Olivia Alejandra Negrete Avilés

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se comprometió a agotar las líneas de investigación en el homicidio de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de Derechos Humanos Nadia Dominique Vera Pérez y del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
 
Ayer la Procuraduría emitió un comunicado para asegurar que cumplirá con la Recomendación 4/2017 que presentó la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) el 21 de junio por las omisiones del entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto, en la investigación del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte. 
 
Al aceptar la Recomendación, que consta de 18 puntos, la Procuraduría se comprometió a revisar los protocolos de investigación en la materia, armonizarlos con el Sistema Procesal Acusatorio, fortalecer la capacitación del personal ministerial y policial y agotar las líneas de investigación, lo que para la CDHDF incluye investigar los crímenes como feminicidio y relacionarlos con la actividad periodística de Espinosa Becerril.
 
El documento con las observaciones se presentó dos años después de que ocurrió el multihomicidio; destaca que la autoridad investigadora presente un plan integral donde explique cómo va a continuar la investigación del asesinato de las cinco personas; sin embargo al respecto, la Procuraduría, actualmente encabezada por Edmundo Porfirio Garrido Osorio, no dio más detalles.   
 
De acuerdo con el documento, a partir de que la autoridad responsable acepte la Recomendación corre un plazo de 90 días naturales para presentar el plan integral de investigación para subsanar las omisiones, para lo cual se deben realizar reuniones de trabajo periódicas con las víctimas indirectas (familiares) y sus representantes legales.
 
También se le dio un plazo de 60 días naturales para que la Procuraduría emita un documento donde fije la ruta de acción mediante la cual se establezca la fiscalía, agencia y/o unidad de investigación que deberá conocer los asuntos donde las víctimas del delito pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad; actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.
 
Otra recomendación es actualizar los Lineamientos para investigar e integrar averiguaciones previas que involucren a personas defensoras de Derechos Humanos y el Protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el ejercicio de su actividad.
 

17/AGM

Los representantes legales de la defensora de los Derechos Humanos, Nadia Vera Pérez; de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y del foto periodista Rubén Espinoza Becerril, señalaron que la recomendación 4/2017 que ayer emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) confirma la ineficacia en la esta investigación de este multihomicidio.
 
Al pronunciarse al respecto, los abogados de las victimas pidieron a los titulares de la Procuraduría General de Justicia local y al Tribunal Superior de Justicia capitalino aceptar la recomendación y continuar con una indagatoria que esclarezca los hechos ocurridos en 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
 
Los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2015 en un departamento de la Colonia Narvarte, cuando fueron asesinados Olivia Alejandra Negrete Avilés; Mile Virginia Martin; Yessenia Atziri Quiroz Alfaro; la defensora de los Derechos Humanos Nadia Dominique Vera Pérez, y Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista desplazado por la violencia de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
 
Los abogados Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción Urgente por los Derechos Humanos; Héctor Pérez, integrante de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM; Leopoldo Maldonado de Artículo 19; y la hermana de Rubén, Patricia Espinoza, exigieron que se garantice su derecho a la verdad. 
 
Explicaron que la recomendación va en el mismo sentido de las exigencias de los representantes legales que han solicitado que se apliquen los Protocolos para investigar feminicidio y agravios a periodistas, y se agoten las líneas de investigación relacionados con el activismo y la libertad de expresión. 
 
El abogado Héctor Pérez señaló que esta recomendación es relevante porque muestra que, a pesar de que hay tres inculpados, la autoridad no ha logrado dar una explicación de las motivaciones de este crimen y además evidencia que hubo un trato deficiente hacia las víctimas.
 
En ese sentido llamó al organismo y a la sociedad a dar seguimiento al caso, acompañar está recomendación y exigir que, como un acto de dignidad, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia la acepten y cumplan en un plazo de 15 días cómo lo señala la ley.

Por su parte, la abogada Karla Micheel Salas, dijo que los coadyuvantes han estado litigando en contra de la Procuraduría e incluso el procurador, Rodolfo Ríos Garza, ha declarado que parecen abogados de la defensa, aunque en realidad solo piden que se desahoguen pruebas para esclarecer los hechos. 
 
De acuerdo con el abogado Leopoldo Maldonado, representante de la familia de Rubén Espinoza, esta recomendación es una bocanada de aire fresco y un primer paso para reabrir el diálogo con la Procuraduría, porque hasta ahora parece no haber intención de esclarecer el crimen. 
 
En tanto que Patricia Espinoza dijo que espera que todos los puntos señalados por la CDHDF se cumplan en tiempo y forma, y que el organismo vigile que así sea, porque daría un "poco de luz y de justicia" y ayudaría a que se tome en cuenta el trabajo periodístico de Rubén en esta indagatoria.
 
Los abogados expusieron que entre las irregularidades de la investigación están las necropsias mal practicadas, tres presuntos culpables con distintas narraciones de los hechos y ahora la posibilidad de interrogar a Arturo Bermúdez, actualmente detenido por otros delitos.  
 
17/AGM/GG
 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó a la Procuraduría General de Justicia capitalina realizar un plan integral donde explique cómo va a continuar la investigación del asesinato de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinados el 31 de julio de 2015.
 
Con un retraso de dos años desde que ocurrió el homicidio en la  colonia Narvarte de la Ciudad de México, finalmente la CDHDF presentó la Recomendación 4/2017 donde expone 18 puntos, entre estos un exhorto a la Procuraduría capitalina para actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y en casos de agravios a periodistas, dos características que se dieron este caso.    
 
En la recomendación, que se dirige al procurador, Rodolfo Ríos Garza, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto Pérez, se pide agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos de Nadia Dominique Vera Pérez y el trabajo periodístico de Rubén Manuel Espinosa Becerril.
 
Al presentar el documento, sin la presencia de las familias de todas las víctimas y sus representantes legales, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo que se violaron diversos derechos, entre ellos a una vida libre de violencia para las mujeres y al debido proceso, por lo que señaló necesario sancionar a los culpables del crimen y a los responsables de la filtración de información, además de que la autoridad ofrezca un acto de reconocimiento de responsabilidad.
 
En su momento, las familias de las victimas expusieron las irregularidades de la investigación, por ejemplo, que información del caso fuera filtrada a medios de comunicación, lo que provocó un prejuzgamiento de lo sucedido y culpabilizar a las mujeres, acusándolas, en un caso, de estar inmiscuida en problemas de drogas, en otro de ser extranjera y, a una más de ser trabajadora del hogar.
 
DIEZ INCONSISTENCIAS
 
Más tarde, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña, abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y coadyuvantes en el caso de la activista Nadia Vera, expusieron 10 inconsistencias de la Procuraduría en su intento por demostrar que el crimen fue causado por un robo por un problema de drogas.
 
Los abogados también lograron, a través de un proceso judicial, que el caso se investigara por el delito de feminicidio, toda vez que al conocer el homicidio las autoridades locales lo analizaron como homicidio a pesar de las huellas de violencia y tortura hacia las mujeres.
 
Por ello, el organismo también llamó a la Procuraduría a emitir un documento donde fije cuál será la fiscalía, agencia o unidad de investigación debe conocer los asuntos relacionados con personas o colectivos en vulnerabilidad. Y es que en el caso Narvarte la investigación la llevó la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios, a pesar de que se trataba de probable feminicidio y un ataque relacionado con la libertad de expresión.  
 
Asimismo, en un plazo que no exceda 60 días naturales, la autoridad debería actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y el Protocolo para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas, acorde con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, caracterizado por los juicios orales.
 
Cabe decir que, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de 2014 a 2015, se registraron 25 casos de agresiones a mujeres periodistas; y sobre este multihomicidio documentó que hubo un trato periodístico amarillista, según lo constata a través de un seguimiento de las notas publicadas en los medios.
 
La Recomendación, que aún debe ser aceptada por las dependencias, se da en medio del contexto de violencia contra la prensa y luego de que recién el 19 de junio un grupo de periodistas y defensores de Derechos Humanos denunció que fueron víctimas de espionaje por medio de un software que llegó a sus teléfonos celulares y que tiene la capacidad de obtener toda su información personal.
 
Sobre este tema la CDHDF condenó los hechos y exigió una investigación expedita e imparcial para señalar y sancionar a las personas responsables, así como garantizar medidas de no repetición.
 
17/AGM/GG