Caso Itzel

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó ayer el oficio en donde hace constar que  no perseguirá por homicidio a Itzel, de 15 años de edad, quien hirió de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, cuando este la violó e intentó asesinarla el pasado primero de junio, informó la defensoría.
 
La abogada del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, remitió a Cimacnoticias dicho documento que especifica que no procederá penalmente contra Itzel. La familia y la defensoría obtuvieron también  una copia de la carpeta de investigación, como lo habían solicitado y era su derecho.
 
El crimen contra la menor de edad ocurrió el primero de junio en la colonia Atlántida, delegación Coyoacán, cuando el agresor la sometió con un cuchillo mientras ella se dirigía a la parada de transporte público, a unos pasos del metro Tasqueña. La violó en la vía pública, y en defensa propia, para evitar que la asesinara, Itzel lo hirió con mismo cuchillo con el que la atacó.
 
La PGJDF ordenó crear un grupo especializado para investigar el caso, pero no por la violación, sino por “homicidio doloso” contra la menor de edad. Sin embargo, ante demanda pública de la familia y la organización civil, resolvió semanas después que no proseguirá con la investigación y “dejaba libre de toda responsabilidad” a Itzel.
 
En el oficio que dieron a la familia y la defensoría, se identifica al agresor como Miguel Ángel Pérez Alvarado o “Fernando”. De acuerdo con lo que explicó la abogada, en la investigación se señala que la Procuraduría constató que se trata del mismo sujeto, por los tatuajes que tenía y nadie reclamó el cuerpo.
 
INMUJERES DF OFRECE APOYO
 
Por otra parte, la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Incháustegui Romero, se comunicó ayer con la abogada para reafirmar a la familia el compromiso de la institución por darles asesoría jurídica y psicológica, informó Salas Ramírez.
 
Prometió canalizarlas a las instancias y programas sociales que necesiten, luego de que denunciaron que en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales, Itzel fue violentada por una de las psicólogas y no recibió el anticonceptivo de emergencia en las primeras horas, hasta que su padre lo compró.
 
MÁS CASOS COMO ITZEL
 
“¿Cuántas víctimas de violencia sexual no están pasando por estos procesos de violencia institucional?”, cuestionó la abogada. Esta realidad, dijo, se observa todos los días en las Agencias de Delitos Sexuales, como lo constató la madre de Itzel. “Niñas de 5 años esperando en el pasillo para que sean atendidas por gente de la Fiscalía... es que no podemos permitir que eso pase”, exigió la abogada.
 
El caso de Itzel volvió a destapar las negligencias con las que trabajan las agencias y su incapacidad para proteger a las víctimas de esta violencia. “No te van a brindar protección, no te van a brindar seguridad del camino a tu casa. Entonces, ¿para qué están? parece que no están para procurar justicia a las mujeres”, dijo contundente Micheel Salas.
 
LO QUE DEJÓ RODOLFO RÍOS
 
La abogada refirió que la desatención a víctimas de delitos sexuales fue lo que dejó la administración del Procurador de Justicia local, Rodolfo Ríos Garza, quien renunció a su cargo el pasado 24 de junio.
 
“Es producto de la administración de Rodolfo Ríos, estas áreas tan importantes y fundamentales para uno de los delitos que se cometen con mayor regularidad en la Ciudad de México: no tienen elementos para funcionar, esto resulta ser un despropósito y viola la ley”, declaró.
 
La abogada del Gadh, aseguró que estas agencias especializadas cuentan con todos los elementos para funcionar: protocolos de atención, lineamientos de la propia Procuraduría, sentencias internacionales. Todo un proyecto, dijo, impulsado desde la perspectiva de género, que hoy la misma institución ignora: “es terrible pensar que no están respetando los propios lineamientos que los rigen”.
 
Además, esta vez tuvo que actuar distinto la PGJDF, afirmó la abogada, porque ya había aceptado la redacción 6/2016 de la Comisión de Derechos Humanos local por el caso Yakiri Rubio, quien por matar a uno de agresores que la violó en 2013, fue encarcelada más de un año.
 
“Fue característico de la administración de Rodolfo, aceptar las recomendaciones pero en realidad no hacer nada por cumplirlas”, dijo la especialista.
 
AUTORIDADES SIN CAPACIDAD
 
Y no sólo es negar los derechos de las víctimas, agregó Salas, es también la falta de capacitación de las personas que están a cargo de estas instancias. Por ejemplo, antes de ocupar la dirección de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Alicia Rosas Rubí fue titular de investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR), recordó la abogada.
 
La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, María de los Ángeles López, se desempeñó antes en la Secretaría de Finanzas, por ello Salas denunció que “claramente no tiene por qué estar ahí, es una parte fallida en la administración”.
 
Ante las negligencias que hubo en el caso de Itzel, la defensoría presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, por lo que esperan está tenga respuesta para sancionar a las personas que intervinieron en el proceso.
 
17/HZM/GG

La representación legal de Itzel, la niña de 15 años de edad víctima de violación e intento de asesinato, calificó de “lamentable” y “tardía” la respuesta de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), ya que informó, un mes después del crimen, que no procedería contra la menor de edad acusada de defenderse y herir de muerte a su agresor, Miguel Ángel Pérez Alvarado.
 
La representante legal de la niña y su familia Karla Micheel Salas Ramírez, afirma que esto sucedió después de que la familia de Itzel y el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), al que pertenece la abogada, exigió públicamente a la PGJDF terminar con la persecución por homicidio contra la menor de edad. La Procuraduría resolvió, en un comunicado de prensa, que la víctima quedaba libre de la responsabilidad porque “actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
 
“La Procuraduría lo hizo después de que el caso se hizo público (el este 27 de junio). Era una investigación que tuvo que concluir las primeras horas del 2 de junio, lo cual resulta lamentable”, denunció Salas, abogada especialista en violencia de género.
 
Itzel fue víctima de violación en la vía pública cerca del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. El crimen ocurrió en la noche del 1 de junio, cuando Miguel Pérez la sometió con un cuchillo cuando se dirigía a la terminal del transporte público.
 
La violó sexualmente por dos horas sin que ella fuera auxiliada por las personas que presenciaron el hecho, hasta que, en defensa propia, forcejeó con él para evitar que la asesinara, lo que ocasionó la muerte del agresor y que después la PGJDF conformara un grupo especial para investigarla por “homicidio doloso”.
 
De acuerdo con la abogada, la defensoría y los familiares de Itzel mañana tendrán la notificación formal de que la carpeta de investigación por homicidio se cerró, ya que después del comunicado que la Procuraduría local dio a los medios, la autoridad los contactó para concretar la cita, informó en entrevista a Cimacnoticias.
 
FALTA SANCIONAR A SERVIDORES
 
Si bien la investigación se cerró con la muerte del agresor y el pronunciamiento de la PGJDF, el caso continuará, aseveró Micheel Salas, ya que aún se tienen que deslindar responsabilidades y castigar a aquellos servidores públicos que se negaron a brindarle atención inmediata a Itzel.
 
Tal como lo denunció su familia: no se le dieron anticonceptivos de emergencia en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de la Procuraduría, el padre de la niña tuvo que comprarlos, fue revictimizada en los servicios de atención psicológica y la denuncia se levantó después de 48 horas.  
 
Por estas negligencias ya se inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asimismo, por las amenazas y hostigamientos que ha sufrido la familia y la víctima,  por parte del personal de la Procuraduría y familiares del agresor, este órgano emitió medidas de protección para ellos, informó Salas.
 
“En principio que se vayan y sean sancionadas la directora de la Fiscalía de Delitos Sexual, Alicia Rosas Rubí, y la directora del Centro de Terapia y Apoyo a Víctima de Delitos Sexuales (CTA)”, concretó Micheel Salas.
 
OTRAS VÍCTIMAS
 
Karla Micheel Salas, integrante del Gadh, añadió que mañana, al tener acceso a la carpeta de investigación, podrán conocer si Miguel Ángel Pérez cuenta con antecedentes penales por violencia sexual u otro delito, pues le dijo a Itzel que había herido anteriormente a alguien y no era la primera vez que atacaba a una mujer
 
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La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) informó que Itzel, de 15 años de edad, no será procesada por la muerte de Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intento asesinar el pasado 1 de junio.
 
Horas después de que familiares y el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) pidieron en conferencia de prensa que la PGJDF cerrara la carpeta de investigación por homicidio doloso en contra de Itzel, la Procuraduría emitió un comunicado donde indica que tras la investigación, se determinó que “la víctima queda libre de toda responsabilidad, debido a que actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
 
Por tanto, la PGJDF indicó que no ejercerá acción penal contra la menor de edad e insistió en que la institución brinda atención integral y multidisciplinaria a personas que sean víctimas de cualquier delito, por medio de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito: con trabajadoras sociales, apoyo jurídico y proceso psicoterapéutico.
 
La afirmación de la Procuraduría contrasta con lo denunciado por Itzel y su familia, quienes refieren malos tratos y negligencia en dicha instancia de procuración de justicia. 
 
El crimen contra la menor de edad ocurrió el 1 de junio en la colonia Atlántida, cerca del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán, cuando Miguel Pérez la sometió con un cuchillo y la violó en la vía pública, sin que los peatones testigos de la agresión sexual contra Itzel le ayudaran.
 
En defensa propia, al forcejear, Itzel hirió a su agresor con el cuchillo que él intentaba enterrarle, lo que le causó la muerte, por lo que la PGJDF conformó un grupo especial para investigar el delito de homicidio doloso, según reportaron hoy los abogados e integrantes del Grupo Acción por los Derechos Humanos.
 
De acuerdo con la madre de la víctima, María de la Luz Hernández, en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales, ubicada dentro de las instalaciones de la Procuraduría capitalina en la colonia Doctores, su hija no recibió anticonceptivos de emergencia ni contención emocional, como lo establece el protocolo de actuación para estos ministerios especializados. Ellos tuvieron que comprar los anticonceptivos.
 
Ayer, Itzel acudió al Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) donde la psicóloga que la atendió le dijo, que “era mentira que su agresor estaba muerto” y la incitó a dejar “su flojera” y se pusiera a hacer “cosas”. Por lo cual, Itzel decidió en no acudir de nuevo a al CTA dependiente de la Procuraduría capitalina.
 
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Una administración que se caracterizó por la falta de acceso a la justicia para las mujeres, anomalías en las investigaciones, desatención y revictimización fue lo que dejó el ex procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, tras su reciente renuncia el pasado 24 de junio.
 
Así lo sostuvo la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien en entrevista con Cimacnoticias hablo de una “misoginia institucionalizada” dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) y con un recuento de casos de feminicidio, desaparición y violencia sexual que ha litigado expuso las practicas que utilizó la administración del ex procurador contra los derechos de las víctimas.
 
CASO NARVARTE: LA SALIDA
 
La salida de Ríos Garza ocurrió tres días después de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitiera la Recomendación 4/2017 a la PGJDF, por la investigación de los asesinatos de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte.
 
En 18 puntos, la Comisión se dirigió a Ríos Garza y exhortó a la dependencia que encabezó a actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y agravio a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) por las irregularidades en la investigación.
 
Este caso que puso fin a la administración de Ríos Garza, señaló la abogada, fue parte de una larga lista en la que se expuso la actuación irregular de la Procuraduría al indagar los asesinatos violentos de mujeres, como ocurrió con Lesvy Berlín Rivera Osorio.
 
LOS PENDIENTES: LESBY Y EL FEMINICIDIO
 
La joven de 22 años fue asesinada en la madrugada del 3 mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la PGJDF utilizó sus redes sociales para filtrar la información que dio la pareja sentimental de Lesvy. Esto ocasionó el malestar de la comunidad universitaria, que se manifestó dentro de la UNAM para exigir justicia.
 
Aún cuando se creó un grupo especializado de académicas de la institución para atender el caso y exigir, conforme a la ley y protocolos, que se investigue el asesinato como feminicidio hoy la familia sigue sin acceder completamente a la carpeta de investigación. Además, el peritaje antropológico propuesto por la Procuraduría en conjunto con la UNAM, apunta a un supuesto “suicidio”.  
 
Micheel Salas, indicó que ahora la PGJDF tiene la obligación de reparar el daño a las víctimas y atender este tipo de casos que quedaron pendientes y se perfilan para caer en la impunidad.
 
Sin embargo, desestima que esto sea posible ya que, a pesar de la salida de Rodolfo Ríos, se mantienen los mismos funcionarios dentro de la institución incluido el subprocurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio, quien asumió el cargo.
 
“No sé si como tal puede existir un cambio, este subprocurador era cercano a Ríos. Esperemos que en la Jefatura de Gobierno se genere una reflexión a estos casos tan preocupantes los cuales, según los análisis, motivaron la salida anticipada de Rodolfo Ríos”, declaró.
 
“ACEPTAR EL COSTO POLÍTICO, LUEGO LAS VÍCTIMAS”
 
Los casos de violencia contra las mujeres no dejaron de sumarse en los últimos meses, por lo que la presión social contra la Procuraduría fue la herramienta de las capitalinas para que el sistema diera respuesta y celeridad a las investigaciones, aseguró Micheel Salas.
 
Como ocurrió con Belén Montserrat Cortés Santiago, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril. Días después de que su familia y la comunidad universitaria hicieran brigadas de búsqueda en  el último lugar donde fue vista, en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, Rodolfo Ríos informó a los medios de comunicación que habían localizado a Belén.
 
 
Su ausencia, explicó, fue “voluntaria” y “personas de su confianza tenían conocimiento de ello”. La familia no fue notificada, se enteró a través de las noticias y la única prueba que les presentaron para comprar el bienestar de la joven, fue una fotografía en blanco y negro. Hasta ahora no han tenido contacto con Belén.
 
“Con todo esto, prefirió Rodolfo aceptar el costo político de acusaciones y no vio por el respeto al estado del derecho y de las víctimas”, acusó la abogada.
 
LA ÚLTIMA: ITZEL
 
Para concluir con su administración, en el periodo en el que aún Rodolfo Ríos era procurador local, esta institución decidió investigar por homicidio a Itzel de 15 años de edad  por herir de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intentó asesinar el pasado primero de junio en las inmediaciones del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. 
 
La Procuraduría se pronunció en un boletín de prensa y resolvió que no procesaría a Itzel y quedaría libre de toda responsabilidad, esto luego de que la familia de Itzel y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) denunciaron públicamente que la PGJDF investigaba a la menor de edad por homicidio y vivían hostigamiento por parte del personal de la dependencia.
 
Esto sucedió a pesar de que la Procuraduría ya tenía la Recomendación 6/2016 de la CDHDF por el caso de Yakiri Rubí Rubio, quien fue víctima de violación en 2013 y fue encarcelada tres meses por matar a su agresor.
 
El organismo de Derechos Humanos señaló en ese momento que la Procuraduría no actuó con la debida diligencia y colocó a la víctima como victimaria. Con ello ya no había cavidad para estas acciones y persecuciones contra mujeres que se defienden de sus agresores, insistió la abogada especialista en violencia de género.
 
“Sería lamentable si Rodolfo fuera posicionado como candidato a magistrado o que Miguel Ángel Mancera –si va a la presidencia- lo considere para algún espacio. Es terrible el mensaje que deja para las mujeres el mantener a una persona como Rodolfo Ríos en el servicio público”, concluyó Salas.
 
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Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG