violencia laboral

La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) a fin de enunciar como violencia laboral la negativa de contratar a mujeres por motivos de embarazo.

El pasado 9 de marzo, la Cámara baja aprobó la modificación para agregar al conjunto de acciones que constituyen violencia laboral “las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, que elaboró el dictamen, esta ampliación permitirá reconocer como violencia laboral la exigencia a las mujeres de presentar certificados médicos de embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; incluso al despido de una trabajadora o coacción de renuncia por motivos de embarazo, cambio de estatus civil o cuidado de los hijos. 

En adelante el artículo 11 de esta Ley dirá que constituye violencia laboral: “la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la LFT, la explotación; el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género”.

DESPIDO POR EMBARAZO, VIOLENCIA RECURRENTE

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el despido por embarazo ocupa el primer lugar por discriminación en la capital del país.

Esta violencia constituye 31.4 por ciento de los expedientes abiertos en la Copred tan sólo de enero al 8 de marzo de 2018.

En tanto, la segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDUS CDMX 2017) reflejó que 65.5 por ciento de las empleadas embarazadas fueron víctimas de una discriminación.

Entre las conductas discriminatorias más recurrentes están que “no les dan trabajo”, “las corren del empleo”, y “las hacen menos”.

El origen de esta modificación a la LGAMVLV es una iniciativa que presentó la bancada de Movimiento Ciudadano durante la Legislatura LXII. Esta iniciativa fue aprobada en marzo de 2014, luego fue remitida al Senado, y luego devuelta a la Cámara de Diputados con algunos cambios. 

Con esta aprobación, la iniciativa de ampliación avanza a su última fase: la discusión y eventual aprobación por parte del Senado de la República. 

18/AJSE/LGL

Senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista (PVEM) propusieron reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que la violencia de género cause la rescisión de contratos laborales a los agresores, que obligue a las empresas con más de 50 personas trabajadoras a tener protocolos de atención y que se homologue la definición con la de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

La iniciativa, presentada el pasado 6 de diciembre, actualmente es analizada por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado de la República y contempla, en primer lugar, modificar el lenguaje de la LFT a uno “incluyente y no sexista”, es decir, cambiar la palabra “patrón” a “persona empleadora” y al término “trabajador” acompañarlo con el de “trabajadora”.

Las senadoras propusieron que la legislación incluya la definición de la violencia de género contemplada en el artículo 5 de la LGAMVLV y se defina un protocolo para erradicar la violencia de género en el trabajo como un instrumento que indique el procedimiento a seguir en casos de violencia de género, las medidas preventivas de protección y reparación.

Lo anterior debido a que la ley sólo incluye las definiciones de “hostigamiento” y “acoso sexual”, y en esta última no hace énfasis en que se trata de un tipo de violencia de género, afirmaron las funcionarias en la iniciativa consultada por esta agencia.

También propusieron añadir un capítulo al Título Tercero de la LFT que contemple las características de protocolos de atención a casos de violencia de género, los cuales deberán tener las empresas con más de 50 personas trabajadoras y la encargada de crearlos y vigilar su aplicación sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los protocolos, señalaron las senadoras, deberán contener medidas de protección para las víctimas de violencia de género tales como la reubicación del área de trabajo, el cambio de horario de trabajo o la restricción de actividades, pero, enfatizaron, no incluirán como consecuencias la disminución del salario o disminuir las condiciones de trabajo.

En cuanto a las medidas de reparación propuestas (como la indemnización y campañas de sensibilización), se obligaría a las personas empleadoras a adoptarlas en caso de provocar la violencia o con su inacción e indiferencia haber producido algún daño a la víctima.

Además, la legislación laboral actual incluye al acoso y hostigamiento sexual como causa de recisión del contrato de trabajo, pero las senadoras propusieron extender esta medida también en los casos de violencia de género, pues, afirmaron, la violencia sexual no es la única que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral por lo que aceptarlo derivaría en una “mayor protección para las personas trabajadoras”.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, dependiente de la STPS, también tendría la responsabilidad de acompañar los casos de personas trabajadoras víctimas de violencia de género.

Las responsables de la iniciativa fueron las senadoras priístas Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, también Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez; así como María Elena Barrera Tapia del PVEM.

Las legisladoras recordaron la importancia de garantizar espacios de trabajo seguros y dignos para las mujeres toda vez que al menos 43 de cada 100 mexicanas ejercen como trabajadoras, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Del primer trimestre de 2017elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

17/MMAE/LGL

El crecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres y las constantes protestas y preocupaciones de la sociedad civil –nacional e internacional– por esta situación, que no sólo lesiona a las mujeres sino a toda la sociedad, han obligado al Estado ha por lo menos registrar las estadísticas de lo que está sucediendo en materia de violencia contra las mujeres.

Es así como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) crea el “Sistema Integrado de Estadísticas Sobre Violencia Contra las Mujeres (Siesvim)”, un proyecto de estadística derivada que contiene un conjunto amplio de indicadores provenientes de las principales fuentes de información del país.

Permite dar cuenta de la dimensión de la violencia ejercida en contra de las mujeres, las características, los tipos e intensidad con la que ocurre. Está conformado por un total de 272 indicadores, distribuidos en cuatro temáticas principales.

Esta plataforma se desarrolló con el apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) de la Secretaria de Gobernación, además del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaria de Salud, la Secretaria de Educación Pública y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indeso) de la Secretaria de Desarrollo Social.

De acuerdo con la organización temática del Sistema, los indicadores se distribuyen de la siguiente manera:

• 89 indicadores sobre el “Contexto sociocultural, demográfico y económico”,
• 74 indicadores sobre la “Situación de la violencia contra las mujeres”,
• 19 indicadores sobre “Daños y consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres”, y
• 90 indicadores sobre el tema “Recursos institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En síntesis, este nuevo sistema permite conocer la situación de violencia contra las mujeres; daños y consecuencias y, recursos institucionales.

Comprende un glosario de términos, donde entre otras cosas define violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia laboral:

1. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
2. Violencia de género: La violencia de género o por razones de género consiste en aquellas formas de violencia que tienen fundamento en las diferencias adscritas socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica que la violencia de género no tenga como únicos blancos a las mujeres o las niñas, sino también a los hombres y niños, discapacitados y homosexuales, que por su condición se alejan del prototipo tradicional masculino y se aproximan a lo que se considera femenino en nuestra sociedad.
3. Violencia en el ámbito laboral: Se refiere a las situaciones o actos que una persona o grupo, con o sin jerarquía en el medio laboral, ejercen sobre las mujeres en el desarrollo de su trabajo o a consecuencia del mismo, como hostigamiento, discriminación, acoso y abuso sexual, en alguno de los trabajos desarrollados a lo largo de su vida laboral y la ocurrida en los 12 meses anteriores a la entrevista, sin importar si tuvieron empleo todo el periodo o sólo una parte.

La ley vigente define a la violencia laboral y docente en los siguientes términos:

Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.

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Como se puede apreciar en la gráfica ese renglón de “con incidentes” que va del 16.5 al 10.2  por ciento puede abarcar cualquier tipo de violencia laboral. Pero evidentemente estas estadísticas oficiales sobre el tema tienen un enorme subregistro y sólo  permiten acercarse a una imagen de las “cifras del silencio” que tiene este grave problema, dadas las características del mercado laboral femenino.

Es un hecho que el marco jurídico no ofrece la suficiente protección a las trabajadoras, que la impunidad rampante de los empleadores y la gran oferta de mano de obra inciden de forma importante. Son muchas las mujeres que prefieren guardar silencio porque no únicamente pierden el trabajo, sino que también son boletinadas en las tiendas o fábricas donde pueden trabajar,  se les califica como trabajadoras poco confiables y conflictivas.

También enfrentar los procedimientos jurídicos de una denuncia son y siguen siendo vergonzosos para la trabajadora, y terminan victimizando a las mujeres.

Además las mujeres viven con cierta “naturalidad” la violencia laboral porque proceden de hogares donde la violencia familiar o doméstica es el pan de cada día, así crecieron y llegan a creer o pensar que así es la vida normal de una mujer.

El crecimiento de la violencia familiar no es nuevo, simplemente que ahora se lleva un registro. Por ejemplo, en 2010 era de 12.0, para 2015 aumentó considerablemente a 26.0 por ciento de las mujeres. Así, cuesta mucho más trabajo que las mujeres estén conscientes y denuncien hechos de violencia laboral.

Otro factor que influye considerablemente es que no conocen sus derechos, no cuentan con sindicatos, o bien éstos son sindicatos patronales y nunca van a defender a las trabajadoras.

Por fortuna  ya hay muchas trabajadoras informadas y valientes que se atreven a denunciar, claro no tantas como se requiere pero se está avanzando en esta materia. 

Hay un enojo machista por el avance social de las mujeres dice la maestra Marcela Lagarde y si, claro hay mucho de eso en las crecientes estadísticas sobre violencia, incluyendo la laboral, un importante avance social femenino.

El mundo del trabajo era y todavía es en algunos sectores un espacio esencialmente masculino y las mujeres son unas intrusas, tradicionalmente él era el proveedor. Pero las cosas están cambiando, hoy hay una nueva mujer y una sociedad diferente, les guste o no.

La masculinidad y con ella los hombre también tienen que transformarse, estamos en el siglo XXI. Que bueno que se perfeccionen las estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, pero lo que se requiere son más y mejores políticas públicas contra la desigualdad.

* Economista especializada en temas de género

Twitter @ramonaponce

17/CRPM

La “Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo” exigió a las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y a la de Protección Civil de la Ciudad de México, comprobar si tras el sismo del pasado 19 de septiembre revisaron los centros de trabajo pues afirmaron, miles de personas trabajadoras fueron obligadas a retomar sus actividades y continúan haciéndolo en lugares que no están certificados como seguros.

Mediante una carta dirigida al secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, la Red solicitó copias de los formatos de inspección post sísmica, así como los documentos provenientes de todas las revisiones que hasta el momento han hecho a los centros de trabajo capitalinos para comprobar la condición de los mismos.

También entregaron un escrito para las áreas de Dirección General de Trabajo y Previsión Social y la Dirección de Inspección del Trabajo de la STyFE, donde les solicitan una copia de las actas de inspección de los lugares visitados tras el sismo que permitan al personal trabajador asegurarse que se desempeñan en sitios seguros.

Desde el 19 y hasta el 29 de septiembre la Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo ha recibido 2 mil 266 denuncias de personal de mil 261 empresas privadas, organizaciones e instituciones públicas, de las que concluyeron que en al menos 89.4 por ciento de los casos la personas dijeron sentirse inseguras de ir a trabajar. Los resultados están condensados en un mapa interactivo que aún no incluye denuncias hechas después de esa fecha.

Días después del sismo y ante el elevado número de denuncias personal de la Secretaría de Trabajo contactó “de manera informal” a las y los integrantes de la Red de Solidaridad, informó en entrevista una de las voceras, Elizabeth Calvillo Reynosa, y se comprometieron a revisar los casos de los primeros 52 centros laborales calificados por personas trabajadoras como inseguros.

|Aún cuando días después del sismo la STyFE aseguró a la Red de Solidaridad que los lugares ya fueron revisados, “a los trabajadores no se les ha informado nada, siguen en la misma situación de que ya revisaron y que las actas de inspección las tienen los empleadores”, denunció Calvillo Reynosa y destacó que tras los escritos entregados a la Secretaría y a la de Protección Civil esperan que las instancias respeten el derecho que las y los trabajadores tienen de acceder a la información.

La estudiante del posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Línea de Estudios Laborales, recordó que a Protección Civil le compete informar si  las condiciones físicas de un inmueble lo hacen o no apto para que se siga ocupando.

Mientras que la STyFE debe cerciorarse que las y los empleadores cumplan con el artículo 123 de la Constitución mexicana y garanticen “lugares de trabajo seguros”, y que los directivos no dañen física o emocionalmente a las personas empleadas, por ejemplo, al condicionar su sueldos en caso de que decidan no retomar sus labores en sitios que no han sido decretados  como seguros, una práctica común de los empleadores, mencionó Calvillo Reynosa.

Para transparentar al público los dictámenes de la STyFE y Protección Civil la Red de Solidaridad se comprometió a vincular los documentos con el mapa interactivo de las empresas denunciadas.

La vocera de la Red afirmó que el objetivo de documentar y dar seguimiento a los casos no es sólo visibilizar los sitios de trabajo inseguros, sino el de llamar la atención a las autoridades laborales quienes, dijo, “deben empezar a prevenir para que lo que pasó con las trabajadoras de la fábrica textil en Chimalpopoca o el despacho de oficinas en Álvaro Obregón 286 (ambos derrumbados tras el sismo) no se repita, no tiene por qué  pasar si hay esquemas de prevención”.

También afirmó que en esta semana pedirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, transparenten las actas de inspección hechas a sus dependencias de trabajo tanto en la Ciudad de México como en Morelos, Puebla y el Estado de México, estados en los que también se documentaron casos.

17/MMAE/LGL

Más de mil 400 mujeres y hombres de 770 centros de trabajo en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, han sido coaccionadas para laborar en sitios que tras el sismo del pasado19 de septiembre no están validados por las autoridades como seguros.

Hasta ayer por la noche la “Red Solidaridad de Trabajadores en Riesgo”, creada luego del temblor por personas estudiantes de licenciatura y posgrado defensoras de los derechos laborales, contabilizó mil 464 denuncias que exponen las condiciones inseguras en las que cientos de mujeres han sido obligadas a retomar sus actividades laborales.

En entrevista con esta agencia, la estudiante del posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Línea de Estudios Laborales e integrante de la Red, Elisa Calvillo Reynosa, aseguró que las denuncias de mujeres trabajadoras son frecuentes toda vez que éstas ejercen en mayor medida en lugares que resultaron afectados tras el sismo como hospitales –donde doctoras y enfermeras se han pronunciado-, escuelas, fábricas y en diversos centros de llamadas (call centers).

Destaca el caso del Palacio de Hierro ubicado en la calle Durango 230 de la colonia Roma Norte, uno de los más afectadas tras el temblor. Ahí las vendedoras afirmaron sentirse inseguras porque el edificio presentó afectaciones, y donde presumen, pudo haber personas heridas, pero que no se dio a conocer la información, por temor a que bajaran las ventas.

Las trabajadoras de fábricas de metales y costureras en la delegación Iztapalapa, también comparten el sentimiento de incertidumbre. Según los testimonios recabados por “Trabajadores en Riesgo” las mujeres denunciaron que durante el temblor no pudieron salir de sus centros laborales ni colocarse en áreas seguras porque las salidas, así como los patios y estacionamientos permanecen obstruidas por automóviles.

Una de las prácticas constantes de los empleadores es indicar que personal de Protección Civil ya firmó documentos que aseguran que los centros laborales son seguros, pero éstos no son transparentados a las y los trabajadores; además de asegurar que empresas privadas o expertos independientes realizaron los peritajes correspondientes.

Ejemplo de ello, denunciaron, es el centro de llamadas Eficasia, ubicado en Avenida Revolución 470, donde una persona denunciante afirmó que en el edificio hay daños en al menos dos de los cuatro pisos. Sin embargo, al personal se le dijo que contrataron a una firma externa para que revisara el lugar, por lo que debían presentarse a laborar.

Todo esto ocurre aún con el llamado que hizo el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien informó a través de sus cuentas oficiales que los inmuebles que sufrieron daños deberían tener a la vista el “Formato de Inspección Postsísmica”, un documento que indica las condiciones en las que quedó el lugar y que está avalado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal y las Secretarías de Obras y Servicios, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Protección Civil.

Con la documentación de casos las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UAM exigirán a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que garanticen los Derechos Humanos laborales de las personas, y a que realmente se cercioren de que los empleadores no obligarán a las y los trabajadores a ejercer en condiciones riesgosas ni condicionen sus sueldos.

Al hacer el recuento, aseguró Elisa Calvillo, buscan que “ninguna persona pierda la vida en sus lugares de trabajo por las condiciones del inmueble” y así evitar lo ocurrido en la fábrica de costura y confección textil de la colonia Obrera que se derrumbó tras el sismo y causó la muerte de varias costureras. También informaron a las y los trabajadores denunciantes que tienen derecho de no acudir a laborar sino se sienten seguros y que los empleadores les deben pagar sueldos completos porque, de no hacerlo, incumplen las leyes laborales vigentes el país y violan sus Derechos Humanos.

Para lograrlo, comentó la también licencia en Ciencias Políticas por la UNAM, urge que las instituciones gubernamentales que fomentan el empleo en el país garanticen que se hagan revisiones certeras de las condiciones de los centros de trabajo y que transparenten la información obtenida de dichos exámenes.

También indicó que personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se ha contactado con integrantes de “Trabajadores en Riesgo” para afirmar que revisarán las denuncias, sin embargo, dijo, que el que no haya una respuesta pronta “da pie a que los empleadores cubran los daños superficialmente y cuando las autoridades acudan a revisar el lugar no encuentre daños”.

La información de la Red Solidaria ha sido recabada a través de entrevistas hechas afuera de centros laborales y por las respuestas anónimas que arroja un cuestionario digital hecho por la Red Solidaria, todo ello está condensado en un mapa interactivo de su autoría.

17/MMAE/LGL

Recientemente la plana mayor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se reunió en conferencia de prensa para dar a conocer las terribles cifras sobre violencia de género en el país, resultado de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016: 79 de cada 100 mujeres de la Ciudad de México (la gran mayoría), sufren violencia; por los mismos niveles están Jalisco y el Estado de México. El índice nacional es de 66.1, bastante alto, más de la mitad.

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Las que tienen los índices más bajos son: San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

Las encuestas –especialmente como esta– son una herramienta fundamental en la toma de decisiones para una problemática tan importante como la violencia de género en diferentes ámbitos y estados del país. Por lo tanto uno esperaría que después de publicarse estas cifras hubiera una “plenaria” de tomadores (as) de decisiones para proponer, y en su caso, iniciar una serie de acciones de políticas públicas para resolver esta grave situación. Pero a la fecha no ha sido así, sólo el escandalo (temporal) de los resultados de la encuestas que abarca diferentes ámbitos, con resultados muy diferentes

• Ámbito escolar

La prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3 por ciento  y las entidades con las prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca. Y es en las instalaciones de las escuelas. ¿Dónde está la educación?

• Violencia  laboral

De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.

El tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación

La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.

• Violencia en el ámbito comunitario

La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario en los últimos 12 meses, ocurrió́ principalmente en la calle y parques (65.3 por ciento) seguido del autobús y microbús (13.2 por ciento), metro (6.5 por ciento).

• Violencia en el ámbito familiar

En los últimos 12 meses, 10.3por ciento fue víctima de algún acto violento (emocional, físico, sexual o económico-patrimonial) por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja.

El 8.1 por ciento de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año.

Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre.

Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos.

La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses, se ha ejercido principalmente en la casa de las mujeres y en la casa de algún otro familiar.

Las agresiones ocurridas en su casa fueron: 59.6 por ciento emocionales, 16.9 por ciento agresiones físicas, 17.5 por ciento económica y patrimonial y 6.0 por ciento agresiones sexuales. Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual: 66.8 por ciento.

Pero es cierto que hay un problema serio de violencia familiar que se traslada fácilmente a  lo laboral.

Para empezar si se analizan los quehaceres domésticos y el cuidado de niñas y niños, éste recae esencialmente en mujeres  Desde ahí empieza el sometimiento y la subordinación. Es una cadena que parece no tener fin.

De cualquier forma llama a atención que sea la Ciudad de México la que tiene el índice más alto de violencia de género. Porque aquí es una Ciudad de diversidad política  y sexual, donde se pude decir que viven las mujeres con el perfil más “moderno”. Claro también hay mayor convivencia en las calles, en el transporte, en el empleo, es una palabra están más expuestas; es la única ciudad del mundo con transporte exclusivo para mujeres.

Hay una realidad muy clara: faltan políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres

* Economista especializada en temas de género

Twitter @ramonaponce

17/CRPM

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 (Endireh) reveló que los principales tipos de violencia que enfrentan las mexicanas en el ámbito laboral son la sexual y emocional que se traducen en ofensas, tocamientos sin su consentimiento y humillaciones.

De acuerdo con la Encuesta 71 por ciento indicó que ha trabajado a lo largo de su vida, de dicho porcentaje, 5 millones 463 mil 521 (16.5 por ciento) afirmó haber sido violentada al menos una vez en el ámbito laboral. La violencia sexual en el ámbito laboral representó 67.96 por ciento (3 millones 713 mil 235). Las agresiones se tradujeron en intimidaciones con piropos o comentarios sobre sus cuerpos, insinuaciones sexuales, acoso  y abuso sexual.

Muestra de ello fue que al menos a un millón 368 mil 983 de ellas, es decir 25 por ciento del total que dijo haber sido violentada, se le propuso tener relaciones sexuales a cambio de beneficios en el trabajo y en 12 por ciento de los casos sufrieron represalias por negarse, tales como despidos o impedimentos para ascender de puesto.

Mientras, 2 por ciento de las mujeres externó haber sido víctima de violación sexual, y al menos un millón 256 mil 438 de trabajadoras expusieron haber sido tocadas sin su consentimiento (17.7  por ciento).

La violencia emocional es la segunda más frecuente ejercida contra ellas, 64 por ciento de las que indicaron ser víctimas de un incidente violento de este tipo, por ejemplo,  57.5 por ciento de ellas afirmaron haber sido degradadas y 30 por ciento humilladas por ser mujeres.

Los estereotipos siguen presentes en el ámbito laboral, a13 por ciento de las trabajadoras les comentaron que sus logros laborales se debieron a que tuvo relaciones sexuales con algún superior.

ENTIDADES MÁS VIOLENTAS

La Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México son las entidades con mayor porcentaje de violencia laboral hacia las mujeres. En las dos primeras, 21.6 por ciento de quienes han trabajado a lo largo de su vida expusieron sufrir algún tipo de violencia, mientras que en el Estado de México el porcentaje fue de 19.6 por ciento.

En la Ciudad de México 71.17 por ciento de trabajadoras fueron víctimas de violencia emocional y 65.58 de agresiones físicas o sexuales. En cambio, en Querétaro 94 mil 423 mujeres (72 por ciento) reportó haber sido violentada física o sexualmente y 85 mil 272 (65 por ciento) de forma emocional.

Mientras que en el Estado de México 730 mil 423 trabajadoras han experimentado a lo largo de su vida laboral violencia física o sexual (73.66 por ciento) y 66.63 por ciento violencia emocional.

AGRESORES Y LUGAR

De acuerdo a la Endireh a nivel nacional los principales ejecutores de violencia emocional, física o sexual hacia las trabajadoras son sus compañeros de trabajo (en 35.6 por ciento de los casos), seguidos de las personas con jefaturas (20 por ciento) y en tercer lugar están los gerentes o directivos ejecutivos a quienes se les atribuye 8.2 por ciento de las agresiones.

Las trabajadoras expusieron que en los últimos dos meses las violencias en su contra ocurrieron principalmente en las instalaciones de trabajo (79 por ciento) y en un porcentaje de 11.5 fueron en las calles, parques o lugares públicos cercanos al trabajo.

SIN DENUNCIAS

El Inegi reveló que 36.5 por ciento de las trabajadoras mexicanas  que son violentadas en su trabajo no cuentan lo ocurrido a nadie; a esto se suma que 91.2 por ciento de las 3 millones 579 mil 054 mujeres que han sido agredidas no presentaron denuncias al respecto frente a alguna autoridad ni pidieron ayuda a alguna institución.

Sólo 208 mil 328 de ellas presentaron denuncias ante alguna autoridad es decir, 5.3 por ciento de ellas. Las cifras demuestran que la violencia parece estar normalizada en un porcentaje alto de las trabajadoras  ya que 41.1 por ciento de las que fueron violentadas afirmaron no realizar denuncias porque prefirieron no darle importancia.

La segunda causa para no denunciar es la falta de información sobre las instancias a las que pueden acercarse y el proceso que debe seguirse: 717 mil 475 trabajadoras (20 por ciento) no denunció por esta causa.

PERFIL DE LAS TRABAJADORAS

El Inegi expuso que en el último año las mujeres encuestadas ejercieron principalmente en “actividades elementales y de apoyo” (27.7 por ciento) y como profesionistas y técnicas (19.6 por ciento de ellas). Estos puestos, que concentran a la mayor cantidad de mujeres, son los que registran los porcentajes más altos de discriminación laboral.

La Endireh también reveló que los cargos en donde menos se encuentran siguen siendo los de funcionarias, directoras y jefas, solo 4.2 por ciento de ellas ocupó estos puestos.

La falta de mujeres en los cargos más altos se explica en un contexto donde las principales discriminaciones a las que se enfrentan son contar con menos oportunidades que un hombre para ascender (10.4 por ciento de ellas) y  laboran con un sueldo menor al de sus compañeros hombres por hacer el mismo trabajo (en 8.9 por ciento de los casos).

Resalta que la violencia laboral alcanza a todos los grupos de edad, principalmente a las mujeres de 25 a 34 años, donde se concentraron 32 por ciento de las agresiones laborales; siguieron las trabajadoras de 34 a 44 años con 29 por ciento y las mujeres de 15 a 24 años de edad se registraron 28.7 por ciento de los casos. 

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