Ayotzinapa

El pasado 10 de mayo, cuando en muchos hogares mexicanos se celebraba el Día de las Madres, miles de madres en todo el país y cientos en el estado de Morelos tomaron las calles bajo la consigna “no tenemos nada que celebrar”.
 
En sus voces y su determinación se escuchaba: somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México y de las y los miles de asesinados, secuestrados, víctimas de la trata, que hoy salimos a las calles, en por lo menos 12 ciudades del país, a exigir la presentación con vida de nuestras hijas e hijos, a exigir justicia para nuestras hijas víctimas de feminicidio, nuestros hijos asesinados y que siguen esperando justicia.
 
En la Ciudad de México, la marcha inició en el Monumento a la Madre y se dirigió hacia la Victoria Alada en Reforma.
 
En Cuernavaca, Morelos, marcharon desde El Calvario, hasta la Plaza de Armas al grito de: “esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” e “Hija, escucha, tu madre está en la lucha, hijo escucha, tu madre está en la lucha”.
 
Y frente al Memorial de las Víctimas, en las Puertas del Palacio de Gobierno de Morelos, levantaron sus voces para decir: hoy, desde este lugar que es un homenaje a las víctimas de la indolencia de las autoridades de justicia de todo el país, y muy especialmente del Poder Judicial del Estado de Morelos, que deja libres a asesinos, secuestradores, tratantes, integrantes de la delincuencia organizada, o que permite que niñas de 10 a 14 años desaparezcan cotidianamente en Morelos y en todo el país y a quienes se les niegan las órdenes de restricción o el acceso a la justicia.
 
También convocaron a todos los colectivos y organizaciones que trabajan buscando desaparecidas y desaparecidos a que unan sus voces a las suyas para exigir que todas las Fiscalías Estatales abran e identifiquen todos los cuerpos que depositaron en las fosas comunes sin identificar, como se hizo en el Estado de Morelos en Tetelcingo y Jojutla. Ya que la ex procuradora, Marisela Morales, reconoció en su última Reunión Nacional de Procuradores, que cincuenta y cinco mil cuerpos fueron enviados a fosas comunes sin identificar. Las desapariciones no voluntarias se constituyen en desapariciones forzadas por inacción  y negligencia de las autoridades que no les buscan.
 
Cuántas madres, más de treinta y un mil, encontrarían la paz sabiendo cuál ha sido el destino de sus hijas e hijos, dejarían de padecer la zozobra, la angustia que viven cotidianamente sin saber de sus hijas e hijos, sin saber si viven o están muertas o muertos, si comen, si pasan frío, una verdadera tortura alimentada por la esperanza de que un día abran la puerta y les digan ya llegué mamá, estoy bien.
 
Así mismo, exigieron al Gobierno de Morelos que, en coordinación con la PGR, la Policía Científica de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hagan un rastreo detallado en las tres fosas clandestinas que se han detectado en la zona Sur-Poniente, con el propósito de buscar a sus hijas e hijos.
 
También, exigieron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos en vida, no sólo sin vida.
 
Exigieron una “limpia” generalizada de los cuerpos policiacos y de las Fiscalías Generales Estatales y la Procuraduría General de la República para erradicar la corrupción, la infiltración de la delincuencia organizada, la complicidad  que genera impunidad.
 
Exigieron la aprobación de la Ley General de Desapariciones Forzadas, con la participación de todos los colectivos y OSC que trabajan el tema, pero, sobre todo, se unieron a la consigna de que “sin las familias no”.
 
Las madres integrantes de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, como miles de madres en todo el país el 10 de mayo, dejaron claro que no tienen nada que celebrar, pero que salieron a las calles con el corazón roto, “para que sepan nuestras hijas e hijos que sus madres las y los siguen buscando, que siguen exigiendo justicia y que se actúe con la debida diligencia, hasta alcanzar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.
 
Una vez concluida la marcha y el acto político frente al Memorial de las Víctimas, las notas del mariachi surcaron el aire al tenor de “Amor Eterno” y “Señora”, en ese momento las madres y sus familias rompieron en llanto, que a duras penas habían controlado durante la marcha.

A las cuatro de la tarde, las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hicieron lo propio y al grito de ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! hicieron cimbrar el Paseo de la Reforma.
 
Y ese mismo día, 10 de mayo, un comando armado cegó la vida de una madre activista, en San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, a quien el Estado le falló cuando desapareció su hija Karen Alejandra Salinas, y le volvió a fallar cuando no la buscaron, ella la encontró en un fosa clandestina en San Fernando y también localizó a los culpables de su secuestro y feminicidio.
 
El Estado Mexicano le volvió a fallar cuando permitió que los culpables del secuestro y feminicidio de su hija huyeran de la cárcel y le falló por cuarta ocasión cuando no la protegió y permitió que un comando armado la privara de la vida.
 
#NiUnaMás
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG

Jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín,  en Baja California (BC), denunciaron que el Gobierno federal no ha cumplido con la solicitud que le hicieron hace dos años para  sancionar y terminar con el acoso sexual de que son víctimas, tampoco actuó ante su exigencia de  mejores condiciones laborales, acceso a servicios de salud y educación de calidad para sus hijas e hijos.
 
Durante el cierre de la Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín, la secretaria de Igualdad de Género del Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas, Abelina Ramírez Ruíz, dijo a Cimacnoticias que, pese a las exigencias que presentaron desde hace dos años,  mayordomos, ingenieros y empresarios de los lugares en donde trabajan siguen abusando sexualmente de las mujeres jornaleras en total impunidad.
 
A esto se suma la falta de voluntad política por garantizarles mejores condiciones laborales, señaló
 
Recordó que desde el 17 de marzo de 2015, cuando miles de trabajadoras de las empresas del Valle de San Quintín realizaron un paro laboral  para demandar el cumplimiento de sus derechos laborales, han seguido exponiendo a la opinión pública y al gobierno  las condiciones precarias en las que trabajan: salarios de 120 pesos al día, carencia de seguridad social y jornadas de hasta 12 horas, todos los días de la semana.
 
En el caso de las mujeres, a esas malas condiciones se suma una doble jornada laboral. La trabajadora del campo en Chiapas e integrante de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, Teófila Díaz Jiménez, dijo en entrevista para Cimacnoticias que las jornaleras que emigran de Chiapas a BC, están, “al igual que los hombres, en las tierras de cuatro de la madrugada hasta las seis de la tarde, pero además deben cumplir con otras obligaciones como preparar la comida de sus compañeros y limpiar el lugar en el que se quedan”.
 
Díaz Jiménez expuso también los problemas que enfrentan las mujeres cuyos maridos emigran a San Quintín para emplearse como jornaleros. “Ellas se quedan a cuidar a sus hijas e hijos y el salario  que envían sus esposos no les alcanza para comprar ni lo básico”.

Jornalera de San Quintín en el Monumento a la Revolución en la CDMX | CIMACFoto: César Martínez López.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, de los aproximadamente 5 millones de personas jornaleras que hay México, cinco de cada 10 ganan entre uno y dos salarios mínimos al día.
 
SALUD
 
Las personas trabajadoras del campo también exigen mejores servicios de salud. Díaz Jiménez dijo que cuando las y los jornaleros se enferman, los dueños de las empresas que los contratan los despiden y no se preocupan por ellos, pese a lo grave de su enfermedad. 
 
Abelina Ramírez Ruíz denunció las complicaciones que enfrentan para acceder a hospitales. “Nos hacemos hasta tres horas de camino para llegar”, dijo. Además, el agua que consume está contaminada “los químicos  perjudican a las mujeres embarazadas  y a sus hijos y no tenemos un hospital para llevarlas”.
 
Y añadió: “Muchas han muerto. Por eso tuvimos el valor de salir, no podemos permitir que nuestra gente se esté muriendo”.
 
Respecto a los servicios de educación para niñas y niños, las jornaleras denuncian la carencia de universidades y lugares para que sus hijas e hijos estudien. “Igual que los hospitales, los centros de estudio están muy lejos”, mencionó Ramírez Ruíz.
 
MOCHILAS, EN VEZ DE GUARDERÍAS
 
La secretaria de Igualdad de Género de la organización denunció que el único acercamiento del gobierno de BC, encabezado por Francisco Arturo Vega de la Madrid,  con ellas para atender las denuncias educativas fue la de entregarles mochilas cuando la Caravana partió de BC en rumbo a recorrer ocho estados del país. “lo hicieron para callarnos y decir que nos están ayudando. Una mochila, ¿cuánto nos va a durar?, ¿y el futuro de nuestros hijos?”, comentó.
 
Desde 2015, una de las exigencias de las mujeres jornaleras fue la de que crear guarderías, sin embargo, Ramírez Ruíz aseguró que no se ha avanzado nada al respecto.
 
En San Quintín trabajan como jornaleras 80 mil personas en condiciones precarias, las mismas en que laboran quienes trabajan en  Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, como lo corroboraron los testimonios que recopilaron  durante la Caravana que inició el 4 de marzo de este año por esos estados.
 
Como resultado de la unión entre trabajadores y trabajadoras jornaleras del país, el día de hoy el Comité de Familiares de los normalistas en condición de desaparición forzada de Ayotzinapa se pronunció a favor de la lucha.
 

CIMACFoto: César Martínez López.

Jornaleros, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala exigieron, a través de un comunicado, que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cumpla los derechos que como trabajadores les corresponden en materia de salarios y seguridad social; así como eliminar las prácticas de acoso sexual contra las jornaleras, respetar la libre asociación sindical y erradicar los contratos colectivos de protección patronal.
 
17/MMAE/GG
 

Artículo 19; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, denunciaron opacidad y ocultamiento de información en el proyecto denominado plataforma virtual Memoria y Verdad, impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
 
La plataforma virtual Memoria y Verdad presentada el pasado 11 de octubre, tiene el objetivo de generar un archivo digital de 15 casos de violaciones graves a Derechos Humanos y facilitar el acceso público a estos casos, entre ellos los operativos policiacos de Atenco en 2006 que dejaron como saldo 26 mujeres víctimas de violación sexual; y el feminicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, conocido como Campo Algodonero, sin embargo no contiene información completa.
 
El INAI recibió 54 solicitudes de información sobre la sentencia que en 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, conocido como “Campo Algodonero”.
 
De acuerdo con la plataforma, de las 54 solicitudes sobre Campo Algodonero, 44 son sobre información relacionada con el acceso a la justicia para las mujeres, 10 respecto a los actores involucrados y dos sobre el contexto en que ocurrieron los hechos; pero en la página web las respuestas a las solicitudes no son accesibles.
 
En el caso de los operativos policiacos implementados durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en 2006 en Atenco, Estado de México, el INAI recibió 27 solicitudes de información, dos relacionadas con el acceso a la justicia, 11 con los actores involucrados, siete con el contexto, nueve con lo sucedido y cuatro con las víctimas.
 
Además aunque el caso Atenco que dejó como saldo dos muertos y  47 mujeres detenidas, 26 de ellas víctimas de violación sexual, once de las cuales continúan su demanda ante la CoIDH, que fue ampliamente documentado por organizaciones civiles y medios de comunicación, en la plataforma sólo hay tres fotos que no son de los hechos.
 
El organismo promete seguir alimentado la página web y es que hasta ahora falta información sobre los hechos, desde documentos, fotografías y videos, hasta acciones implementadas por el Estado para reparar el daño e informar sobre el estado actual de estas violaciones a DH que en el caso de las relacionadas con derechos de las mujeres, han causado interés y pronunciamiento de organismos internacionales.
 
16/AGM/LGL

Este lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 2 años, implican dos palabras que se dicen fácil. Dos palabras que para 43 familias son días sin horas, casi un tiempo interminable de dolor y angustia convertido en rabia.
 
Hace un año estas familias se reunieron con la máxima instancia del gobierno mexicano, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; pese a las promesas de Enrique Peña Nieto, de investigar para llegar a “saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, 360 días después de la promesa, aún no se sabe más de lo que antes se había dicho.
 
3 meses después de esta reunión, en diciembre de 2015, medio centenar de madres de personas desaparecidas se encontraron en el Cuarto encuentro de la Red Nacional de Defensoras, ahí también estuvieron dos de las madres de los jóvenes normalistas.
 
“¿Cuántos hijos ha perdido usted? -le dije al presidente- ¿Cuántos, dígame? ¿Ninguno verdad? Entonces ¿cómo me pide que lo supere? ¡Cómo me dice eso! si yo lo crié, lo crecí, lo llevé 9 meses dentro de mí, ¡y me lo quitaron!”, narró María Concepción Tlatempa Colchero, Madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa cuando estuvo en su encuentro con Enrique Peña Nieto, en 2015.
 
2 años en que estas madres han caminado más allá de lo que ellas mismas imaginaron, que se han sentado con autoridades que antes ni soñaban tener cerca. Mujeres que vieron transformar su vida a raíz de la desaparición de sus hijos. Ellas no lo decidieron, no pidieron convertirse en defensoras, fue el Estado el que las convirtió al arrebatarles a sus hijos.
 
Hoy volvieron a las calles a exigir justicia para que sus muchachos regresen a casa. Una y otra vez han reafirmado que no se detendrán hasta dar con su paradero, hasta obtener la justicia.
 
Como ellas, otras mujeres más se suman a la exigencia de justicia ante otros agravios cometidos por el Estado, pero esta vez no es en las instancias nacionales, ahí la buscaron pero no lo lograron, ahora se van más allá de nuestras fronteras: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a las 11 mujeres violentadas sexualmente durante la represión al pueblo de Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.
 
Ellas también han caminado una década para exigir su legítimo derecho a la justicia, no sólo para ellas sino para evitar que otras mujeres sean vejadas, para que el Estado mexicano cumpla con las víctimas, asuma su responsabilidad, castigue a los responsables tanto intelectuales, a los que dieron la orden, como a quienes ejecutaron la acción.
 
Dos historias, dos situaciones distintas, no sólo por el tiempo sino por los hechos que las han llevado a caminar rutas similares en la búsqueda de justicia. Mujeres todas que rompieron el silencio, que han puesto sus voces para evitar que el olvido se lleve sus historias, sus dolores, sus rabias y su exigencia de justicia.
 
Ante los 2 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto aseguró que seguirá investigando hasta dar con el paradero de estos jóvenes y que castigará a quienes estén involucrados en estos hechos sin importar jerarquías, ni si son de la delincuencia o de alguna instancia de gobierno local o federal.
 
Me pregunto si este mismo razonamiento será el que lleven las autoridades que representarán al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso de las mujeres de Atenco.

¿Será que el castigo llegará hasta quien hoy ocupa el Ejecutivo Federal?
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 

 
16/LLH/LGL

A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa Guerrero, las madres expresan su dolor, pero también el amor por sus hijos, esa fuerza que las mueve para continuar en la búsqueda, en la exigencia de “justicia y verdad”.
 
“Es muy duro no poder platicar con él, no poder darle un abrazo, donde quiera que esté mi hijo, que sepa que lo amo y porque lo amo, siempre lo buscaré” dijo Nicanora García a Cimacnoticias, madre de Saúl Bruno, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
 
Nicanora García y su hijo Saúl Bruno son originarios de Tecuanapa Guerrero, ese poblado está a cinco horas de Ayotzinapa, el lugar donde se ubica la Escuela Rural en la que estudiaba su hijo.
 
Desde que Saúl Bruno desapareció el 26 de septiembre del 2014, al tratar de trasladarse a la ciudad de Iguala, la vida de Nicanora García cambió porque al ver que su hijo desapareció junto con otros 42 estudiantes, las acciones de búsqueda de “justicia y verdad” se han convertido en su rutina diaria.
 
La mamá de Saúl Bruno, hace servilletas para venderlas en los lugares a los que asiste para hacer activismo y dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.
 
“Para una madre es muy duro no saber de su hijo, si come o no come, o qué estará pasando y este gobierno que no quiere entregarnos a nuestros hijos. Él es el tesoro más grande que he tenido en mi vida y no me voy a ir sin que me lo entreguen”, dijo Nicanora.
 
LA MARCHA
 
El pasado 26 de septiembre las madres de los 43 estudiantes iniciaron la segunda marcha masiva desde el monumento del Ángel de la Independencia, acompañadas de un gran contingente conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, normalistas, sindicatos de telefonistas y de los sectores de salud y educativo, así como de organizaciones civiles.
 
Realizaron una pausa a la marcha para detenerse en el  anti monumento de “no olvido” de los 43, en donde realizaron el conteo de los estudiantes desaparecidos.
 

 
Después continuaron hasta llegar al Zócalo capitalino en donde el gobierno de la Ciudad de México, instaló unas carpas para un evento, lo que no impidió que los contingentes se organizaran para tomar el espacio y escuchar a las madres y padres de los 43 estudiantes.
 
En una de las vallas frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, colocaron una manta que decía: “Basta de impunidad gobierno traidor”. A un lado instalaron el templete en donde tres madres hablaron para pedir respeto a los Derechos Humanos, cumplimiento cabal de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
 
También pidieron cárcel para los implicados en el secuestro de los estudiantes, en específico para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y para  Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de manera reciente fue turnado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por decisión de Enrique Peña Nieto.
 
La primera mamá que habló fue Joaquina Palotzin, madre de Julio César. Ella agradeció el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía y pidió que no las vean como personas “revoltosas”, porque son madres que buscan ver con vida a sus hijos y no descansarán hasta saber la “verdad”.
 
Hizo alusión al basurero de Cocula, el lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como prueba de investigación, que ahí se quemaron los cuerpos de los 43 estudiantes, cuando el GIEI refutó con pruebas meteorológicas que ahí no se había registrado ningún incendio.
 
“Queremos que sigan con las investigaciones, saber dónde están nuestros hijos porque cada día que pasa es un sentimiento de sufrimiento. Ya no queremos sentir. Este dolor que sentimos no queremos que lo sufra otra madre” dijo Joaquina en el Zócalo capitalino.
 
Después tomó la palabra Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio, quien denunció que el gobierno les ha ofrecido dinero, pero indicó que los 43 estudiantes no son “objetos” y por este motivo ellas continuarán en la exigencia de justicia.
 
Cerró Carmen de la Cruz, madre de Jorge Aníbal, quien pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes y la renuncia de Enrique Peña Nieto.
 
“No quisiera estar aquí, pero en este lugar nos puso este maldito gobierno. Ellos se llevaron a nuestros hijos” dijo Carmen de la Cruz y narró que el 26 de septiembre del 2014, a las 3 de la tarde habló con su hijo Jorge Aníbal y le dijo que lo quería mucho.
 
“Mamá yo siempre te voy a querer, tu eres mi todo, me dijo ese día” dijo Carmen de la Cruz. Después hizo un exhorto a la ciudadanía para que no olviden el caso de los 43 estudiantes e informó que las agresiones a los estudiantes continúan.
 
Ese mismo día las madres y padres de otros estudiantes acudieron a los estados de Quintana Roo, Jalisco y Michoacán para estar presentes en las marchas simultáneas que se realizaron en esas entidades.
 
16/GVV/LGL

Para conmemorar el segundo año de la detención-desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, sus familiares y diversas organizaciones sociales reivindican estas consignas de verdad y justicia. Ambos reclamos son vigentes porque la institucionalidad mexicana sigue sin esclarecer plenamente este hecho en el que están involucradas fuerzas de seguridad pública y del crimen organizado, tampoco hay indicios que apunten a que todos los responsables materiales e intelectuales serán castigados.
 
Este caso se ha mantenido en la esfera mediática nacional e internacional gracias a la actividad intensa de los familiares, entre ellos, las madres de los jóvenes, quienes han demostrado gran fortaleza y claridad política, sus voces son conocidas en múltiples lugares. Sin duda representan un ejemplo por su tenacidad y valentía, al dejar su entorno cotidiano para realizar un activismo intenso en estos 24 meses.
 
Imposible describir en este espacio las irregularidades cometidas en el proceso de investigación, sólo queda anotar el hecho más reciente dado a conocer sobre el posible encubrimiento de un funcionario que alteró evidencias del caso. Familiares de los 43 estudiantes exigen al gobierno federal investigar y sancionar a Tomás Zerón, quien ahora tiene un cargo de mayor rango en el Consejo Nacional de Seguridad, aún y cuando fue integrante de la Agencia de Investigación Criminal hizo un recorrido en Cocula, cercano a Ayotzinapa, con uno de los integrantes del grupo de narcos “Guerreros Unidos”, y fue separado de ese cargo tras conocerse que esa diligencia no fue consignada en el expediente de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, en opinión de los familiares, se debe aclarar de inmediato ya que puede existir manipulación por parte de ese funcionario público.
 
El caso Ayotzinapa ha hecho evidente cómo al gobierno mexicano presidido por Peña Nieto no le interesa llegar a la verdad, ha desestimado las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada e ignora las recomendaciones que desde abril pasado le entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Si la demanda de justicia por los 43 normalistas ha rebasado el ámbito nacional y continúa resonando en espacios internacionales, cabe preguntar: ¿será la verdad de Ayotzinapa más grave que el desgaste que tiene el presidente de México? Ello sin olvidar que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad pública y narcotraficantes se multiplican, en un contexto en el que se exige la renuncia de Peña Nieto.
 
Ayer ,26 de septiembre, frente a la Embajada de México en Guatemala (2ª. Ave. 13-5, zona 10) se realizó un mitin a las 12:30, donde entregaron una carta que dice: “Como víctimas y sobrevivientes del genocidio en Guatemala, como herederas y herederos de una sociedad que a casi 20 años de firmar la paz sigue exigiendo justicia por nuestros desaparecidos, nos solidarizamos con quienes hoy libran luchas importantes en México contra la impunidad… Los 43 nos faltan a todos”.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/LGL

La periodista mexicana Carmen Aristegui Flores, recibió en la capital guerrerense la presea popular “Sentimientos del pueblo”, reconocimiento otorgado también a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a Gilda Cruz Revueltas, nieta del escritor José Revueltas, y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
 
Esta presea es otorgada a la par de la que entrega el congreso del estado el día 13 de septiembre de cada año. La condecoración popular se realiza desde el año de 2007 después de que la escritora Elena Poniatowska declinara la invitación hecha por el congreso del estado y pidiera que en su lugar se le otorgara  dicho reconocimiento a la trayectoria del doctor y luchador social Pablo Sandoval Cruz, por lo que la convocatoria se declaró desierta ese año.
 
Así fue como nació la entrega de la presea popular, “Sentimientos del pueblo”, que desde entonces se ha entregado a la periodista Elena Poniatowska Amor; al escritor Paco Ignacio Taibo II; a la hija del activista Rosendo Radilla Pacheco desaparecido por el Ejército en 1974, Tita Radilla Martínez.
 
La activista y ex senadora Rosario Ibarra de Piedra, el Obispo Samuel Vera López, el activista Javier Sicilia Zardain, esposas y familiares de los guerrilleros Génaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, son otras personas que han recibido el reconocimiento.
 
En esta ocasión fue para la periodista Carmen Aristegui Flores, para las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a Gilda Revueltas y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE.

Al recibir la presea, Carmen Aristegui la dedicó a sus compañeros periodistas que han sido perseguidos, desaparecidos censurados y asesinados | Foto: Guadalupe Cabañas

La periodista Carmen Aristegui cortó el listón de la cabina de radio ubicada en las instalaciones de Radio Universidad, misma que llevará su nombre, por lo que dijo sentirse emocionada y agradecida por el recibimiento de la ciudadanía de Chilpancingo.
 
“Gracias por esta cabina, el honor inmenso de que hayan tenido la iniciativa de poner este nombre, porque entiendo que es la forma que tienen para hacer valer la labor del periodismo, lo que significa la prensa libre y un periodismo crítico”.
 
“Estamos a unas horas del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de su desaparición que ha marcado la vida de Guerrero”.
 
Al recibir la presea, Carmen Aristegui la dedicó a sus compañeros periodistas que han sido perseguidos, desaparecidos censurados y asesinados, porque México, dijo, se ha convertido trágicamente en uno de los países que tiene mayor riesgo de ejercer la labor periodística,  y una democracia y un país libre no puede serlo sin contar con un ejercicio crítico e independiente”.
 
“Quiero dedicar esta presea popular a mis compañeros desaparecidos, censurados y asesinados en México, quiero decirles que esta batalla que podemos dar como lo hacemos en este encuentro es una batalla por todos nosotros y hay que seguirla dando, que este reconocimiento popular lo dedico a ellos y lo dedico desde luego a quienes están aquí, a estas familias, padres, madres, hermanos, amigos de los jóvenes de Ayotzinapa”, agregó.
 
Finalmente, la periodista pidió que se continúe exigiendo al Estado mexicano la presentación con vida de los normalistas y que cumpla con su mandato de impartir justicia.
 
16/LC/LGL

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han tomado conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos más hacia afuera -frente a los no indígenas, frente al Estado- que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.
 
En el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.
 
En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a personas defensoras de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.
 
En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras, exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.
 
En la declaratoria condenaron “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que 13.5 por ciento del suelo nacional está en manos de empresas mineras.
 
Manifestaron suma preocupación por los casos de feminicidio que ocurren todos los días. Como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 casos de feminicidio del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implemente la Alerta de Violencia de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes.
 
También manifestaron su preocupación por las intimidaciones y amenazas que viven las indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.
 
La Asamblea exigió que el gobierno federal promueva y reconozca el Día internacional de la Mujer Indígena, como forma de reivindicar el aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.
 
Que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular, fueron otras de sus demandas.
 
Exigieron que se reconozca al trabajo del hogar remunerado como un trabajo digno y que a quienes lo realizan se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.
 
En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron, atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.
 
Entre las participantes en este evento estuvieron la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (Camis), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), entre otras.
 
16/RR/LGL