Recomendación 4/2017
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Dependencia acepta Recomendación de CDHDF
Procuraduría capitalina se compromete a investigar caso Narvarte

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se comprometió a agotar las líneas de investigación en el homicidio de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de Derechos Humanos Nadia Dominique Vera Pérez y del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
Ayer la Procuraduría emitió un comunicado para asegurar que cumplirá con la Recomendación 4/2017 que presentó la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) el 21 de junio por las omisiones del entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto, en la investigación del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte.
Al aceptar la Recomendación, que consta de 18 puntos, la Procuraduría se comprometió a revisar los protocolos de investigación en la materia, armonizarlos con el Sistema Procesal Acusatorio, fortalecer la capacitación del personal ministerial y policial y agotar las líneas de investigación, lo que para la CDHDF incluye investigar los crímenes como feminicidio y relacionarlos con la actividad periodística de Espinosa Becerril.
El documento con las observaciones se presentó dos años después de que ocurrió el multihomicidio; destaca que la autoridad investigadora presente un plan integral donde explique cómo va a continuar la investigación del asesinato de las cinco personas; sin embargo al respecto, la Procuraduría, actualmente encabezada por Edmundo Porfirio Garrido Osorio, no dio más detalles.
De acuerdo con el documento, a partir de que la autoridad responsable acepte la Recomendación corre un plazo de 90 días naturales para presentar el plan integral de investigación para subsanar las omisiones, para lo cual se deben realizar reuniones de trabajo periódicas con las víctimas indirectas (familiares) y sus representantes legales.
También se le dio un plazo de 60 días naturales para que la Procuraduría emita un documento donde fije la ruta de acción mediante la cual se establezca la fiscalía, agencia y/o unidad de investigación que deberá conocer los asuntos donde las víctimas del delito pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad; actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.
Otra recomendación es actualizar los Lineamientos para investigar e integrar averiguaciones previas que involucren a personas defensoras de Derechos Humanos y el Protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el ejercicio de su actividad.
17/AGM
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Abogados y familias de víctimas exigen que se busque la verdad
Javier Duarte y Arturo Bermúdez deben ser investigados por caso Narvarte

A dos años del feminicidio de la defensora Nadia Vera y de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Avilés, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se debe “reencausar” la investigación hacia la actividad de defensa y libertad de expresión, asegura la representante legal de Nadia, Mile y Yesenia, Karla Micheel Salas, quien colocó la propuesta en la mesa de trabajo que inició la semana pasada con la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Gobierno.
La también presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social advierte en entrevista con Cimacnoticias que si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quiere llegar a la Presidencia de la República le conviene no cargar con la impunidad del multihomicidio, conocido como caso Narvarte, que incluso le costó el cargo al ex procurador Rodolfo Ríos Garza.
Luego de la Recomendación 4/2017 emitida el 21 de junio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), existe una ruta inicial acordada con el actual procurador, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, y con la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Patricia Mercado, para lograr dar con la vedad de lo ocurrido el 31 de julio de 2015.
Dicha ruta se enfoca, explica Micheel Salas, en agotar la investigación sobre “la línea Veracruz”, que consiste en las amenazas que obligaron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa a salir de aquella entidad y refugiarse en la Ciudad de México; si bien esto se pidió al anterior procurador, Rodolfo Ríos Garza, nunca se profundizó en la petición pese a la insistencia de la defensa.
Ahora nuevamente la Procuraduría capitalina está a prueba y la buena voluntad se mostrará este martes cuando la dependencia entregue a las familias y a sus representantes legales el expediente completo del caso así como los videos de las cámaras de seguridad grabados el día del crimen ocurrido en la colonia Narvarte.
Karla Michel Salas asegura que la investigación de este crimen debe ser ejemplar porque toca temas sensibles como la libertad de expresión, la violencia contra personas defensoras y los Derechos Humanos de las mujeres. “No se trata solo de las personas se trata toda la sociedad en su conjunto”, afirma.
“El crimen de la Narvarte no se reduce a tres sujetos que llegaron a un departamento el 31 de julio de 2015, torturaron y asesinaron cruelmente a cinco personas para robarse un cochinito con 6 mil pesos”, señala irónica Micheel Salas.
La línea política debe agotarse, explica, por ello la línea de investigación es un punto fundamental que se habló con el procurador Edmundo Garrido y con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante la reunión de trabajo entre familiares de las víctimas y sus representantes legales, el pasado martes 1 de agosto, línea que la CDHDF también pidió agotar en su recomendación.
Para la abogada feminista, Miguel Ángel Mancera ve en el caso Narvarte una posibilidad política para sus aspiraciones presidenciales, por ello es tajante: “Si aspira a ocupar un cargo, el cargo más importante en este país no puede llevar a cuestas la impunidad, el caso Narvarte”.
Ante la incapacidad técnica de la Procuraduría para desarrollar un “plan de investigación”, señala Salas, se contará con personas expertas independientes para diseñarlo.
En la primera mesa de trabajo realizada el martes pasado, la segunda sesión se realizara este 8 de agosto, se acordó que personas expertas realicen los peritajes necesarios para sustituir las carencias de la Procuraduría capitalina. “(Que) desde otra perspectiva fresca y con información, que desafortunadamente no tienen nuestras instituciones, propongan nuevos actos de investigación, nuevas diligencias, que puedan echar mano de la tecnología para poder acercarnos a la verdad”, explica Salas.
LO QUE FALTA POR INVESTIGAR
La abogada Karla Michel expone cuatro puntos que la Procuraduría capitalina tendría que investigar y que hasta el día de hoy no han sido investigados a profundidad:
1. Identificar qué personas pudieron cometer este crimen. Para ello se requiere personas perfiladoras. A decir de Salas es absurdo que tres personas con las características que la Procuraduría ha presentado sean los autores del crimen o los únicos involucrados.
Lo que ocurrió en el departamento de la colonia Narvarte no sólo es el asesinato de cinco personas, señala Michel Sala, lo ocurrido implicó coordinación. De acuerdo con las características de la tortura, probablemente estaban buscando obtener información de las víctimas.
2. Analizar el cruce de las llamadas telefónicas de los presuntos culpables. De lo que se tiene en el propio expediente los involucrados recibieron llamadas todo el tiempo. Cuando salieron, después de cometer el crimen y mientras rondaron en la ciudad. Las llamadas fueron realizadas de teléfonos desechables.
Para la abogada esto es un indicio de que pudieron recibir instrucciones y que estuvieron informando lo que habían hecho.
3. Investigar la empresa de modelaje que contrató a Mile Virgina Martín para trabajar a la Ciudad de México. La Procuraduría identificó a la empresa y a la persona a cargo pero no ha conseguido que declare. La autoridad se ha excusado diciendo “es que no quiere venir”.
“¿Cómo es posible que una empresa, que al principio nos habían dicho que era fantasma porque no había antecedentes, logra un permiso de trabajo para una mujer extranjera, colombiana? Se tiene que saber qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración y la propia Secretaria de Gobernación”.
4. Reforzar la línea de investigación sobre Veracruz. “No sólo tiene que ver con el ex gobernador en prisión, Javier Duarte, sino con su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien se presume también tenía nexos con el crimen organizado”, explica Karla Michel.
“Sabemos que Arturo Bermúdez tiene empresas de seguridad, uno de los temas que pusimos desde las primeras semanas en la investigación del caso Narvarte: la operación de grupos al interior del estado de Veracruz, personas vestidas de civil, con un vínculo cercano con la Secretaría de Seguridad Pública o que respondía a las órdenes de la Secretaria de Seguridad Pública.
“Investigar estas empresas de seguridad es fundamental, sobre todo cuando una de estas empresas de seguridad tiene oficinas muy cerca de donde se cometieron los crímenes.
“En Narvarte el acto (multihomicidio) fue programado y planeado, las personas que acudieron al departamento usaron arma 9 milímetros, armas que usan personas que realizan labores de seguridad estatal, estas personas llevaron esas armas con silenciador.
“Estos son elementos que nos dicen que estas personas iban preparadas. Los disparos son limpios, es decir, la persona que disparó sabía disparar, no es un improvisado”.
Aunque suene obvio, y casi de sentido común, estas son las pruebas que a consideración de la abogada y representante de tres de las cinco víctimas, tendría que investigar la Procuraduría. “No realizando diligencias sin sentido o simplemente hacer un check list” porque, afirma, lo que tiene que hacer es buscar la verdad.
17/LLH
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Debe seguir protocolos por feminicidio y agravio a periodistas
CDHDF emite recomendación a PGJDF por caso Narvarte

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó a la Procuraduría General de Justicia capitalina realizar un plan integral donde explique cómo va a continuar la investigación del asesinato de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinados el 31 de julio de 2015.
Con un retraso de dos años desde que ocurrió el homicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, finalmente la CDHDF presentó la Recomendación 4/2017 donde expone 18 puntos, entre estos un exhorto a la Procuraduría capitalina para actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y en casos de agravios a periodistas, dos características que se dieron este caso.
En la recomendación, que se dirige al procurador, Rodolfo Ríos Garza, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto Pérez, se pide agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos de Nadia Dominique Vera Pérez y el trabajo periodístico de Rubén Manuel Espinosa Becerril.
Al presentar el documento, sin la presencia de las familias de todas las víctimas y sus representantes legales, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo que se violaron diversos derechos, entre ellos a una vida libre de violencia para las mujeres y al debido proceso, por lo que señaló necesario sancionar a los culpables del crimen y a los responsables de la filtración de información, además de que la autoridad ofrezca un acto de reconocimiento de responsabilidad.
En su momento, las familias de las victimas expusieron las irregularidades de la investigación, por ejemplo, que información del caso fuera filtrada a medios de comunicación, lo que provocó un prejuzgamiento de lo sucedido y culpabilizar a las mujeres, acusándolas, en un caso, de estar inmiscuida en problemas de drogas, en otro de ser extranjera y, a una más de ser trabajadora del hogar.
DIEZ INCONSISTENCIAS
Más tarde, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña, abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y coadyuvantes en el caso de la activista Nadia Vera, expusieron 10 inconsistencias de la Procuraduría en su intento por demostrar que el crimen fue causado por un robo por un problema de drogas.
Los abogados también lograron, a través de un proceso judicial, que el caso se investigara por el delito de feminicidio, toda vez que al conocer el homicidio las autoridades locales lo analizaron como homicidio a pesar de las huellas de violencia y tortura hacia las mujeres.
Por ello, el organismo también llamó a la Procuraduría a emitir un documento donde fije cuál será la fiscalía, agencia o unidad de investigación debe conocer los asuntos relacionados con personas o colectivos en vulnerabilidad. Y es que en el caso Narvarte la investigación la llevó la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios, a pesar de que se trataba de probable feminicidio y un ataque relacionado con la libertad de expresión.
Asimismo, en un plazo que no exceda 60 días naturales, la autoridad debería actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y el Protocolo para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas, acorde con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, caracterizado por los juicios orales.
Cabe decir que, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de 2014 a 2015, se registraron 25 casos de agresiones a mujeres periodistas; y sobre este multihomicidio documentó que hubo un trato periodístico amarillista, según lo constata a través de un seguimiento de las notas publicadas en los medios.
La Recomendación, que aún debe ser aceptada por las dependencias, se da en medio del contexto de violencia contra la prensa y luego de que recién el 19 de junio un grupo de periodistas y defensores de Derechos Humanos denunció que fueron víctimas de espionaje por medio de un software que llegó a sus teléfonos celulares y que tiene la capacidad de obtener toda su información personal.
Sobre este tema la CDHDF condenó los hechos y exigió una investigación expedita e imparcial para señalar y sancionar a las personas responsables, así como garantizar medidas de no repetición.
17/AGM/GG
