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Un aviso a todas las mujeres que luchan de que los espacios de poder no son para nosotras y un recado sombrío a las personas que defienden los Derechos Humanos de Brasil. Esos fueron los mensajes implícitos en la noticia de que Marielle Franco había sido asesinada el pasado miércoles 13 de marzo, en Río de Janeiro.

Un crimen con señales claras de ejecución. Ella salía de una actividad con mujeres afrodescendientes cuando un coche aparcó al lado del suyo y un tirador disparó cerca de 13 balazos en la puerta donde ella estaba. Cinco disparos fueron en su cabeza y otros alcanzaron al conductor del coche, Anderson Pedro Gomes, que también falleció.

Marielle era una mujer afro, madre soltera, defensora de Derechos Humanos, nacida y criada en una favela en Río de Janeiro. Llevaba en su existencia muchos símbolos de resistencia. Contrariando a las estadísticas, en 2016 fue elegida consejera de la ciudad de Río de Janeiro. Fue la quinta más votada. Estaba poniendo en práctica un mandato participativo, construido con mujeres, favelados y gente que suele estar marginada de los espacios políticos institucionales en Brasil. Marielle hacía política para los excluidos, proponiendo iniciativas para combatir la violencia en contra de las mujeres, para ampliar los derechos de las afrodescendientes y para garantizar los derechos de la población pobre.

Hacía críticas al modelo de las fuerzas de seguridad brasileñas y constantemente denunciaba la violencia policial que victimiza sobre todo a jóvenes afro en nuestro país.

Recientemente había sido elegida presidenta de la comisión legislativa que acompañaría la intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, una medida controversial recién tomada por el gobierno golpista de Michel Temer, que está siendo cuestionada por muchos sectores de la sociedad pues solamente impactará a la población de las favelas con más violencia y militarización y no resolverá en nada el tema del narcotráfico en la ciudad más turística del país. Marielle era una voz crítica de la intervención militar.

Por tratar estos temas poniendo luz a un lado de la historia normalmente invisibilizada, Marielle era una de las voces más representativas de lucha por la igualdad de género y raza en el país y justamente por eso fue ejecutada. Su muerte no es solamente la interrupción de la vida de una mujer afrodescendiente que tendría seguramente una poderosa trayectoria de lucha por la igualdad y la justicia, es también un claro mensaje de miedo para las mujeres defensoras de Derechos Humanos que ocupan espacios de poder tradicionalmente masculinos.

El asesinato de Marielle está inserto en un cuadro crítico de violencia y exterminio de los que luchan por los derechos en Brasil, y denuncian el Estado brasileño como el principal violador de esos derechos.

Una escalada de homicidios de personas defensoras de Derechos Humanos está en curso en el país -que se ha colocado como uno de los que tiene más altos índices de asesinatos de defensores del mundo-. Mujeres y hombres de distintas partes del país que luchan por la permanencia en sus territorios en cuanto pueblos tradicionales, que denuncian los impactos socioambientales de los megaproyectos y que luchan por el fin de la violencia estatal, como era el caso de Marielle, están en constante situación de amenaza y riesgo y muchos terminan asesinados en crímenes planeados que siguen sin elucidación.

Pero el asesinato de Marielle impactó a los brasileños y al resto del mundo de manera distinta. Matar a una representante política del pueblo en medio de una de las más grandes ciudades del país hace que su caso sea emblemático y muy representativo de que los que planean frenar la lucha por derechos en el país no medirán esfuerzos para hacerlo. 

Sin embargo, nuestros esfuerzos para garantizar justicia por sus muertes debe tener la misma dimensión. Estamos frente a un asesinato político y es así que el Estado brasileño debe investigarlo.

El aumento de la intervención militar en Río de Janeiro no es una medida eficaz para elucidar ese crimen sino que intensificará las violaciones de Derechos Humanos de las comunidades periféricas, y eso es justo lo que Marielle combatía.

No es tiempo de retroceder. Miles de nosotras ocupamos las calles de distintas ciudades del país desde la última semana no solamente para exigir justicia a Marielle Franco, también para seguir resonando su voz en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra el exterminio de la juventud afro, en contra un modelo de seguridad pública racista.

Las voces de miles de mujeres que piden justicia por Marielle Franco se unen con las que buscan el fin de la violencia de género en el país. Son ellas quienes están al frente de la defensa de los Derechos Humanos en un momento en que las desigualdades históricas y estructurales en Brasil están avanzando a pasos largos otra vez.

Marielle vive en cada una de nosotras y seguir su lucha es la mejor manera de que se haga justicia por su muerte.

*Comunicadora, feminista, coordinadora del área de Protección a la libertad de expresión de Article 19 Brasil, e integrante del Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

18/JL/LGL

Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna presentaron el pasado 31 de julio, ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para municipio de Torreón, Coahuila.
 
En entrevista con Cimacnoticias la representante de la Red, Ariadne Lamont Martínez informó que ayer sostuvieron una reunión con el director de Seguimiento del Sistema Nacional de Violencia Contra las Mujeres, Gabriel González García, en las oficinas del Inmujeres en la Ciudad de México, a quien le presentaron la petición y exigieron que el proceso se lleve de manera transparente y con rigor.  
 
Esto, explicó Lamont Martínez, porque no existen personas académicas especializadas en perspectiva de género en Torreón para integrar el Grupo de Trabajo, y temen que se cree un grupo de investigación “a modo” que minimice la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad.  
 
De acuerdo con la defensora, el director de seguimiento del Sistema, dijo que en otros procesos no han tenido situaciones como la que expusieron las activistas, por lo que les garantizó que el equipo de investigadores será integrado por personas profesionales y les pidió que estuvieran a pendiente de los resultados.  
 
Con ello, el próximo 10 de Agosto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) responderá si acepta la AVG para Torreón, con lo que el paso siguiente será la conformación del Grupo de Trabajo para conocer el panorama de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad, y en un reporte dictará las acciones que debe emprender en seis meses el Gobierno de Coahuila para atenderlo, según el reglamento.
 
Ariadne Lamont señaló que en el documento de la solicitud que presentaron, se refieren tres problemas en los que el estado debe generar políticas públicas prontas: la violencia sexual, el feminicidio y la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.
 
Datos de la Procuraduría General de Justicia local, indican que desde 2012 a la fecha, 436 mujeres han sido asesinadas en la entidad, de estos asesinatos, únicamente 56 casos se calificaron e investigaron como feminicidio.
 
Este es uno de los principales problemas en la localidad, indica Lamont Martínez, pues han documentado que ante el asesinato violento de una mujer, no se inician los protocolos de investigación de feminicidio y se tiende a revictimizar a las mujeres. 
 
Actualmente la Red de las Mujeres de la Laguna acompaña de manera solidaria seis casos de feminicidio en el municipio, y a la petición de la Alerta se sumaron organizaciones civiles como “Las libres” de Guanajuato y las Mujeres Generando Cambio.
 
17/HZM