trata

Las dos recientes muertes de una modelo argentina y de una venezolana, hicieron sonar las alarmas en México como país de destino de los delitos en materia de trata de personas.

Justo, en este país, donde siete mexicanas son asesinadas cada día, solo un 25 por ciento de los casos son señalados como feminicidio, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La situación para las mujeres extranjeras sin redes sociales de apoyo es peor, sobre todo cuando son expulsadas de sus países de origen por falta de oportunidades, pobreza, pobreza extrema, conflictos armados o la presencia de la delincuencia organizada.

Los casos de feminicidio de las dos modelos extranjeras están ligados por el hecho de que ambas se anunciaban en un sitio web de "escorts" denominado “Zona Divas” en México, aunque existe en casi todo el mundo y muchas otras como “BackPagage”, “Bellas Escorts” y muchas otras, que incluyen Twitter y Facebook.

La argentina Karen Ailen Grodzinski, de 23 años, y la venezolana Génesis Uliannys Gibson, de 24 años, son las dos modelos asesinadas y que se presume fueron víctimas de trata y explotación o esclavitud sexual.

Ambas jóvenes fueron encontradas sin vida en diferentes hoteles. La primera, el pasado 27 de diciembre, en la Ciudad de México y la segunda, el 17 de noviembre, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con medios locales, Karen fue la primera que denunció en redes sociales la desaparición de Génesis, el 16 de noviembre, y quien identificó su cuerpo para posteriormente comunicarse con la familia de su amiga. Diez días después Karen fue asesinada.

Medios locales dieron a conocer que ambas jóvenes llegaron a México por medio de una familia identificada como Santoyo Cervantes que las colocó en dicho portal de "escorts".

Como es su costumbre, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, invadiendo competencias, salió a medios para asegurar que los casos de feminicidio de las modelos sudamericanas Génesis y Karen Ailen no tienen relación entre sí, aunque ambas compartían una amistad, consecuencia de su trabajo en sitios de internet, dijo el procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido.

Desde el 2006, Nemesio Lugo Félix, de la Policía Federal, estaba investigando a un grupo de tratantes de mujeres que operaba en Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, Chile, Brasil, Costa Rica y México. A principios de mayo del 2006, Lugo fue asesinado cuando iba llegando a su oficina.  Hoy "una de las líneas de investigación que también sigue la policía es una presunta red de trata de mujeres, a quienes contactan en varios países de Sudamérica bajo la promesa de convertirlas en actrices, conductoras, cantantes, bailarinas, pero al llegar a México son obligadas a servir como damas de compañía".

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos, en su Artículo 4, se define como:

…XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas…

Y en los artículos siguientes se establece que:

…Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma… 

A pesar de lo anterior, el portal emitió un comunicado de prensa en el que afirmaron que las "modelos/escorts" solo pagan una cuota mensual por publicitarse en el sitio y argumentaron que las modelos o "escorts" firman un convenio ante notario "en el que declaran que lo hacen bajo voluntad propia y sin ser obligadas a prostituirse".

Sus argumentos fueron desestimados por las declaraciones de una víctima venezolana que logró escapar y pudo rendir su declaración, como lo hicieron ya las 4 víctimas rescatadas en Cuernavaca, Morelos y las 23 rescatadas recientemente en Toluca, Estado de México.

VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y FEMINICIDIO

En los últimos años han asesinado a cuatro colombianas en la Ciudad de México, tres argentinas –incluso una de ellas fue localizada en el anfiteatro de la escuela de medicina del IPN, dos venezolanas y una brasileña a quién privó de la vida Beltrán Leyva en Cuautla, Morelos.

En todos los casos, las autoridades las han criminalizado, imputándoles –“en un acto irresponsable y sin concluir la investigación- que estaban relacionadas o señalándolas como copartícipes de bandas criminales dedicadas al narcotráfico”, decía la periodista colombiana Margarita Solano, en “Lo Político”.

De acuerdo con un informe del periódico El País de España, en los últimos años, la trata de mujeres con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo en México, después de las drogas. Así lo indica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero lo que es más preocupante es que algunos militares han entrado a formar parte de la red de secuestros y explotación sexual, así como los narcotraficantes, que ven en este rentable negocio una forma muy jugosa de diversificar sus ingresos y una de las caras más amargas de la violencia de género, según concluyen varios estudios de la ONU.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas, golpeadas, violadas, compradas o vendidas.  Crímenes en situaciones de conflictos armados o guerras; en la calle, relacionados con violaciones o con el crimen organizado, la prostitución o la pornografía snuff o vintage; o cometidos por sus maridos, parejas, ex parejas. Todos crímenes ligados a la sexualidad, en donde el factor de riesgo es ser mujer o niña.

Mientras que el concepto de violencia contra las mujeres tiene ya varias décadas, el de feminicidio/femicidio es más reciente y se trata de la intención de destruir, someter y sojuzgar total o parcialmente a un grupo, en este caso, las mujeres y las niñas.  El concepto es útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en las desigualdades de género y cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como “locos” o a concebir estas muertes como “crímenes pasionales”, o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto, lucha al crimen organizado o guerra, inclusive denominándolo como “daño colateral”. 

La prostitución y la pornografía son, manifestaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los hombres. La prostitución no es un trabajo, sino una forma marginal de sobrevivencia asociada a la falta de oportunidades, que permite perpetuar los estereotipos anteriormente mencionados y que al estar tan naturalizada en nuestras sociedades, es aprovechada como una inmensa fuente de ganancias del crimen organizado a través de la trata de mujeres y niñas, con muchos menos riesgos que el tráfico de drogas, que hoy se persigue como una prioridad en todo nuestro continente.

EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS

Las dimensiones actuales del comercio sexual son globales y dramáticas. En primer lugar, las organizaciones criminales transnacionales han descubierto en la comercialización ilícita de personas un espacio de ganancia monetaria significativo y menos riesgoso porque no está en la agenda pública de la región, ni es prioridad como es el combate al narcotráfico.  

El comercio sexual generalmente ocurre de Sur a Norte, pero también existe la trata interna. Sin embargo, muchos hombres viajan a países “exóticos” con el propósito de satisfacer sus fantasías sexuales, reprimidas en su propio país. De ahí que la industria turística se ha constituido en la puerta trasera de la industria sexual en muchos países como Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Jamaica, México, Brasil, Aruba, entre otros.

El uso de niñas y adolescentes como sicarias, halconas, mulas o esclavas sexuales por parte de los cárteles es un fenómeno creciente.

DATOS DEL INFORME PRESENTADO POR CATWLAC

Durante el año de 2016 se registró un aumento de casos atendidos por el Sistema Alerta Roja (SAR) que es el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés). De 203 caso atendidos en 2015, en 2016 año se atendieron 276 casos.

Sin embargo, de los datos sociodemográficos de los casos atendidos, se pudo confirmar por quinto año consecutivo que el rango de edad donde hay mayor número de víctimas es de los 12 a los 18 años de edad, seguido del grupo de 18 y una de 25 años. Y que 246 víctimas eran del sexo femenino y 30 del sexo masculino.

227 víctimas de las 276 se encuentran en las categorías de ingreso medio bajo, pobreza y pobreza extrema, aunque también hay víctimas de clases más privilegiadas. Que las formas de reclutamiento más común siguen siendo la fuerza, el engaño y la seducción, incluyendo el enamoramiento por redes sociales.

Los delitos más comunes durante el año en estudio fueron: la trata de personas, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, la desaparición, la privación ilegal de la libertad y el reclutamiento para actividades delictivas de la delincuencia organizada.

De los 276 casos atendidos durante 2016, hubo delincuencia organizada en 74 por ciento y en 26 por ciento hubo delincuencia común. En 4 por ciento de los casos hubo feminicidio, en 60 por ciento no hay datos y en 36 por ciento no hubo feminicidio, por lo menos, hasta el momento.

De los 276 casos atendidos en el 2016, 68 por ciento siguen desaparecidas, 28 por ciento fueron localizadas con vida y 4 por ciento sin vida. Cabe destacar que 2016 es el año en el que menos rescatadas/localizadas hemos tenido desde que empezó la operación del Sistema Alerta Roja.

De 87 denuncias a nivel federal, se obtuvieron 7 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad de 92 por ciento. Tenemos 4 años con una Averiguación Previa que duerme el sueño de los justos en el cubículo de alguna MP Federal de SEIDO, desde hace 4 años. De 196 denuncias presentadas a nivel local, se obtuvieron 5 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad del 98 por ciento.

Los estados de la república que tienen mayor incidencia como lugares de origen son:

Con el apoyo recibido por el InmujeresCDMX durante 2016 como parte del Programa de Coinversión, pudimos emitir 12 boletines de prensa, 803 post en redes sociales (Twitter y Facebook), 5 entrevistas publicadas de casos específicos y 22 casos de desapariciones en la Ciudad de México. Se promovieron 5 cambios de identidad, 3 reubicaciones, se dio asesoría y representación jurídica a 5 causas penales, 8 denuncias con resguardo de identidad y se le dio seguimiento por lo menos a 11 carpetas de investigación. También se interpusieron 5 amparos y una apelación.

CONCLUSIONES

Identificamos en el acceso a la justicia los principales obstáculos: se encuentran en la vacilante voluntad de la esfera institucional, los tres poderes del Estado muestran debilidad, falta de recursos técnicos, financieros y humanos además de la persistencia de factores culturales que promueven la sumisión y el miedo entre las mujeres legitimando la violencia. La sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorecen la impunidad.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL

Ahí están las llagas. Supuran. Duelen. Hieden. Y, sin embargo, en general, a lo mucho se mueve la cabeza en señal de consternación o, a lo poco, se voltea a otro lado para mirar “cosas más importantes”.
 
Las violencias contra las mujeres suponen llagas enormes a nuestro sentido de humanidad. O, más precisamente, a lo que hemos supuesto o queremos suponer que significa nuestra humanidad.
 
Son muchas las violencias que se infligen a las mujeres de todo el mundo. Y se les infligen porque son mujeres. Nacer mujer implica en los hechos –y a menudo en el derecho también- no tener garantizados distintos derechos humanos o simplemente no tener derecho a tener derechos.
 
Y a menudo se justificará: Es que hizo tal cosa que estaba prohibida (claro, prohibida por ser mujer, porque de ser hombre no estaría prohibida). Es que estaba en tal lugar a tales horas (porque hay lugares y horas vedados para las mujeres).
 
En el fondo, y sin rebuscar mucho, el tema es que nacer humana no te garantiza los mismos derechos que nacer humano.
 
Y, lo que es peor, a media humanidad le parece bien que así sea, y a buena parte de la otra mitad le parece que es una barbaridad, pero qué se le va a hacer, ni modo.
 
Entonces, a tres cuartas partes de la humanidad le parece bien o poca cosa, lo mismo que mujeres ganen menos que hombres por el mismo trabajo, o que el “Club de Tobi” esté instalado en el poder político, económico, académico, cultural o religioso; y apenas si respinga con el acoso y el hostigamiento sexual, las violaciones sexuales, la prostitución, la Trata o los feminicidios.
 
Porque no veo indignaciones colectivas cuando el 95 por ciento de las personas víctimas de Trata son mujeres y niñas. No hay indignación nacional –en casi ningún país- cuando aparece una mujer tumultuariamente violada, asesinada y su cuerpo tirado a la basura. Vamos, no veo exigencia colectiva en México porque una de cada dos mujeres es víctima de violencia en su hogar, hay decenas de miles de mujeres y niñas desaparecidas, y hay pueblos enteros dedicados a la Trata.
 
¿Acaso no se nos considera humanas? O, más bien, deberíamos preguntarnos, ¿qué clase de humanidad somos?
 
Al parecer y por lo pronto, la emergencia en la que nos encontramos nos aconseja dejar esa pregunta para después. Y por eso los movimientos de mujeres han organizado para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una huelga masiva de mujeres.
 
Con el lema “Nosotras paramos”, se invita a que las mujeres paren sus labores, cualesquiera que estos sean, al menos durante media hora. Y en más de 40 países habrá marchas para exigir la garantía a nuestros derechos, empezando por el derecho a una vida libre de violencia. “Si nuestras vidas no valen, nosotras paramos”, es la consigna.
 
Se busca hacer evidente lo que aportamos cotidianamente; hacer patente que sin nosotras el mundo no funciona: ni el hogar ni la política ni la economía. Nada.
 
Y con todo y que me parece una buena idea –probada con enorme éxito en Islandia en 1975- y con todo con que estoy absolutamente segura que tarde o temprano esta estrategia tendrá éxito y, por supuesto, deseo que lo tenga, no dejo de tener un mal sabor de boca.
Porque no basta ser la mitad de la humanidad, no basta ser humanas, sino que hay que demostrar que valemos por lo que hacemos.
 
De modo que no será un elemental sentido de justicia o de solidaridad, o de cualquier otro considerado esencialmente humano, el que sea motor para que se detengan las violencias contra las mujeres; sino el pragmatismo.violencias contra las mujeres, acoso, hostigamiento sexual, violaciones sexuales, prostitución, Trata, feminicidios, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, huelga masiva de mujeres, “Nosotras paramos” 

 
Entonces quedará pendiente ganar la humanidad. Y acaso esa sea la gran llaga que hoy nos debe doler.
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
17/CL/GG
 

De los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas por las guerras y el cambio climático en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. Constituyen el mayor desplazamiento forzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la violación de sus derechos humanos es insoslayable. Así lo señala el informe sobre refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será presentado en julio próximo. 
 
La Comisión Europea lanzó en mayo la Agenda Europea de Migración para salvar vidas, aumentar los Fondos de Asilo, Migración e Integración a los países de frontera exterior y “cuotas de solidaridad" entre los estados miembros.
 
En junio se comprometió a la reubicación en otro país de 160 mil personas que ya estaban y habían pedido asilo en la Unión Europea (UE), sobre todo en Grecia e Italia, y al reasentamiento de 22 mil procedentes de campamentos de personas refugiadas fuera de Europa, mayormente de Líbano, Turquía y Jordania, donde hay 3 millones.
 
El Consejo de la UE de septiembre de 2015 rebajó los objetivos, ante la escasa acogida general y el veto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pese a la normativa existente.
 
Un año después, sólo había acogido al 7 por ciento, y el cierre de fronteras ha dejado, solo en 2016, 4 mil 700 cadáveres en el Mediterráneo, mil muertes más que en 2015. El 7 de marzo de 2016, el Consejo de la UE acordaba la ‘externalización a Turquía’ del derecho europeo de asilo, y la devolución en masa de cientos de miles de personas refugiadas.
 
España, con el 9 por ciento de la población de la UE, se comprometió en junio 2015 a reubicar antes de septiembre 2017 a 15 mil 888 (9 mil 323 desde Grecia e Italia) y reasentar a mil 449, pero a 23 de enero 2017 solo ha proporcionado reubicación a 745 personas y reasentamiento a 289 (previsiblemente incrementadas pronto por unas 200 procedentes de Turquía), en total  mil 34 personas, mayoritariamente sirias, iraquíes y eritreas. Un incumplimiento del 94 por ciento de su compromiso.
 
CIERRE DE FRONTERAS Y TRÁFICO
 
En “Asilo en cifras 2015”, de Eurostat, de sus 22 tablas de datos, solo 4 cuatro se desglosan por sexos. Al cerrarse las vías legales y seguras de entrada en la UE, aumenta el negocio de los traficantes, que sufren especialmente mujeres y niñas. Se requiere también una actuación urgente que permita solicitar asilo o visados humanitarios, que contempla el marco legal español y europeo, pero no se han desarrollado por falta de voluntad política. Y hay que recordar que subsisten las devoluciones en caliente que las autoridades españolas llevan a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla.
 
El 8 de marzo 2016 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, señalando que desde el verano 2015 son mujeres, niñas y niños el 55 por ciento del millón de personas refugiadas llegadas a Europa y que las mujeres y las niñas sufren violaciones, extorsiones, matrimonios precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y trabajos degradantes en origen, tránsito y destino.
 
La Resolución llama a evitar las muertes en las fronteras, abrir vías seguras y legales hacia la UE y que las normas sobre migración no impidan el asilo. También propone repartir la acogida entre los 28 Estados miembros y reconocer mutuamente las concesiones de asilo, inscribir individualmente a las mujeres, para garantizar su seguridad, libertad y servicios, que participen en el reparto de alimentos y ayudas a las familias y en los comités de personas refugiadas, identificar y proteger a solicitantes de asilo vulnerables a la Mutilación Genital Femenina (MGF) y a la persecución de población Lésbica, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti y Bisexual (LGTB).
 
Asimismo, sugiere que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, recuerda que el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo debe ser la excepción y nunca de niñas, niños o embarazadas, plantea investigar todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en las fronteras, y facilitar acceso de los periodistas y las ONG, así como garantizar fondos para que las autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de refugiadas, su contacto con autóctonas y la atención a los niñas y niños.
 
SOLIDARIDAD CON REFUGIADAS
 
En los años 2015 y 2016 la solidaridad con las personas refugiadas ha dejado de ser exclusiva de las ONG especializadas, aunque sólo el 0.4 por ciento de la población declara preocuparse por ello (CIS, mayo 2016). Ante la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la protección y los derechos de las personas refugiadas, numerosas organizaciones sociales han realizado acciones reivindicativas y de solidaridad.
 
Se han llevado a cabo concentraciones, movilizaciones, publicaciones específicas como las desarrolladas por Pikara e informes realizados por organizaciones como Women´s Link Worldwide, campañas de recogida de ayuda humanitaria, como la del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) en 2017 recogiendo tampones, compresas y pañales, para los campamentos en Grecia.
 
La Caravana a Grecia realizada del 15 al 25 de julio del 2016 y que, tras un encuentro estatal en noviembre del 2016 se repetirá en 2017. La Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre Mujeres Refugiadas el 23 de abril de 2016 en Madrid, que reunió a 303 activistas de organizaciones feministas, de derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, autonómicas y estatal.
 
Tras una concentración en el Parlamento, enviaron un Manifiesto firmado por 183 ONG a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, y su Oficina de Derechos Humanos; del Interior y su Oficina de Asilo y Refugio y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer. No se ha obtenido ninguna respuesta.
 
ASILO SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Las autoras del informe que estudia el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW aseguran que no han obtenido el dato de cuantas mujeres presentan solicitud individual, y en qué relación con su familia. “La ausencia de datos es un dato”, afirmaba Maje Girona durante la presentación del borrador. Una vez concedido el asilo al solicitante principal o a una o un menor de edad,  no se le concede automáticamente al resto de la familia (punto 42 de la RG32) sino en un proceso de extensión del asilo que es muy complicado.
 
En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales (la proporción de personas que ha entrado en pateras o por los Pirineos es menor) no hay personal idóneo para tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de fronteras, restringe o anula el derecho al asilo. Miles de mujeres, niñas y niños no sólo están sometidos a largos y arriesgados trayectos, sino que en territorio europeo tampoco cuentan con condiciones mínimas de alimentación, cobijo, salud y seguridad.
 
En algunos CIE se han mejorado las condiciones bajo mínimos y se permite el acceso, con horarios muy restringidos, de ONG humanitarias y jurídicas, que insisten en que es necesario seguir mejorando las condiciones de vida de las personas recluidas. Son frecuentes los amotinamientos, como los del CIE de Aluche en Madrid.
 
El procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.
 
“No nos consta que haya un mecanismo para la pronta identificación de las mujeres solicitantes específicas de protección y asistencia, mujeres con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata o de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato, ni medidas de acción positiva. En algunos centros grandes hay choques de culturas y los estereotipos de género se repiten en los centros y pisos de acogida, asignando un papel pasivo en los conflictos de convivencia.
 
El documento también recuerda que “la solicitud de asilo no es un acto ilícito y no debe penalizarse, tampoco mediante reclusión, a las mujeres solicitantes de asilo por entrar o permanecer de forma ilegal y nunca debe internarse a menores y madres con hijos e hijas lactantes o menores de edad”.
 
17/GL/GG

El miércoles pasado asistí a las supuestas mesas de diálogo convocadas desde la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de la que forma parte el diputado perredista Víctor Hugo Romo, también integrante de la corriente Nuevo Sol que encabeza Amalia García.
 
Estas mesas de diálogo se dieron bajo el esquema de parlamento abierto para promover políticas públicas sobre “trabajo sexual”, pero me di cuenta que no hay intención de debatir, que todo está bien preparado y fue poco lo que nos permitieron aportar a la discusión.
 
Además de Marta Lamas, tuvieron a una investigadora que habló por videoconferencia desde la Universidad de Harvard, hasta donde entendí tiene alguna vinculación con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), para hablar sobre los derechos laborales y el “trabajo sexual”.
 
¿De qué derechos hablan? Si el propósito de las mesas es generar políticas públicas, deberían partir de no mentir, de no engañar. La Organización Internacional del Trabajo define como “trabajo digno o decente”, aquél que conlleva la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
 
Y yo me pregunto ¿cuál de estas características tiene la prostitución para adquirir la categoría de trabajo? ¿quién en situación de prostitución cuenta con un ingreso justo, o tiene seguridad en el lugar de trabajo? ¿Quién paga la protección social para las familias, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, fondo de retiro, vivienda o salud? ¿Quién? ¿los clientes? No, porque se encarece el servicio. ¿El gobierno en quiebra o quién? en todo caso, estamos hablando de un modo marginal de sobrevivencia.
 
La próxima mesa es el miércoles 26 de octubre en Gante número 15, en el Centro Histórico, y esta vez será sobre trata y “trabajo sexual”. ¿Y si exigimos participación paritaria de las posturas que se debaten? porque existe una gran confusión entre las personas que participan en estos conversatorios, sobre trata y prostitución y si tienen vínculos o no.
 
Lo más triste fue ver que no escucharon a las sobrevivientes o a las personas en situación de prostitución; todas hablaron de que no tuvieron otra oportunidad o medio de sobrevivencia más que estar en la prostitución, que están buscando opciones de salida, que el Gobierno de la Ciudad de México no ha sido capaz, ni se ha interesado en ofrecerles otras oportunidades y que hay días que no tienen ni para comer.
 
Fue muy triste escucharlas hablar sobre las víctimas de delitos de transfobia y lo poco que una credencial que las reconoce como “trabajadoras no asalariadas” les puede garantizar; o de cómo son extorsionadas por la policía o los inspectores, por decir lo menos. Finalmente, detrás de la puerta, están solas frente al riesgo y la violencia.
 
Preocupantes las posturas de un colectivo de homosexuales que sostienen que “el género vino a complicar todo el negocio”, un discurso muy similar al de derecha. O el de un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabaja en el Programa contra el VIH, que se atrevió a asegurarme que la CNDH es reglamentarista -cosa difícil de creer- y que hace una clara distinción entre trata y prostitución.
 
Ninguno toma en cuenta que el “trabajo sexual” enmascara la trata y la explotación sexual infantil que se encuentran unidos por la demanda en el sistema prostitucional; que reglamentar no controla la industria del sexo, por el contrario, la expande y convierte a los tratantes y a los proxenetas o lenones en “hombres de negocios o empresarios”.
 
Reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, como se pretende hacer en la Constitución de la Ciudad de México, tampoco las libra del estigma y la discriminación.  Una credencial no es garantía de nada, ni las defiende o ayuda frente a su familia, a su comunidad o a la sociedad entera, que sigue siendo profundamente patriarcal y discriminatoria.
 
Al mismo tiempo, en la ALDF una diputada del Partido Revolucionario Institucional, integrante del Movimiento Territorial, el que dirige Tonatiuh González y Gutiérrez de la Torre, presentó una iniciativa para reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, en la que propone establecer zonas de tolerancia y multas a quienes se salgan de las zonas determinadas, que pueden ir de 20 a 50 días de unidad (salario mínimo). Sabemos que ya existen zonas donde se les cobra derecho de piso, y seguramente la siguiente medida será cobrarles impuestos como en Holanda y Alemania, “trabajen” o no.
 
Qué ventaja puede darles la reglamentación, cuando el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por México en 1951, establece que:
 
…Artículo 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.
 
Escuché a Marta Lamas decir que la prostitución o “trabajo sexual” -como dice ella- es una actividad precarizada y un comercio nocivo. Me di a la tarea de tratar de entender qué es un mercado o comercio nocivo y encontré que Satz dice que … “el mercado puede considerarse "nocivo" por su origen: limitamos la libertad de disponer y contratar cuando los que contratan y disponen de los bienes no lo hacen por cuenta propia y hay razones para pensar que los titulares del interés objeto de disposición sufren elevados costes de agencia o son, en general, vulnerables. La segunda, cuando el mercado produce resultados "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Aquí tendríamos que preguntarnos por qué se prohíbe a una persona disponer libremente de sus derechos (contratos usurarios, contratos de esclavitud, compromisos de no contraer matrimonio) o por qué determinadas transacciones no pueden implicar contraprestación (donación de sangre o de órganos) o por qué uno no puede obligarse por un tiempo demasiado largo (contratos "para toda la vida") es un tema muy atractivo porque nos coloca en el centro de discusiones que se suponen socialmente importantes. 
 
Este es el caso de la prostitución, el tráfico de órganos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, entre otros, y la respuesta es muy sencilla, la dignidad, la integridad, la seguridad y la vida no son bienes jurídicos que estén disponibles, y por lo tanto nadie puede consentir su propia explotación.
 
Además y, en suma, la libertad individual está limitada por la libertad de las demás personas, porque produce efectos "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Estamos promoviendo una iniciativa que hemos presentado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y esperamos que todas y todos los lectores de “Mujeres Cautivas”, nos puedan apoyar con su firma. La iniciativa está en el siguiente link:  https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog.
 
Habla, opina, no te quedes callada.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL

Sin que nos diéramos cuenta y aún contra todo pronóstico, la realidad de violencia contra la población en México no sólo se feminizó, sino que las cifras de feminicidio, violencia sexual, trata, acoso público y falta de debida diligencia en la denuncia de violencia familiar fueron a la alza. Tan sólo este fin de semana en algunas entidades del país se registraron 3 o 4 casos de feminicidio en menos de  48 horas.
 
En 2012 el Comité de Expertas de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) recomendó al Estado mexicano tomar medidas para evitar que la violencia derivada de la estrategia contra el narcotráfico se tradujera en un incremento en el número de violaciones, casos de feminicidio, desapariciones y escasa atención a las denuncias de violencia familiar contra las mujeres y niñas, pues se veía una tendencia a la alza.
 
Este año, el gobierno mexicano debió presentar su noveno informe de cumplimiento de las recomendaciones hechas por este grupo de expertas en 2012, pero de nueva cuenta se retrasó.
 
No obstante la realidad y el recrudecimiento de la violencia contra las niñas, mujeres e identidades femeninas (transexuales, trasvestis, transgénero) coloca en un escenario difícil lo que se informe, y contraste o no, con la realidad.
 
Hay responsabilidades específicas del Estado mexicano, eso ni  dudarlo, y mucha de la responsabilidad que surge a la luz de los registros y denuncias de casos de feminicidio por todo el país es el esfuerzo de “ocultarlos” bajo la clasificación del delito de “homicidio”, pero también hay un problema social de impunidad.
 
Ocultar el dato
 
Cambiar de nombre un feminicidio por "homicidio" en la calificación del delito, no borra el hecho y esto aplica igual con las tentativas de feminicidio clasificadas como “lesiones” u otras retóricas discursivas que operan a favor de la invisibilización de la violencia contra las mujeres pero que no cambian la realidad.
 
Como tampoco lo hace el arma utilizada o el origen indígena, urbano, rural o extranjero de la víctima; tampoco la geografía: no son casos de feminicidio los de Yucatán y el Estado de México, pero no los de Campeche o Baja California por ser “estados vecinos” o más o menos seguros. Lo que subyace detrás de esa retórica es el uso político del feminicidio que no borra los hechos de violencia contra las mujeres.
 
En todos los casos está la misma causa: misoginia y desprecio por la vida de las mujeres.
 
El propósito del tipo penal es retomar lo que plantea la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) para que toda la sociedad visibilice la violencia contra las mujeres por razones de género y se tenga claro que "es una ofensa a la dignidad humana".
 
El de la mujer asesinada por el marido quien luego se suicidó, o la fotógrafa extranjera en Yucatán, el de la joven madre y esposa atropellada en Quintana Roo, las estudiantes asesinadas en Puebla y Edomex, todos esos casos son feminicidio por el desprecio que muestran hacia la vida de las mujeres.
 
No hay casos de feminicidio graves ni menos graves, no es el número de mujeres asesinadas, es la causa.
 
Pretender borrarlas como "homicidios", no sólo habla de la incapacidad en la investigación judicial, sino que confirma lo que sostiene la Relatoría de la CIDH sobre el acceso a la justicia para las mujeres la cual plantea que las instituciones, operadores y actores políticos "son un obstáculo para la aplicación de la legislación e impiden con ello la sanción de quienes violentan a las mujeres". Esto nos lleva a mirar una grave omisión del Estado Mexicano.
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio aporta un dato relevante: en 2014, de mil 42 mujeres que fueron asesinadas brutalmente, solamente 353 casos fueron investigados como feminicidio. Siete mil 185 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría entre 15 y 20 años de edad, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres; 26 por ciento de ellas son menores de edad.
 
Podemos seguir omitiendo las cifras, enmascarando las violencias, permitir que sigan saliendo notas en las que se dé cuenta que la reparación del daño a una niña víctima de violencia sexual sea un par de cartones de cerveza en una comunidad de Oaxaca, como lo reportó un medio, podemos seguir en retóricas discursivas o asumir que hay una grave emergencia nacional de violencia contra las mujeres y niñas.
 
Hay también un uso de la violencia institucional como medida para mantener la desigualdad, es la discriminación sistémica apoyada y que apoya a un sistema social que castiga a las mujeres.
 
Y por supuesto la hoguera social de las redes sociales, el llamado a “matarlas” cuando transgreden, que nos explica por qué México es un Estado feminicida, y eso es porque su sociedad también lo es.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL

La pobreza, violencia y exclusión social generan que haya mujeres y niñas vulnerables a la trata de personas en tanto que la migración y movilidad humana incrementan los riesgos para ser víctimas de ese delito, coincidieron defensores de las mujeres y las personas migrantes.
 
En un encuentro regional realizado la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, las organizaciones civiles aseguraron que los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral son más complejos y desafiantes que los términos que establecen las leyes para prevenir, atender y sancionar este fenómeno de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
 
Convocados por Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS); la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración; y Formación y Capacitación (Foca), las y los activistas
hicieron un análisis de las actuales normas que regulan la migración y sancionan la trata de personas; cabe decir que en México desde 2012 existe la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
 
Las organizaciones reflexionaron que en el actual contexto centroamericano hay una cosificación de las personas, los cuerpos, los bienes materiales y los territorios, por lo cual advirtieron que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante para brindar atención a las personas en vulnerabilidad.
                                
Además señalaron que México, Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen una responsabilidad ineludible, para prevenir, proteger y resarcir a las víctimas, investigar y sancionar este delito, así como tomar acciones para atender la pobreza, los distintos tipos de violencias y otros factores que provocan la trata de personas.
 
En el encuentro donde participaron organizaciones mexicanas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, La 72, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y el Instituto para las Mujeres en la Migración también se hizo un pronunciamiento por el respeto a las personas que se asumen como “trabajadoras del sexo”.
 
16/AGM/LGL

Tlaxcala, estado situado al sur de la República Mexicana, en donde en al menos 35 de sus 60 municipios existen familias dedicadas a la trata y explotación sexual comercial (ESC) de mujeres y niñas, solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata y violencia sexual el pasado 9 de agosto, la cual fue admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el 30 del mismo mes.
 
Será el próximo 6 de octubre cuando venza el plazo que da el Inmujeres, para que el grupo de trabajo que se conformó y que investigará la situación de violencia en la entidad, entregue su informe y recomendaciones al gobierno del estado.
 
Según información proporcionada por representantes de 19 organizaciones de la sociedad civil y de Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, la solicitud de AVG es resultado de la inacción gubernamental y simulación que se mantiene hacia este problema, pues a 5 años de la existencia del Plan Sexenal y Estrategia Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas, las autoridades estatales no dan resultados que indiquen que el problema se está combatiendo frontalmente.
 
“Esta es  la primera solicitud de alerta en el país que se enfoca al delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, lo cual muestra que debido a la gravedad del problema pone nuevamente en la mira nacional a Tlaxcala y desenmascara la política de simulación que ha venido ejecutando el gobierno estatal”, sentenció Alejandra Méndez Serrano, Directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local. 
 
La activista subrayó que en la solicitud de Alerta sólo se habla de 13 municipios para aplicar la AVG, sin embargo de acuerdo a un estudio  realizado en 2014 por el Centro Fray Julián Garcés, “la trata de mujeres está presente  en al menos 35 de los 60 municipios de la entidad en donde existen familias dedicadas a la explotación, víctima de trata o lugares donde se explotan a mujeres”.
 
Las asociaciones civiles exigieron al gobierno del estado encabezado por Mariano González Zarur -quien termina su mandato el próximo 31 de diciembre- que independientemente de los tiempos de transición, cumpla con su deber de garantizar a las tlaxcaltecas su derecho a vivir libres de violencia y explotación sexual.
 
El grupo de trabajo quedó conformado por la representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Alejandra Silva Carreras; la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Amalia Cruz Rojo; el representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) Oscar Montiel Torres y del Colegio de Tlaxcala,  Ángel Christian Luna Alfaro.
 
En tanto, la solicitud de AVG presentada entre otras por la organización “Todos para Todos”, especifica que el objetivo de dicha petición “es que se garantice la libertad e integridad sexual, así como la seguridad de las mujeres en esa entidad, y en especial en los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla.
 
16/EMV/LGL