Segob

Esta mañana las 10 madres de personas desaparecidas que se encontraban en huelga de hambre frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyeron el ayuno voluntario después de que la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometiera a recibir todas las denuncias de desaparición y no declinarlas por incompetencias al fuero común.

Las madres informaron que esta mañana firmaron un convenio con la PGR a través del titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, quien se comprometió a proteger a los familiares que se atrevieron a denunciar y dar seguimiento y resolución oportuna a las investigaciones de sus familiares.

Margarita López, madre de una joven desaparecida y quien representa a las mujeres del plantón mencionó en entrevista para Cimacnoticias, que anoche se iba a levantar la huelga de hambre al contemplar que la PGR dialogaría con ellas para detallar acuerdos y firmarlos pero el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, se negó a firmar el compromiso y prometió enviarlo por escrito.

Ante esa noticia, las mujeres que estaban en huelga de hambre desde el 17 de enero, permanecieron a la espera del documento para poder culminar la huelga de hambre y ocuparse de su salud que se ha visto mermado en estos días de ayuno voluntario.

“Él ya nos había dicho que sí en las mesas de trabajo, sin embargo, anoche que estuvimos ahí en la reunión dijo que no podía firmar y que nos lo iba a mandar por escrito…Ya es lo único que nos falta, necesitamos por escrito los compromisos, y nada más nos falta PGR”, dijo Margarita López en entrevista. Al cierre de esta edición, Margarita anunció el levantamiento de la huelga de hambre al obtener respuesta de la PGR y obtener los documentos firmados para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Las  madres de familia que hoy cumplían 14 días en ayuno, entablaron una mesa de diálogo el pasado lunes 22 con el comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, con quien se establecieron acuerdos para brindar atención médica a las madres que tiene problemas de salud, solventar gastos de visitas y pagos retroactivas, gestiones legales ante la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otorgamiento de refugios seguros y dignos para las víctimas e investigar al personal de la CEAV denunciado por las víctimas por malos tratos y negligencia.

El 28 de enero, la CEAV hizo llegar por escrito estos compromisos a las mujeres. Mientras tanto, siguiendo los acuerdos firmados, ayer fue intervenida ocularmente una mujer perteneciente al plantón que perdió la vista por complicaciones diabéticas que se agravaron tras la desaparición de su hijo.

A su vez, se entregó el aparato auditivo reparado de un padre de una víctima de desaparición que también permanecía en huelga de hambre al solicitar esta ayuda y se trasladó a un hospital a la madre de víctima de desaparición que padece de miomas en la matriz para intervenirla quirúrgicamente una vez que supere el cuadro de infección pulmonar que actualmente padece, con la finalidad de no comprometer su vida durante la cirugía que requiere.  

Margarita denunció la indolencia que mostró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida ante sus denuncias porque no se presentó en su plantón para escucharlas, conocer sus solicitudes y ofrecer resoluciones satisfactorias. Señaló también la tardanza de los funcionarios en atender sus peticiones pese a las condiciones insalubres en las que se encontraban y advirtió que si los acuerdos no se cumplen aun cuando estén firmados, reinstalaran el plantón hasta que estos se lleven a cabo.

Los 14 días en huelga de hambre  provocaron severas consecuencias en la salud de las manifestantes desde cuadros de hepatitis, pulmonías, deshidratación hasta presión alta. Actualmente Margarita tiene un riñón colapsado y muestra un semblante cansado que continúa exigiendo atención a los casos de desaparición forzada. Ella se retirará del plantón para acudir a un nosocomio a recibir atención médica correspondiente.

18/SRC

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió al Senado de la República sobre sus exigencias para que se declare en Puebla la Alerta de Violencia de Género (AVG), que aún “evalúa” decretar el mecanismo, y únicamente reenvió las medidas que dictó hace un mes al gobierno de Antonio Gali Fayad.

En respuesta al punto de acuerdo que presentó el 19 de octubre la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tramitara una segunda solicitud de Alerta en Puebla como consecuencia del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, la Segob informó al Senado, en un oficio, que el pasado 9 de octubre dictó cinco acciones a las autoridades de Puebla para hacer frente a la violencia de género, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo lejos de presentar indicadores del cumplimiento de estas medidas, se limitó a enlistarlas.

En estas recomendaciones se pidió a las autoridades poblanas atender la violencia contra la población femenina en el transporte público; elaborar un diagnóstico estatal sobre las modalidades de violencia de género e identificar las particularidades de cada región; y crear una “Unidad de contexto para la investigación de feminicidio”.

Además de revisar las carpetas de investigación sobre feminicidio, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos de violencia sexual de los últimos ocho años; y fortalecer de recursos económicos a las instituciones dedicas a garantizar los derechos de las mujeres.

Estas son acciones reiterativas de las propuestas que originalmente hizo desde 2016 el Grupo de Trabajo al gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle, quien las tuvo que cumplir e incluso invirtió presupuesto público para ello.

Por ejemplo, para el diagnóstico de las modalidades de violencia –que se volvió a pedir- se aprobaron 2 millones 600 mil pesos, sin que hasta ahora se haya realizado. Esta fue una de las irregulares que señaló la CNDH en su voto razonado cuando en julio de 2017 Segob decidió no declarar la AVG.

Por ello las expectativas están sobre la Segob quien ya acumuló dos solicitudes de AVG para Puebla; una presentada por parte de la CNDH por violencia feminicida y la otra del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por la desaparición de mujeres.

Cimacnoticias consultó al Observatorio para conocer si ya tenían alguna respuesta por parte de Segob a lo que las activistas respondieron que siguen en espera.

LAS MINIMAS ACCIONES…

Hasta ahora únicamente se ha regulado el transporte privado en Puebla luego de que Mara Castilla fuera asesinada en septiembre por Ricardo Alexis “N”, conductor de un taxi privado de la empresa Cabify que la estudiante abordó.

El gobierno poblano suspendió el servicio de Cabify, pero la medida duró muy poco, la empresa anunció el 10 de noviembre que volvería a presentar sus servicios de transporte tras la “nueva regulación para las empresas de transporte privado en Puebla”.

Después del crimen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla tuvo que regular el transporte privado en la entidad y ahora las empresas como Uber y Cabify son responsables de los ilícitos que cometan sus empleados.

Asimismo están obligados a monitorear que todos los viajes terminen –de lo contrario avisar a la autoridades-, actualizar el registro de sus conductores y emprender campañas contra la violencia de género.

Poco equiparables a las exigencias de Segob, también están las acciones de Antonio Gali quien presentó el programa “De una vez por todas”, que se reduce a aplicaciones móviles para denunciar agresiones sexuales en la vía pública y una campaña en el papel de las tortillas sobre los tipos de violencia contra las mujeres.

En medio de las polémicas y en espera de la actuación de las autoridades, siguen asesinando a las poblanas, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó hasta ayer 95 casos de feminicidio desde que comenzó el año.

Y hasta el primer semestre de 2017 la Fiscalía General de Puebla reportó 276 mujeres desaparecidas. La mitad de ellas tiene menos de 18 años de edad pero únicamente la Fiscalía ha activado dos Alerta Amber y localizado a 27 del total.

De acuerdo con ONU Mujeres Puebla es la única entidad del país que cuenta con mayor proporción de mujeres desaparecidas que de hombres.

17/HZM/LGL

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió al Senado de la República sobre sus exigencias para que se declare en Puebla la Alerta de Violencia de Género (AVG), que aún “evalúa” decretar el mecanismo, y únicamente reenvió las medidas que dictó hace un mes al gobierno de Antonio Gali Fayad.

En respuesta al punto de acuerdo que presentó el 19 de octubre la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tramitara una segunda solicitud de Alerta en Puebla como consecuencia del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, la Segob informó al Senado, en un oficio, que el pasado 9 de octubre dictó cinco acciones a las autoridades de Puebla para hacer frente a la violencia de género, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo lejos de presentar indicadores del cumplimiento de estas medidas, se limitó a enlistarlas.

En estas recomendaciones se pidió a las autoridades poblanas atender la violencia contra la población femenina en el transporte público; elaborar un diagnóstico estatal sobre las modalidades de violencia de género e identificar las particularidades de cada región; y crear una “Unidad de contexto para la investigación de feminicidio”.

Además de revisar las carpetas de investigación sobre feminicidio, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos de violencia sexual de los últimos ocho años; y fortalecer de recursos económicos a las instituciones dedicas a garantizar los derechos de las mujeres.

Estas son acciones reiterativas de las propuestas que originalmente hizo desde 2016 el Grupo de Trabajo al gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle, quien las tuvo que cumplir e incluso invirtió presupuesto público para ello.

Por ejemplo, para el diagnóstico de las modalidades de violencia –que se volvió a pedir- se aprobaron 2 millones 600 mil pesos, sin que hasta ahora se haya realizado. Esta fue una de las irregulares que señaló la CNDH en su voto razonado cuando en julio de 2017 Segob decidió no declarar la AVG.

Por ello las expectativas están sobre la Segob quien ya acumuló dos solicitudes de AVG para Puebla; una presentada por parte de la CNDH por violencia feminicida y la otra del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por la desaparición de mujeres.

Cimacnoticias consultó al Observatorio para conocer si ya tenían alguna respuesta por parte de Segob a lo que las activistas respondieron que siguen en espera.

LAS MINIMAS ACCIONES…

Hasta ahora únicamente se ha regulado el transporte privado en Puebla luego de que Mara Castilla fuera asesinada en septiembre por Ricardo Alexis “N”, conductor de un taxi privado de la empresa Cabify que la estudiante abordó.

El gobierno poblano suspendió el servicio de Cabify, pero la medida duró muy poco, la empresa anunció el 10 de noviembre que volvería a presentar sus servicios de transporte tras la “nueva regulación para las empresas de transporte privado en Puebla”.

Después del crimen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla tuvo que regular el transporte privado en la entidad y ahora las empresas como Uber y Cabify son responsables de los ilícitos que cometan sus empleados.

Asimismo están obligados a monitorear que todos los viajes terminen –de lo contrario avisar a la autoridades-, actualizar el registro de sus conductores y emprender campañas contra la violencia de género.

Poco equiparables a las exigencias de Segob, también están las acciones de Antonio Gali quien presentó el programa “De una vez por todas”, que se reduce a aplicaciones móviles para denunciar agresiones sexuales en la vía pública y una campaña en el papel de las tortillas sobre los tipos de violencia contra las mujeres.

En medio de las polémicas y en espera de la actuación de las autoridades, siguen asesinando a las poblanas, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó hasta ayer 95 casos de feminicidio desde que comenzó el año.

Y hasta el primer semestre de 2017 la Fiscalía General de Puebla reportó 276 mujeres desaparecidas. La mitad de ellas tiene menos de 18 años de edad pero únicamente la Fiscalía ha activado dos Alerta Amber y localizado a 27 del total.

De acuerdo con ONU Mujeres Puebla es la única entidad del país que cuenta con mayor proporción de mujeres desaparecidas que de hombres.

17/HZM/LGL

Con la consiga ¡Alerta ya! la Red Plural de Mujeres de Puebla demandó por la tarde de ayer frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.

La agrupación de activistas poblanas viajó a la Ciudad de México para entregar una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exigen declarar la AVG en la entidad, luego de que la institución rechazó la petición que realizaron las organizaciones civiles en marzo de 2016 por considerar que no existían razones para poner en alerta de género a Puebla.

“¿Cuántos casos más de feminicidio se necesitan en Puebla para declarar la Alerta de Violencia de Género?” cuestionó a las autoridades la agrupación en el documento, pues el feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada en septiembre de 2017 por el conductor de un transporte privado que abordó) volvió a revivir la necesidad de contar con políticas públicas sólidas en Puebla que aseguren la vida de las mujeres, adolescentes y niñas.

“La forma más brutal que representa el feminicidio no puede ser encarada por el Estado con disculpas y pésames, estamos convencidas que tiene los instrumentos y los recursos para brindarnos a nosotras que somos más del 50 por ciento de la población, acciones y políticas públicas que realmente nos brinden protección y seguridad”, señaló la Red.

La carta que contenía también los nombres de las otras víctimas de feminicidio en Puebla en lo que va del año y las firmas de la sociedad civil que consideran necesario activar el mecanismo, fue recibida por la Unidad de Gobierno de Segob.

Las activistas acordaron dar un plazo de dos semanas a Secretaría para que responda a los llamados de la población, precisó a Cimacnoticias la integrante de la Red, Rosa María Avilés. De no obtener respuesta el movimiento planteará nuevas estrategias para que las poblanas puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, comentó.

Comenzó a anochecer y las activistas prendieron velas en memoria de las 88 mujeres asesinadas durante 2017 en la entidad, de acuerdo con el registro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sus nombres y el municipio donde residían los hicieron visibles en cartulinas que pegaron en las puertas de Segob. La cifra de este año ya es superior a las contabilizadas por el Observatorio en 2016, la cual fue de un total de 82 casos.

Las integrantes de la Red nombraron a las víctimas de feminicidio en un pase de lista en voz alta, mientras los únicos espectadores del acto eran los más de diez elementos de seguridad de las oficinas de la Segob, quienes ante la presencia de las activistas de inmediato cerraron las puertas del edificio y no dejaron de tomar fotos a las integrantes de la Red.

¿QUIÉN PIDE LA ALERTA?

En tanto aún se espera la decisión final de la Comisión de Derechos Humanos poblana (CDH) para que ingrese la segunda solicitud de la AVG. Luego de las contradicciones que tuvo el órgano de DH con la delegada local de Segob, Ana Isabel Allende Cano, quien dijo en un evento público que la CDH ya había enviado a la petición de alerta, situación que fue negada por la propia Comisión.

Así la CDH, el gobierno de José Antonio Gali Fayad y la Secretaría de Gobernación tienen la presión no sólo por la sociedad y organizaciones civiles para declarar la AVG, sino también el Senado de la República, ya que el Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional (PRI) presentó el 25 de septiembre un punto de acuerdo para exhortar a que se dé una segunda petición de la AVG.

17/HZM/LGL

La Comisión de Derechos Humanos Estatal de Puebla negó que haya presentado ya la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género para la entidad, como lo afirmó ayer la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Isabel Allende Cano, durante un evento público.

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos poblana informó que sigue “evaluando todos los elementos para tomar la mejor decisión para Puebla”, pero que en ningún momento envió la solicitud de Alerta.

Y es que ayer, durante un evento público, Allende Cano aseveró que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ya contaba con la solicitud de la AVG que envió la CDH la semana pasada, y que era seguro que en esta ocasión se concluyera declarar la AVG en la entidad.

Cabe recordar que la petición para presentar una nueva solicitud de AVG para esta entidad, se dio como consecuencia del feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada por el conductor del transporte privado Cabify) y fue hecha por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, quien envió un escrito a la Comisión Estatal para que presentara nuevamente la solicitud de AVG, toda vez que en un primer intento de solicitud hecho por las organizaciones civiles en marzo de 2016, la Segob determinó que no había razones para proceder a declarar la Alerta en la entidad.

El exhorto para que el órgano de DH de Puebla solicite la AVG también fue apoyado por el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del PRI presentó el 25 de septiembre de 2017 un punto de acuerdo con el mismo fin.

En tanto, la CDH reportó que si bien el 18 de septiembre de 2017 recibió el exhorto de la diputada Silvia Tanús, aún estaban en el análisis de presentar la solicitud; mientras que en Puebla continúan sumándose casos de feminicidio. En lo que va de este año, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva registrados 85 casos de feminicidio perpetrados en esta entidad.

En medio de las discusiones por la segunda solicitud de AVG las organizaciones civiles recordaron el pasado 26 de septiembre en una carta dirigida al gobierno de Puebla que aún tiene pendiente de cumplir las 11 recomendaciones que hicieron el grupo de expertas de la primera AVG, como crear el Protocolo Investigación del Delito de Feminicidio y Trata de Personas, la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia y la capacitación de los servidores públicos.

17/HZM/LGL

La noche de ayer, a unas horas de cumplirse ocho días del sismo, familiares de las más de 40 personas que quedaron atrapadas en las oficinas derrumbadas en Álvaro Obregón 286 denunciaron estar desesperadas ante la nula información que se les brinda, por lo que exigieron a las autoridades locales y federales datos certeros de quiénes han sido rescatadas, a dónde son trasladadas y en qué estado.

En una conferencia de prensa convocada minutos antes de las 12 de la noche, las familias pidieron a las autoridades dos listas oficiales: una con los nombres de las personas rescatadas en el inmueble y otra con el número de las no identificadas; también exigieron transparentar el mecanismo que siguen para identificar los cuerpos sin vida; y tener contacto directo con funcionarios de alto nivel porque advirtieron “su paciencia se agotó” y desconocen “qué esconden” las personas funcionarias.

Exigieron la presencia y comunicación inmediata con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; con la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; y con la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, así como con el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio.

Tras las exigencias, al mediodía de hoy, Campa Cifrián acudió al lugar e informó a los familiares de las víctimas que se reunirá con las autoridades que coordinan las labores de búsqueda para que hoy por la tarde responda a la solicitud de información certera que hicieron. Antes de ingresar al lugar fue increpado por las y los familiares a quienes les prometió que se les comunicará en caso de algún hallazgo, por lo que permanecen en espera.

En entrevista con Cimacnoticias Nancy Peña Aguilar, cuñada de Noemí Manuel García, una de las contadoras atrapadas en el inmueble de la colonia Roma, denunció la rigidez del protocolo seguido por las autoridades mexicanas, el cual prohíbe a las personas dentro del cerco que protege el edificio, comunicar a las familias sobre los hallazgos de cuerpos.

La falta de información a la que se han enfrentado las y los familiares desde el día del sismo de 7.1 grados Richter, ha abonado a su desesperación, pues desde entonces esperan que los rescatistas encuentren a sus seres queridos bajo dos carpas instaladas en el cruce de Álvaro Obregón y Valladolid, y otro en la calle Oaxaca.

Una familiar de Fernanda Michelle Castillo, quien quedó atrapada entre los escombros, indicó que ante la falta de información han tenido que acudir al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para obtener la información que les han negado las autoridades. En su caso, buscaron por su cuenta y así se enteraron que su sobrina había fallecido.

“Juegan con nuestro dolor” y aseguró que ninguna autoridad se acercó para informarles. Aún cuando desde el jueves pasado las autoridades establecieron una “zona cero” (un perímetro que resguarda a al menos un familiar de las personas que no han sido encontradas para darles información de las labores de rescate), quienes están ahí, así como quienes trabajan retirando escombros, tienen prohibido documentar con fotos o videos las labores de rescate.

Incluso, comentó, a uno de los familiares que accedió al inmueble dañado y usó su celular para enviar imágenes a quienes esperaban afuera, fue remitido a un Ministerio Público.

“El fin de semana las autoridades recorrieron los campamentos que tenemos, pero no nos dicen cuántos cuerpos han sacado del lugar, tampoco sabemos el sexo o si estaban vivos o muertos. Desde el viernes aseguran que están por llegar al cuarto piso –donde se cree que está la mayor cantidad de personas porque antes del sismo ahí se efectuó una reunión de contadores- pero no hay más información, denunció.

Y es que desde el martes existen listas hechas por los familiares de los afectados. Una de ellas contabiliza a 46 personas que siguen sin ser rescatadas –entre ellas al menos 15- y otra lista con un número de 51 personas; en un listado más se afirma que se han rescatado a 22 personas. Sin embargo durante la conferencia el familiar de una de las víctimas, Lorenzo Barrera Gómez, denunció que desde el pasado miércoles no han sido actualizadas por alguna autoridad.

Una de las últimas informaciones la obtuvieron gracias al comunicado que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana sobre la labor de sus rescatistas.

En él informó que han encontrado a seis personas muertas en Álvaro Obregón 286 desde que iniciaron operaciones la mañana del 24 de septiembre y hasta ayer por la tarde, pero las familias desconocen quiénes eran y a dónde fueron trasladadas.

Por ello durante la conferencia las y los familiares aseguraron que de no transparentarles información interceptarán las ambulancias que salen de la zona para identificar quién va a bordo y concluyeron coreando “¡Solución inmediata!”

Por su parte Nancy Peña, la tía de Fernanda Michelle Castillo sentenció: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible hasta que nos entreguen a nuestros familiares, llevamos ocho días sin respuesta”.

17/MMAE/LGL

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

17/HZM

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM

Personas jornaleras del Valle de San Quintín, se retiraron de la mesa de diálogo que se tenía prevista para este día en la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la ausencia de funcionarios de diversas dependencias, con quienes discutirían sus derechos laborales.

Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no se presentaron para cumplir con la agenda en la que se discutirían las demandas de jornaleras y jornaleros, como un salario mínimo de 300 pesos diarios y prestaciones de ley, así como acceso a seguridad social y terminar con el acoso laboral que viven.

El martes 21 de marzo jornaleras y jornaleros del país, representados por el Sindicato Independiente Nacional Democrático Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín, presentaron el pliego petitorio al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y acordaron atender, en mesas de trabajo programadas para hoy, primero las demandas en materia de derechos laborales.

La secretaria de Equidad de Género del SINDJA, Abelina Ramírez Ruíz, dijo para Cimacnoticias que las personas jornaleras decidieron no comenzar el primer bloque del diálogo,  donde se abordaría el tema de salarios y seguridad social, ante la falta de funcionarios que pudieran responder a sus demandas.

“Estaba el subsecretario de Gobernación, sin embargo, no había funcionarios de la STPS, del IMSS o de Sedesol, los que sí pueden firmarnos acuerdos, sólo mandaron a representantes”, denunció.

Ramírez Ruíz expuso que el subsecretario de Gobernación les propuso avanzar con otros puntos de la agenda, sin embargo se negaron porque dijo, “para nosotros no es un juego”. Y aseguró que al incumplir con el diálogo los funcionarios “le están faltando al respeto a las miles de personas jornaleras del país, porque el SINDJA y la Alianza de Organizaciones las representa.

El pasado 17 de marzo concluyó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México la “Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín”, la cual recorrió ocho entidades del país para recopilar información sobre las condiciones laborales de personas jornaleras, mismas que se presentaron a la Segob en busca de resultados.

Las denuncias de jornaleros y jornaleras se reunieron en la Caravana Nacional tras cumplirse 2 años desde que miles de personas trabajadoras de la tierra en el Valle de San Quintín, Baja California, realizaron, el 17 de marzo de 2015, un paro laboral para exigir que se les garantizaran sus derechos laborales, establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, el gobierno federal sigue sin cumplir sus demandas.

De acuerdo al informe “Despertar en tierra ancha y ajena: El movimiento de jornaleros del Valle de San Quintín”, elaborado por la académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), Elena Jaloma Cruz, hay aproximadamente 5 millones de personas jornaleras, para 2015 solo una de cada 10 ganaba más de dos salarios mínimos al día. Es decir, trabajan hasta por 12 horas al día por sueldos de 100 a 120 pesos.

Abelina Ramírez Ruíz denunció las malas condiciones en las que laboran. “Exigimos que los funcionarios nos escuchen porque tan solo uno de los compañeros que viene con nosotros corta una tonelada de caña por 40 pesos. Tiene las manos destrozadas”, dijo.

La secretaria de Equidad de Género del SINDJA expuso también el limitado esfuerzo del gobierno federal por garantizarles derechos laborales: “En la Segob nos dicen que desde 2015 el gobierno les ha dado atención de salud a 26 mil jornaleras y jornaleros de San Quintín, pero sabemos que en el Valle somos 86 mil personas las que nos dedicamos a la tierra ¿y las demás cuándo?”.

Ramírez Ruíz mencionó que además, el funcionario Juárez Cisneros prometió asistir al Valle de San Quintín para ver por cuenta propia las condiciones laborales de las y los denunciantes.

Las y los jornaleros de San Quintín están en espera de la reanudación del diálogo que, de acuerdo a lo que el subsecretario de gobernación les dijo hoy, y que consta en un video publicado en las redes sociales de la Alianza de Organizaciones, comenzará cuando todos los funcionarios correspondientes garanticen su asistencia.

Ramírez Ruíz argumentó que iniciarán “hasta que nos garanticen que se atenderá el primer punto, el de las condiciones de trabajo, esto no puede retrasarse más. No vamos a estar más de rodillas, que se nos respete. Los de la Caravana Nacional vamos a seguir denunciando”.

17/MMAE/LGL