en el feminicidio de su sobrina Guadalupe. Es por ello que su presencia se considera clave en la investigación que sigue en contra de Yadira Medina y su pareja, Pablo Rodríguez, acusados del feminicidio infantil.

Este caso ha causado la indignación de la sociedad desde que vecinas y vecinos encontraron el cuerpo de Guadalupe, de cuatro años de edad, asesinada el 18 de marzo de 2017 en la colonia Virgencitas en un lote baldío del Bordo de Xochiaca.

Su identidad era desconocida por lo que activistas feministas del Edomex la llamaron la “Niña de Neza” y trataron de ayudar a encontrar a sus familiares por lo que realizaron un retrato, ya que la unidad especializada en feminicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México nunca emitió uno.

Gracias a este esfuerzo, las hermanas Luz y Mariana Medina reconocieron a su sobrina y presentaron testimonios que ubicaron a la madre y padrastro de Guadalupe como los responsables del crimen. En su momento aclararon que la niña de cuatro años de edad era víctima de violencia familiar y su nombre e identidad no fueron registrados ante el Registro Civil, razón que retraso su reconocimiento.

Cuando el caso ganó la atención mediática ambas alertaron que el hermano del padrastro de la niña y presunto responsable del feminicidio, Pablo Rodríguez, las amenazó pero nunca recibieron alguna protección por parte de las autoridades.

Marina Medina aclaró que hasta el momento ella sigue sin medidas de seguridad y la unidad de Atención Ciudadana de Nezahualcóyotl, únicamente le brinda los traslados cuando hacen los recorridos de búsqueda, además reiteró que desconoce cualquier información sobre la localización de su hermana.

El feminicidio de Guadalupe está en etapa de investigación, periodo que concluyen en marzo, en tanto la defensa legal y la familia ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación y los padres de la niña permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

18/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Clave en la investigación, había recibido amenazas
Reportan desaparecida a tía de la “Niña de Neza”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/02/2018

Luz María Medina Pichardo, la tía de Guadalupe, la niña de cuatro años de edad víctima de feminicidio el 18 de marzo de 2017 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se encuentra desaparecida desde hace siete días, tras recibir amenazas por parte de la familia de uno de los presunto asesinos y padrastro de la niña, Pablo Rodríguez.

Este 7 de febrero de 2018 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió la ficha de búsqueda de Luz Medina, quien es parte fundamental de la investigación del feminicidio de Guadalupe (conocida como la “Niña de Neza”), pues fue reconocida por parte de la Fiscalía como ofendida y llevaría el seguimiento del caso en contra de los presuntos feminicidas, Pablo Rodríguez y su hermana, Yadira Medina.

La hermana de Luz, Marina Medina, informó a Cimacnoticias que en este momento se dirige al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, luego de recibir una llamada de Atención Ciudadana de Atención a Víctimas para decirle “que tienen información sobre el caso”, y expresó su temor de que las amenazas que recibió por el hermano del acusado Pablo Rodríguez, “se hayan consumado”.

Marina Medina interpuso el martes 6 de febrero la denuncia de desaparición de su hermana ante la FGJEM, mencionó que es la unidad de Atención Ciudadana de Víctimas del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, quien la ha acompañado en la búsqueda.

Por su parte, la abogada del caso y representante de la familia de la niña Guadalupe, Daniela Meléndez Villegas, recordó a esta agencia que Luz Medina fue reconocida el pasado 31 de enero como ofendida por parte de la fiscalía mexiquense, permitiéndole así el acceso a la carpeta de investigación del feminicidio de su sobrina (expediente ECA/FHM/ECH/034/056135/17/03).

La litigante recordó que Luz es fundamental en la investigación, pues fue ella quien dio a las autoridades la información del paradero de la madre de Guadalupe, Yadira Mediana y su pareja, Pablo Rodríguez, quienes fueron detenidos el 29 de diciembre por la FGJEM como presuntos responsables del feminicidio infantil.

Asimismo, la hermana de Luz Medina, lamentó que en ningún momento tuvieron protección por parte de la Fiscalía mexiquense, a pesar de que reportaron las amenazas de forma pública y el caso se volvió mediático, debido a la circunstancias del feminicidio.

Guadalupe fue hallada asesinada el 18 de marzo del año pasado en un lote baldío del Bordo de Xochiaca en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se desconocía su identidad ya que la unidad especializada en feminicidio del estado no encontró reportes de desaparición u otros datos que permitieran conocer su identidad, pero tampoco divulgó un retrato de la niña para dar con su familia.

Las tías de Guadalupe la reconocieron hasta diciembre de 2017, luego de que activistas del Edomex recrearan un retrato de la niña y lo circularan en redes sociales. Ellas reportaron que la niña de cuatro años de edad –a la que nunca registraron- era víctima de violencia familiar por su madre y su pareja.

Actualmente ambos se encuentran en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl vinculados a proceso por el delito de feminicidio y la etapa de investigación se cierra en marzo próximo.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia exige a Fiscalía de Feminicidios acceso a la carpeta de investigación
Guadalupe de 4 años de edad es la “Niña de Neza”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/01/2018

A nueve meses del feminicidio de la “Niña de Neza”, hallada por vecinas el 18 de marzo de 2017 en un lote baldío del Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), las demandas de la sociedad civil por conocer la identidad de la menor permitieron conocer su nombre: Guadalupe, una niña cuatro años de edad que vivió violencia familiar.

Este 10 de enero, las tías de Guadalupe, Mariana y Luz María Medina, ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México para esclarecer la identidad de la niña y exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y su dependencia, la Fiscalía Especializada de Feminicidios, reconocerlas como víctimas para permitirles el acceso a la carpeta de investigación y coadyuvar en el caso (expediente ECA/FHM/ECH/034/056135/17/03).

¿QUIÉN ES LA “NIÑA DE NEZA”?

El 18 de marzo del año pasado vecinas de la colonia Virgencitas dieron aviso a la policía estatal del hallazgo del cuerpo de una niña de aproximadamente cinco años de edad, con signos de violencia física y sexual y abandonado entre la avenida Bordo de Xochiaca y la calle Virgen del Camino, en Nezahualcóyotl, uno de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género desde 2015.

El feminicidio infantil causó la indignación de vecinas y activistas, quienes dos días después de encontrar el cuerpo colocaron un altar en memoria de la niña. En el lugar pintaron cruces rosas, colocaron veladoras, juguetes, peluches y flores, con cartulinas que exigían justicia.  

Ese mismo día, las integrantes de la agrupación Nosotras, el Colectivo de Madres del Estado de México y el Centro Cultural y Organización Social Nezahualcóyotl se trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) ubicado en el municipio de Tlalnepantla para pedir que la niña no fuera enviada a la fosa común. Ahí les dijeron que el caso había sido turnado a la Fiscalía de Feminicidios y no podían dar mayor información.

Esto llevó a las activistas a manifestarse el 28 de marzo frente a la Fiscalía de Feminicidios. El subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz, accedió a tener una reunión con ellas y les aseguró que la niña no sería enviada a la fosa común y acordó realizar un funeral en el que pudieran asistir.

Sobre la investigación, ese día informó que no tenían datos sobre quién era la niña, ni de los responsables del delito, ya que no había cámaras de seguridad en el lugar y hasta ese momento ningún familiar había acudido a reclamar por la víctima. Juvenal Guadarrama dijo que buscaban en los registros de niñas desaparecidas y esperaban que un familiar acudiera para realizar las pruebas de ADN.

En esa reunión las activistas cuestionaron a las autoridades del por qué no hacían público un retrato de la víctima para que pudieran reconocerla; sin embargo, la Fiscalía de Feminicidio fue omisa en esta petición y nunca les informó sobre los avances de la investigación como lo solicitaron por medio de un oficio a la Contraloría de la Fiscalía de Justicia del Edomex.

Tampoco se informó a los colectivos y organizaciones sobre el funeral de la “Niña de Neza” pero después conocerían que la víctima fue enterrada el 2 mayo de 2017 en el cementerio Parque Memorial de Naucalpan.

FAMILIA RECONOCE A LA NIÑA

En octubre pasado, la activista que documenta casos de feminicidio, Frida Guerrera, difundió un retrato obtenido después de revisar fotos del cuerpo de la “Niña de Neza”. La imagen se compartió en medios de comunicación y redes sociales, campaña que permitió que la tía de la menor de edad, Mariana Medina, acudiera al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, para solicitar informes del caso.

En la conferencia Mariana Medina explicó que al acudir al Palacio Municipal las autoridades la revictimizaron y culparon de no atender ni dar seguimiento al asesinato de su sobrina, a pesar de que ellos no difundieron ninguna información para descubrir la identidad de la menor de edad. Sin embargo, dijo, ella proporcionó a la Fiscalía de Feminicidios el paradero de la madre de Guadalupe y su pareja.

Mariana Medina señaló a las autoridades que la niña de cuatro años de edad era víctima de violencia por parte de su madre y su pareja. Sobre esta situación en marzo de 2017 –cuando fue asesinada Guadalupe– su abuela dio aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio.

Tras los datos que proporcionó la tía, en diciembre pasado la Fiscalía mexiquense anunció que había aprehendido a la madre de Guadalupe, Yadira Medina y su pareja, Pablo Rodríguez, como presuntos culpables del feminicidio.

EXIGEN ACCESO A LA INVESTIGACIÓN

Por el momento la abogada del despacho jurídico Defensores Legales, Daniela Meléndez Villegas, quien acompaña el caso, señaló que continúa la etapa de investigación, sin embargo, la familia y su defensa no han tenido acceso a la carpeta de investigación y tampoco se les ha permitido participar.

Por ello el 27 de diciembre tramitaron un oficio (del que  Cimacnoticias tiene copia) en el que piden a la Fiscalía Especializada de Feminicidios que reconozca a una de las dos tías de la niña, Luz María Medina, como víctima y tenga acceso a la carpeta de investigación como es su derecho.

La familia de Guadalupe señaló que no claudicaran en su lucha por justicia y la sanción de los responsables. También lamentaron que el Estado de México no cesen los asesinatos de mujeres, adolescentes y ahora, niñas.

Según datos de la Fiscalía del Estado de México hasta octubre de 2017  hubo 25 casos de feminicidio (5 ocurridos en Nezahualcóyotl) pero no especificó cuántos de estos corresponden a niñas. Con estos niveles de violencia el Edomex lleva dos años con Alerta de Género sin que se tengan resultados para proteger la vida de las mujeres.

En la conferencia para presentar la identidad de la “Niña de Neza”, historia que alcanzó mayor difusión luego de que el año pasado fuera parte de los trabajaos que obtuvieron el Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, también participaron la defensora Frida Guerrera y el sacerdote y defensor de los derechos de personas migrantes, Alejandro Solalinde Guerra.

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio con Alerta
   
Sin justicia, víctimas de feminicidio en entidades con AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/12/2017

El “Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, realizado por la asociación civil Articulación Ciudadana (Aced) para analizar el impacto de la AVG en el acceso a la justicia para las víctimas, reportó que no hay mejoras y continúa la impunidad.

La Aced presentó este diciembre dicho Observatorio en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.

Aunque hasta ahora hay 12 declaratorias en todo el país, este proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se enfocó en el impacto que ha tenido el mecanismo en estas seis entidades por estar activo desde hace un año o más.

Con las obligaciones que se desprenden de la AVG en algunos estados se han creado unidades especiales para investigar este delito y mesas de trabajo para revisar los casos de asesinatos de mujeres que permanecen en la impunidad, sin que se observen mejoras en el acceso a la justicia pronta y expedita para las víctimas, indica el reporte.

De acuerdo con datos proporcionados por las Fiscalías de Justicia sobre casos de feminicidio y el acceso a la justicia, se observa que en el Estado de México, la primera entidad en la que se decretó la AVG en 2015 para 11 municipios, de los 217 casos de feminicidio que registró la Fiscalía General de Justicia local de 2013 a 2016, 76 por ciento sigue sin sentencia, es decir, sólo 52 víctimas de feminicidio accedieron a la justicia. 

En la investigación llama la atención que en estos cuatro años, la incidencia de casos de feminicidio ha aumentado en el Edomex. En 2013 la Fiscalía estatal registró 40 víctimas, para 2016 los asesinatos violentos de mujeres incrementaron a 69, en este año se obtuvo la menor cantidad de sentencias, únicamente nueve del total de casos.

Lo mismo ocurre en Morelos. En 2016 sólo seis por ciento de los 31 casos de feminicidio culminaron en una sentencia, es decir, dos. En años anteriores la tendencia fue similar; de las 64 víctimas reportadas de 2013 a 2015, sólo hubo 21 sentencias.

En el mismo periodo la Fiscalía de Justicia de Michoacán reportó a la organización 29 casos de feminicidio, de los cuales, únicamente tres obtuvieron una sentencia.

En Chiapas tan sólo 16 por ciento de las 142 mujeres asesinadas por razón de género accedieron a la justicia (23 sentencias). Respecto a Nuevo León, la Fiscalía únicamente informó a la organización de una sentencia por este delito desde 2013 a 2016, de un total 5 casos. Este estado tiene el conteo de 217 asesinatos de mujeres de 2014 a 2016 calificados como homicidios.

Estas entidades tienen ya más de un año con la AVG. Morelos fue la segunda en la que se decretó (agosto de 2015), después siguió Michoacán en junio de 2016; en Chiapas y Nuevo León se emitió el mismo día, 18 de noviembre de 2016.

Sin embargo, en todos se refleja la falta de acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y un incremento considerable de los casos.  La investigación indica que entre los motivos de solicitud de la Alerta para estos estados se hacía referencia a la falta de justicia y simulación de las autoridades por investigar el feminicidio.

“Al no haber sanciones ejemplares para los feminicidas se envía un mensaje de impunidad y de permisibilidad frente a estos actos contra las mujeres”, señala el documento de Aced.

OTRAS VIOLENCIAS

El reporte de Aced contiene también otras modalidades de violencia de género en estos seis estados con AVG: desapariciones de mujeres, trata y violencia sexual.

Los números de estos tipos de violencia se incrementan año con año, por ello, subraya la organización han incrementado también las declaratorias de Alerta: en 2015 se decretaron dos, en 2016 cuatro, en lo que va de 2017 se han emitido seis más.

De acuerdo con el análisis que hace la asociación 24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio declarado en Alerta Violencia de Género.

Los otros estados con Alerta son Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Apelan resarcimiento económico que dictó Juzgado
ODI pide reparación integral del daño para los tres hijos de Nadia Muciño
Familia Muciño Márquez | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/11/2017

Abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para los tres hijos de la víctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño Márquez, pues no contempla la atención psicológica y la educación que el Estado debe garantizarles como víctimas indirectas.

Después de 13 años de lucha, el pasado 13 de octubre el Juzgado de Cuautitlán dictó sentencia en contra del esposo y uno de los asesinos de Nadia Muciño, Bernardo López Gutiérrez, por el delito de homicidio agravado con 42 años y seis meses de prisión, asimismo exigió la reparación económica del daño para los hijos de Nadia, quienes presenciaron el crimen perpetrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, esta compensación es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales, denunció en entrevista con Cimacnoticias la abogada de la ODI, organización que representa legalmente el caso, Viridiana Valgañón Salazar.

Por ello a una semana del fallo apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado y exigieron que el Estado se haga cargo de la atención psicológica y la educación de los hijos de Nadia, como es su obligación, indicó la coadyuvante del caso.

A sus cinco, cuatro y dos años de edad, los hijos de Nadia negaron que su madre se suicidó como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; revelaron que su padre Bernardo y el hermano de este, Isidro López alias “El Matute”, la asesinaron.

Este último está en libertad desde febrero de 2010, pues los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla desecharon los testimonios de los menores de edad al argumentar que eran “incapaces de distinguir una verdad de una fantasía”.

La abogada de la ODI, asociación que brinda asesoría jurídica en casos donde los derechos de la niñez son transgredidos, agregó que con la apelación también esperan que se subsanen los gastos que ha hecho durante estos 13 años la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández, destinados al cuidado de los ahora adolescentes.

“La apelación está encaminada a lograr el reconocimiento de que en estos años la señora Antonia ha hecho gastos importantes para sus nietos; se ha hecho cargo de su educación y su salud psicológica por lo que ha implicado el proceso recorrido”, dijo.

Viridiana Valgañón recordó que el feminicidio de Nadia tuvo un impacto directo en el proyecto de vida de sus hijos, por ello el Estado debe garantizarles una vida plena a través de las medidas de reparación que propuso la defensoría, e incluir a Antonia Márquez dentro de la reparación del daño, indicó.

Toda vez que el Estado mexicano debe reconocer como víctimas a las hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas con la sentencia que le dictó en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, proceso conocido como “Campo Algodonero”.

Y porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima son víctimas indirectas, por lo tanto, deben recibir ayuda provisional.

“Con estos estándares siempre pedimos la mayor protección para la infancia”, señaló la abogada de la ODI, quien agregó que es el primer caso de feminicidio que acompaña la organización pues luego de conocer la situación que atravesaban la hija y los dos hijos de Nadia ha dado acompañamiento no sólo legal a la familia sino también psicológico.

Por último, Valgañón Salazar precisó que serán los magistrados de la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla quienes discutan la apelación y en caso de dar un fallo a su favor determinarán cuál será la reparación del daño para los tres adolescentes, pero aún no se tiene fecha de la discusión.

La familia y los representantes legales también esperan que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, en enero de 2017, el Estado mexicano pidió a la Comisión no aceptarlo, argumentando que no transgredió ningún derecho de las víctimas.

LAS VÍCTIMAS INVISIBLES DEL FEMINICIDIO

Antonia Márquez además de buscar justicia para su hija, tiene entre sus prioridades garantizar que sus nietos terminen de estudiar la universidad y puedan tener una vida plena, por lo que ha costeado la terapia psicológica que necesitan, pues después de presenciar el feminicidio tuvieron afectaciones en su salud mental.

Como los hijos de Nadia, en el Estado de México las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio quedan en el desamparo, el único apoyo social que existe para la niñez en esta situación, son las becas educativas que comenzó a entregar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en febrero de 2017 en la entidad.

Asimismo, Cimacnoticias dio a conocer en una investigación, que se desconoce cuánta infancia en orfandad por feminicidio tiene apoyos sociales en México. Sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que entre 2014 a febrero de 2017 atendió a 65 hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

17/HZM








LENGUANTES
VIOLENCIA
   LENGUANTES
   
Justicia para Valeria
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ethel Z. Rueda Hernández*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

El pasado sábado 17 de junio, una jueza del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, determinó que no hay delito que perseguir en el caso contra José Octavio “N”presunto secuestrador, violador y homicida de Valeria, la niña de 11 años que el pasado jueves 8 abordó la unidad de transporte público que conducía el acusado.
 
Este fallo se debe a que el presunto agresor fue encontrado muerto el 15 de junio en la celda del Cereso de Neza en que se encontraba. Muerto el presunto responsable, no queda delito que perseguir. Caso cerrado.
 
¿Es esto justicia para Valeria? ¿Para su familia? ¿Para las miles de desaparecidas en el Estado de México, cuyo número aumenta día con día?
 
La flagrante negligencia y revictimización por parte de las autoridades en los primeros y preciosos momentos de la denuncia de los padres sigue impune. A pesar de que el caso era ocasión de poner en práctica tanto los protocolos de la Alerta Amber como los de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hubo respuesta inmediata, ni eficaz, por parte de los elementos del sistema judicial ante los cuales los padres acudieron para pedir ayuda.
 
Las irregularidades en el proceso de aprehensión y custodia del presunto responsable, del cual ni siquiera se ha comprobado de manera contundente la responsabilidad, ni si actuó en complicidad con otras personas, siguen impunes.
 
Tal vez lo más aterrador, lo más indignante, del caso de Valeria reside en este punto: no es un caso extraordinario, poco común. No es raro. Este tipo de agresiones y desapariciones se dan de modo regular en el Estado de México (y en varios otros lugares del país). Este tipo de procesos irregulares, negligentes, corruptos y permisivos, son moneda corriente, son la normalidad de nuestro sistema de justicia.
 
Ese mismo sábado, luego del fallo de la jueza, hubo otra marcha, encabezada por los familiares y amigos de la niña Valeria, para exigir justicia en su caso. Porque no, el cadáver del presunto perpetrador no es justicia, es de hecho un atropello más, que no se soluciona con la destitución del director del penal.
 
La suspensión y regularización de la Ruta 40 no es justicia, es apenas un remiendo ante la desgarradura que es la situación del transporte público en el Estado de México. Se trata de una medida insuficiente y tardía, que no puede enmendar una situación que lleva fuera de control casi una década.
 
La revictimización y violencia que han sufrido los padres durante todo el proceso no son justicia. Es claro que los protocolos de atención no están funcionando, que el personal no está capacitado para atender estos casos (a pesar de su frecuencia), que no se están destinando los recursos, ni económicos ni de otras índoles para detener la oleada de desapariciones, violaciones y feminicidios en el Estado de México.
 
Tenemos derecho a un transporte público seguro. Tenemos derecho a que la policía actúe de manera expedita y adecuada, a que tome en serio nuestra denuncia, a que nos trate con dignidad y sin violencia. Tenemos derecho a que no se nos culpabilice por un crimen cometido en nuestra contra. Tenemos derecho a un proceso penal transparente y exhaustivo, tanto si somos víctimas, como victimarios. Tenemos derecho a que nuestros seres queridos no desaparezcan, a que no nos violen impunemente, a que no nos maten. Tenemos derecho a que nuestras instituciones de gobierno asuman la responsabilidad que les corresponde en este caso y hagan cambios urgentes para remediar sus carencias. Tenemos derecho a exigir que esto no se repita. Tenemos derecho a la justicia.
 
*Estudió Filosofía en la UNAM con interés en el pensamiento crítico y las problemáticas de género. @alzilei
 
17/EZRH/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tras 13 años de espera, “la justicia llega tarde”, dice madre de víctima
Sentencian a feminicida de Nadia Muciño por homicidio agravado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Gobierno sólo simula, dicen expertas
   
A dos años de AVG en Edomex piden crear Comisión de seguimiento
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/08/2017

A dos años de que se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México (Edomex), expertas en el tema hicieron un análisis de lo realizado hasta ahora, sin embargo, coincidieron en que el gobierno estatal se ha negado a cumplir con las obligaciones derivas del mecanismo.
 
En una conferencia de prensa realizada en días pasados por la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la doctora Marcela Lagarde, una de las principales impulsoras de la tipificación del término feminicidio y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), señaló que los casos de feminicidio suceden cuando existe un alta tolerancia respecto a la violencia contra las mujeres como ocurre en la entidad mexiquense.
 
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña quien también participó en la elaboración de la Ley, exigió al gobierno del Edomex que “dejen de simular en el cumplimiento de sus obligaciones y entreguen a la sociedad civil los resultados medibles y evaluables que eviten que las mujeres sigan siendo asesinadas en la entidad”.
 
Para poder dar seguimiento a la AVG en el Edomex, el ex diputado local, Octavio Martínez Vargas pidió que el congreso del estado cree “de inmediato” la Comisión Legislativa que dé seguimiento al grave problema de feminicidio en la entidad.
 
Cabe recordar que el proceso de la AVG en el Edomex dio inicio desde el 8 de diciembre de 2010, en ese momento el Sistema Nacional se negó a decretar la Alerta, aunque para ese año desde 2005, ya sumaban 922 asesinatos de mujeres y en ese mismo periodo se documentaron 4 mil 281 reportes de desaparición de mujeres, según el registro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 
 
Después de cinco años de exigencia de las familias de las víctimas, de organizaciones civiles, y de un proceso jurídico que culminó en la aceptación de un amparo, finalmente la Alerta llegó en 2015, durante el mandato de Eruviel Ávila. Los municipios que quedaron bajo la AVG fueron: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
 
Pero no sólo el mecanismo de la AVG obliga al Estado de México a investigar los asesinatos de mujeres desde la perspectiva de género, a partir de las graves irregularidades que cometió la Procuraduría General de Justicia mexiquense en la indagación del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido en 2010 en Chimalhuacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y sentenció que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como feminicidio.
 
Y las sentencias en contra el Estado mexicano y en particular por la omisión del gobierno del Edomex, no terminan, actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se analiza el feminicidio de Nadia Muciño Márquez, quien fue asesinada por su pareja Bernardo López y su cuñado Isidro “El Matute” enfrente de sus tres hijos en 2004 en Chimalhuacán, caso que fue investigado como “suicidio” y del cual, hasta ahora, no hay sentencia.
 
De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría local, desde que se decretó la AVG hasta junio de 2017, el Edomex ha registrado 87 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres.
 
Con estas cifras el Estado de México concentra17 por ciento de todos los asesinatos de género cometidos a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2016 (Inegi).
 
Mientras, en su página oficial, el gobierno estatal reporta sobre la AVG que ya cuenta con protocolos de búsqueda en mujeres, incrementó el patrullaje, recuperó espacios públicos a través del alumbrado, otorgó medidas de protección a las víctimas, y difundió a la sociedad civil qué es la Alerta.
 
Sin embargo, varios asesinatos dolosos de mujeres cometidos recientemente, incluido el de la niña Valeria, en el municipio de Nezahualcóyotl (donde se decretó la Alerta) dejaron al descubierto que las y los mexiquenses no se sienten seguros y ni siquiera conocen la AVG, pues iniciaron estrategias de prevención de la violencia en su comunidad.
 
ANTE SIMULACIÓN, ORGANIZACIÓN CIVIL
 
La violencia con la que fue cometido el asesinato de la niña Valeria de 11 años de edad en el municipio de Nezahualcóyotl y la pasiva respuesta del Estado, llevó a los vecinos del municipio a organizarse en una “asamblea barrial” que hasta ahora llevan a cabo cada mes enfrente del Palacio Municipal.
 
Valeria fue asesinada el 9 de junio en una combi del transporte público conducida por José Octavio “N”. Los padres de la menor de edad denunciaron que las autoridades se negaron a activar el protocolo de búsqueda porque les dijeron que “se había ido con el novio”. Un día después encontraron su cuerpo sin vida abandonado, lo que provocó que los vecinos se organizaran para salir a marchar durante tres días seguidos por el municipio. Aunque el agresor fue detenido, días después fue hallado muerto en su celda.
 
En Ecatepec, calificado por las organizaciones civiles como la localidad más violenta del Edomex,  también comienzan a organizarse, el asesinato de Mariana Joselin en el fraccionamiento las Américas ocurrido el 24 de julio, llevó a las y los vecinos a conformar su primera asamblea vecinal este 2 de agosto.
 
El cuerpo de la joven de 18 años fue encontrado cerca de la casa donde vivía, por lo que vecinos y familiares comenzaron una campaña de vigilancia en la colonia, así como una seria de marchas para exigir justicia, este 2 de agosto comenzaran con su primera asamblea vecinal.
  
17/HZM








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