Derechos político-electorales

La alcaldesa del municipio indígena de Oxchuc, María Gloría Sánchez Gómez, así como el Síndico y regidores de dicho ayuntamiento habitado por indígenas tzeltales, fueron desaforados por el congreso local, luego que la Fiscalía General del estado solicitó su remoción a fin de iniciar un proceso penal en su contra.

A María Gloria Sánchez Gómez, habitantes de Oxchuc la acusan de ser la autora intelectual del ataque que el pasado 25 de enero efectuaron un grupo de civiles armados, quienes dispararon contra pobladores que exigen se reconozca su derecho a la libre determinación y la conformación de un gobierno comunitario.

Durante la agresión en la que se involucra a la ahora ex alcaldesa, los civiles armados usaron armas de alto poder. Asesinaron a tres personas y dejaron heridas a otras 17, entre ellos Juan Gabriel Méndez López, representante legal de quienes mantenían la demanda para conformar un gobierno comunitario.

La mañana de este domingo el presidente del congreso local, William Ochoa, informó que en una sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, acordó el desafuero de María Gloria Sánchez Gómez y su cabildo.

Horas después del desafuero de la alcaldesa, una comisión de diputados y de representantes del gobierno de Chiapas, se trasladó a la cabecera municipal de Oxchuc para atestiguar la elección de un concejo municipal, mismo que fue electo en una asamblea popular.

En esa elección fueron designados como Concejal presidente, Oscar Gómez  López; como Concejal síndico, Juan Santiz Rodríguez; y como concejales regidores, Manuel Gómez  Rodríguez, Lilia Gómez López, Zoila López Gómez y Petrona Santiz Gómez.

Posteriormente se trasladaron a la sede del congreso local, donde en sesión extraordinaria, la Comisión Permanente les tomó protesta.

Cabe recordar que actualmente tres personas están detenidas, acusadas de ser integrantes de los civiles armados que dispararon contra la comunidad de Oxchuc.

María Gloria Sánchez, desde las elecciones de junio de 2015, había sido expulsada del municipio por pobladores que rechazaban que ella y su esposo, Norberto Sántiz, se alternaran el poder durante tres periodos de gobierno, primero a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en 2015 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Si bien este domingo se eligió un Concejo de Gobierno, éste gobernará tan sólo hasta septiembre próximo. La demanda de los habitantes de Oxchuc es que en julio de este año, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) acate la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que realice elecciones municipales por el sistema de usos y costumbres.

18/AM/LGL

Desde el 2015, los partidos políticos están obligados a respetar la paridad de género en las elecciones, es decir, 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. La medida en el proceso electoral pasado en Chiapas (en 2015), agarró a los partidos políticos “en curva”, tuvieron que hacer cambios “cuarto para la hora”, pero en el proceso electoral de este año tuvieron tiempo para formar cuadros, buscar con calma a las mejores opciones, sin embargo todos los institutos políticos poco o nada hicieron al respecto.

En el proceso electoral pasado, en 38 municipios resultaron ganadoras mujeres. Actualmente ese número disminuyó a 35 y en más de la mitad de ellos las presidentas municipales solo están en el cargo en el papel, pero no ejercen. La paridad de género en Chiapas fue una simulación.

En los municipios donde resultaron ganadoras mujeres son: Aldama, Altamirano, Angel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Benemerito de las Américas, Berriozabal, Catazajá, Chanal, Chenalhó, Copainalá, Francisco León, Frontera Hidalgo, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Las Rosas, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Metapa de Dominguez, Mezcalapa, Mitontic, Ocotepec, Osumacinta, Oxchuc, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tapilula, Tila, Villa Comaltitlan y Yajalón.

En los municipios de Chanal y Tila las alcaldesas renunciaron y subieron al cargo de presidentes municipales sus respectivas parejas. Aunque solo en estos dos lugares se dio el hecho de manera abierta y con la aprobación del congreso del estado, en la mayoría del resto de los municipios, supuestamente gobernados por mujeres, está sucediendo lo mismo.

Hay casos documentados en donde las alcaldesas no están fungiendo en la práctica como tal,  en los municipios de Altamirano, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozabal, Frontera Hidalgo, Huitiupan, Las Rosas, Marqués de Comillas, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Suchiapa y Yajalón.

En todos los casos son hombres, familiares directos de las presidentas municipales, los que ejercen el cargo en la práctica. Se presentan ante los poderes de gobierno como autoridad, encabezan actos protocolarios, se reúnen en público y en privado a cabildear temas de su interés.

En algunos municipios ahora se pretenden candidatear los hombres de manera abierta con lo que estarían repitiendo periodo.

La simulación en la paridad de género no es un secreto para ninguno de los tres poderes y niveles de gobierno, pero ninguno ha hecho algo para obligar que se respete la Ley. Han sido cómplices de esta práctica.

Lo que es peor es que esta práctica ahora parece extenderse en las dependencias del gobierno estatal. Muestra de ello es el reciente nombramiento de Dulce Gallegos -esposa del dirigente del partido político Mover a Chiapas, Enoc Hernández- como directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. El primer día que se presentó en las instalaciones del sistema fue con su pareja y fue él quien dio las indicaciones. En el papel sigue siendo una mujer quien está al frente de la dependencia, pero en la práctica es un hombre.

En los municipios la simulación se dio no solo en el caso de las alcaldesas, sino también en regidoras y sindicas municipales. El trienio empezó con mayor número de regidoras en Chiapas y concluye a la inversa porque muchas renunciaron para que ocupara el cargo algún hombre.

En algunos municipios en donde las regidoras reclamaron ocupar su puesto sufrieron violencia. Uno de esos casos es la síndica municipal de Amatenango del Valle, Margarita González, que se desplazó de su comunidad debido a las amenazas de su esposo, quien en la práctica ejercía el cargo.

La paridad de género es una medida afirmativa para lograr que más mujeres puedan participar en la política y obligar a los partidos políticos a postularlas y también realizar acciones que ayuden a incrementar la participación de la población femenina en la toma de decisiones.

Tanto a nivel nacional como estatal el padrón electoral en su mayoría está conformado por mujeres, sin embargo el número de ellas en cargos públicos está muy lejos de ser paritario.

El pretexto de los partidos políticos para no inscribir a mujeres es que ellas no quieren participar, sin reparar que no están generando las condiciones para que las mujeres puedan estar en el espacio público político sin problemas.

Las dobles y hasta triples jornadas laborales de las mujeres, el acoso sexual, el escarnio público, el machismo, hace que se dificulte la participación política para las mujeres.

Los institutos políticos tienen un recurso destinado para la capacitación de los cuadros femeninos ¿Qué han hecho con ese fondo? ¿En qué lo destinaron? ¿Han aumentado los cuadros de mujeres en los partidos políticos?

¿Qué es lo que harán los partidos políticos para cumplir la paridad de género en las candidaturas? ¿Repetirán la fórmula de postular a mujeres en el papel, pero que en la práctica ejerzan el cargo los hombres? ¿Pondrán candidaturas femeninas en los municipios en donde tengan posibilidades reales de ganar?

Las autoridades electorales deben de ser garantes de la paridad de género en las candidaturas, los partidos políticos deben de cumplir con la obligación de Ley en el papel y la práctica,  la ciudadanía organizada debe de estar pendiente del tema.

El derecho a la participación política es uno de los derechos por los que han pugnado las mujeres a lo largo de la historia y el mundo, convertir este derecho en una simulación es una burla que no se debería de permitir.

18/SS/LGL

El incidente registrado recientemente contra la precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, por el Movimiento Ciudadano, fijó el nivel de violencia a la que podrían estar expuestas las mujeres durante el proceso electoral de 2018.

Patricia Azcagorta Vega denunció la violencia política de que fue blanco y aclaró que no se retirará porque la hayan atacado.

La agresión, que debe entenderse en el contexto de la participación política, fue de tipo sexual, psicológico, moral, con fuerte dosis de discriminación.

El modus operandi fue utilizar las redes sociales para difundir fotos individuales extraídas de su cuenta personal de Facebook, así como un video erótico a través de whatsapp del cual se pretendía hacer creer que la protagonista era ella, cuando en realidad es una modelo brasileña.

Armado como un paquete de fotos y video, pretendían establecer que por ser una mujer con un físico determinado, no era la persona adecuada para gobernar porque una mujer así no tiene la capacidad para hacerlo.

Tomando el esquema más rudimentario de los estereotipos de género, quienes están contratados para violentar a las mujeres que participan en la vida política pública, decidieron que una ropa ajustada y determinadas posiciones tomadas en contextos del ámbito personal, eran suficientes para desalentar a sus seguidores.

Sin embargo, la estrategia solo logró consolidar la preferencia del potencial electorado en Caborca, en donde las encuestas favorecen a la precandidata, ahora registrada como tal.

“Los ataques vienen de nuestros contrincantes porque nos tienen miedo, ya que Patricia Azcagorta va a cambiar el futuro de Caborca”, afirmó en rueda de prensa la precandidata.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, y ex directora del registro civil de Caborca, Azcagorta acudió a registrarse para contender internamente por la candidatura de su partido político para la alcaldía.

Lo hizo un día después de la campaña que pretendía mermar su ánimo y pretensiones, sin lograrlo.

Mostrando gran aplomo, y flanqueada por sus compañeras de partido, demostró que las mujeres pueden conservar el temple a pesar de saberse en el blanco de las violencias.

Este caso también probó al partido que la respalda, pues como primer ataque del presente proceso electoral, la postura de éste era fundamental.

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, calificó de imprudente y grosera la forma en que se trató de manipular la información, tratando de hacer creer que el video erótico era protagonizado por Patricia Azcagorta.

Consideró que esos ataques forman parte de la violencia política a la que están expuestas las mujeres. “A las mujeres se les acosa, lo del video falso es un mal mensaje para las mujeres”, indicó.

Parecería que se pretende desactivar su participación, y manifestó que le da mucho gusto que la precandidata haya mostrado valentía ante la situación.

La coordinadora estatal dio su respaldo incondicional y anunció que no quedará en incidente, sino que presentarán la denuncia correspondiente.

Por su parte, ante las descalificaciones que acompañaban a las fotos personales de Azcagorta, cuestionando su capacidad para gobernar, señalando que solo contaba con un físico atractivo, la coordinación nacional de Mujeres en Movimiento, emitió un pronunciamiento.

En el comunicado extendió su total apoyo a la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, a la vez que hizo un llamado a las autoridades a que se apeguen al protocolo de investigación de violencia política contra las mujeres, y se sancione a quien corresponda.

Fue víctima de violencia política en razón de género al ser juzgada no por su competencia, sino por sus atributos físicos, sin tomar en cuenta su capacidad para asumir el cargo como sí se enaltece en el caso de los varones.

En el comunicado expresan que demandan que, apegados a la segunda versión del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género presentado en noviembre pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE, coadyuven a este fin.

Se opusieron a la sexualización y cosificación de las mujeres, así como a ser violentadas en sus Derechos Humanos.

Hace tres años, en el proceso electoral intermedio varias candidatas sufrieron ataques principalmente de carácter comunicacional.

Sin embargo, ningún partido salió a defenderlas ni a respaldarlas.

Cierto, no había protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, pero nadie emitió ninguna postura, ni siquiera las candidatas.

Hoy contamos con uno nacional y otro estatal. Este incidente de violencia política marca el inicio de la guerra electoral contra las mujeres que hoy sí, por ley, van por la mitad de las posiciones. Este partido se pronunció listo para defender a sus candidatas. ¿Lo estarán todos los partidos, o callarán como lo han hecho antes?

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora

18/SNE/LGL

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, pidió a los magistrados electorales del país, hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, para abonar en la lucha de las mujeres indígenas a que se respeten sus Derechos Humanos y político-electorales.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes impartimos justicia debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Sólo así estaremos en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, aseveró la magistrada Otálora Malassis.

Al participar en la clausura del Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que, ante la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la participación de las mujeres indígenas, los juzgadores habrían de formularse cuando menos cuatro preguntas.

Desde dónde juzgan, desde qué realidades y desde qué concepciones preconstruidas, sobre quiénes son, qué aspiraciones y de qué forma deben comportarse las mujeres indígenas; cómo detectan y se hacen cargo de las asimetrías que implica el dictar una sentencia; de qué forma las y los jueces deben de construirse a fin de lograr una verdadera justicia electoral; y cuáles son los referentes adecuados para juzgar casos que involucran a mujeres indígenas sin estereotiparlas, ni esencializarlas.

“De las respuestas que demos a estas preguntas al momento de pronunciar una sentencia depende que la justicia no sea una justicia impuesta. Impuesta desde lo que somos, por como fuimos formadas; impuesta desde la inercia colonialista que tanto daño ha hecho al pueblo y territorio de las mujeres indígenas”, aseveró Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior insistió en que quienes imparten justicia tienen que aproximarse a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tienen la inmensa responsabilidad de materializar y de hacer viable todos sus derechos.

“En nuestras manos está el hacer posible las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país que pretende vivir en democracia, y que se reflejen en los mandatos de los tratados internacionales”, subrayó.

Otálora Malassis afirmó que los juzgadores tienen que darse cuenta si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y que, para ello, deben ser conscientes dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que tengan que analizar y resolver un juicio en el que están involucradas.

“Esto no significa el hecho que, de no ser personas indígenas, nos impida juzgar adecuadamente, en el mismo sentido; tampoco podemos afirmar que el hecho de que sea una mujer la que tenga que juzgar, garantice una relación apegada a un enfoque de género. Afirmar que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, implica esencializarnos y descartar que los hombres cuentan con la capacidad de juzgar con tal perspectiva, lo cual sería un error”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.

17/JG/LGL

En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
 
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
 
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
 
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
 
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
 
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
 
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
 
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
 
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
 
17/RED

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) implementará un protocolo interno para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de género tanto al interior, como al exterior del partido, por lo que llamó a los demás partidos a realizar lo mismo.

En un comunicado, la Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, informó que su partido tendrá Cero Tolerancia a la violencia política contra las mujeres, y rechazó todas las conductas que impliquen discriminación y violencia política, por lo que el Protocolo, deberá ser aplicado por el Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, así como a todos sus órganos autónomos, en el proceso electoral que se avecina.

Con este protocolo se mandata a todos los grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de los estados a priorizar en sus agendas legislativas la erradicación de la violencia política de género toda vez que ésta obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, hizo un llamado respetuoso a que los demás partidos políticos adopten medidas para sancionar esta violencia  ya que se presenta los partidos políticos.

El Protocolo plantea “sancionar toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga como finalidad o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros”.

Detalla una lista de conductas sancionables por violencia política contra las mujeres afiliadas al Partido en su calidad de aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular o partidario, candidatas externas, candidatas electas, representantes populares o dirigentes.

Entre las sanciones propuestas, destacan la suspensión de derechos partidarios, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, inhabilitación para ser registrarse a candidaturas a cargos de elección popular, la negativa o cancelación de su registro en precandidaturas, hasta la expulsión.

El Protocolo precisa que las y los perredistas y sus equipos se abstendrán de recurrir a mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos con base en estereotipos de género, así

como de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra, haciendo extensivo este compromiso de respeto y no agresión a las mujeres que se desempeñen como autoridades, legisladoras, o funcionarias emanadas de otros partidos políticos.

17/LGL

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG