Macuspan

Lucía Hernández Canul y Elizabeth Arias Nicolás, defensoras indígenas de los Derechos Humanos en Macuspana, Tabasco, advierten que lucharán hasta el último día y seguirán enfrentando la obstinación de las autoridades, como lo han hecho por siete años, hasta que consigan construir una maquila que beneficie a su comunidad con una vida y trabajo dignos.  
 
Lucía Hernández, quien vive en la Ranchería el Triunfo, a casi una hora de la cabecera municipal de Macuspana, afirma en entrevista con Cimacnoticias que el compromiso por luchar lo heredó, pues viene “de una familia de guerreras y guerreros” y que su madre fue una de las mujeres que, organizadas desde  2010, lograron que el gobierno municipal cumpliera con la entrega de pisos firmes para sus viviendas. Luego buscaron la construcción de una planta textil donde ellas fueran dueñas, para que se convirtiera en una fuente de trabajo para la comunidad indígena de choles y chontales a la que pertenecen.
 
El padre de Lucía participó en 1994 en las protestas de obreros y campesinos de la entidad, quienes denunciaron la afectación de sus tierras por la sobreexplotación de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Él sabe que solo cuando te manifiestas el gobierno te hace caso”, afirma,  “y me dice que siga adelante, que es mi vida y tengo que ver cómo voy a sostenerme”.
 
También las dos hermanas de Lucía se unieron a las  movilizaciones para exigir la construcción de la maquila, proyecto aprobado por el gobierno desde 2012, pero que sigue sin concretarse.
 
Las enfermedades de su madre y su padre orillaron a las hermanas de Lucía a retirarse de la lucha y acordaron “que yo seguiría mientras ellas me apoyan cuidando a mis papás”. Explica que a su madre le dio una parálisis de medio cuerpo, pero sigue apoyándola, porque no solo buscan el apoyo propio, sino el de la comunidad. 
 
Lucía explica que su proyecto surgió porque en Macuspana no hay trabajo, “el gobierno no ha puesto ningún lugar donde podamos emplearnos”. Ella se dedica a las labores del hogar, cocina, lava, vende pozole, hace tortillas, “a lo que uno pueda recoger”, porque el salario no abastece. 
 
 “PESE A TODO, SIGO”
 
Elizabeth Arias tiene 60 años y es de una comunidad indígena chol ubicada en el poblado de Palomas, Macuspana. Dice que ya perdió la lengua chol que todavía hablaba su abuelo y ahora sólo habla español.
 
Todos los días, a las 7 de la mañana, Elizabeth llega al pequeño taller de costura a trabajar. Hace un año el gobierno municipal les dio permiso de instalar en una de sus oficinas la maquinaria textil que compraron con fondos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Dicen sus compañeras que  “se ha vuelto una costurera excelente”.
 
Elizabeth gasta más de 50 pesos diarios en pasajes para recorrer tres kilómetros de su casa al taller y cuando tienen que salir más tarde regresa caminando por la carretera. Casi todo el dinero que gana vendiendo las prendas que hace lo pierde en pasaje, pero no se da por vencida.  Enseñó  a sus hijas a coser en las máquinas, pero ya no siguieron trabajando porque tienen que cuidar a sus hijos. 
 
La gente de su comunidad no entiende por qué insiste en hacer una maquila, si está perdiendo dinero y tiempo, pero ella responde, con  voz entrecortada y limpiándose las lágrimas: “Seguiré exigiendo hasta que me muera y consigamos la maquila. Mis otros hijos, las vecinas, me preguntan para qué voy, que voy a perder todo, pero yo les digo: ¡No tengo nada!, ¿qué puedo perder? no me voy a ir sin luchar”.
 
SU MAQUILA
 
El proyecto de la maquila, en el que trabajan desde hace siete años las defensoras de DH Lucía Hernández Canul y Elizabeth Arias Nicolás, a quienes las define su fidelidad y pasión por superarse, se llama cooperativa Exótica Textiles, S.A. de C.V., y está conformado por 50 mujeres.
 
Ellas han tenido que exigir durante casi una década la respuesta del gobierno municipal, estatal y federal, así como el apoyo de las Comisiones de Derechos Humanos nacionales y estatales. Y tras enfrentar  trabas, omisiones y violaciones a sus Derechos Humanos, lograron, en enero pasado, que el gobierno estatal hiciera públicas las escrituras del predio que les donó y que las reconociera como dueñas, con lo cual pueden empezar la construcción de la maquila.
 
Las defensoras de DH narran a Cimacnoticias que la represión en su contra se incrementó en 2015, cuando en marzo, ante la negativa del Gobierno estatal por ingresar sus proyecto al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), pese a que se los prometieron en  reuniones con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, David Gustavo Rodríguez Rosario, Lucía inició una huelga de hambre afuera de dicha dependencia.
 
Sus compañeras, y su representante legal, el defensor Julio César Álvarez Santos, se sumaron a la exigencia y el 25 de marzo, al concluir un acto público del gobernador Arturo Núñez, en la Plaza Revolución de Villahermosa, policías estatales las golpearon. “Nos lastimaron, nos pegaron con sus puños y pistolas, detuvieron al licenciado y a un compañero”, recuerda Lucía. Gracias a al apoyo de organizaciones civiles fueron liberados.
 
No desistieron. Tras la presión mediática, el gobierno estatal convocó a una reunión donde aceptó dar 7 millones de pesos para la maquiladora. Pagaría 5 millones y 2 millones más serían para fondo perdido. Sin embargo, les pidieron como requisito las escrituras públicas, por lo que el  proceso se retrasó varios meses más.
 
“Todos nos dieron largas, por eso decidí instalarme en la Comisión Estatal para que declarara y hablara por nosotras”, cuenta Lucía. Desde noviembre de 2014 la instancia de defensa de los DH ya había emitido cinco recomendaciones presidente municipal de Macuspan, Víctor Manuel González Valerio, por el incumplimiento de compromisos en cuanto a las maquilas.
 
“Ahí, afuera de la Comisión Estatal, mandaron a alguien a que me echara ácido”, recuerda Lucía, “lo hicieron para que levantara la huelga, pero yo dije, prefiero morir luchando que de hambre porque estamos luchando para tener un trabajo digno. Y dije, de aquí me sacarán muerta. Ahí fue donde cedió el Ombudsman”. Por ello nadie ha sido sancionado.
 
Continuó en el Congreso de Tabasco con la huelga de hambre que había empezado desde hacía casi dos semanas. El 11 de agosto, la presidenta del movimiento, Alicia Jiménez Hernández, y Julio César Álvarez fueron encarcelados.
 
Desde julio de 2015, las mujeres solicitaron a la CNDH un recurso de impugnación por el incumplimiento de las autoridades a las recomendaciones emitidas por las Comisión Estatal, pero denuncian que  la instancia no ha actuado a su favor.
 
“Y la CNDH nada más contemplando a estas mujeres, que las han golpeado, encarcelado. Para qué juran respetar el Artículo primero de la Constitución si lo violan a cada rato, para que existe la Comisión Estatal o la nacional si al final sus recomendaciones no son vinculatorias ni obligan a que se respeten. Es una simulación, es el doble discurso de nuestra clase política”, denuncia Julio César.
 
“Cuando nos atacan, afirma Lucía,  dicen que somos manipuladas por el licenciado Julio y yo digo no, no soy manipulada porque siento el dolor de no tener un plato en tu mesa, ellos no lo sienten porque ellos comen sus tres comidas, nunca he sido manipulada por él”. Y advierte: “yo he sentido el dolor para entrar a esta lucha y no la voy a dejar hasta el final”.
 
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Mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco, quienes desde hace siete años buscan la creación de una maquila, enfrentan desde entonces violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades federales y estatales, así como a la pasividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión estatal, por lo que no pueden aún concretar su proyecto.
 
Eso denunciaron en entrevista con Cimacnoticias cinco de las 50 mujeres que integran la cooperativa Exótica Textiles, S.A. de C.V., y que ahora, ante los agravios y años de dilación para que la autoridad apoye su proyecto, acompañadas del Centro Miguel Agustín  Pro Juárez A.C., solicitaron el 19 de junio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que atraiga el caso para que analice las violaciones a sus derechos.
 
Exótica Textiles, explican, es un nombre que expresa la idea de que son “exóticas, porque nacieron en un terreno difícil, en lo diferente y  porque no se conforman con lo poco que ofrecen los políticos, sino luchan por mejores condiciones de vida”.
 
Ellas son, explicó el defensor de Derechos Humanos y su representante legal, Julio César Álvarez, parte de las 77 mil 912 mujeres que habitan en el municipio de Macuspana y que  representan 51 por ciento de la población, de acuerdo a datos de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Municipio donde además, se estima (datos de 2015) que 68 por ciento de la población total vive en situación de pobreza.
 
EL PROYECTO Y LA DILACIÓN
 
Su proyecto inició cuando en 2010, 700 mujeres lograron que el gobierno municipal les construyera 5 mil 500 pisos para sus viviendas, como parte de un programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto motivó que 500 de ellas se organizaran y buscaran que el Gobierno estatal financiará la construcción de la primera planta maquiladora de confección de prendas de vestir en el municipio, de la que ellas fueran dueñas y donde pudieran autoemplearse.
 
Se acercaron entonces con investigadores del Instituto del Politécnico Nacional (IPN) para diseñar el plan de negocios del proyecto, el cual les donó en 2011 la entonces directora de esa institución, Yoloxóchitl Bustamante Díaz.
 
Sin embargo, desde entonces, por orden de las autoridades y “como práctica dilatoria”, denuncian las mujeres, el Gobierno estatal les ha pedido tres veces la reelaboración del estudio, por lo que también se han acercado a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a la Universidad Autónoma de Puebla, que afirman, a través de estudios, que el proyecto es factible.
 
La constante exigencia de las mujeres logró que en 2012, a una semana de que el gobernador estatal, el priista Andrés Granier Melo, dejara el cargo el gobierno les donó un predio en comodato a 30 años. Luego, al asumir la gubernatura el  perredista Arturo Núñez Jiménez, contaron las mujeres, les dijo en una reunión, en agosto de 2013, que las apoyaría, sería “su padrino y ángel de la guarda”.
 
Sin embargo, los meses transcurrieron sin avances, por lo que, en noviembre de 2013, un grupo de mujeres tomó la Tribuna del Congreso Estatal. “Ahí nos agredieron, nos golpearon y nos amenazaron con llevarse  nuestras credenciales para inculparnos por un delito, pero nosotras no teníamos miedo, sabíamos que no hicimos nada malo”, narró Lucía Hernández Canul, de la Ranchería el Triunfo, en Macuspana.
 
"Cuando ellos nos hacen cosas a nosotras nos dan ánimos, cuando piensan que nos van a derribar nos ponen más en alerta. Queremos que haya trabajo para todas y dejar algo para la comunidad", afirma la defensora de más de 60 años de edad y habitante de la comunidad  Villa Benito Juárez, Isabel Antonio Guzmán.
 
Ese mismo año, el Gobierno estatal les ofreció 100 máquinas industriales, 100 becas y capacitaciones que no fueron entregadas y en 2014, junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ofreció recursos para el proyecto, pero no presentó en tiempo las cartas compromisos que obligaban a aprobar los recursos.
 
Lo mismo ocurrió en 2015, cuando el gobierno de Núñez no ingresó el plan de negocios al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para que este se construyera, aún cuando la instancia había aprobado ya toda la documentación.
 
DESESTIMAN SU LUCHA
 
Luego de diversas exigencias, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió las recomendaciones 145, 146, 147, 148 y 149/2014, dirigidas al presidente municipal, Víctor Manuel González Valerio, donde se le obliga a emitir los recursos necesarios para la implementación de la maquiladora, a aprobar políticas públicas en favor de las trabajadoras y a emitir una disculpa pública por la violación de sus Derechos Humanos.
 
Pese a ello, las trabajadoras denuncian que la Comisión Estatal no presionó al Gobierno para cumplirlas, lo que las llevó a manifestarse en un acto público del gobernador, Arturo Núñez, el 25 de marzo de 2015. Al terminar el acto, la escolta del mandatario las golpeó.
 
En agosto de 2015 Lucía Hernández inició una huelga de hambre en el Congreso Estatal donde, contó a Cimacnoticias, fue ignorada durante ocho días. El 11 de agosto sus compañeras la acompañaron y fueron detenidas la presidenta del movimiento, Alicia Jiménez Hernández, junto con Julio César Álvarez, acusados de instigación a cometer delito en pandilla. En protesta, la hija de Alicia, una menor de 13 años, se sumó a la huelga de hambre. Ambos fueron liberados en noviembre de ese año.
 
El 23 de julio de 2015 las trabajadoras entregaron a la Comisión Estatal y a la Quinta Visitaduría de la CNDH un recurso de incumplimiento a las recomendaciones. Desde entonces esperan que ésta se pronuncie en su favor y denuncian su “pasividad”.
 
“Yo  prefiero morir luchando que de hambre, por eso estamos luchando para tener un trabajo digno”, afirma enérgica Lucía Hernández. Y explica que si bien desde marzo de este año ya cuentan con las escrituras que acredita a 34 de ellas como propietarias de un predio en la Ranchería José López Portillo, a unos minutos de la cabecera municipal de Macuspan, están en espera de que la construcción sea financiada por el INADEM, a través de 8 millones 820 mil pesos necesarios para que el proyecto inicie.
 
El año pasado, a través de un fondo otorgado por la CDI, las mujeres compraron maquinaria y materia prima para realizar sus primeras prendas, con las ventas de ellas y otros trabajos que realizan se mantienen.
 
Ahora, acompañadas por el Centro Prodh, esperan que la CEAV atraiga su caso.
 
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