Laura Martínez Rodríguez

NACIONAL
INFANCIA
   Gobierno capitalino publica reforma al Código Civil
   
Juzgados de CDMX obligados a desechar Alienación Parental
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/08/2017

A partir de la derogación de la figura de Alienación Parental del Código Civil de la Ciudad de México, que hoy entró en vigor, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia local deberán transformar la estructura que crearon en 2014 para detectar este supuesto síndrome que en el fondo deja en la impunidad la violencia y el abuso sexual infantil. 
 
Así lo consideró en entrevista Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) y quien afirmó que se debe hacer una reingeniería de las instituciones judiciales para que juezas y jueces dejen de utilizar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como prueba en los casos de divorcio o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. 
 
Este 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto para derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil, una norma vigente a partir de 2014 que decía: “comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”, conducta denominada Alienación Parental.

SAP IMPIDE LA JUSTICIA
 
Hace tres años, cuando en 2014 se introdujo el SAP en la legislación de la capital, la Asamblea Legislativa estableció que el Departamento de Psicología del Tribunal podría dar tratamiento y, en su caso, determinar qué persona se quedaría encargada del cuidado de los menores de edad “alienados”, es decir que no quisieran convivir con uno de sus progenitores.
 
En ese entonces el supuesto de la ley era que todas las niñas y niños mentían si acusaban a su padre o a su madre de violencia o violación sexual, invención provocada, en general, por las madres que los manipulaban para hacer acusaciones falsas. Según esta teoría, creada en 1985 por el estadounidense Richard A. Gardner, el “síndrome” se cura obligando a los menores de edad a convivir con el progenitor acusado.  
 
La fundadora de Adivac destacó que las organizaciones expertas en derechos de las mujeres y la infancia han expuesto que este concepto no es científico, no es un síndrome, no está en ningún diccionario de enfermedades mentales y por tanto no tiene un tratamiento pero además han comprobado que desestima cualquier testimonio de abuso y violación sexual infantil.
 
“A los operadores de justicia les conviene reducir a Alienación una violación sexual o una violencia muy fuerte entre las parejas, esto ya se había visto desde que se volvió a legislar en 2014”, dijo la también psicóloga y especialista en Estudios de la Mujer.
 
En su opinión tanto legisladores como juzgadores reconocieron y avalaron el uso del SAP porque les solucionaba la investigación de un posible delito en las demandas de conflictos familiares, “no querían seguir trabajando, querían tener un concepto o un término que les redujera el trabajo, tanto a los abogados que defienden a ambas partes como a los mismos jueces”.
 
TRES AÑOS DE FALSOS DIAGNÓSTICOS
 
Durante los tres años que estuvo vigente la Alienación Parental en la capital (2014-2017), dice Laura Martínez Rodríguez, se dieron  casos de falsos diagnósticos de un síndrome inexistente pero a la fecha no se sabe cuántas veces los juzgadores confundieron las denuncias de violación sexual infantil con SAP, cuántas mujeres y sus hijos fueron afectados ni cuántas personas decidieron huir o quitarse la vida antes de continuar un proceso injusto.
 
En junio pasado una historia alertó sobre el tema. En 2010 Mireya Agraz Cortés notó cambias drásticos en su hijo de tres años de edad, quien lloraba, tenía pesadillas, no se alejaba de ella y dejó de controlar sus esfínteres. Después de llevarlo al médico y con una especialista en psicología se le diagnosticó abuso sexual por parte de su padre. Mireya interpuso una denuncia penal que nunca prosperó y una demanda para quedarse con la guarda y custodia del niño.
 
Durante el proceso, que duró siete años, una de sus hijas gemelas fue violada sexualmente por su padre y pese a las declaraciones de los dos menores de edad que fueron víctimas del mismo agresor, en noviembre de 2016 la Jueza Undécimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Silvia Araceli García Lara, determinó que la madre “alienó” a los niños para que mintieran y como sentencia ordenó dar la custodia de los hijos al padre, Leopoldo Olvera. 
 
Hasta ahora se cree que la decisión de la jueza pudo orillar a Mireya a quitarse la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), el pasado 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras.
 
Por ello la directora de Adivac aseguró que es necesario que los jueces en la capital dejen de usar peritajes de Alienación que desestiman los dichos de niñas y niños.
 
Una vez que entre en vigor la derogación del Artículo 323 séptimus, dice la especialista, se requiere que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal se reestructuren para que se hagan peritajes científicos, es decir que no sean entrevistas de media hora ni de dos horas, sino estudios bien hechos como peritajes psicológicos de 12 a 15 horas.
 
En 2014 el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal autorizó la creación de seis plazas para la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Alienación Parental del Tribunal Superior; ahora que ya no existe el concepto en la ley estos espacios deberán transformarse.
 
Al respecto Martínez Rodríguez dijo que estos cargos se pueden utilizar para manejar adecuadamente los procesos en el ámbito familiar y para “dar un enfoque de recuperación, protección, para que niños y niñas puedan convivir con su papá y su mamá, dependiendo del caso”, pero que además para que se dé una atención adecuada a las niñas o niños que son violentados por su madre o su padre.
 
17/AGM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Denuncian más de 700 víctimas de violación y solo se brindan 28 terapias individuales
Centro de Terapia para delitos sexuales: ineficaz y rebasado
Mujeres de varios países crearon en 2015 la Iniciativa #NiUnaMenos contra la violencia de género | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

De las más de 700 denuncias por violación que se presentan cada año en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Ciudad de México –en promedio dos cada día- no hay certeza de cuántas reciben apoyo psicológico en el Centro de Terapia, que depende de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría capitalina, ya que la atención no es obligatoria.
 
A estas víctimas, cada año, sobre todo mujeres y niñas, para quienes el Estado no les garantiza “la posibilidad de disminuir el impacto de una violación, de eliminarlo”, como era el objetivo del Centro de Terapia de Atención para Delitos Sexuales (CTA), impulsado por organizaciones feministas, como parte de un proyecto de atención integral, explica a Cimacnoticias quien fue su titular, Bárbara Yllán Rondero.
 
Sin embargo, el CTA, fundado en 1991, como resultado de ese proyecto integral de atención a víctimas de delitos sexuales y que incluyó reformas al Código Penal Federal y la creación de las agencias especializadas, “se descuidó en el camino”, dice Yllán.
 
Peor aún, porque el CTA, la única unidad que brinda ese servicio, a donde se canalizan todas las víctimas que denunciaron en las Agencias Especializadas, hoy no es lo que se pensó: un modelo integral que diera las mujeres una “justicia restitutiva”: con atención jurídica, psicológica y de salud, agrega Yllán Rondero.
 
Las consecuencias no son sólo problemas de administración pública, señala la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez. “La importancia de que el Estado garantice este servicio es que las personas que vivieron violencia sexual puedan tener salud mental y emocional, pues de no recibir una atención especializada, las consecuencias puedes derivar en depresiones que lleven incluso al suicidio”, advierte.  
 
“Los proyectos como la atención a víctimas son muy delicados y más cuando no se cuidan, por eso ha habido casos fatales de denuncias, coincidió en señalar Bárbara Yllán. Lo peor es que el personal del CTA lo ve como una cuestión “asistencial”; la atención a víctimas y el seguimiento puntual de los delitos sexuales ha colapsado”.  
 
A ello se suma, afirma Martínez, impulsora del CTA, que a casi 30 años de creado, se desconoce si su modelo de intervención psicológica es efectivo o da resultados, ya que la PGJDF no ha sido transparente “nunca ha permitido, por ejemplo a la sociedad civil, una observación directa del trabajo de atención a víctimas que están haciendo, ni siquiera han hecho público el modelo que siguen”.
 
DE LA ESPERANZA... AL CTA
 
El CTA, como instancia de la PGJDF, por obligación, tendría que proporcionar atención psicoterapéutica a las personas (en su mayoría mujeres y niñas) que denuncian una violación sexual.
 
El CTA está ubicado, además, en la zona residencial de la colonia del Valle, Pestalozzi 1115, lejos de las delegaciones en donde, según la propia Fiscalía de Delitos Sexuales, hay más violaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.
 
En el último año, sólo dio 28 terapias individuales y 885 grupales, (PGJDF, Quinto Informe de actividades), y atiende en promedio a  más de 3 mil personas víctimas de violencia sexual directas o indirectas cada año.
 
La realidad en el CTA, afirma la Directora de Adivac, es un servicio “tardío y burocrático”, donde lo único que les interesa “son los números oficiales y no la calidad de la atención”.  
 
Personal del Centro reconoce en entrevista que al ser la única unidad, “está saturado”. Y eso impide, señala por su parte la Directora de Adivac, que dé un tratamiento pronto y seguimiento puntal a las víctimas.
 
Yllán coincide: “No hay suficiente gente que atienda, asesores legales; sé que les están dando citas a las víctimas una vez al mes, cuando las terapias deberían darse mínimo una vez a la semana”.
 
Para Martínez, experta en atención a víctimas de violencia sexual desde hace 27 años, la terapia semanal garantizaría que el modelo de atención psicológica fuera eficiente, “las sesiones terapéuticas deben ser constantes, una vez cada semana, no como sucede en el CTA donde dan únicamente 12 sesiones.
 
Y agrega: el modelo de atención psicológica debe estar sustentado en técnicas, teorías, “no es un manual de procedimientos”.
 
CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA
 
Sin transparencia tampoco sabemos si el personal del CTA está realmente preparado en el área psicológica, afirma Martínez. Dicen que son especialistas “porque están trabajando ahí, pero no tienen una formación ni de género y mucho menos de Derechos Humanos. Tienen que saber de sexualidad y no saben, sólo tienen lo que les dan en la Facultad y muchas acaban de salir”.
 
El desinterés del gobierno siempre fue problema y la precariedad constante, afirma Yllán, al recordar cuando dirigió el CTA.  “No había mobiliario, comprábamos sillas de jardín usadas porque no había dinero, llenaba el Centro con muebles que arreglábamos, hacíamos jornadas de reparación para vernos dignos, aun cuando
hay cualquier cantidad de presupuesto en el gobierno”, señala.
 
EVALUAR, REPARAR, VIGILAR
 
Ante este panorama de colapso, tanto Yllán como Martínez consideran que sí hay salida. Para la Directora de Adivac, primero hay que acabar con el hermetismo, “crear un observatorio sobre el abordaje de la violencia sexual, puntualmente en el CTA”, y revisar su modelo de atención.
A partir de ahí, evaluar si se necesitan más unidades como ésta en la capital, dice. Se podría pensar, incluso, “en una institución que albergue los tres servicios de atención hoy seccionados: jurídico, psicológica y de salud, “para que las víctimas no estén en un ir y venir de instituciones”.
 
Podría operar de la mano de organizaciones civiles y expertas en el tema, pues agrupaciones como Adivac son las que se han posicionado como la opción para las víctimas. “Ven que no somos el gobierno y ven a las personas en los medios de comunicación que pasaron el proceso en Adivac y se sienten bien, dicen, yo quiero estar así”.
 
Bárbara Yllán asegura que “regresaría al sistema de la procuración, si realmente se permitiera trabajar sin restricciones”. Y propone crear un foro nacional, donde expertas y el Estado plateen los distintos problemas de violencia de género, violencia sexual, y su atención. Esto tiene que retomarse, insiste.
 
17/HZM/MMAE/GG
 








Subscribe to RSS - Laura Martínez Rodríguez