Colombia

Al menos 13 mil 810 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en Colombia durante la guerra civil por la que el país sudamericano pasa desde hace más de 50 años. Los principales agresores son miembros de grupos paramilitares, guerrilleros y de las Fuerzas Armadas.

Esto reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe “La guerra inscrita en el cuerpo”, publicado a inicios de este mes. El estudio muestra los resultados obtenidos del registro y la recolección de testimonios de víctimas de violencia sexual – como acoso, violaciones sexuales, explotación sexual comercial, extirpación de genitales, entre otras- cometidas desde 1958 hasta 2016 en el contexto de la guerra civil.

El CNMH contabilizó 15 mil 076 víctimas, 91.6 por ciento de ellas mujeres (13 mil 810). De los más de 15 mil casos determinó que en 4 mil 837 del total (32 por ciento) los responsables fueron agentes paramilitares, en 31.5 por ciento (4 mil 722) miembros de las guerrillas y en 206 se identificaron a agentes del Estado como responsables directos; mientras que a los grupos armados conformados durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (de 2002 a 2010), conocidos como “Grupos Armados Posdesmovilización”, se le atribuyeron 950. Destaca que 3 mil 973 de las víctimas no identificaron la pertenencia de sus agresores a un grupo en específico.

En cuanto a la pertenencia étnica de las mujeres se determinó que al menos mil 152 tenían origen afrocolombiano y 152 indígena. Además, el informe reveló que las principales víctimas fueron niñas y adolescentes de 0 a 19 años de edad, pues se registró a 5 mil 013 víctimas en este rango.

La instancia dependiente del Departamento para la Prosperidad Social del gobierno colombiano, concluyó que la violencia sexual contra las mujeres se relaciona directamente con el conflicto armado pues se usa como “estrategia de guerra”, ya que se comete para frenar la labor de maestras, periodistas, defensoras de los Derechos Humanos y mujeres líderes de sus comunidades que se oponen a la actuación política y militar de los grupos armados.

También se emplea como medio de tortura para obtener información y como "estrategia de disciplina" de los hombres hacia las mujeres que integran los grupos armados para remarcar las relaciones de poder y jerarquías; además de ser parte de la violencia ejercida para obligar a una población a desplazarse y despojarlas de sus tierras. Estas agresiones cometidas en el contexto violento que se vive en Colombia han expuesto a las mujeres y sus cuerpos como “sinónimos de territorios y de objetos en disputa”, denunció el CNMH.

Otro factor que sustenta la relación de las agresiones sexuales con el conflicto colombiano fue el aumento de casos en periodos políticos relevantes. Por ejemplo, de 2000 a 2005 se registraron 45.7 por ciento de los casos, cuando el gobierno colombiano promovió con más intensidad el uso de las armas y las guerrillas también respondieron con acciones violentas. Mientras que de 2011 a 2014, donde se cometieron 11.8 por ciento de las agresiones, corresponde al periodo en el que se buscó con más intensidad reacomodar a las guerrillas.

Organizaciones civiles colombianas han alertado sobre la urgencia de erradicar y sancionar esta violencia por las afectaciones al proyecto de vida, a la salud física y emocional de las mujeres, lo que se corroboró con los testimonios de mujeres y niñas que refirieron presentar embarazos producto de violaciones, de ellas varias afirmaron llevarlos a término porque no tuvieron alternativas para interrumpirlo, incluso en los casos que ocurrieron después de 2006, cuando el Estado colombiano legalizó la interrupción del embarazo si es producto de una violación.

El informe “La guerra inscrita en el cuerpo” se realizó luego de que durante años organizaciones y colectivos de mujeres solicitaran al gobierno justicia para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y la documentación de los casos.

El resultado de sus exigencias derivó en la promulgación, en 2014, de la Ley 1719, misma que obliga al gobierno colombiano a implementar medidas que garanticen el derecho de acceso a la justicia para estas víctimas; dicha legislación también ordenó al CNMH a realizar el diagnóstico del contexto en el que se agrede sexualmente a las mujeres en el país.

17/MMAE/LGL

Patricia Sellers, abogada penal internacional y asesora especial para las estrategias de procesamiento en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, logró que la violencia contra las mujeres se declarara crimen de guerra por primera vez en la historia, en los juicios de la ex Yugoslavia y Ruanda, y es una de las mujeres que más sabe en el mundo sobre violencia sexual y crímenes de género.
 
Esta célebre jurista, nacida en Estados Unidos en 1954, participa en el acto “Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia”, organizado por Atelier ONGD en Valencia. AmecoPress ha podido hablar con ella.
 
Gloria López (GL): Lleva toda la vida luchando contra la violencia sexual y en concreto contra aquella que se produce en el conflicto armado. ¿En qué situación estamos?
 
Patricia Sellers (PS): Es cierto que el Derecho Penal está tomando en cuenta más las agresiones sexuales, pero tenemos que avanzar mucho todavía. Hay evidencias de violencia sexual en muchos países que están en guerra, pero también en escenarios donde no hay un conflicto, los crímenes contra los Derechos Humanos no solo se dan en el marco de una guerra. Y eso todavía no se comprende bien.
 
GL: ¿Qué motivación tienen estas agresiones? ¿Qué busca, qué quiere comunicar quien la ejerce?
 
PS: Es una agresión personal, pero también es una agresión a toda la comunidad. Producen humillación, vejación, miedo, para demostrar la fuerza, para someter a las víctimas… pero también a todos los que las rodean. Se usan como acciones ejemplarizantes, como muchos otros actos para destruir al enemigo, son una táctica. Son, repito, una agresión a toda la comunidad.
 
GL: La legislación, los Tribunales, las sentencias ¿hacen evidente este tipo de violencia o sigue quedando oculta en el contexto de la guerra?
 
PS: Estas agresiones contra los Derechos Humanos pueden perseguirse como crímenes de guerra si tienen relación con un conflicto armado, como crímenes de lesa humanidad si se dan en un ataque contra la población civil sistemático; o de genocidio si tienen intención de destruir a un grupo étnico, por ejemplo.
 
Todos los crímenes internacionales son difíciles de perseguir. Pero la falacia de que los crímenes de violencia sexual son más complejos justifica que la impunidad prevalezca. Hay que investigarlos, perseguirlos, documentarlos y reparar a las víctimas.
La legislación, los Tratados Internacionales son importantes, y de hecho estos crímenes ocupan un lugar central en el derecho humanitario, pero luego hay una interpretación que depende de los Estados nacionales y de la voluntad política.
 
GL: ¿Qué hace falta para impulsar su persecución?
 
PS: Para combatir la impunidad hay que combinar de manera realista las medidas políticas y los recursos disponibles. Hay que educar a la sociedad e informar sobre las mujeres y hombres que han sufrido violencia sexual. Los profesionales que intervienen en el proceso, como jueces, investigadores, profesionales sanitarios y sociales, fuerzas de seguridad, necesitan formación constante.
 
GL: Las víctimas necesitan una reparación. ¿Cómo se afronta esto?
 
PS: Estamos empezando. Todavía cuesta entender que la esclavitud sexual forma parte de la esclavitud. Cuesta entender que hablamos de una violencia contra la persona, la comunidad y el mismo Estado. Y también hay que tomar conciencia de que se necesitan fondos para poder reparar a las víctimas, algo que debe entenderse como un proceso normal de transición hacia la justicia.
 
GL: En Colombia, tras muchos años de violencia, se está apostando por la paz, aunque no sea la paz soñada. ¿Se está contando con las mujeres en los procesos de paz? ¿Se está incluyendo la reparación de etas mujeres que ha sido dañadas por todos los bandos?
 
PS: Prefiero no manifestarme sobre ese caso concreto.
Vivimos un contexto muy violento, el mundo está azotado por numerosos y terribles conflictos. Esto favorece el aumento de todo tipo de violencia, en el territorio en guerra y en los circuitos de huida, en contextos cercanos. Y como siempre, mujeres y niñas son las más perjudicadas.
 
Es así. Y es muy complicado. Por eso nosotros defendemos la idea de integridad sexual. Por ejemplo, en los campos de refugiados, es cierto que hay que prevenir y trabajar porque no se produzcan agresiones sexuales, que mujeres y niñas gocen de seguridad. Pero también es cierto que las familias tienen derecho a tener vida sexual, es importante promover espacios de salud en esos campamentos, que sean lugares tranquilos.
 
17/GL/GG

Este jueves, en Bogotá, Colombia, frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, cientos de mujeres y organizaciones feministas se reúnen desde las cuatro de la tarde, en contra de la violencia de género, con la consigna “¡Basta ya!, Colombia no a la violencia y no al feminicidio”.
 
Convocadas por la  Fundación Maisa Covaleda, su propósito es llamar la atención, protestar con velas, flores, cruces y globos,  y hacer conciencia ante el grave problema de la violencia contra las mujeres que ha ocasionado 204 casos de feminicidio, de enero al 11 de abril de este año, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal.
 
Y a esa cifra se suman ya los más recientes asesinatos: el de la niña Sarita Palacio, torturada, muerta y abandonada en Armero Guayabal; la  bebé de cuatro meses vejada y asesinada en el departamento del Meta; Mónica Ávila, maltratada y muerta en Cundinamarca; la joven del resguardo indígena Yaquiva del Cauca; el de Leidy Laura Burgos de Medellín, y el más reciente  de Jennifer Katherine Cáceres, de 24 años, apuñadada en Bogotá, crímenes que desbordaron la indignación social.
 
Protestan también en contra de la violencia sexual contra la niñez, ya que datos del Instituto de Medicina Legal señalan que entre enero y marzo de este año se han practicado 4 mil 315 exámenes médicos por presunto delito sexual contra menores de edad,  3 mil 674 a niñas. 
 
Por eso hoy, en la movilización se exigen, como hace un año al inicio de la campaña “Romper el Silencio”, convocada por  María Isabel Covaleda y Beatriz Torres, víctimas de violencia de género, que haya políticas públicas para la protección de las mujeres y niñas colombianas; que la ciudadanía se convierta en inspectora de la justicia y actuar ante la indignación.
 
Explican las convocantes que la protesta se realiza frente a la sede de la Fiscalía General, porque ahí se investigan los casos de feminicidio y se califican los procesos, aunque deberían también  protestar ante la Policía, la Procuraduría y las Personarías, ya que esas instituciones deben asumir sus responsabilidades para garantizar la vida de las mujeres.
 
La propuesta de movilizarse este miércoles surgió hace dos semanas, cuando la organización Maisa propuso actos en protesta por el feminicidio de  Claudia Johana Rodríguez, quien tenía  40 años de edad cuando fue  asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.  
 
Ante el silencio de las instituciones del gobierno que debería garantizar la vida de las mujeres, cuestionaron en dónde está la revisión de los procesos y por qué las instituciones no se pronuncian  y por qué la policía no cumplió con proteger a la ciudadanía, como sucedió con Claudia. Hoy la protesta no es por Claudia, es por todas. 
 
17/RED

Hace 17 años, el 10 de marzo del año 2000, el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María llegó a Mampuján, en el Caribe Colombiano, amenazando con “quemar casas y mochar (cortar) cabezas”, recuerda Gledys López. Días antes, los paramilitares habían pasado por El Salado, un pueblo cercano, cometiendo una de las masacres más recordadas de Colombia, donde murieron 60 personas. Tenían intención de repetirlo.
 
Gledys forma parte de un grupo de mujeres que superó el trauma causado por la barbarie cosiendo tapices, superponiendo retazos y plasmando en un lienzo de tela sus experiencias, para que no se le quedaran dentro. Ahora, también apoyada en una desmesurada fe, es capaz de contar con pelos y señales lo qué pasó aquel día sin que apenas se le quiebre la voz. “A eso de las cinco de la tarde incursionaron a Mampuján las Autodefensas Unidas de Colombia, dieron una orden a todos los pobladores para que nos reuniéramos en la plaza y dijeron: ‘¿Ustedes saben lo que pasó en El Salado? Lo que pasó en El Salado lo hicimos nosotros y eso mismo vinimos a hacer acá’”.
 
La noche ya había caído en Mampuján mientras sus habitantes, acusados de colaborar con la guerrilla, formaban y rompían filas bajo las órdenes de alias ‘Diego Vecino’ y alias ‘Cadena’, los jefes paramilitares. Sus hombres aprovecharon para meter en camiones cualquier cosa de valor que encontraron en el pueblo, desde víveres hasta electrodomésticos.
 
Fue entonces cuando recibieron “una llamada telefónica en la que les dijeron que no se metieran con los civiles porque eran inocentes”, cuenta Gledys. Lo cierto es que hoy no se sabe quién ni por qué hizo esa llamada, que, si bien evitó la masacre en Mampuján, no evitó el desplazamiento de 245 familias, ni la muerte de 12 campesinos unos kilómetros más allá, en Las Brisas.
 
EL DESPLAZAMIENTO
 
Los paramilitares no mataron a nadie ese día en Mampuján, pero ordenaron a la población abandonar el pueblo el día siguiente antes de las ocho de la mañana “porque si ellos regresaban y nosotros estábamos ahí nos iban a matar”, recuerda Gledys. En ese momento, 245 familias, casi mil 500 personas, se convirtieron en desplazados en un municipio, Marialabaja, situado a escasos kilómetros de su casa. Un colegio, la casa de la cultura y dos prostíbulos pasaron a ejercer de albergues en los que convivieron, en el caso de Gledys, tres años. Pasado ese tiempo ella y muchos vecinos se instalaron en un nuevo asentamiento llamado Rosas de Mampuján o ‘Mampujancito’, donde levantaron de nuevo sus casas.
 
Mientras estaban en Marialabaja, sin nada que hacer mientras los hombres volvían, con cierto temor, a trabajar a las tierras en Mampuján, “pensamos que teníamos que hacer algo para cambiar ese rol de vida que estábamos llevando y nos creaba mucho estrés porque no nos sentíamos cómodas así”, apunta Gledys.
 
A través de Ricardo Esquivia, un pastor menonita, conocieron a Teresa Geiser, también predicadora, quien les enseñó a coser tapices con formas geométricas, pero esa técnica les acabó aburriendo. “Le dijimos a Teresa que si no podíamos hacer otra cosa con la que nos sintiéramos mejor, y ella nos dijo que sí, que podíamos hacer historias verdaderas”, recuerda Gledys. De ahí nació el primer tapiz, ‘Mampuján, día de llanto’, en el que quedó plasmado el desplazamiento.
 
ARTE Y TERAPIA
 
“Esto que nosotras hacemos, además de ser un arte, también nos sirve como terapia, como salida del trauma y el estrés que estamos viviendo por lo que nos pasó”, afirma Gledys. El primer tapiz fue donado al Museo Nacional y, tal como afirma Margarita Reyes, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la institución le pidió a las tejedoras que hicieran otro para poder exhibirlo también. Ambos tapices se turnan en la exposición por motivos de conservación, y el que se encuentra expuesto hoy en la Sala Memoria y Nación del Museo ‘Ma Jende Mi Prieto’, Mi Gente Negra en lengua palenquera, un dialecto afrodescendiente, que mezcla el español con el bantú.
 
La mayoría de las personas afectadas son cristianas y, como reconoce Gledys, “hacíamos oraciones y todo eso nos ha ayudado mucho”, también trabajaron con psicólogos, pero cree que quizás no supieron aprovecharlos. Sin embargo la verdadera terapia llegó con los tapices. “Al inicio fue bastante difícil, hubo mucho llanto, volver a revivir esas heridas que estaban llenas de tierra y que una pensaba que ya estaban sanas. Realmente nosotros tuvimos un proceso de sanación con los telares”. Gledys afirma contenta que ella ya sanó, y ahora, junto a sus compañeras, sigue cosiendo para reivindicar las raíces africanas de su pueblo y rechazar los roles que las mujeres tenían establecidos.
 
MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ
 
En el año 2015, las Tejedoras de Mampuján recibieron el Premio Nacional de Paz. Aún a Juana Alicia Ruiz, líder de la Asociación para la Vida Digna y Solidaria (ASVIDAS), que agrupa a las mujeres desde el principio del desplazamiento, le cuesta creerlo.
 
“Yolanda Sierra, de la asociación Punto de Encuentro, nos llamó y nos preguntó si estaríamos dispuestas a rellenar unos requisitos, yo le dije que no, porque yo no creía que nosotras fuéramos a ganar”, recuerda entre risas. Con el tiempo sobre los talones, y gracias a la insistencia de Yolanda Sierra, consiguieron presentar la solicitud a tiempo. Ganaron.
 
La modalidad sobre la que sería juzgado el premio ese año era “comunidad”: “Nosotras en ese tema sí estábamos muy pero que muy fuertes” afirma Juana. El caso de Mampuján fue el primero que obtuvo una sentencia en firme por parte del Tribunal de Justicia y Paz. “Aquello habría podido quedar como un juego, como una burla, si no nos hubiéramos puesto como nos pusimos a exigir por vía no violenta y a hacer todas las estrategias para que eso se diera”, asegura Juana.
 
Desde dramatizaciones hasta caminatas de tres días para conseguir que se les otorgara la reparación que se les había prometido, pues existía la intención de aplicarles una nueva ley, la 1448, de manera retroactiva que reduciría las compensaciones económicas por desplazamiento y masacre prácticamente a la mitad. Consiguieron su propósito y, gracias a esas luchas, también consiguieron el premio.
 
Las luchas comunitarias no son una extrañeza en los Montes de María. Desde los años 90, por su territorio han paseado guerrilleros, paramilitares y Ejército indistintamente, con los desplazamientos, muertes y traumas que trajeron consigo. Los desplazados vendieron sus tierras a muy bajo precio y, una de las principales secuelas, aparte del coste humano de la guerra, ha sido la llegada a la zona de la palma de aceite, acabando con la agricultura tradicional que imperaba en la zona: yuca, ñame, aguacate… Los monocultivos de palma se extienden por buena parte de Marialabaja, municipio al que pertenece Mampuján y, aunque no hay una sentencia que lo pruebe, parece evidente que las incursiones paramilitares tuvieron mucho que ver.
 
Ahora, las Tejedoras de Mampuján, una vez sanada su herida, enseñan a otras comunidades que han pasado por situaciones similares, para que, como a ellas, les sirva como terapia. “Nosotras no solamente nos quedamos con el conocimiento, sino que hemos ido enseñando a muchas personas que están en condiciones similares a las nuestras o que de pronto tienen mucho interés en aprender arte” cuenta Gledys. Las temáticas de los tapices han ido cambiando, comenzaron plasmando sus historias personales y, poco a poco, la costura se convirtió en una forma de reivindicar el origen afrodescendiente de su comunidad y de rechazar el rol que la mujer negra y campesina tenía marcado desde la cuna.
 
LA LEY DE VÍCTIMAS
 
La ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas nació con el propósito de restituir, indemnizar, rehabilitar y satisfacer las necesidades de toda persona afectada directamente por el conflicto armado, además de garantizar la no repetición de los hechos. Actúa tanto de manera individual como colectiva, material, moral o simbólica, y, aunque sí se han producido procesos de restitución de tierras o reparaciones monetarias, no ha logrado cumplir los objetivos propuestos.
 
La Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas en su último informe de agosto de 2016 advertía de la “desfinanciación” de la ley como consecuencia de la bajada del precio del petróleo, la desaceleración económica o el aumento del valor el dólar.
 
Además, el senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión, declaró el pasado día 9 de abril, durante la celebración del Día de las Víctimas, que la ley estaba presupuestada para cuatro millones de personas y ya son ocho millones las registradas en el Registro Único de Víctimas. “Ya se ha gastado más del 91 por ciento del presupuesto asignado y eso quiere decir que la ley está desfinanciada y no se cumplirán con los objetivos de reparar globalmente a las víctimas”, reconoció el senador.
 
A esto se le añade la incapacidad estatal para llegar a las zonas periféricas y rurales, que son precisamente las regiones que más han sufrido la violencia del conflicto. La Unidad de Víctimas no tiene presencia en muchos de estos lugares y donde sí la tiene los funcionarios trabajan de forma muy precaria por la falta de material y de personal. Tras más de cinco años de vigencia de esta ley, aún se está lejos de reparar a los ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto colombiano pues, según recoge el informe “no se ha dado prioridad al gasto orientado a las políticas públicas para atender a la población víctima”.
 
*Este artículo fue retomado de la página de Pikara Magazine.
 
17/MR/GG

La periodista colombiana, Jineth Bedoya ha tenido que relatar más de 11 veces su secuestro, tortura y agresión sexual a manos de paramilitares de ese país y este miércoles testifica nuevamente, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Red Mundial de Defensa para la Libertad de Expresión (IFEX), han llamado a la Procuraduría General de Justicia de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al juez que supervisa el juicio para asegurarse de que esta vez se haga justicia.

Tanto IFEX como la FLIP piden justicia en el juicio contra los presuntos autores de crímenes contra Jineth Bedoya, periodista y activista de derechos humanos, conocida por informar sobre los grupos paramilitares de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el año 2000 fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente por paramilitares; luego, en 2003 fue secuestrada por las FARC. La historia de Bedoya se ha convertido en sinónimo de la impunidad y la corrupción que está arraigada en el sistema judicial colombiano; su lucha se presenta como un caso emblemático en la campaña No Más Impunidad de IFEX.

La Fiscalía ha sido negligente en la presentación de pruebas: los testimonios que son fundamentales para el caso, así como los análisis médicos, se presentaron 10 años después de que los crímenes fueran cometidos.

Además, desde 2012, tres ex paramilitares han sido acusados como parte del proceso penal, sin embargo al 2016 solo dos de ellos han sido sentenciados por el secuestro de Bedoya, y sólo uno por el delito de agresión sexual; ninguno de los cerebros criminales detrás de los ataques ha sido procesado.

En los casi 17 años en que el Poder Judicial se ha dedicado a investigar y procesar ineficazmente estos crímenes, varias personas involucradas, tanto perpetradores como testigos, han muerto o eludido a las autoridades; varios funcionarios estatales vinculados a los crímenes no han sido procesados; esto es indicativo del hecho de que las dos sentencias dictadas hasta el momento en el caso no son suficientes para exponer la verdad completa y lograr que se haga justicia.

Hasta la fecha, Bedoya ha ofrecido más de 11 declaraciones y relatos de lo que le sucedió; en múltiples ocasiones, ha tenido que describir lo ocurrido en mayo de 2000 y los actos de violencia sexual cometidos en su contra; en agosto de 2016, tanto el fiscal del caso contra los presuntos autores Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira, como la defensa, solicitaron un nuevo testimonio de la víctima; el juez aceptó esta solicitud, y hoy Bedoya volverá a testificar.

Las organizaciones consideran que con esta revictimización y el hecho de que Bedoya deba volver a contar la historia de su secuestro, tortura y agresión sexual frente a sus agresores, se ignoran las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

A pesar de esto, y además del sufrimiento físico y emocional que esta situación le ha causado, Bedoya ha decidido testificar una vez más para sentar un precedente sobre los errores que el Estado colombiano ha cometido en su caso, así como en muchos otros juicios relacionados con la violencia sexual.

Finalmente, la FLIP e IFEX esperan que este caso avance positivamente hacia el reconocimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, incluyendo a todos los funcionarios y ex funcionarios del Estado.  

17/RED/GG

Colombia: escenario de una de los enfrentamientos armados más largos de la historia del planeta. Durante este, las mujeres han sido una presencia importante, pero también la población más castigada: sometidas a esclavitud sexual, amenazas, abortos forzados, violaciones, desapariciones y asesinatos.
 
Hoy en día, después de los acuerdos de paz, el destino de las combatientes es incierto.
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han tenido una actitud ambigua con respecto a las políticas de género. Por un lado, reglamentando internamente los aspectos relativos a la igualdad entre los militantes, por ejemplo, mediante la regulación del uso de alcohol y drogas -una de las causas de la violencia de género – por otro lado, imponiendo prácticas autoritarias como el aborto forzado.
 
La fuerte presencia de las mujeres en la guerrilla se debe en parte a la garantía de libertad que ha permitido a algunas escapar de la violencia doméstica o a la trata de personas. Igualmente, desde el año 2002 casi ocho mil mujeres han decidido abandonar la lucha armada.
 
María Emma Wills, quien dirige el Centro Nacional de la Memoria, subraya la existencia de grandes diferencias entre las distintas partes del conflicto: “el papel de las mujeres en los grupos paramilitares y en las FARC-EP es muy diferente, incluso numéricamente. De hecho, en el primer caso representan el ocho por ciento, mientras que en este último llegan al 40 por ciento. Las mujeres de los sindicatos paramilitares, como Rocío Alias, Neila Alfredina Soto y Eleonora Pineda, tenían la tarea de tejer relaciones públicas y de conectar a la política oficial con el paramilitarismo.
 
Mientras el papel de la mujer en la vida cotidiana dentro del ejército paramilitar fue siempre explícitamente despreciado: reclutadas para el trabajo doméstico, a menudo objetos de abuso sexual. En cambio, dentro de la FARC-EP existía un proyecto ideológico y consecuentemente una diferencia. Muchas chicas que vivían situaciones de profunda violencia doméstica, expulsadas emocionalmente por sus propios familiares, encontraron en las FARC un trato igualitario”.
 
En el último discurso del presidente Santos, después de la firma de los nuevos acuerdos de la Habana el tema de “la ideología de género” ha sido uno de los puntos más controvertidos. Las partes que defendieron el NO en el plebiscito por la paz y la Iglesia Católica se han lanzado en defensa de los valores tradicionales de la familia.
 
“Hay que tener en cuenta nuestra situación como mujeres. Algunas tenemos hijos que además crecieron en contextos difíciles. Hace meses sufro de insomnio, casi no puedo comer”, dice una ex guerrillera, que entró a las filas de las FARC-EP a los 13 años y ahora tiene 29.
 
LAS MUJERES EN LOS ACUERDOS
 
Adriana Benjumea, directora de la asociación Humanas, que participó en los acuerdos de la Habana, se muestra contenta: “se han incorporado en los acuerdos algunas propuestas clave como la inclusión en el Tribunal Especial para la Paz de un comité específico para hacer frente a la cuestión de la violencia de género durante el conflicto”.
 
No comparte esta idea Edilia Mendoza, integrante de Mujeres Rurales Colombianas: “Las compañeras que han luchado por sus tierras no fueron escuchadas. Hay varias formas de violencia contra la mujer, no sólo la sexual. La injusticia en el reparto de la tierra, la difícil situación alimentaria. Se habla de más de 5 millones de agricultoras que han sido abandonadas o que han quedado viudas”.
 
EMPODERAMIENTO
 
Victoria ingresó en las filas de las FARC-EP en 1993: “las mujeres eran un poco menos de la mitad del ejército. Entrar en la guerrilla es una forma de empoderamiento en un país machista como Colombia. Las mujeres se sienten reconocidas y capaces de tomar decisiones. Dentro de las FARC-EP no se tolera el acoso sexual, considerado uno de los crímenes más graves, que se castiga con la ejecución. Al mismo tiempo, estamos hablando de un ejército rural, heterosexuales, en donde la homosexualidad no está permitida: pena la expulsión”.
 
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, el 87 por ciento de las mujeres combatientes han tomado el fusil cuando no habían alcanzado la edad de dieciocho años. Muchas fueron reclutadas en las escuelas de pueblo, a través de un contacto con un miembro de la familia perteneciente a las guerrillas, o vinieron a defenderse de la violencia del tráfico de drogas, mientras que otras por convicción ideológica.
 
Es el caso de Myriam, del EPL, (Ejército Popular de Liberación), otro grupo rebelde armado: “Cuando me alisté yo era profesora en una escuela rural. A diario veía la injusticia. Sentí la necesidad de un cambio. Era 1984, y la violencia revolucionaria me parecía ser la única posibilidad. Ahora sólo espero que la paz sea el camino”.
 
MATERNIDADES
 
La ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración, es un organismo estatal que acompaña a estas mujeres hacia una nueva vida en la sociedad. Entre las normas internas de las FARC-EP la maternidad está explícitamente prohibida. María Emma Wills explica cómo “dentro de las FARC-EP muchas mujeres han huido a causa del autoritarismo que regulaba su vida sexual y reproductiva”.
 
Una guerrillera de Mapiripán, un municipio de Colombia, en el que en 1997 los paramilitares asesinaron a decenas de civiles, decidió huir: “con el primer embarazo no tuve otra opción y estuve obligadas a abortar. La segunda vez di a luz, pero después de un mes mi hijo fue llevado a un campamiento diferente. Ocho meses más tarde fui asignada al batallón donde estaba mi bebé, entonces decidí huir”.
 
Wendy tiene una historia similar, proviene de la región de Antioquia - una de las más afectadas por el conflicto: en 2010 tuvo un hijo, pero poco después del parto ha perdido su rastro. Desde entonces, lo está buscando. “Decidí junto con mi pareja de mantenerlo, pero sabía que si quería continuar mi vida como guerrillera tenía que dejarlo en la custodia de un miembro de la familia. He intentado hacerlo, pero mi hijo no terminó en las manos de los hombres de confianza que conocía”.
 
UN REINTEGRO QUE NO ES ROSA
 
Si la vida en la montaña no es fácil, ni siquiera el reintegro es todo color rosa. El estigma, el nuevo ritmo de la vida urbana y un pasado de violencia a menudo hacen difíciles los primeros pasos hacia la nueva cotidianidad de estas mujeres. Por otra parte, no todos los que trabajan con las víctimas tienen una adecuada percepción de lo que significa un apoyo psicológico integral: “Casi no puedo vestirme con cosas consideradas femeninas. He estado acostumbrada a portar el uniforme. Pero aquí me dicen que tengo que ponerme los tacones, usar maquillaje, y me siento incómoda, no puedo caminar, no puedo...”, cuenta una niña de rasgos afro-caribeños.
 
Precisamente por esto Myriam, con un pasado de guerrillera, está trabajando en el norte de la región del Cauca, en el suroeste del país, en la comunidad donde vive “para ayudar a las demás compañeras, recordándoles sus derechos si se encuentran en situaciones de violencia, especialmente la doméstica y económica”.
 
Durante el último congreso de la FARC-EP, en los llanos del Yarí en el sur del país, en septiembre pasado, un tema importante ha sido el de las cuotas de género. María Emma Wills comentó cómo la importante presencia numérica de las mujeres en la guerrilla no se ha traducido en una real representación durante los acuerdos de La Habana: “En la transición a la vida política, el riesgo es que, como en Nicaragua o El Salvador, las mujeres no están representadas ecuánimemente. Esto se aplica a las FARC-EP, y también a las partes institucionales que han negociado con las FARC-EP. El techo de cristal está siempre presente, adentro y afuera de la lucha armada”.
 
*Periodista italiana, investigadora con enfoque género.
 
17/VN/GG
 

La activista keniana Asha Ismail usa su vivencia con la mutilación genital femenina como herramienta para erradicarla: “Si con mi voz una sola persona reacciona y decide pararlo en otro lado del mundo, yo he ganado”. En tan sólo un año, más de 200 millones de niñas y mujeres en 30 países del mundo han sufrido esta práctica, una de las mayores manifestaciones del control sobre el cuerpo de las mujeres.
 
“No sé exactamente cuándo nací, pero según me contaron tendría más o menos cinco años cuando mi familia decidió que era el momento de purificarme”.
 
Era el turno de palabra para Asha Ismail, fundadora de la oenegé “Save a Girl, Save a Generation”, y la sala enmudeció. La jornada estaba siendo intensa, e incluso dolorosa, pero lo más arrebatador fue la intervención de esta mujer keniana.
 
“La noche anterior pasé muchos nervios, como una niña esperando la Noche de Reyes. Por la mañana me mandaron a comprar cuchillas. Y empezaron a cortarme. Era muy doloroso y cuando grité me metieron un trapo en la boca, porque una mujer no debe mostrar su debilidad. Estaba mi abuela sujetándome y mi madre indicaba dónde cortar”.
 
Las jornadas “Mutilación genital femenina: aprendizajes y retos”, organizada por Munduko Medikuak / Médicos del Mundo Euskadi, habían abordado la cuestión desde el punto de vista de la intervención y prevención que se puede hacer y se hace en el Estado español, concretamente en Bilbao. También se analizó la importancia de la mediación, pero la dura realidad a la que se enfrentan millones de mujeres atravesó el estómago y las entrepiernas de las personas participantes con la intervención de Ismail. Seria, dura, clara.
 
“Luego me cosieron con hilo y aguja. Me sellaron completamente, para asegurar mi virginidad, y me dejaron dos agujeros muy pequeños. ‘Ten cuidado’, me decía mi madre, ‘que como no se cure te volvemos a cortar’. El dolor físico y la herida se curan, pero los problemas empiezan a partir de ahí porque te cambia la vida: cuando haces pis, cuando tienes infecciones, cuando te viene la regla porque no tiene lugar por dónde pasar…”.
 
Está acostumbrada a hablar en público, a contar su historia, pero cada vez que lo hace se estremece. Para y respira para continuar, porque está convencida de que la mejor manera de luchar contra la mutilación genital femenina es contar en primera persona qué es y qué supone en realidad. Mirando a la cara.
 
“Llegas a sentir vergüenza por lo que te ha pasado. Y no se podía hablar de ello. Yo preguntaba a mis hermanas si ellas tenían dolores o les dolía y me decían que no. Me sentía un bicho raro”.
 
CONTROL SOBRE EL CUERPO  
 
La mutilación genital femenina (MGF) –tal vez sería más correcto hablar en plural porque existen diferentes tipos de corte- es una de las formas más brutales y extremas de violencia contra las mujeres. Los daños físicos, psicológicos y emocionales son evidentes, así como las consecuencias de por vida. Esta tradición, arraigada en decenas de países y en varias religiones (se practica en territorios tan dispares como Rusia, Colombia, Egipto o Indonesia), es tal vez una de las más intensas y sangrientas manifestaciones del control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su sexualidad, placer, intimidad y reproducción.
 
“En mi instituto, a la mayoría de las niñas no se la habían practicado y yo no me duchaba con ellas para que no me vieran.
 
Me autoconvencía de que yo era más limpia que ellas porque estaban abiertas y con todo colgando. Mi madre lo hizo con todo el amor del mundo, pensando que era lo mejor para mí”.
 
LA VUELTA AL HORROR
 
Para nuevamente, bebe, respira y continúa; porque tal vez esta parte del relato de Asha Ismail sea la más dura y estremecedora: su noche de bodas. La reiteración del horror, la vuelta atrás.
 
“Mi marido, el que me habían elegido, era de Somalia. Mientras todo el mundo bailaba, fuimos a un cuarto y como él no podía penetrarme llamó a una señora para cortarme y acostarse conmigo. Lo que sentía era tremendo, un odio terrible hacia mí y hacía todo el mundo. He oído casos de mujeres que se han suicidado en su noche de bodas. Nadie te dice lo que te espera cuando te llega la regla o cuando te casas. Esa noche me quedé embarazada y esa fue la única relación que tuve con ese hombre. La herida volvió a cerrarse, porque estaba en carne viva”.
 
Al menos 200 millones de niñas y mujeres que viven en 30 países han sufrido la mutilación genital femenina, según el último informe de Unicef al respecto: ‘Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern’, publicado en febrero de 2016. Y las cifras aumentan año a año, tanto por los mayores registros y controles de datos como por el crecimiento de la población en determinados países.
 
“El parto me pilló en un taxi de camino al hospital, en Mogadiscio. La niña empujaba, pero no tenía por dónde pasar…, pero empujó tanto que me cortó de la misma forma que cuando se desgarra un trapo viejo, por todos  lados. Ya en el hospital, me cosieron”.
 
El silencio envuelve la sala. La intervención de Asha Ismail ha sido de las más cortas de la intensa jornada, pero sin duda la más impactante. Hay quien llora, al menos quien deja correr sus lágrimas porque el llanto interior es unánime.
 
“No me es agradable contar mi vida privada ni contar lo que he pasado porque cada vez que lo cuento lo revivo –su rostro y su tono de voz no dejan dudas-, pero creo que es necesario hacerlo para ver la gravedad de la situación. No es historia, porque esto sigue pasando hoy. No hace falta pensar en África, esto también pasa en Europa”.
 
CONTRA LOS DDHH
 
Y en América del Norte y en Australia, como recuerda Unicef. La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recuerda que es una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas.
 
Esta misma agencia de las Naciones Unidas explica que, en la mayor parte de los casos, es realizada por “circuncisores” tradicionales, que suelen tener otras funciones importantes en sus comunidades, tales como la asistencia al parto. Además, hay muchos casos en los que los proveedores de asistencia sanitaria practican la mutilación movidos por la errónea creencia de que el procedimiento es más seguro si se realiza en condiciones medicalizadas. Por ello, la OMS exhorta a los profesionales de la salud a abstenerse de efectuar tales intervenciones.
 
“Hay mujeres y organizaciones que están allí y necesitan apoyo, porque se están jugando la vida”. Asha Ismail finaliza su intervención pidiendo fondos para erradicar esta criminal práctica. Aunque lo hace sin nombrar su organización ni hacer publicidad, porque su grito y su lamento no entiende de logotipos.
 
La sala sigue estremecida, respirando hondo. En el turno de preguntas, varias personas deciden coger el micrófono para darle las gracias. Una mujer simplemente quiere abrazarla.
 
GRITO PARA SALVAR A UNA GENERACIÓN
 
“Hace unos años que decidí hablar sin tapujos para intentar acercar a la gente esta realidad, para que se den cuenta que es un problema real, que existen víctimas reales y no son solamente números. Que la gente tome conciencia de eso, aunque para mí es muy duro contarlo porque lo revivo cada vez”. Ismail retoma la palabra para responder a las preguntas de Pikara Magazine. “Aunque en realidad me sirve de alguna manera como terapia. Intentar hablar de ello me hace superarlo, porque hace unos años no podía empezar siquiera, cuando abría la boca me atragantaba. Ahora puedo hablarlo más”.
 
Tras vivir durante muchos años en silencio su dolor y sus dudas, sin poder conversar ni siquiera con sus hermanas, el nacimiento de su hija hace 27 años la motivó a alzar a la voz contra la mutilación genital femenina. Deseó tener un hijo varón para evitar a la criatura los sufrimientos, pero que fuera niña lo consideró una señal para reaccionar: “La cogí y decidí que ella no podía pasar por todo lo que yo había pasado. Y a partir de ahí, empecé a abrir mi boca y romper todos los tabúes para hablar con la familia. Cosas que nunca me contestaban empezaron a hacerlo”.
 
E insistió en hablar, en decir, en convencer. Y vio que había receptividad a sus palabras, y que sus interlocutoras hablaban porque tenían necesidad de contarlo y compartirlo. “Yo hablaba, hablaba, hablaba”, recuerda. Y lo logró: su entorno dejó de mutilar, sus hermanas, sus primas, sus amigas…
 
Ismail reconoce el valor de estas mujeres que plantan cara a esta brutal tradición -“son mis heroínas”, dice-, porque no estar mutilada ha supuesto para muchas el rechazo social y familiar. Y hay quien se lo reprocha, porque algunas de esas niñas que no fueron mutiladas no han encontrado marido: “Puede ser que nunca se casen, es el precio que tienen que pagar ellas y sus familiares, pero no han pasado por la mutilación. ¿Es duro? Sí, pero no imposible. Sus madres les han dado un regalo y ellas también quieren transmitir ese regalo”.
 
Esta idea de transmisión, de multiplicar el legado, es el significado que esconde el nombre de su oenegé: ‘Save a Girl, Save a Generation’, fundada en 2007 y formada y dirigida “por mujeres a las que se les negó el derecho a hablar y defender sus derechos desde niñas”, recoge su web.
 
En Tanzania, donde vivió Ismail al nacer su hija, logró, tras una ardua persuasión, que una mujer no mutilara a sus cinco hijas como tenía previsto: “Son cinco niñas no mutiladas, cinco niñas que no van a mutilar a sus hijas, es una generación salvada”, sonríe. Y es que lo tiene claro: “Aunque sólo sea una niña la que se salve. Aunque con mi voz sólo una persona reaccione y decida pararlo en otro lado del mundo, yo he ganado”.
 
La mutilación genital femenina abarca procedimientos distintos: clitoridectomía (resección parcial o total del clítoris),  excisión (que incluye, además del clítoris, labios mayores o menores), infibulación (estrechamiento y sellado de la abertura vaginal tras cortar y recolocar los labios menores o mayores e incluso el clítoris; la que sufrió Asha Ismail) o aquellos otros procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, siguiendo a la OMS.
 
“Les digo a las mujeres que los problemas de salud que tienen no son porque sí, son problemas asociados a lo que les han hecho. Simplemente les digo que si te pasa a, b o c es por la mutilación. Porque, ¿cuántas mujeres han muerto pariendo a sus hijos?, ¿o cuántos niños han muerto al nacer?”, relata la activista keniana. Hemorragias graves, problemas urinarios, quistes, infecciones, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido, además de problemas psicológicos como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático o escasa autoestima son algunas de las consecuencias relatadas por la OMS.
 
La vuelta a revivir un dolor que no se pasa, es habitual en la vida de Asha Ismail: “Cuando llegué aquí había un gran desconocimiento del tema. Fui a un ginecólogo y me miró, y llamó a otro, y a otro, y de repente tenía a cuatro personas mirándome. Yo estaba temblando literalmente, y sudando, pero no me dijeron nada. Cuando salí, me senté en el parque y lloré muchísimo porque me sentí fatal. No les culpo porque no tenían ni idea de lo que tenían delante”.
 
No sabe exactamente cuándo nació, pero debe rozar los 50 años. Huye de la compasión, aunque su relato despierte encogimiento, dolor y rabia: “No me gusta el victimismo, no me gusta que me miren como pobrecita, porque no lo soy. Soy sobreviviente y me considero una luchadora como millones de mujeres que han pasado por la mutilación. No solamente luchan las activistas, no; las mujeres que están en silencio en su casa pasándolo como lo pasan también son luchadoras. Somos sobrevivientes, no víctimas”.
 
*Este artículo fue retomado del portal de Pikara Magazine.
 
17/MAF/GGQ
 

Fundación MacArthur conjuntamente con otras organizaciones, financia un programa piloto para certificar a 100 parteras mexicanas, de acuerdo con un modelo de Estados Unidos, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP), Cristina Alonso Lord.
 
Entrevistada en el Cuarto foro anual 2016 “Partería en Movimiento hacia la transformación Empoderada” que se realizó este jueves y viernes en el Palacio de la Escuela de Medicina, la representante de la AMP dijo que esta certificación maneja la evaluación de competencias y agregó que la idea de promover la certificación es parte de las metas de la Asociación de impulsar la participación de las parteras en el Sistema Nacional de Salud para que atiendan los partos naturales de las mexicanas.
 
En su opinión, el Estado mexicano tiene que reconocer el trabajo de las parteras ya que tienen la experiencia para atender partos naturales, sobre todo cuando hay un incremento de cesáreas innecesarias. En este sentido recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como límite 15 por ciento de cesáreas en los países y México tiene 46 por ciento en este tipo de procedimientos.
 
PARTERÍA EN COLOMBIA
 
La partera y directora de la Asociación de Parteras Unidad del Pacífico Asoparupa Buenaventura, Lizeth Quiñonez Sánchez, dijo a Cimacnoticias que la experiencia en su país con las parteras tradicionales afro fue un proceso de empoderamiento de las mujeres y luego un proceso político para que el Estado las reconociera como maestras y sus saberes formaran parte del patrimonio cultural de Colombia.
 
La abogada especialista en derechos de las comunidades étnicas y defensa de conocimientos tradicionales, Carolina Córdoba Curi, explicó que para lograr dicho reconocimiento, se tuvo que partir de autoreconocimiento de las mujeres afro y sus tradiciones, pero también el “reconocimiento diferenciado” que consiste en visibilizar el valor de las minorías, en este caso de las mujeres parteras afro de Colombia y el impacto de su servicio social en las comunidades donde habitan, en la salud de las mujeres y verlo también como un aporte cultural.
 
Ambas reconocieron que el proceso de certificación puede tomar tiempo y generar dudas en las parteras tradicionales, porque son ellas quienes tienen conocimientos y prácticas muy específicas de su territorio, etnia y tradición, factores que se deben tomar en cuenta al momento de tratar de unificar un método de partería.
 
Desde el 2010 al 2016, se han registrado mil 600 parteras tradicionales afro en Colombia que trabajan en el cordón del Pacífico, en los departamentos del Choco, Valle, Cauca y Nariño; en Buenaventura hay 256 parteras afro. 
 
En México la AMP tiene un registro de 16 mil parteras tradicionales, 16 mil enfermeras gineco obstetras y 100 parteras técnicas.
 
16/GVV/LGL

Mujeres reunidas en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realiza en Montevideo, Uruguay, del 25 al 28 de octubre, firmaron la Declaración sobre el Acuerdo de Paz en Colombia para expresar su apoyo a las colombianas que han luchado por alcanzarla tras más de 50 años de conflicto armado.

Después de observar con asombro el triunfo del “no” en el plebiscito del pasado 2 de octubre cuando el pueblo colombiano votó para ratificar o rechazar los Acuerdos de Paz, las mujeres dijeron en su documento que la paz y la igualdad de género son requisitos imprescindibles para el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

En el documento elaborado durante la Conferencia Regional que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres expresaron su respaldo a quienes están comprometidas con el logro de un acuerdo que les permita transitar a la construcción de la paz y a la consolidación de la democracia.

La guerra produce situaciones devastadoras para cualquier proyecto democrático: el enorme gasto público militar en detrimento de las políticas sociales, la violencia, el miedo, la profundización de las desigualdades, los crímenes de lesa humanidad, los delitos atroces, las vidas sacrificadas, los sueños truncos”, se lee en el pronunciamiento.

En este momento, aseguraron las feministas, son dos los imperativos: que se firme ahora un nuevo acuerdo, y que no se desaproveche la oportunidad política para que el acuerdo logrado contenga los más elevados estándares posibles de verdad y justicia.

En su posicionamiento, las organizaciones explican que quienes lideraron el “no” al Acuerdo de Paz y en especial algunos de sus líderes incluyendo a la Iglesia y especialmente los pastores evangélicos, tienen otros intereses y que su voto ha puesto en riesgo el anhelo de una paz estable y duradera.

Desde estos grupos “conservadores y antiderechos” se ha iniciado una cruzada contra toda forma de igualdad para las mujeres, contra el respeto a toda diferencia, contra la no discriminación y contra la diversidad, por lo que las firmantes afirmaron que la población femenina también debe ser protagonista de este proceso.

Desde América Latina y el Caribe, dijeron las agrupaciones, estarán atentas para impedir que se utilice el desacuerdo frente a lo negociado por el gobierno colombiano y las FARC-EP, para conminar a las mujeres y a la población lésbico, gay, transexual, intersexual y transgenérico al lugar de la subordinación, la marginalidad y la exclusión.

16/AGM/LGL

Mientras buena parte de Colombia aún se pregunta cómo se esfumó de un día para otro el ansiado horizonte de paz, una mujer se prepara para emprender su propia guerra. La librará acompañada de sus tres hijos e hijas y de su marido para regresar de vuelta a una tierra que tuvo que abandonar entre tiros hace 3 años.
 
Aquella noche, tras apuntarle en la frente con un rifle, le arrebataron el bastón de mando que la legitimaba como gobernadora del cabildo nasa Raíces de Oriente, una comunidad indígena integrada por 24 familias y reconocida oficialmente en el Cauca colombiano.
 
En 2013, Luz Marina Flor fue expulsada de la tierra que había ocupado junto a su comunidad en 2006 por un grupo de campesinos con los que habían convivido desde el inicio de la toma. Según Flor, aunque también son indígenas no se identifican como tal, ni defienden la cosmovisión ni la cultura originaria que comunidades como la nasa reclaman: el cuidado y protección de la Madre Tierra como parte misma de su existencia, la recuperación de sus prácticas medicinales tradicionales y de sus lenguas, el rechazo de cualquier actor armado en sus territorios, así como la respuesta pacífica a los conflictos, entre otras cuestiones sustanciales.
 
Por eso, cuando su comunidad intentó profundizar en estas premisas rechazando el uso de insecticidas, la agresión a la tierra que acarrea el cultivo intensivo y otras prácticas que pudieran dañar el ecosistema, la vecindad –que se había integrado inicialmente aceptando la orientación del proyecto comunitario– se rebeló.
 
Una vez más, la lucha por el acceso a la tierra detonó violencia y derramamiento de sangre. Colombia es uno de los países con mayor concentración de su propiedad: 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de la población y de éstos un exiguo 3.6 por ciento acumula 30 por ciento del territorio.
 
 
También está en el origen de una guerra que se inició hace más de medio siglo y que los Acuerdos de Paz alcanzados por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC intentaba cicatrizar, entre otras medidas, con una reforma agraria que prometía el reparto de tres millones de hectáreas entre las personas más necesitadas de terreno y la regularización de la titularidad de otros siete millones, cuyos habitantes no cuentan con documentación que acredite su propiedad.
 
Éste es el caso del cabildo liderado por Flor. Sin embargo, esta revolucionaria normativa que priorizaba el acceso a la explotación y a la propiedad de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad no terminaba de resolver el conflicto entre los distintos colectivos que compiten por la misma –además de contra oligarcas y multinacionales–: indígenas, afrodescendientes, campesinado y personas mestizas.
 
“[El presidente de Colombia, José Manuel] Santos está negociando unos Acuerdos de Paz por los que se van a crear unas reservas campesinas que finalmente van a ser el territorio de los guerrilleros. Santos y la guerrilla están repartiéndose el país”. Así resumía hace 3 años Luz Marina la opinión por la que una parte de las comunidades indígenas se mostraron reacias a las negociaciones de La Habana. Temían que el aumento de las llamadas Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) – espacios destinados a dotar de tierras al campesinado– perjudicara sus reclamos de contar con más cabildos –territorios propiedad y gobernados por los pueblos originarios–.
 
A esta suspicacia hay que sumar la generada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos gobiernos (2002-2010) y en su campaña de rechazo a los Acuerdos de Paz, cuando extendió la idea de que las Zonas de Reserva Campesina serían empleadas por la guerrilla para asentarse en el caso de que el proceso de paz prosperara.
 
De esta manera criminalizaba a la población campesina al vincularla con la insurgencia y promovía el rechazo de la opinión pública a la creación de estos espacios, un derecho reconocido constitucionalmente desde 1994.
 
Los Acuerdos de Paz, que no fueron ratificados por la ciudadanía, recogían no sólo la creación de ZRC sino que hacían especial hincapié en la necesidad de dotar de tierras atendiendo a las tradiciones, a la cosmovisión y a las necesidades étnicas y culturales de cada uno de los colectivos con necesidades de tierra en Colombia.
 
VIGILANTES DE SU VUELTA
 
Pero justo cuando una mayoría del país daba por sentada el refrendo de los Acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, Luz Marina Flor me contactaba para que la batalla que había decidido emprender tuviera testigos, aunque fuera desde una distancia transatlántica.
 
Ha pasado 3 años malviviendo junto a su familia en una habitación alquilada en la ciudad de Popayán -capital del departamento del Cauca y una de las más pobres del país-, mientras esperaba una sentencia que les permitiera regresar a su parcela, pero la reciente condena a algunos de los victimarios a prisión domiciliaria no ha tranquilizado los ánimos.
 
Las sucesivas amenazas de muerte a ella y al resto de la comunidad, no han cesado durante estos años por parte de algunos de sus agresores, y han surtido el efecto deseado. Las familias han desistido de volver a aquellas tierras abandonadas que ocuparon para cultivar. Todas las familias -salvo una- la de Luz Marina Flor, ha decidido retornar, agotada por las condiciones de penuria en las que se encontraba.
 
Cuando en 2013 el fotoperiodista Alex Zapico y yo conocimos a la gobernadora, le acompañamos a ella y a su comunidad a la primera vista judicial de su caso. El juez, visiblemente desconcertado ante la presencia de periodistas, decidió cancelar la vista con la excusa de que algunos de los acusados no se habían presentado y evitar así que el caso tuviera repercusión pública.
 
EL CAUCA, LABORATORIO DE LA GUERRA COLOMBIANA
 
El Cauca es una de las regiones colombianas más vapuleadas por la guerra y la cuarta más empobrecida del país. En su territorio conviven y se enfrentan todos los actores implicados: las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y el Ejército. Su posición le ha convertido además en un corredor geoestratégico para el comercio de armas y drogas. Y su subsuelo, rico en minerales, es objeto de deseo de las transnacionales mineras, en las que el gobierno de Juan Manuel Santos ha depositado el futuro económico del país, cediéndole más de 20 millones de hectáreas en sus dos legislaturas.
 
Por todo ello, la población civil ha sido víctima no sólo de su fuego cruzado, sino que ha sido destinataria directa de la virulencia de la guerra, especialmente las mujeres porque son las que más visiblemente se han opuesto a la presencia de cualquier actor armado. Violencia sexual, mutilaciones, secuestros, extorsiones y masacres han sido habituales. En este contexto de violencia generalizada, los conflictos interculturales e interétnicos entre distintos grupos sociales, a menudo también virulentos, han pasado desapercibidos.
 
Las distintas concepciones del uso y propiedad de la tierra de indígenas (20 por ciento de la población), afrodescendientes (21 por ciento) y campesinado (58 por ciento) entran en colisión en una región donde se calcula que más de 60 por ciento del territorio está en manos del cinco por ciento de los propietarios, en su mayoría transnacionales mineras, así como terratenientes dedicados al cultivo de pino, caña de azúcar y al pastoreo intensivo.
 
Una oligarquía que ha sido una de las grandes beneficiarias de esta sangría, que se ha agenciado más de 7 mil kilómetros cuadrados del país, mientras que seis millones de personas tenían que abandonar sus hogares por el desplazamiento forzoso, ejecutado principalmente por grupos paramilitares con el apoyo del Ejército. Y subvencionado, precisamente, por los terratenientes y multinacionales interesadas en recursos hídricos, latifundios para monocultivos y explotaciones mineras.
 
De hecho, la oligarquía rural ganadera ha sido la que con más fiereza se ha opuesto a los Acuerdos de Paz, que incluyen la devolución y redistribución de más de tres millones de hectáreas, la investigación judicial de los usurpadores y la reparación económica a sus víctimas. Una oposición encabezada por el también terrateniente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante los años más álgidos del paramilitarismo e investigado por la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en crímenes de Estado. Unos crímenes que pasan por asesinatos y hostigamiento a centenares de líderes sociales, periodistas, activistas y cualquiera que fuera considerado “terrorista de los Derechos Humanos”, como tildó el expresidente a quien se opusiera a su política.
 
LA HUIDA DEL RECLUTAMIENTO ARMADO
 
En ese enmarañado contexto, se crió Luz Marina Flor junto a sus nueve hermanos, “sin conocer el juego” porque todos teníamos que contribuir a sacar adelante una casa pobre, cultivando, cocinando, ayudando en el cuidado de las criaturas más pequeñas.
 
En Colombia, un país de 47 millones de habitantes, 1.37 millones de personas están registradas como indígenas, de las que un 63 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza y de éstas, 47 por ciento en la miseria, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2013. Tal es la emergencia humanitaria que sufren estructuralmente los pueblos originarios –de los que 34 están en peligro de extinción–, que son habituales las muertes por malnutrición, en especial, entre menores de edad.
 
Pese a las dificultades, Luz Marina Flor siguió estudiando hasta el bachillerato, pero no pudo ir a la universidad por falta de recursos económicos. Fue ahí cuando un grupo armado -rehúsa especificar cuál– intentó reclutarle forzosamente. En su huida en busca de un lugar seguro, se incorporó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para trabajar como maestra. La entidad le concedió un crédito para estudiar auxiliar de enfermería, una ayuda que pagaría con servicios sanitarios comunitarios.
 
Este programa de becas, financiado fundamentalmente por la cooperación internacional, ha permitido formarse a numerosas mujeres indígenas, también a través de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca. Los fondos además han servido para que participen en iniciativas sociales, especialmente dirigidas a combatir el impacto de la guerra en sus territorios, y salir así del enclaustramiento en el ámbito privado y de cuidados y conjugarlo con el espacio público, convirtiéndose muchas de ellas en lideresas sociales, gobernadoras y consejeras.
 
De hecho, su notable incorporación a lo largo de los últimos años al ámbito de la toma de decisiones públicas resulta más destacable si tenemos en cuenta que en Colombia las mujeres sólo ocupan un 12 por ciento de los cargos de elección popular, según datos de las Naciones Unidas. Un fenómeno que ha promovido la recuperación de la figura de la Cacica Caitana, una dirigente indígena que capitaneó varios miles de soldados contra la colonización española a mediados del siglo XVI.
 
En medio de este clima es donde Flor, procedente de una familia que había perdido sus vínculos con sus orígenes indígenas, entró en contacto con personas que reivindicaban su cosmovisión nasa. Así se formó hasta integrarse en un grupo que decidió ocupar un terreno baldío dónde desarrollar su proyecto comunitario. Su formación, experiencia profesional y arrojo la fueron dibujando como lideresa ante sus compañeros y compañeras, ocupando distintos cargos hasta convertirse en la gobernadora.
 
LA VIDA COMO DESPLAZADA
 
Luz Marina Flor trabajó durante estos años en trabajo del hogar: lavando y planchando ropa y todo lo que le permitiera “llevar a su bebé con ella” –en lo que hace hincapié–, mientras sacaba adelante a su familia. Ella ha intentado calmar “la ira y el dolor” que el desplazamiento a punta de pistola causó a su hijo mayor, con terapia musical y mucha comunicación. “Por eso tenemos tanta gente mala, porque fue dañada y no supieron devolverles la armonía”, reconoce.
 
Liderar la batalla en los juzgados contra quienes les desplazaron le han convertido en el centro de las amenazas. “Si vuelves, no saldrás de allí viva”, le han advertido. Pese a todo, Flor intenta mantener los lazos con las 24 familias desterradas, pero la ciudad, cuenta, les ha engullido.
 
La habitación alquilada en la que viven, duermen y comen los cinco miembros de la familia se le viene encima. La falta de un pedazo de tierra que cultivar y del que comer le hace soñar con “su casita” recurrentemente.
 
“Mis hijos e hijas viven muy tristes en estas condiciones. No paran de preguntarme cuándo vamos a volver. No podemos permitir que se llenen de odio. Para crecer en armonía tiene que haber limpieza de corazón. Necesito volver para que recuperen la alegría y puedan perdonar. Por eso me vuelvo”. Y para sentirse más segura en medio de tanta impunidad, quería que lo supiera usted, lectora.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Pikara Magazine.
 
16/PM/LGL