explotación sexual comercial

La “prostitución” no se puede ver como una institución que siempre ha existido y con la que hay que tratar de vivir. Al contrario, es una industria que ha crecido inmensamente en las últimas décadas, que está vinculada con otros negocios ilícitos y que está arraigada en el sistema patriarcal y capitalista. Por lo tanto, no se puede regular, sólo se puede abolir.

Ese es el punto de vista de la feminista española Rosa Cobo Bedía, quien este 30 de abril presentó su libro “La prostitución en el corazón del capitalismo”, en el cual analiza este fenómeno desde la mirada de la socióloga feminista pero también desde la perspectiva económica. Relató que nunca pensó que algún día iba a estudiar la prostitución, pues consideraba que era un fenómeno social al margen de los temas que podrían interesarla como académica.

Durante la presentación del libro se realizó un debate organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Junto con ella debatieron la doctora en Sociología, Olivia Tena Guerrero, la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa y la integrante de la Coalición por la Abolición de la Prostitución (CAP), Grethel Baeza.

“No fui abolicionista siempre”, contó la también profesora titular de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña. Antes pensaba que legalizar la prostitución sería la mejor manera para empoderar a las mujeres pero ya no piensa así. “El capitalismo está dando al patriarcado el discurso de la libertad. La idea del consentimiento. La idea que la subordinación puede y debe ser entendida por la sociedad como un acto de libertad”, cuando en realidad enmascara la opresión, explicó.

Es por eso que a través de su investigación académica quiere exponer ante las corrientes feministas que luchan a favor de las “trabajadoras sexuales” que este camino es el equivocado. En su libro usa las palabras “prostitución” y “putero” porque, según ella, no se puede hablar de un “cliente” ni tampoco de un “consumidor”. Son explotadores que usan su poder patriarcal y económico para tomar posesión del cuerpo de la mujer, dijo.

Cobo expresó que todas las medidas para regular la “prostitución” parten de un punto de vista patriarcal y capitalista. Por ejemplo, cuando se habla de salud, de condones y de higiene para mujeres en situación de “prostitución” se habla de mantener sanos a los hombres que explotan a estas mujeres. Y cuando se habla de impuestos, se habla de los enormes beneficios que la sociedad, a través de Hacienda o el Fisco, saca de esta forma de explotación.

La investigadora también explicó que este fenómeno social “se ha hecho una industria multinacional”. Y es que según ella, la “prostitución (y la trata)” en la mayoría de los países ocupa el tercer lugar entre las industrias ilícitas, sólo por debajo de del armamento y el narcotráfico, debido a las ventajas que ofrece: “Tiene muchos beneficios, tiene costos muy bajos y casi no se ve a tratadores en los cárceles.”

La también fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de A Coruña compartió una visión poco alentadora sobre México. Económicamente, dijo, países como México se van a dar cuenta que no pueden competir a nivel internacional, entonces su ventana de oportunidad van a ser las economías ilícitas: el narcotráfico, la venta de armamento, la prostitución se van a convertir en la posibilidad de la reconstrucción económica.

Todo eso, dijo, con el consentimiento de circuitos semi-institucionalizados, es decir, con la anuencia de instituciones de Estado que dejarán libre el camino a la “prostitución”.

Además, expuso que el país también se enfrenta a altos niveles de pobreza, migración y racismo, todos, factores que empujan a las  mujeres a “prostituirse” o que empeoran su situación. “El sueño de un capitalismo con rostro humano se acabó”, resumió.

Para la académica, la única forma de solucionar el problema sería la abolición de esta forma de violencia, como en Suecia. El país nórdico fue el primero en penalizar a las personas que pagan para servicios sexuales. Sin embargo en México hay posturas a favor la prostitución, un fenómeno al que llaman “trabajo sexual”.

La abolición, argumentó la feminista española, quien en 2008 fue asesora del Ministerio de Igualdad de España, no significa estar en contra de las mujeres, de las mujeres trans o de los hombres que “ejercen la prostitución”. Los primeros pasos para erradicar esta práctica, según dijo, sería la penalización de “los clientes” y la encarcelación de altos líderes de la trata de personas.

También sería útil, mencionó, desmantelar las inversiones que empresas o personas de buena reputación tienen en la “industria pornográfica y de prostitución”. Esa argumentación la apoyó Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC: “La parte económica siempre quedaba en lo oscuro, el libro de Rosa me llenó de inspiración”.

Como abogada que lucha para los derechos de las personas víctimas de trata, Ulloa agregó que la violencia es muy común en la “prostitución”. Una evidencia que citó fue un estudio según el cual 95 por ciento de las mujeres y mujeres trans que fueron investigadas, presentaron lesiones en la cabeza porque fueron golpeadas o habían sido arrojadas contra la pared.

Grethel Baeza, integrante de la CAP, recalcó la importancia del libro “La prostitución en el corazón del capitalismo”, en el contexto feminista. Según ella, en los últimos años ha ganado más influencia una corriente que aboga por la legalización y la regulación de la explotación sexual con fines comerciales. Para contrarrestar estos argumentos, dijo, sería muy importante una base académica, como la que elaboró Cobo Bedía.

En este momento el libro que se publicó en España en 2017 sólo está disponible en forma electrónica en México.

18/SG

Las dos recientes muertes de una modelo argentina y de una venezolana, hicieron sonar las alarmas en México como país de destino de los delitos en materia de trata de personas.

Justo, en este país, donde siete mexicanas son asesinadas cada día, solo un 25 por ciento de los casos son señalados como feminicidio, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La situación para las mujeres extranjeras sin redes sociales de apoyo es peor, sobre todo cuando son expulsadas de sus países de origen por falta de oportunidades, pobreza, pobreza extrema, conflictos armados o la presencia de la delincuencia organizada.

Los casos de feminicidio de las dos modelos extranjeras están ligados por el hecho de que ambas se anunciaban en un sitio web de "escorts" denominado “Zona Divas” en México, aunque existe en casi todo el mundo y muchas otras como “BackPagage”, “Bellas Escorts” y muchas otras, que incluyen Twitter y Facebook.

La argentina Karen Ailen Grodzinski, de 23 años, y la venezolana Génesis Uliannys Gibson, de 24 años, son las dos modelos asesinadas y que se presume fueron víctimas de trata y explotación o esclavitud sexual.

Ambas jóvenes fueron encontradas sin vida en diferentes hoteles. La primera, el pasado 27 de diciembre, en la Ciudad de México y la segunda, el 17 de noviembre, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con medios locales, Karen fue la primera que denunció en redes sociales la desaparición de Génesis, el 16 de noviembre, y quien identificó su cuerpo para posteriormente comunicarse con la familia de su amiga. Diez días después Karen fue asesinada.

Medios locales dieron a conocer que ambas jóvenes llegaron a México por medio de una familia identificada como Santoyo Cervantes que las colocó en dicho portal de "escorts".

Como es su costumbre, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, invadiendo competencias, salió a medios para asegurar que los casos de feminicidio de las modelos sudamericanas Génesis y Karen Ailen no tienen relación entre sí, aunque ambas compartían una amistad, consecuencia de su trabajo en sitios de internet, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido.

Desde el 2006, Nemesio Lugo Félix, de la Policía Federal, estaba investigando a un grupo de tratantes de mujeres que operaba en Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Chile, Brasil, Costa Rica y México. A principios de mayo del 2006, Lugo fue asesinado cuando iba llegando a su oficina.  Hoy "una de las líneas de investigación que también sigue la policía es una presunta red de trata de mujeres, a quienes contactan en varios países de Sudamérica bajo la promesa de convertirlas en actrices, conductoras, cantantes, bailarinas, pero al llegar a México son obligadas a servir como damas de compañía".

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos, en su Artículo 4, se define como:

…XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas…

Y en los artículos siguientes se establece que:

…Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma… 

A pesar de lo anterior, el portal emitió un comunicado de prensa en el que afirmaron que las "modelos/escorts" solo pagan una cuota mensual por publicitarse en el sitio y argumentaron que las modelos o "escorts" firman un convenio ante notario "en el que declaran que lo hacen bajo voluntad propia y sin ser obligadas a prostituirse".

Sus argumentos fueron desestimados por las declaraciones de una víctima venezolana que logró escapar y pudo rendir su declaración, como lo hicieron ya las 4 víctimas rescatadas en Cuernavaca, Morelos y las 23 rescatadas recientemente en Toluca, Estado de México.

VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y FEMINICIDIO

En los últimos años han asesinado a cuatro colombianas en la Ciudad de México, tres argentinas –incluso una de ellas fue localizada en el anfiteatro de la escuela de medicina del IPN, dos venezolanas y una brasileña a quién privó de la vida Beltrán Leyva en Cuautla, Morelos.

En todos los casos, las autoridades las han criminalizado, imputándoles –“en un acto irresponsable y sin concluir la investigación- que estaban relacionadas o señalándolas como copartícipes de bandas criminales dedicadas al narcotráfico”, decía la periodista colombiana Margarita Solano, en “Lo Político”.

De acuerdo con un informe del periódico El País de España, en los últimos años, la trata de mujeres con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo en México, después de las drogas. Así lo indica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero lo que es más preocupante es que algunos militares han entrado a formar parte de la red de secuestros y explotación sexual, así como los narcotraficantes, que ven en este rentable negocio una forma muy jugosa de diversificar sus ingresos y una de las caras más amargas de la violencia de género, según concluyen varios estudios de la ONU.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas, golpeadas, violadas, compradas o vendidas.  Crímenes en situaciones de conflictos armados o guerras; en la calle, relacionados con violaciones o con el crimen organizado, la prostitución o la pornografía snuff o vintage; o cometidos por sus maridos, parejas, ex parejas. Todos crímenes ligados a la sexualidad, en donde el factor de riesgo es ser mujer o niña.

Mientras que el concepto de violencia contra las mujeres tiene ya varias décadas, el de feminicidio/femicidio es más reciente y se trata de la intención de destruir, someter y sojuzgar total o parcialmente a un grupo, en este caso, las mujeres y las niñas.  El concepto es útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en las desigualdades de género y cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como “locos” o a concebir estas muertes como “crímenes pasionales”, o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto, lucha al crimen organizado o guerra, inclusive denominándolo como “daño colateral”. 

La prostitución y la pornografía son, manifestaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los hombres. La prostitución no es un trabajo, sino una forma marginal de sobrevivencia asociada a la falta de oportunidades, que permite perpetuar los estereotipos anteriormente mencionados y que al estar tan naturalizada en nuestras sociedades, es aprovechada como una inmensa fuente de ganancias del crimen organizado a través de la trata de mujeres y niñas, con muchos menos riesgos que el tráfico de drogas, que hoy se persigue como una prioridad en todo nuestro continente.

EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS

Las dimensiones actuales del comercio sexual son globales y dramáticas. En primer lugar, las organizaciones criminales transnacionales han descubierto en la comercialización ilícita de personas un espacio de ganancia monetaria significativo y menos riesgoso porque no está en la agenda pública de la región, ni es prioridad como es el combate al narcotráfico.  

El comercio sexual generalmente ocurre de Sur a Norte, pero también existe la trata interna. Sin embargo, muchos hombres viajan a países “exóticos” con el propósito de satisfacer sus fantasías sexuales, reprimidas en su propio país. De ahí que la industria turística se ha constituido en la puerta trasera de la industria sexual en muchos países como Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Jamaica, México, Brasil, Aruba, entre otros.

El uso de niñas y adolescentes como sicarias, halconas, mulas o esclavas sexuales por parte de los cárteles es un fenómeno creciente.

DATOS DEL INFORME PRESENTADO POR CATWLAC

Durante el año de 2016 se registró un aumento de casos atendidos por el Sistema Alerta Roja (SAR) que es el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés). De 203 caso atendidos en 2015, en 2016 año se atendieron 276 casos.

Sin embargo, de los datos sociodemográficos de los casos atendidos, se pudo confirmar por quinto año consecutivo que el rango de edad donde hay mayor número de víctimas es de los 12 a los 18 años de edad, seguido del grupo de 18 y una de 25 años. Y que 246 víctimas eran del sexo femenino y 30 del sexo masculino.

227 víctimas de las 276 se encuentran en las categorías de ingreso medio bajo, pobreza y pobreza extrema, aunque también hay víctimas de clases más privilegiadas. Que las formas de reclutamiento más común siguen siendo la fuerza, el engaño y la seducción, incluyendo el enamoramiento por redes sociales.

Los delitos más comunes durante el año en estudio fueron: la trata de personas, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, la desaparición, la privación ilegal de la libertad y el reclutamiento para actividades delictivas de la delincuencia organizada.

De los 276 casos atendidos durante 2016, hubo delincuencia organizada en 74 por ciento y en 26 por ciento hubo delincuencia común. En 4 por ciento de los casos hubo feminicidio, en 60 por ciento no hay datos y en 36 por ciento no hubo feminicidio, por lo menos, hasta el momento.

De los 276 casos atendidos en el 2016, 68 por ciento siguen desaparecidas, 28 por ciento fueron localizadas con vida y 4 por ciento sin vida. Cabe destacar que 2016 es el año en el que menos rescatadas/localizadas hemos tenido desde que empezó la operación del Sistema Alerta Roja.

De 87 denuncias a nivel federal, se obtuvieron 7 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad de 92 por ciento. Tenemos 4 años con una Averiguación Previa que duerme el sueño de los justos en el cubículo de alguna MP Federal de SEIDO, desde hace 4 años. De 196 denuncias presentadas a nivel local, se obtuvieron 5 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad del 98 por ciento.

Los estados de la república que tienen mayor incidencia como lugares de origen son:

Con el apoyo recibido por el InmujeresCDMX durante 2016 como parte del Programa de Coinversión, pudimos emitir 12 boletines de prensa, 803 post en redes sociales (Twitter y Facebook), 5 entrevistas publicadas de casos específicos y 22 casos de desapariciones en la Ciudad de México. Se promovieron 5 cambios de identidad, 3 reubicaciones, se dio asesoría y representación jurídica a 5 causas penales, 8 denuncias con resguardo de identidad y se le dio seguimiento por lo menos a 11 carpetas de investigación. También se interpusieron 5 amparos y una apelación.

CONCLUSIONES

Identificamos en el acceso a la justicia los principales obstáculos: se encuentran en la vacilante voluntad de la esfera institucional, los tres poderes del Estado muestran debilidad, falta de recursos técnicos, financieros y humanos además de la persistencia de factores culturales que promueven la sumisión y el miedo entre las mujeres legitimando la violencia. La sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorecen la impunidad.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL

En esta ocasión quisiéramos referirnos a las graves violaciones a los Derechos Humanos de mujeres y niñas y demás población explotada sexualmente en la prostitución en Colombia, víctimas de violencia de género extrema. La Iniciativa por la Equidad de Género ha constatado la ausencia de la debida diligencia por parte del Estado colombiano para investigar, perseguir y castigar a perpetradores de inducción, constreñimiento a la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que se configuran aún con el consentimiento de la víctima.
 
También se ha constatado cómo sentencias de las altas Cortes en los últimos años protegen el “derecho al trabajo” de proxenetas (propietarios y administradores de establecimientos destinados a la explotación de la prostitución ajena), así como un Código Nacional de Policía que reglamenta las conductas de establecimientos, clientes y personas en “situación de prostitución”, logrando un marco socio-jurídico favorable a la industria del sexo, con un efecto directo en la descriminalización tácita del proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
La Iniciativa Pro Equidad de Género ha documentado al menos 8 casos en prensa, y a través de testimonios de mujeres en situación de prostitución, desde finales del 2015 a la fecha, de mujeres que han sido asesinadas en establecimientos de prostitución, o por sus “parejas”, con perfiles correspondientes a mujeres explotadas sexualmente en la prostitución.
 
Las mujeres en situación de prostitución viven graves violaciones a sus Derechos Humanos fundamentales y son sometidas a tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestro, desaparición, feminicidio, entre otros.  
  
Adicionalmente, nos parece importante que ONU Mujeres promueva el lenguaje utilizado en el derecho internacional y de los Derechos Humanos, sobre la prostitución. Se sugiere que al hablar de prostitución, se evite utilizar términos como “Trabajo Sexual” que llevan a invisibilizar las violencias contra las mujeres inherentes en ella, favoreciendo la impunidad de los explotadores sexuales (proxenetas e intermediarios), poniendo la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas.
 
Contexto actual de las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución y tratadas con este fin, en Colombia: 
 
1. Se ha constatado el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, donde todos los grupos armados han abusado, violado, explotado y tratado a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante esta larga guerra.
 
2. También se ha comprobado que en contextos postconflicto en el mundo se tiende a empeorar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y aumenta la explotación sexual en la prostitución, así como la trata de personas con este fin. Los grupos post-desmovilización y los traficantes de armas, cambian el negocio de la guerra por el negocio de la trata de personas que, junto con el tráfico de drogas, son los socios fundamentales del proxenetismo. 
 
3. El proxenetismo y la mal llamada “industria del sexo” se alimenta sin restricción, principalmente, de las niñas y mujeres que son los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellas pertenecen a poblaciones tradicionalmente discriminadas, con escasa escolaridad y recursos, además de venir de un continuo de violencias de género, y luego explotadas y tratadas para la explotación sexual y, finalmente, asesinadas porque no satisfacen a proxenetas y hombres que pagan por utilizarlas sexualmente. De hecho, es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo. La explotación sexual en la prostitución tiene impactos graves para su salud mental y física, así como afectaciones directas en la salud e integridad de sus hijos e hijas.
 
4. Además de las mujeres colombianas víctimas del conflicto armado, la violencia de la que son víctimas y la exclusión social, la crisis en Venezuela ha hecho que muchas mujeres sean atrapadas por las redes de trata y explotación sexual en Colombia, que además de ser país de destino, es conocido en el mundo como país de origen de víctimas tratadas hacia Ecuador, Panamá, México y otros continentes, todo esto facilitado por normativas que consideran la prostitución como “trabajo sexual”.
 
5. Adicional a una tradición de economías extractivas, cultivos temporales y narcotráfico; el turismo se está presentando actualmente como la mega industria postconflicto, y esto asociado a la naturalización de la explotación sexual como “trabajo sexual”, hace que la “industria del sexo” utilice la infraestructura del turismo y la termine desplazando, con enormes impactos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
6. La explotación sexual en la prostitución está normalizada tanto culturalmente, como en la actuación histórica del Estado colombiano, con una visión de salud pública o de convivencia en el espacio público, que ha dejado la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas, muy a pesar del bloque de constitucionalidad y el Código Penal Colombiano.
 
7. Supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales”, la academia y organizaciones han avanzado en una agenda en los últimos años para lograr una jurisprudencia favorable a la “industria del sexo” en Colombia. Estas sentencias en realidad no protegen a las mujeres, sino que sugieren soluciones que terminan facilitando su explotación sexual y la impunidad de tratantes y explotadores sexuales, efectos que ya son visibles en la jurisprudencia de las altas cortes en la que se ha exonerado e incluso ordenado la indemnización de tratantes y proxenetas bajo el argumento del consentimiento de las víctimas.
 
8. Cada vez son más frecuentes escándalos en medios de comunicación relacionados con violencia sexual hacia mujeres en situación de prostitución, que terminan justificándola porque “fueron pagadas” y “ellas consintieron” o porque consideran que son “trabajadoras sexuales”.  No se entienden las causas estructurales ni los impactos de la prostitución en la vida de ellas, y los explotadores directos e indirectos no son judicializados ni visibilizados por la violencia que ejercen. 
 
9. Existe un modelo para abolir la explotación sexual que funciona en el mundo, llamado modelo de igualdad de género, nórdico o abolicionista: Este modelo no penaliza a las mujeres en situación de prostitución, pero si prohíbe que otros lucren con la explotación de la prostitución ajena, y desestimula la demanda. Adicionalmente crea políticas públicas integrales de apoyo a las personas tratadas y explotadas sexualmente en la prostitución, medidas preventivas en población vulnerable, y educa a la sociedad en igualdad de género.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
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17/TUZ

La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial; y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
 
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.  
 
Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 casos para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García en el Webinar “Niñez Desaparecida” hecho por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
 
La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres. Martín Pérez señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.
 
Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo a los datos recabados por la Redim.
 
En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 adolescentes desaparecidas.
 
En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.
 
El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México -que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó García- registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.
 
En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.
 
NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA
 
Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de 4 años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron “lo que nos da cuenta es que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo García.
 
Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el Director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, desaparecidos en todo el país.
 
 
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
 
Martín Pérez destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.
 
El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de uso para hacer anuncios de desapariciones) se han emitido.
 
Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas, para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”, sin embargo su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctima de feminicidio, en la mayoría de los casos, afirmó Martín García.
 
“Estamos tratando que, a partir de que se denuncie la desaparición, sin que intervenga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la acción de búsqueda, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.
 
PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Redim ha manifestado al Gobierno mexicano la necesidad incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.
 
La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contemple información desagregada, con el fin de reconocer la magnitud del problema, un marco normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la instancia encargada de atender la   problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Juan Martín.
 
“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los 6 mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.
 
ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES
 
La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el Gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no sólo a nivel nacional, sino con instancias internacionales, explicó Juan Martín.
 
El representante de Redim dijo que la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro es que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.
 
CRISIS HUMANITARIA
 
Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que podría ser considerada como una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH) en el país.
 
Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.
 
17/HZM/GG
 

Ante las posiciones divididas entre legisladores, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente desechó la propuesta de reconocer el “trabajo sexual” en el dictamen de los artículos 8 al 19, 48 y 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
En el proyecto de dictamen que se publicó la noche de este 7 de diciembre, desaparece del artículo 15 el apartado que decía que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias  “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
Luego de revisar las propuestas ciudadanas y las iniciativas legislativas, la Comisión presidida por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, sólo especificó en el apartado B del artículo 15 del dictamen, que los trabajadores no asalariados podrán poseer una identidad formal como “personas trabajadoras no asalariadas de la ciudad”.
 
En las consideraciones del documento, se precisan algunos argumentos que sirvieron para sacar del dictamen la propuesta original del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y del Grupo Redactor del texto constitucional, entre ellos Lol Kin Castañeda y Clara Jusidman, quienes además fueron designadas diputadas constituyentes e integrantes de esta Comisión.  
 
Por ejemplo, la constituyente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lisbeth Hernández Lecona expuso su rechazo a esta iniciativa porque en su opinión regular el “trabajo sexual voluntario lícito” afectaba la dignidad humana, pues con esta disposición mujeres y hombres se verían como objetos y materia de comercio. 
 
A su vez el diputado constituyente del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González, presentó un documento donde aseguró que la propuesta del borrador de Carta Magna adolecía de los elementos para brindar seguridad jurídica a quienes ejercen esa actividad.
 
Las organizaciones civiles y activistas también enviaron sus propuestas en apoyo o rechazo de considerar el “trabajo sexual”. Entre las agrupaciones que aplaudieron la propuesta estuvo la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que sugirió ampliar el derecho al trabajo sexual en sus “diferentes expresiones y modalidades”.
 
La asociación Balance, que trabaja temas de salud sexual y reproductiva, sugirió modificar la propuesta para que dijera que se “reconoce el trabajo sexual, consiente, libre, voluntario y autónomo realizado por personas mayores de edad como una actividad lícita”, al tiempo que sugirieron considerar en el análisis los argumentos de la Red Latinoamericana de Trabajo Sexual.
 
En contra de la propuesta se manifestó la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –integrada por activistas,  académicas y organizaciones como la Red Género y Economía o la Coalición para Abolir la Prostitución Internacional–, que propuso robustecer los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y quitar del texto el “trabajo sexual”.
 
Al rechazo se sumó el Observatorio Género Violencia y Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pidió la eliminación de este párrafo por ir en contra de los tratados internacionales como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.
 
Luego de las audiencias públicas, la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente hizo una valoración de las propuestas, pero en el caso de las que se refieren a trabajo sexual no expuso si era materia de otra norma, si no era de carácter normativo o si contravenía alguna legislación, como lo hizo con el resto de las propuestas.
 
El dictamen se votará en el órgano legislativo y después será enviado al pleno de la Asamblea Constituyente para su discusión y eventual aprobación.
 
16/AGM/AMS/LGL

Ante el riesgo de que la Constitución de la Ciudad de México permita la explotación sexual de las mujeres, académicas, activistas e investigadoras llamaron a la Asamblea Constituyente a desechar la redacción del artículo 15 del borrador que reconoce y protege el “trabajo sexual”.
 
La economista Jennifer Ann Cooper, la socióloga Olivia Tena Guerrero, la psicóloga Roberta Liliana Flores Ángeles, la antropóloga Verónica Caporal Pérez y la activista Carmen Ugarte García, coincidieron en que reconocer esta actividad como trabajo no garantizará mejores condiciones en la vida y seguridad de las capitalinas.
 
En conferencia de prensa, las académicas señalaron que ante un tema tan complejo es necesario tener un diagnóstico del fenómeno antes de implementar una política pública, por ello llamaron a las y los diputados constituyentes a evitar que los consumidores de “servicios sexuales”, tengan el privilegio de acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción.
 
La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jennifer Ann Cooper, expuso que pocos asuntos como la “prostitución” necesitan de un verdadero debate porque de no analizar el tema, se corre el riesgo de que los argumentos feministas no se tomen en cuenta a la hora de legislar o reglamentar esta actividad, como una cuestión política o económica.
 
Cooper, quien es integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dijo que, como en otros mercados, en el contexto de la “prostitución” los agentes económicos siempre intentan optimizar sus ganancias, es decir, quienes se benefician del “trabajo sexual” no son las mujeres que lo realizan, sino aquellos que se dedican a la “venta” de los servicios sexuales de las otras personas. 
 
Para la especialista resulta un “espejismo” decir que este “trabajo” fomenta el empleo femenino, y que es ético porque se elige de manera voluntaria. Asegura que elegir dedicarse a la “prostitución” se da en un marco de restricciones, y por tanto no es una “compra-venta” en condiciones de igualdad porque el cliente compra el derecho de manosear o penetrar cualquier parte del cuerpo.
 
A esta postura se sumó Olivia Tena Guerrero, socióloga y especialista en género y salud, quien destacó que el erotismo y la sexualidad son dos de las manifestaciones humanas más gozosas siempre que se realizan en condiciones de igualdad, porque las personas siempre sienten placer con su cuerpo cuando ocurre sin chantaje, extorsión o violencia.
 
Pensar el erotismo como “trabajo” pierde el sentido de libertad, gozo y creatividad, consideró la también psicóloga. Además recalcó que al formalizar esta actividad como un negocio o un servicio, se debe analizar quiénes son las personas que se beneficiarían y cuáles son los intereses económicos de los que buscan legitimar el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
Ahora que la Comisión Carta de Derechos discute el dictamen del artículo 15, las activistas enviaron un pronunciamiento al organismo legislativo para que considere que crear un marco normativo para supuestamente proteger a las “trabajadoras sexuales”, no será garantía de derechos laborales como sucede con las jornaleras, maquiladoras o trabajadoras de “outsourcing”.
 
En un documento que entregaron a la Comisión, las activistas señalaron que incluir este término en la Carta Magna capitalina deja de lado el contexto en que se da, las consecuencias físicas y emocionales de ejercer este oficio y contribuye a hacer imposible la distinción entre prostitución “libre y forzada”.
 
Agregaron que México firmó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de prostitución ajena”, que en el artículo 73 de la Constitución Mexicana indica que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo,  por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello.
 
16/AGM/AMS

Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL

La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, llamó a la Asamblea Constituyente a no reconocer la “prostitución” como un trabajo asalariado porque ello no abona a la erradicación ni a la protección de las víctimas de explotación sexual.
 
En la sesión de este martes, la asambleísta presentó un punto de acuerdo para llamar a la Asamblea Constituyente a no aprobar la redacción del artículo 15 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque contraviene los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México.
 
En tribuna, Rojas Martínez expuso que en la capital del país operan 13 corredores de explotación sexual con total impunidad en la zona centro de la Ciudad de México; y aseguró que reconocer el “trabajo sexual” promovería la trata para la explotación, expandiría la industria del sexo y no se protegería a niñas y mujeres en “situación de prostitución”.
 
A decir de la legisladora de Morena, hay que revisar la tendencia mundial encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la “prostitución” con una amplia gama de apoyos a las víctimas, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual.
 
Desde la perspectiva de la legisladora, el Estado tiene la obligación de contribuir a eliminar cualquier forma de explotación y violencia sexuales, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la “prostitución” y la protección de las víctimas. 
 
Agregó que tratar el fenómeno de la prostitución con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, es “enmascarar el contenido siniestro de la trata y la explotación”, actos criminales que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos.
 
Entre los tratados signados y ratificados por México mencionó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niñas y niños y la Convención contra la Delincuencia Organizada (2003).
 
Agregó que en este fenómeno no se puede distinguir entre “prostitución libre y prostitución forzada” por lo que los países no pueden reglamentar esta actividad pero destacó que tampoco se puede someter a las mujeres que se dedican al “comercio sexual” a registro o a otros controles; ni usar el consentimiento para defender a los acusados de trata de personas.
 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa para su dictamen. El próximo 10 de diciembre se votará en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente la propuesta para legalizar la prostitución en la Ciudad de México.
 
16/AGM/LGL

Asegurar que todas las mujeres que se dedican al “trabajo sexual” eligieron este oficio libremente y decir que quienes sostienen lo contrario “discriminan y son moralistas” borra toda la complejidad que encierra una actividad donde las mujeres que entran a una habitación no saben si ese día será el último de su vida. 
 
Esa es la opinión de la antropóloga social y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien desde 2007 ha realizado investigaciones de campo sobre la trata con fines de explotación sexual en México. 
 
Para la perita en antropología social, las propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en la Asamblea Constituyente -que aprobará la Constitución Política de la Ciudad de México- para reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado, es crear un marco jurídico para proteger la explotación sexual.
 
En opinión de la coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, reconocer el “trabajo sexual” tiene dos implicaciones fundamentales: primero generalizar que todas las mujeres en “contextos de prostitución” están en la misma situación y que eligieron libremente esa actividad.
 
Otra consecuencia de considerar que esta actividad es un trabajo no asalariado –dice la investigadora– es reconocer que el Estado se exime de las obligaciones que tiene de proveer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores, de contratar personas y ofrecerles antigüedad y servicios de salud, vivienda y derechos laborales en general.
 
TRABAJO O EXPLOTACIÓN
 
Entre octubre y noviembre el diputado perredista Víctor Hugo Romo organizó cuatro mesas para discutir cuáles son las estrategias para visibilizar este trabajo ya que en la ALDF existen dos propuestas de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para que la prostitución no sea una falta administrativa.
 
En estas audiencias públicas grupos a favor de reglamentar esta actividad señalaron que no es lo mismo “trabajo sexual” que trata de personas y aseguraron que es fácil distinguir entre la persona que es víctima y aquella que ofrece servicios sexuales de manera autónoma, libre y sin coerción. 
 
Sin embargo, de acuerdo con Caporal Pérez, está distinción no es fácil porque el modus operandi de la delincuencia organizada que se dedica a explotar a las mujeres es el “enganche” y el sometimiento a partir de la vinculación sexo-afectiva y erótica, es decir, a partir del discurso del amor romántico para que no se sientan víctimas.
 
Investigaciones como el libro “Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi” de Oscar Montiel Torres, documentan que los padrotes “enganchan” a las mujeres con la idea del amor y del progreso, así les piden que se prostituyan para garantizar su bienestar, mantener a los hijos o  tener una casa. 
 
“Se mete un discurso económico, neoliberal del progreso. Si tú haces tal cosa, si atiendes a tantos clientes, si soportas esa dinámica de estar en el comercio sexual, vamos a salir, nos vamos a casar”, y todo el tiempo son convencidas de que ejercer esta actividad es un acto de amor hacia la pareja o de protección a los hijos.
 
ECONOMÍA INFORMAL
 
En el área laboral la tendencia es fomentar la economía informal. Es por eso que un argumento para reconocer el “sexo servicio” como un oficio, es que las trabajadoras puedan ser consideradas igual que los vendedoras ambulantes, los boleros, los cuidadores de autos y no sean discriminadas ni violentadas.
 
Sin embargo para Caporal Pérez, no es lo mismo dedicarse a bolear zapatos que entrar a un cuarto sin saber con quién estarás y pensar que puede ser el último día de tu vida, como lo dicen los testimonios que ha recopilado en sus investigaciones porque –aunque halla mujeres que escogen a sus clientes– no todas tienen libertad de elegir.
 
Con estos argumentos la antropóloga afirma que reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina es generar un ambiente para que aquellas personas que se dedican a la explotación lo hagan con un marco jurídico porque desde su experiencia, no es fácil reconocer quién es víctima y quién no lo es.
 
Asimismo es escéptica sobre la idea de que reconocer este trabajo generaría más denuncias de trata porque actualmente este delito se relaciona con la delincuencia organizada y por tanto no es fácil denunciar porque quién señale es perseguido y hasta asesinado.
 
La legalización de la “prostitución”, afirma, tampoco borrará la idea de que los espacios donde se ejerce el “comercio sexual”, desde calles, cantinas, centros botaneros, spas, casas de cita hasta table dance, se puede hacer lo que sea con el cuerpo de las mujeres, incluso asesinarlas.
 
16/AGM/LGL