violencia feminicida

El próximo 4 de abril el Juez Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en Sonora, resolverá si la Secretaría de Gobernación (Segob) debe activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, luego de que la negó en agosto del año pasado, informó la Red Feminista Sonorense.

El 7 de junio de 2017 una de las organizaciones peticionarias de la AVG para Cajeme, Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC (ACEG), interpuso un amparo contra de la Segob por demorar la resolución de la solicitud Alerta y después rechazarla replicando que “no había elementos suficientes para su decreto” a pesar de las pruebas de hechos de violencia de género en el municipio.

En un comunicado, la Red Feminista Sonorense informó que el próximo 4 de abril se llevará a cabo la cuarta y última audiencia en la que el Juez Séptimo determinará si otorga o no el amparo a la organización quien tener un fallo a su favor, puede obligar a la Segob a decretar la Alerta de Género en Cajeme, dijeron.

Las activistas señalaron que siguen aportando documentación sobre la violencia extrema que viven las mujeres de Cajeme y conforme a sus registros, hasta el día de ayer se cometieron 15 casos de feminicidio en dicho municipio, además de otros cinco intentos de asesinato contra mujeres por parte de sus parejas; un caso de abuso sexual en contra de una niña; dos desapariciones de mujeres (una localizada) y un intento de secuestro.

Cabe recordar que el proceso de la Alerta de Género para Cajeme –que tramitaron organizaciones en mayo de 2015- se atrasó dos años porque la Segob, por medio de la Conavim, otorgó al gobierno de Sonora un plazo adicional de seis meses para completar las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

En el amparo, las organizaciones argumentaron que esta prórroga fue ilegal porque no está regulada ni prevista en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, que negar la AVG resulta violatorio a los Derechos Humanos de las mujeres porque no les garantiza “la paz social, la libertad y la protección de la vida”.

Por su parte, la Segob defendió que los dichos de las activistas no eran ciertos y pidió al Juez Séptimo terminar el proceso judicial en su contra.

Por último, la red de activistas feministas denunció que las autoridades sonorenses están rebasadas por los acontecimientos criminales sin que se garantice la seguridad de la población femenina.

Cabe recordar que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en 2017 Cajeme fue el tercer municipio del país con mayor casos de feminicidio, su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Por lo tanto, indicaron que si el Juez Séptimo niega el amparo a las organizaciones se revelaría que “por motivos políticos” se deja “sin resolver una estrategia de protección integral para la vida de las mujeres y sus familias en Sonora”.

El Estado de México y Nuevo León son dos entidades donde las organizaciones que solicitaron Alertas lograron la activación del mecanismo gracias a amparos que interpusieron y ganaron.

18/HZM/LGL

Es despertar y romper

El bozal y las cadenas

Es conjugar y sentir

El verbo amar sin fronteras

Amparo Ochoa, Para amar en tiempos de guerra

A mí nadie me dijo que debía tenerles miedo a los hombres, lo aprendí cuando a los 12 años un sujeto me tocó mi incipiente pecho y sentí tanto asco que llegué a lavarme al baño de la escuela. El lunes pasado, una mujer y una niña fueron asesinadas por hombres cercanos a ellas, en los que confiaban y de los que en algún momento sintieron afecto y no tenían medo.

La realidad es que en México la mayoría de los casos de feminicidio son cometidos por un hombre con el que la mujer tuvo alguna relación y se suponía, no debían tener miedo. Como Selene, que fue asesinada por su pareja en la tienda en la que trabajaba, y quien en un acto manipulador se disparó a sí mismo en forma indecisa –no se disparó en la sien-. No fue un desconocido el que la atacó sino alguien en el que confiaba, se suponía que no debía tenerle miedo.

Lo cierto es que el miedo está latente para las mujeres, y muy probablemente también se esconde una forma de miedo en los hombres aunque en otra dimensión, en las relaciones afectivas entre mujeres y hombres, incluso entre mujeres, siempre hay un temor a mostrarse, a darse, a “abrirse”, a dejar ver los sentimientos pues eso implica la vulnerabilidad y la volubilidad de las emociones.

Las mujeres vivimos con el miedo a los hombres desconocidos, fundado -como en mi caso- por hechos traumáticos y violentos que tienen que ver con la irrupción de nuestro espacio vital, con la violencia sexual sobre nuestros cuerpos. Crecí con las recomendaciones de mi abuela de estar siempre alerta a que nadie tocara mi cuerpo y defenderme como fuera, (llegué a perseguir a botellazos y con una sombrilla a un sujeto que intentó tocarme años después).

Cuando sentí miedo por primera vez al sujeto aquel que me tocó en la calle, también pensé que no tenía cuerpo de mujer, que iba con uniforme y que no había provocado nada, desarrollé más habilidades para afrontar el miedo a esos desconocidos y cuidarme de ellos. Pero poco supe de cómo cuidarme de los hombres a los que llegaría a amar y a quienes mostraría mi vulnerabilidad afectiva, un tema del que hemos hablado poco las feministas en este juego de exteriorizar sin interiorizar los temas más complejos.

Incluso para las feministas, transitamos en el aprendizaje de nuevas formas de relacionarnos con los hombres, aprender a construir nuevas relaciones que no sean posesivas, ni dañinas, alejadas de todo eso que la noción del “amor romántico” nos deformó, y vamos al aprendizaje de nuevas formas, pero sobre todo de la búsqueda imposible de hombres que no sean machistas. Y digo imposible porque estamos conscientes de que al vivir en un sistema social patriarcal todos y –todas- estamos imbricados en el sistema mismo y tenemos interiorizadas sus formas.

Sin embargo, feministas como somos, muchas mujeres construimos relaciones cotidianas con hombres, familiares, amigos, compañeros de trabajo y en relaciones de pareja en las que tenemos oportunidad de reflexionar acerca de las implicaciones del amor como una práctica “política” del ejercicio de nuestro feminismo. Es decir, en el que tenemos oportunidad de dar la batalla al patriarcado.

Hemos reconocido que “hay una guerra”, en la que las muertas caen del lado de las mujeres, que son asesinadas por sus parejas que no aceptaron o no entendieron la autonomía, la libertad, la vida, las decisiones, y mil pseudo razones por las que a diario se comete la violencia de género.

En medio de esa guerra de un sistema social que utiliza la violencia de género, específicamente la feminicida como herramienta de control para garantizar la opresión de las mujeres, las feministas también reflexionamos sobre la posibilidad de construir otras formas de amar en estos tiempos de guerra, en tender puentes de solidaridad y compañerismo. Mejor no lo puede expresar Coral Herrera cuando dice: “En un mundo en el que la gente está presa del miedo y el odio, amarse es una forma de resistencia frente a la barbarie”.

Amarnos en tiempos de soledades radicales es una forma de resistencia al sistema opresor, amar es transgredir, amar es romper el control del sistema patriarcal, pero amar de otra forma libre de los miedos del sistema que nos quiere constreñidas y oprimidas bajo sus propios códigos.

No podemos, o no debemos vivir con miedo, no más un mundo –aunque sé que aún es utópico- en el que las mujeres y los hombres nos relacionemos desde el miedo, el miedo a descubrir que nos hemos enamorado de personajes inventados por la incapacidad de mostrarnos como somos realmente.

Miedo a mostrar nuestras volubilidades o sentimientos porque este sistema patriarcal nos dice que no, que lleva a la impostura porque quien se abre, cede, quien se enamora pierde y se subyuga, vencer la idea de que el amor es una forma de subyugamiento y que enamorarse tiene que ser la pérdida de algo... el paraíso que nunca fue nuestro, no al menos viviendo en un mundo en el que el amor se sigue construyendo como una batalla a la que hay que ir con armaduras y temer al otro.

Hombres y mujeres tenemos por delante aprender a vencer el miedo y a construir relaciones en las que no sea un recurso de autocuidado, y aprendamos a quitarnos la última máscara impuesta por el patriarcado en la sexualidad, la del miedo a la entrega y la confianza.

Cierro con la frase de la canción de Amparo Ochoa, otra, tras iniciar también con una de ella misma: “Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males”.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

18/AC/LGL

Los países de América Latina apenas destinan uno por ciento de sus presupuestos para erradicar la violencia contra las mujeres, advirtió la presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI) Sylvia Mesa Peluffo, al dar a conocer el tercer Informe Hemisférico de dicha Convención.

Los resultados del informe  se dieron a conocer en el marco de las actividades Día Internacional de la Mujer que se realizaron en Naciones Unidas, previo al 62 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés).

Durante su presentación, la también presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las mujeres de Costa Rica, llamó a los gobiernos latinoamericanos a incrementar el presupuesto destinado para erradicar la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con el informe, los países que más destinan de su gasto público para combatir la violencia contra las mujeres son Ecuador (0.910), Costa Rica (0.610) y Perú (0.387), incluso tres países centroamericanos (Honduras con 1.112; El Salvador con 0.166 y Guatemala 0.350) destinan más recursos que México (0.030).

Sylvia Mesa Peluffo informó que sólo 75 por ciento de los países del continente americano proporcionaron los datos para este Tercer informe, sin embargo naciones como Bahamas, Belice, Brasil, Dominicana, Guyana, Haití, Nicaragua y Santa Lucía, no proporcionaron ninguna información al respecto.

De los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos, sólo 24  respondieron a la información que se les requirió. De éstos, 30. 84 por ciento cuenta con alguna disposición legislativa relativa a la erradicación de conductas basadas en la subordinación o inferioridad de la mujer. 

Entre los 14 países que dijeron tener  leyes o políticas públicas para la prevención de la discriminación contra mujeres; se encuentran México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Granada, Honduras, Uruguay y Venezuela.

Pese a la grave violencia feminicida que se enfrenta en la región  sólo 17 naciones contemplan el delito de Feminicidio.

18/LLH/LGL

A dos años y medio de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Morelos, el gobierno del estado no sólo no ha erradicado esta violencia sino que sumó cinco municipios más a la lista de los más violentos para las mujeres y el estado se mantiene con altos niveles, en 2017 cerró con 202 casos de feminicidio.

Esto sucedió como consecuencia de que el gobierno morelense no ha cumplido ninguna recomendación a nivel estatal para implementar la AVG y a que son sólo dos municipios los que están cumpliendo algunas de las recomendaciones, determinó un análisis de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM).

La CIDHM A.C. presentó hoy en conferencia de prensa en la Ciudad de México, su informe de balance de la AVG en Morelos. Ésta se declaró el 10 de agosto de 2015 sólo para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapara, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

No obstante, en 2017 el gobierno de Morelos sumó cinco municipios más a la lista: Axochiapan, Atlahuacan, Jojutla, Miacatlán, y Huitzilac.

De acuerdo con la coordinadora de Investigación del CIDHM, Paloma Estrada Muñoz, esto es porque “no se están haciendo acciones en todo el estado, lo que se ve reflejado en otros municipios”. Destacó que si bien la (la AVG) estaba focalizada, se harían políticas públicas para todo el estado, pero ahora observan un incremento en el feminicidio y manifestó su preocupación de que estos focos rojos “se extiendan a otros municipios.”

NO HAY LUGAR QUE SE SALVE

De acuerdo con la CIDHM, 32 de los 33 municipios de Morelos han presentado al menos un caso de feminicidio del año 2000 a la fecha. Durante 2017, los municipios con mayor número de feminicidio fueron: Cuernavaca con 19 casos; Temixco con 8; Tlaltizapan con 5, Atlatlahuacan, Axochiapan, Jojutla y Miacatlán con 4 cada uno; Cuautla, Huitzilac, Jiutepec y Yautepec con 3, cada uno.

Sólo en tres municipios en los que se decretó la AVG se registró una disminución en la violencia feminicida, entre ellos Puente de Ixtla y Xochitepec, que -según Estrada-  fueron los únicos municipios en los que se cumplió de una a dos recomendaciones de las 8 que les impuso la AVG, y el resto está en proceso.

Las medidas cumplidas fueron la implementación de campañas de difusión, la recuperación de espacios públicos y sanciones para servidores públicos.

Por el contrario, el municipio de Temixco no sólo aumentó de 6 a 8 los casos de feminicidio, sino que no reporta ningún cumplimiento en las recomendaciones de la AVG y tiene sólo 3 medidas en proceso.

La investigadora señaló que en el caso de Emiliano Zapata, las autoridades responsables del cumplimiento de la Alerta le informaron vía telefónica que no hay avances por problemas organizacionales y porque no existe una coordinación con el gobierno del estado.

Estrada observó que esta situación se extiende a otros municipios y al gobierno del estado, a lo que se suma el proceso electoral que se avecina en la entidad y que ya hizo que algunos servidores públicos encargados de la AVG abandonaran su puesto sin avisar a las organizaciones quién dará continuidad.

Otros factores, señaló la investigadora, son la ausencia de comunicación y coordinación interinstitucional, la falta de transparencia, e incluso la ignorancia de algunas personas responsables de esta política.

Por otro lado, dijo, el gobierno del estado y sus instituciones a nivel estatal no han cumplido tampoco con las recomendaciones que le tocan, como establecer una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo, crear un programa estatal con perspectiva de género para la atención de personas generadoras de violencia, revisar la legislación estatal sobre los derechos de las mujeres, entre otras. 

VIOLENCIA FEMINICIDA EN AUMENTO

Con base en investigación de campo, recopilación de informes, documentación de cifras oficiales e investigación hemerográfica, la CIDHM corroboró que a dos años y medio de esta declaratoria “la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles”.

Tan sólo en 2017 ellas registraron 74 casos de feminicidio, mientras que en el 2015 –cuando se decretó la AVG- contaban 57. El 2016, muestra el informe, fue el año más cruento con 97 casos, pero la Fiscalía de la entidad sólo reconoció 33 durante ese año.

A esto hay que agregar que cuando se solicitó la AVG, las organizaciones de la sociedad civil identificaron que la Fiscalía había emitido sólo dos sentencias por feminicidio. Actualmente no se puede saber si estas cifras han cambiado, ya que la dependencia no les ha proporcionado la información que solicitan. 

En total, durante estos dos años y medios que el gobierno de Morelos ha contado con una AVG se registraron 202 casos de feminicidio, por lo que la CIDHM pidió al gobierno del estado que realice ya las mesas de trabajo con los municipios para saber por qué no están informado sobre el avance y por qué no han cumplido.

Asimismo, pidió llevar a cabo mesa de trabajo con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y con autoridades del Tribunal de Justicia de la entidad para saber el estado de las investigaciones en cada caso.

La CIDHM también exigió que se haga un plan gubernamental para que las siguientes administraciones dan seguimiento y continuidad a las acciones realizadas; se publiquen cifras estatales sobre feminicidio; repare el daño a las víctimas; garantice el acceso pleno a la justicia; se investiguen todos los casos de muertes violentas de mujeres de acuerdo al Protocolo de Feminicidio, entre otras.

18/AJSE/LGL

Justo cuando México atraviesa un proceso electoral y las mexicanas exigen el derecho a vivir libres de violencia, un alto al feminicidio, al acoso sexual y la violencia de género; las zapatistas se colocaron en primera fila y lanzaron una provocación al movimiento feminista, llamaron a reencontrarse, una vez más, para hablar, escucharse y organizarse.

A partir del 29 de diciembre del año pasado la invitación al “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan” se esparció por redes digitales y personales y hasta enero de este 2018 ya sumaban 651 personas registradas, mujeres alistándose para emprender un viaje desde sus países, ciudades o pueblos, hasta la zona indígena del sureste de Chiapas que en 1994 hizo temblar al Estado mexicano.

A 24 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en medio de la irrupción política que causó la primer mujer indígena que buscó la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio; las indígenas, mestizas y extranjeras, se darán cita durante tres días en el Caracol de Morelia, ubicado en Chiapas, zona indígena Tzotz Choj.

Del 8 al 10 de marzo las tejedoras de la palabra darán  seguimiento a una lucha que es más vieja que la insurrección de 1994.

A propósito de este encuentro, Cimacnoticias realizó un recuento histórico de la participación de las mujeres en el zapatismo, su búsqueda en el reconocimiento de sus derechos, y su organización. La investigación se hizo a través de la recopilación de documentos del Centro de Documentación “Adelina Zendejas” de CIMAC, publicaciones del suplemento La Doble Jornada y la documentación periodística del libro “Las Alzadas”, coordinado por la periodista Sara Lovera y Nellys Palomo.

“NO CLAUDICAMOS”

El encuentro se da ante la necesidad de tejer lazos en un país donde a diario, 7 mujeres son asesinadas y a cada momento brota a la luz pública un caso de acoso sexual. “Pero como quiera no tenemos miedo, o sí tenemos pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos”, esas son las palabras de las organizadoras.

Las mujeres que forman el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del EZLN, las concejalas, juntas, promotoras, milicianas, insurgentas y bases de apoyo zapatistas, convocantes a esta reunión de saberes, pidieron a todas las mujeres, feministas, defensoras y ciudadanas, escucharse como forma de sanación y de acción.

Ahora que en México las víctimas y familias de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio, acoso sexual, hostigamiento laboral, despojo de tierras o violencia del Estado han tomado la iniciativa de denunciar a policías, jueces, comunicadores y funcionarios, la idea es tomar bríos para saberse acompañadas y juntas, auto organizarse.

La cita es singular, será en una zona indígena y selvática, donde el autogobierno se hace cargo de las necesidades básicas como luz y agua y donde los hombres tendrán que hacer lo que socialmente no les ha tocado: cuidar a niñas y niños, preparar alimentos, hacerse cargo de la limpieza y estar en espacios considerados de servidumbre pero que para el zapatismo son base de la organización.

UNA VEZ MÁS NOS ESCUCHAMOS

Antes del levantamiento armado del EZLN la primera rebelión que cimbró a las comunidades chiapanecas y que después haría eco a nivel nacional fue las de las mujeres, la de aquellas que sin saber de Derechos Humanos decidieron que una revolución sin igualdad simplemente no podía ser.

El 8 de marzo de 1993 las indígenas hicieron el primer levantamiento cuando exigieron terminar con las costumbres que no les gustaban como ser violentadas y obligadas a casarse con hombres que no querían, o tener hijos que no podían cuidar. El resultado de esa rebelión que disgustó a algunos e hizo reflexionar a otros, fue la Ley Revolucionaria de las Mujeres.

Allí se mostró que las causas de los pueblos indígenas y de las mujeres no están alejadas y aunque poco se sabe, las mujeres fueron protagonistas invisibles de los acontecimientos que trascendieron las fronteras del país hace 24 años. Líderes como la comandanta Ramona y la mayor Ana María, tuvieron tareas vitales para el movimiento, y sus perfiles fueron inspiración para otras.

A un cuarto de siglo de distancia, el próximo encuentro de mujeres en Chiapas no es el primero que se realiza en nombre de la inclusión y contra la opresión. En los años seguidos al levantamiento armado de 1994, el movimiento de mujeres indígenas vivió un impulso y se realizaron varios foros y eventos involucrando la visión de las zapatistas.

En 1995 se reunieron en el Encuentro Nacional de Mujeres de la Asamblea Nacional Indígena para la Autonomía (ANIPA) para preparar su participación en el Foro Nacional Indígena y en la mesa de Diálogo en el municipio de San Andrés Larráinzar. Allí trabajaron temas de participación política de la mujer, autonomía, derecho a la tierra, salud y derechos reproductivos.

Dos años después, en 1997, en Oaxaca, se formó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas. Entre las exigencias estuvieron el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la salida del Ejército mexicano de las comunidades indígenas, la reforma del artículo cuarto constitucional para hacer explícitos derechos indígenas y paridad política; y la reforma al artículo 27 constitucional para permitir a las mujeres heredar y usufructuar la tierra.

A finales de 2007, conmemorando el 14 aniversario del alzamiento zapatista, se realizó el Tercer Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo, el cual se centró en las vivencias y los logros de las mujeres zapatistas. Así, se trataron temas de salud, educación, y organización.

MUJERES, BASE DEL ZAPATISMO

El movimiento feminista mexicano y el mundo entero se sorprendieron al ver la participación activa de las mujeres tanto en los rangos militares como en la dirección política de las y los zapatistas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994.

En ese entonces la mayor Ana María, a sus entonces 26 años, al mando de más de mil personas, fue dirigente de la toma de San Cristóbal. Al hablar con cronistas sobre su vida, la mayor contó que como muchas no estudió ni se preparó, por eso se fue a la montaña, donde aprendió a leer, escribir y hablar castellano. En medio de la lucha armada pudo decidir quién sería su compañero de vida.

Por su parte la comandanta Ramona, formó parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. En idioma tzotzil habló sobre la vida cotidiana de las mujeres en las comunidades, de los días largos, de cómo sufrieron de hambre y malnutrición, cómo se enfermaron, de los puestos de salud que se encontraban demasiado lejos y de los decesos de niñas y niños.

La comandanta recorrió su comunidad llevando su palabra para decir lo que todos sabían pero que poca gente mestiza acepta: el trabajo que implica llevar las artesanías al pueblo y enfrentar discriminación y racismo; el hecho de que los hombres vean mal que sus mujeres tomen la palabra y ocupen puestos, o cómo las niñas desde pequeñas son vendidas a sus futuros esposos.

En la euforia de 1994 la mayor Ana María, al igual que otras mujeres, exigió a los varones zapatistas lo que les correspondía de aquella revolución; el derecho de las mujeres a organizarse y a participar en la milicia, aunque para ellas no sería lo mismo porque tuvieron que demostrar que podían realizar el mismo trabajo que ellos, hasta que se abrieron paso a los más altos mandos.

No sólo las mujeres combatientes se hicieron presentes, como la comandanta Ramona, también estuvieron las adultas mayores, aquellas que permanecieron en los pueblos y que fueron bases fundamentales del EZLN. Ellas se encargaron de la seguridad de las comunidades, monitorearon, diseñaron y cosieron los uniformes de la insurgencia, mantuvieron al ejército alimentado y cuidaron a la niñez mientras las jóvenes y los varones salieron a luchar.

Es por eso que sus demandas tuvieron que ser escuchadas. Junto a la Declaración de la Selva Lacandona, se publicó la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Diseñada desde 1993, en ese documento, las indígenas demandan un salario justo, el derecho de tener cargos en la comunidad, el derecho a salud, educación, a una vida sin violencia, y -cosa inédita- el derecho de elegir a su pareja y la cantidad de hijos e hijas que quisieran tener.

Para construir esa ley la comandanta Ramona fue la encargada de recoger las opiniones de las comunidades tzotziles y la comandanta Susana, la palabra de las comunidades tzeltales. De forma aguda las mujeres indígenas problematizaron la relación entre el cambio y dejar atrás las tradiciones o costumbres que las mantenían en los ciclos de marginación y violencia.

En ese entonces las feministas críticas cuestionaron cómo las mujeres podían participar en una lógica de guerra y una institución tan patriarcal como es un ejército. Observaron que las mujeres destacadas del zapatismo se limitaron a leer cartas del Subcomandante Marcos y que los traductores de Ramona, por ejemplo, en vez de traducir se metieron a interpretar.

Con todo, la Ley Revolucionaria de las Mujeres tuvo repercusiones tanto en el movimiento feminista como en el indígena y desencadenó un debate amplio. A pesar de las críticas preponderó la inspiración que las mujeres chiapanecas dieron a otras indígenas y a muchas mujeres que luchan por la igualdad en el país. Aunque aún faltaba esperar que se cumplieran sus demandas.

A 24 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO...

A 24 años, hoy Chiapas continúa siendo el estado más pobre de México, y muchos municipios indígenas carecen de servicios básicos como agua, energía, y salud.

Según el último diagnóstico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012, 75 por ciento de la población chiapaneca se encontraba en pobreza y 32 por ciento en situación de pobreza extrema. Niveles iguales a los de 1994, según la investigadora de la Universidad de Harvard, Viridiana Ríos.

Al nivel nacional, Coneval reporta que 45 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y 10 por ciento en pobreza extrema.

Al hablar de salud en Chiapas, donde la sociedad es diversa, en los municipios mayoritariamente poblados por indígenas, las problemáticas se agudizan. La organización Melel Joxobal constató en 2015 que las complicaciones de embarazo y parto eran la principal causa de muerte en mujeres indígenas.

Ese mismo año la Secretaría de Salud informó que la Razón de Muerte Materna (RMM) en Chiapas era de 68 por cada 100 mil nacidos vivos, en tanto, la medida nacional se ubicaba en 39 decesos, esto significa un 43 por ciento más.

En suma, muchas adolescentes se casan a edades tempranas y tienen poco acceso a información sobre planificación familiar. En los altos de Chiapas, 73 por ciento de las mujeres tuvo su primer hijo entre los 11 y 19 años de edad, según la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres 2015. Esto les impide una libre decisión sobre sus proyectos de vida, constata Melel Joxobal.

La educación debería de ser una parte fundamental para preparar a las niñas a tomar decisiones autónomas, pero en muchos casos, faltan oportunidades. Aunque el país tiene cifras oficiales de escolaridad y alfabetización del 95 por ciento, el rezago educativo de las y los indígenas es significativo. La mitad no termina la primaria, según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y el monolingüismo les hace más vulnerables a la discriminación.

LA ENSEÑANZA DE MARICHUY

Este encuentro cobra mayor relevancia porque es parte de la estela de esperanza que dejó la candidatura indígena propuesta desde 2017 por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) para participar en el proceso electoral de 2018 en busca de la Presidencia de la República, misma que no logró los apoyos ciudadanos suficientes para concretarse, a pesar de la organización ciudadana que causó.

La propuesta del CIG-CNI fue que su vocera, María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, llevara la voz de los pueblos indígenas al proceso electoral, que fuera ella, una mujer indígena, quien hablara a la ciudadanía del despojo de las tierras, la explotación, la opresión y discriminación que viven las personas del México de abajo.

La precampaña de una mujer indígena hizo ver que todavía hay un país que desprecia a las personas por su color de piel, su sexo, o su nivel de estudios, pero además que se niega a escuchar lo que tengan que decir. Y aunque los partidos políticos actualmente deben postular a personas indígenas en 13 distritos electorales para competir por una diputación, la realidad es que la discriminación persiste.

Las expectativas puestas en este encuentro son altas. Convergerán mujeres de todas las edades y nacionalidades. Vienen de todos lados del mundo, de Europa y de Latinoamérica. En México, se encuentran alistadas mujeres de 27 entidades.

Todas ellas vertieron 202 propuestas de actividades, saberes y experiencias con el objetivo común de compartirlas a lo largo del encuentro; desde música, danza, teatro, circo, cuentacuentos, presentaciones de libros, dibujo, fotografía, cine y deporte. Es quizás este encuentro una forma de seguir reflexionando y hacer organización para formar esas resistencias de las que habló Marichuy en su paso por los pueblos de México. 

Hasta ahora las organizadoras han informado que se tiene contemplado la impartición de talleres sobre la violencia de género, manifiestos feministas, ciberfeminismo, la valoración y uso de la sangre menstrual,  danzaterapia, género, pintura, grabado, entre otros.

A este amplio número de saberes se suman pláticas del linaje femenino, cuerpo de la mujer, formas de resistencia, defensa de los Derechos Humanos, educación antimachista, experiencias de sobrevivientes a la violencia, lucha de mujeres en Francia e Italia, el feminismo en Cuba, feminismos indígenas y afros… Durante cinco días, las mujeres hablarán y escucharán sus inquietudes, conocimientos y anhelos.

Previo al encuentro, este martes 6 inició la Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones, en San Cristóbal de las Casas, en la cual se busca difundir información sobre el contexto de violencia contra las mujeres, violencia feminicida, el riesgo que representan las zonas económica especiales.

Entre otros temas a debatir está el de la Ley de Seguridad Interior, despojo a la tierra y la reflexión de la efeméride del 8 de marzo. La Asamblea concluye este día para que mañana inicie el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.

18/AGM/HZM/SG/LGL

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres DF) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) presentaron el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida (SIARVFem), un mecanismo que permite ubicar y brindar medidas de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia de género recurrente.

Este programa colaborativo entre el Inmujeres DF y el Tribunal Superior de Justicia local busca recolectar, procesar, clasificar y dar seguimiento a la información de casos de violencia de género en la capital del país con el objetivo de prevenir la violencia feminicida y garantizar la integridad de las mujeres y sus familias.

De acuerdo con información del Inmujeres DF, el SIARVFem –aún un sistema piloto- funcionará a través del enlace de información de mujeres que acudan a denunciar violencia de género en las instituciones de las secretarías de Salud, Desarrollo Social, y Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia local, para conocer mediante los registros si han tenido incidentes previos de violencia y qué atención les han brindado.

Una vez que se tenga conocimiento de un caso se realizará una evaluación de factores de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres y su familia, características del agresor y el contexto en el que viven para que ellas puedan tomar una decisión informada respecto a las medidas de protección que deseen obtener. 

En la Ciudad de México los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) indican que de los 275 homicidios de mujeres ocurridos entre 2012 a 2015 un 25 por ciento de las mujeres fueron asesinadas dentro de sus hogares.

Asimismo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la urbe tienen el mayor número de carpetas de investigación  por violencia familiar en el país, tan sólo en el mes de noviembre de 2017 se abrieron un total de mil 445.

Cabe mencionar que dentro de los registros del SESNSP la Ciudad de México es una de las dos entidades –con Yucatán- que no cuentan con un registro de las llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres.

En medio de este contexto y de una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la CDMX, se anunció este nuevo registro el pasado 27 de febrero como parte de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Será el Tribunal de Justicia capitalino quien lo alimente de datos de las víctimas de violencia de género, personas agresoras y las medidas de protección solicitadas y otorgadas.

CAPACITACIÓN A PODER JUDICIAL

El Inmujeres local y el Tribunal también anunciaron su adhesión al proyecto, “Ciudadanizando a la Justicia: Modelo de Acompañamiento a Tribunales”, una iniciativa de la organización EQUIS Justicia para las mujeres que busca capacitar al personal del Poder Judicial de la ciudad para que incorporen la perspectiva de género en su trabajo.

Este proyecto financiado por la Unión Europea y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tiene una duración de dos años. Al término, las organizaciones Fundar, AsiLegal y Transversal, realizarán un análisis de las sentencias con perspectiva de género emitidas en la Ciudad de México para evaluar el impacto que tuvo el curso en las personas juzgadoras.

La coordinadora del área legal de Equis Justicia, Fátima Gamboa Estrella, añadió en entrevista con esta agencia que buscarán que se hagan públicas las sentencias en materia de género dadas en la ciudad y crearán una red para prestar servicios eficientes a mujeres víctimas de violencia en compañía con organizaciones civiles.

Es por esta violencia contra las capitalinas y la falta de acceso a la justicia para las capitalinas

18/HZM/LGL

Mujeres oaxaqueñas e integrantes de diferentes colectivos del movimiento feminista de la entidad, exigieron al gobernador Alejandro Murat una explicación sobre la decisión de cambiar el nombre de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) por Secretaría de Igualdad e Inclusión entre Hombres y Mujeres.

Las defensoras publicaron un pronunciamiento para pedir que se informe porqué se pretende hacer este cambio que, en su opinión, solo puede obedecer a una lógica conservadora y de ignorancia respecto al origen y objetivos de los Institutos y Secretarías de las mujeres en todo el mundo.

El pasado día 15 de febrero, durante la conferencia “Amor sin violencia”, realizada en el Parque el Llano en el municipio de Oaxaca de Juárez, la titular del SMO, Ana Vásquez Colmenares, anunció la intención de realizar el cambio de nomenclatura.

Al respecto las mujeres cuestionaron: “Si la titular desconoce el origen y sustento de esta política, es alarmante, pues es posible que sus siguientes acciones tendrán el mismo sesgo retrógrada”. La SMO se creó con la intención de atender a las mujeres y generar condiciones para que haya igualdad de género en el estado.

A partir del inicio del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, desde finales del año 2017 y lo que va del 2018, la recién creada Secretaría de la Mujer Oaxaqueña tuvo tres titulares: Miriam Pilar Liborio Hernández, Mariuma Munira Vadillo Bravo y actualmente Ana Vásquez Colmenares.

De acuerdo con las feministas ninguna de las secretarias tiene perfil feminista ni experiencia en políticas públicas con perspectiva de género, atención a las mujeres o Derechos Humanos y violencia por razón de género.

Lo cual, señalaron, además de interrumpir la consolidación de dicha Secretaría ha detenido el impulso de los mecanismos estatales para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En la comunicación, también dirigida al Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se expone que esta institución deber tomar acciones frente a la violencia.

Los registros de las asociaciones civiles indican que hay 138 víctimas de feminicidio pero no hay información sobre el proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género que en 2017 presentó la Defensoría estatal ante el incremento de caos de asesinatos de mujeres.

En este contexto las defensoras de Derechos Humanos dijeron que para cambiar el nombre de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de la Igualdad, tendría que existir un piso común entre mujeres y hombres, lo cual no sucede en el país ni en la entidad.

Aseguraron que es importante mantener vigente un órgano especializado para atender a la población femenina por lo que exigieron al gobierno del estado una revisión del funcionamiento de esta instancia y del compromiso institucional de las representantes de la SMO con los derechos de las oaxaqueñas.

18/AGM/LGL

El primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por día; y a siete meses  de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la Montaña, de acuerdo con el registro de la  “Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este periodo, un total de 156 casos.

En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

De acuerdo con el informe presentado por la organización para la solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49) José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16) Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81 municipios.

El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio, expareja sentimental.

Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el  Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar durante 2006 y 2007.

LEGISLACIÓN

Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.

El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.

Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos”.

IMPUNIDAD

Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento.

Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como “preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia o bien su indebida justificación”.

Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen organizado”.

Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa. 

En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no están exentas de esta violencia.

Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y  “José María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen 18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y orientación a las víctimas.

De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos continúan impunes.

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En Durango los asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidio, por lo que el grupo de expertas que atendió la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) urgió al gobierno estatal crear un protocolo de investigación especializado en este delito.

Cimacnoticias consultó el informe del Grupo de Trabajo de la AVG que fue entregado este mes a Durango. En éste, las expertas que analizaron la situación de violencia que viven las mujeres en 10 municipios de la entidad, determinaron que los asesinatos de mujeres no son calificados como feminicidio debido a la falta de capacitación y protocolos de investigación.

De esto dio cuenta la agrupación que requirió la AVG el 4 de julio de 2017, la “Fundación para la promoción, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres AC”, quien documentó el año pasado 14 asesinatos de mujeres pero solo uno de estos fue tipificado como feminicidio.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Durango aseguró a las expertas que en 2017 calificó cuatro asesinatos de mujeres como feminicidio y otros dos como homicidios culposos.

También indicó que en cuatro años, de 2014 a 2017,  ocurrieron siete casos de feminicidio y 19 homicidios de mujeres, perpetrados en la capital del estado, y en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

Las expertas examinaron que varios de los casos reportados por las autoridades cumplen con el tipo penal del feminicidio, por las condiciones en las que se hallan los cuerpos de las víctimas y las causas de muerte, pero no eran clasificados como tal.

Por ello entre las 13 recomendaciones dirigidas al gobierno de Durango, urgen a crear un protocolo de investigación del feminicidio.

TRATA DE NIÑAS EN DURANGO

Otro de los protocolos de investigación pedidos por las expertas es uno enfocado a la atención de los delitos de trata de mujeres.

En una visita que realizó el Grupo de Trabajo al municipio de Tlahualilo, ubicado al noroeste de Durango, se les informó de casos de trata de niñas menores de 14 años de edad con fines de explotación sexual.

Las expertas relatan en su informe que las autoridades locales les dijeron conocer de la problemática por lo que mantenían vigilados bares y cantinas del municipio. Sin embargo, al pedir información encontraron que no hay ninguna denuncia formal por este delito.

Estos hechos concuerdan con el “Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México” realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recuerdan las expertas, en donde se indica que Tlahualilo es un foco rojo de trata de mujeres.

Otras de las recomendaciones para este estado es que asegure acceso a las justicia para las mujeres y niñas que habitan en entornos rurales, capacite a funcionarios públicos en Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género, y genere campañas de prevención de la violencia y sensibilización para la población duranguense.

TORREÓN URGE ATENDER FEMINICIDIO

El gobierno del estado colindante, Coahuila, también recibió al iniciar el año recomendaciones de expertas por la petición de Alerta de Género, en específico por el alto índice de asesinatos de mujeres en el municipio de Torreón.

Las agrupaciones, “Mujeres Generando Cambios AC” y el “Centro las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro”, pidieron la AVG el 31 de julio de 2017 para Torreón, ante el aumento de asesinatos de mujeres desde 2010.

Según precisaron a las expertas, en 2012 este municipio tuvo una tasa de 27.52 defunciones femeninas con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, arriba de la tasa nacional ubicada en 4.6 y la estatal de 9.2.

Pero no todos los asesinatos son reconocidos como feminicidio, destacó el Grupo de Trabajo en el reporte; de acuerdo con Fiscalía del estado únicamente en Torreón de 2013 a 2017 contaron 19 asesinatos de mujeres, pero sólo dos fueron calificados como feminicidio.

Esto sucede –precisan las expertas- a pesar de que Coahuila cuenta con un protocolo especializado para investigar el feminicidio, por lo que exigen entre las 10 recomendaciones hechas al gobierno local, que capaciten a los funcionarios y creen mesas de trabajo para la revisión de los casos.

En este informe, las recomendaciones que dan las expertas son principalmente de asignaciones de presupuesto para programas enfocados en la violencia contra las mujeres y formación de servidores públicos con enfoque en DH y género.

Con ello, a partir de enero de 2018 corre el periodo de seis meses en los que los gobiernos de Durango y Coahuila deben atender las recomendaciones desprendidas de estos informes.

Al concluir este tiempo, las mismas expertas evaluarán si cumplieron, de lo contrario, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG, con lo que estas dos entidades se sumarían  a los 12 estados que ya cuentan con AVG en el país: Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz (con dos Alertas, agravio comparado y feminicidio), Colima, Guerrero y Nayarit.

Mientras, los únicos estados que no han pedido declararse en Alerta de Género son Baja California Sur, Tamaulipas y Chihuahua.

17/HZM/LGL

En 2018 la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) debe resolver si declara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho estados del país; de ser así 20 entidades, más de la mitad del país, contarían con este mecanismo de emergencia para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres.

El próximo año los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género que analizaron las peticiones de Alerta; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a implementar.

En todos los casos una vez cabe mencionar que las agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Una vez que se cumple con estas observaciones la dependencia de la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.

Hasta el cierre de 2017 los gobiernos de cinco estados: Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco cuentan con un periodo para implementar las políticas públicas de urgencia recomendadas por la  en materia de seguridad, prevención, justicia y para visibilizar la violencia cometida contra la población femenina.

Asimismo, para 2018 se resolverá la solicitud de Alerta para la Ciudad de México. Hace dos meses trascendió que el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre y aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó y dejó a la sociedad civil a la expectativa.

En este caso la petición de Alerta de Genero en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el Centro Fray Francisco Vitoria y la  Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Las agrupaciones a favor de la implementación señalan que la AVG es necesaria ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio pero el Gobierno capitalino se niega a tener esta declaratoria aludiendo a que “no se necesita” porque ya existe política pública para atender la situación y porque considera que el número de asesinatos no es alarmante.

Por otra parte Coahuila y Durango son dos estados más que esperan tener un resolutivo en 2018 ya que en ambos casos los Grupos de Trabajo entregarán su informe. Una vez que estos documentos se publiquen las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.

De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una Alerta: 11 municipios del Estado de México; ocho municipios de Morelos; 14 de Michoacán; siete de Chiapas; 11 de Veracruz (que cuenta con dos Alertas: una por Agravio Comparado y otra por violencia feminicida); cinco de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí; ocho de Guerrero; tres de Quintana Roo; y siete de Nayarit.

2017, EL AÑO DE LAS ALERTAS

Este 2017 se convirtió en el año con el mayor número de emisiones de Alertas de Género. La Segob declaró siete, en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y en Veracruz que ya contaba con una por violencia feminicida y que este año acumuló la segunda, esta vez por Agravio Comparado, es decir por tener normas vigentes que violentan los derechos de las mujeres.  

La Segob también negó otras cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero la AVG en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas. Asimismo, después de dos años de trámites, se negó la AVG para Cajeme, municipio de Sonora y la solicitud para Tabasco también fue desechada. 

Tras estas resoluciones las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en las calles, palacios municipales y en las oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.

Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos de las mujeres, en este caso los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigándolas con tratamientos psicológicos.

Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio), también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.

Con la declaratoria el próximo año se espera que el Gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob, una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país (además de la Ciudad de México) en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.

Así, para 2018 la Conavim tiene que asegurar que se implementen de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Género hasta ahora emitidas, y resolver las ocho solicitudes.

Cabe mencionar que para esta tarea y para la creación de otros programas y política pública enfocada en prevenir la violencia contra las mujeres, la dependencia de Segob contará con un presupuesto de 256 millones de pesos.

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