Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El estado de Sonora se ubicó en 2017, en el quinto lugar del país en feminicidio, con una tasa de 2.13, muy por encima de la media nacional que fue de .06 por cada 100 mil, de acuerdo con datos del reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte consultado por esta agencia destaca que el municipio de Cajeme aparece en tercer lugar de entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio. Al 31 de diciembre de 2017, se registraron 13 casos de feminicidio, mientras que su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Cabe recordar que en 2015, las organizaciones civiles solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG), sin embargo ésta se rechazó con el argumento de que “no había elementos para declararla”.

En lo que concierne a los llamados “incidentes”, derivados de las llamadas de emergencia a la línea 911, Sonora se coloca en primer lugar en Violencia familiar con 82 mil 331 llamadas. Mientras, la tasa de violencia familiar por cada 100 mil mujeres, conserva a Sonora en primer lugar con 5 mil 470.9.

En tanto las llamadas de emergencia con “incidentes” de violación colocan a Sonora en el séptimo lugar nacional con 168 casos de enero a diciembre de 2017.

Esos eventos de violación reportados al 911, indican que la tasa por cada 100 mil mujeres eleva a Sonora al sexto lugar nacional con 11.2, en tanto la nacional es de 5.7.

Los incidentes reportados al 911 incluyen violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Por otra parte, el homicidio doloso contra mujeres, clasificado así por las autoridades investigadoras y juzgadoras, tuvo una incidencia de 37 casos, que sumados a los 32 casos de feminicidio  reportados en el informe, hacen un total de 69 asesinatos de mujeres durante 2017.

El informe sobre violencia contra las mujeres da cumplimiento al acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) con el objetivo de poner a disposición del público en general en una sola plataforma, datos estadísticos sobre el tema.

Las cifras se obtienen de la incidencia delictiva reportada por las procuradurías y fiscalías de los estados, mientras que los incidentes de violencia contra las mujeres, son tomados de los registros de los Centros de atención de llamadas de emergencia en las entidades federativas.

Todo lo relativo a incidencia delictiva es tomado con base en denuncias presentadas o tomadas de oficio, y a partir de este año se publicará un reporte actualizado cada día 25 de cada mes.

El reporte de violencia contra las mujeres del SESNSP puntualiza que la información es resultado de una nueva metodología para el  registro y clasificación de los delitos y las víctimas, la cual está alineada con la Norma Técnica para la clasificación nacional de delitos del fuero común para fines estadísticos y al catálogo de delitos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, especifica que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 32 entidades federativas.

No obstante, en su apartado V, hace notar la obligatoriedad de las autoridades ministeriales de toda la república de seguir puntualmente los protocolos de investigación del delito de feminicidio, pero no así el registro como tal en el sistema que este 20 de enero se dio a conocer.

18/SNE/LGL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a los 12 estados que tienen una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) que difundan las estadísticas sobre casos de violencia feminicida a fin de transparentar la información.

El Legislativo también solicitó al gobierno de Veracruz –única entidad con dos Alertas, una por violencia feminicida y otra por restringir los derechos reproductivos de las mujeres– que informe cuáles son las medidas y acciones emprendidas para proteger a las veracruzanas.  

Durante la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente aprobó los dos dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para pedir información a los estados con AVG activada: Estado de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

En el primer exhorto, propuesto en un inicio por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Catalán Padilla, se consideró que no contar con cifras concretas de casos de violencia feminicida obstaculiza el desarrollo de políticas públicas o acciones que eviten o, en su caso, disminuyan la violencia contra mujeres y niñas.

En su iniciativa la legisladora señaló que persisten múltiples datos. Actualmente existen asociaciones civiles e instituciones académicas que registran la violencia contra las mujeres e incluso desde 2003 el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) realiza la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares.

También existe el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) que, expuso Catalán Padilla, no cuentan con información explícita sobre los casos de feminicidio en las diferentes entidades.  

Otra instancia que se ha sumado a la recolección de información sobre violencia de género es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que desde 2016 anunció que recopilaría los registros del delito de feminicidio pero que recientemente anunció que las cifras se publicarán hasta el próximo 20 de enero.

La diputada en su propuesta pidió información a los gobiernos de Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco para que integraran los datos en los Bancos Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia; sin embargo la Comisión Permanente hizo un llamado a todas las entidades que cuentan con una Alerta de Género. A la fecha son 12 estados en Alerta aunque en próximos meses se podrían sumar ocho más.

En el segundo dictamen aprobado, senadores y diputados pidieron al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Veracruz informar sobre las medidas y acciones para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres.

El pasado 13 de diciembre Veracruz se convirtió en la primera entidad en contar con dos Alertas luego de que la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declaró activada la AVG por agravio comparado, es decir, por políticas que restringen y criminalizan la interrupción del embarazo. La entidad ya contaba con una Alerta por violencia feminicida.

En la propuesta de punto de acuerdo, presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, se expuso que, de acuerdo con la publicación de un medio internacional, en 2011 desaparecieron por lo menos 50 mujeres en Xalapa, capital de Veracruz, en un lapso de tres días por lo que la legisladora pidió llamar al gobernador Miguel Ángel Yunes a investigar el caso.

No obstante, la Primera Comisión de la Permanente consideró que este tipo de exhortos se tienen que hacer al Ministerio Público, entidad encargada de realizar la investigación de cualquier delito,  por ello optó por pedir únicamente que el gobierno estatal informe sobre las medidas y acciones que ha emprendido contra la violencia de género.

18/AGM

Al cierre de 2017 en México 479 mujeres fueron investigadas por el delito de aborto, de acuerdo con el nuevo registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En diciembre pasado la dependencia de la Secretaria de Gobernación (Segob) informó que en la nueva metodología para clasificar y registrar la incidencia delictiva incluiría delitos como aborto, violencia familiar, trata de personas y feminicidio, aunque de este último los datos se publicarán hasta el próximo 20 de enero.

Sobre el ilícito de aborto que por primera vez comienza a registrar el SESNSP, de enero a noviembre del año pasado, la Ciudad de México fue la entidad con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto, 74 mujeres fueron acusadas tener o practicar la interrupción del emabarzo.

La capital está seguida de Baja California donde se concentró 15 por ciento de las investigaciones iniciadas contra mujeres que interrumpieron un embarazo (72 casos en total).

En tanto, en el Estado de México 38 mujeres fueron criminalizadas por practicar un aborto. En Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, mientras en Guanajuato y Jalisco se registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

EL DERECHO AL ABORTO

Entre las cifras del Secretariado resalta el caso de la capital del país, ya que a pesar de que es la única entidad en la que se puede interrumpir un embarazo de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación; después de este periodo el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario, de acuerdo con el Artículo 145 del Código Penal.

En todo el territorio nacional la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para las víctimas de violación sexual ya que las mujeres pueden solicitar un aborto en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda.

En caso de que la víctimas sea menor de 12 años de edad es necesario que acudan con un tutor, así lo establece la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046).

Asimismo, en México el aborto es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley de cada estado, por ejemplo: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y cuando la economía precaria de las mujer se agrava al continuar el embrazo.

Debido a que la aplicación de estas causales varían en cada estado, en 2012  el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes estatales relativas al aborto (recomendación 33).

El Comité CEDAW asegura que es necesario eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y se vean orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo por lo que recomendó al gobierno mexicano asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046.

Este año el Estado será evaluado por el Comité para conocer el avance de estas recomendaciones en el acceso de las mujeres a derechos como la salud y otros ámbitos de sus derechos.

17/HZM

El Observatorio Nacional Ciudadano (OCN) manifestó su inconformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) por ocultar y postergar de último momento la publicación de las estadísticas sobre feminicidio en México.

En 2016 el Secretariado Ejecutivo –dependencia de la Secretaría de Gobernación– anunció que renovaría el registro y clasificación de incidencia delictiva en el país para incluir datos sobre feminicidio, trata de personas, violencia familiar, narcomenudeo, ilícitos ambientales y la renovación de otros apartados con información desagregada por sexo y grupos de edad.

Las cifras con la nueva metodología se publicaron el 22 de diciembre; sin embargo, el Sistema omitió publicar los datos de feminicidio a pesar de que existen, así lo denunció el Observatorio Nacional Ciudadano, que en un comunicado evidenció que las autoridades federales mostraron a las agrupaciones civiles las estadísticas de este ilícito recolectadas de 2015 hasta noviembre de 2017.

Finalmente, sin mayor explicación, el Consejo Nacional de Seguridad Pública decidió demorar la entrega de estas cifras hasta enero de 2018.

“El cambio de último momento en relación con la decisión de la publicación de dichas estadísticas, inevitablemente invita a que se cuestione si ello se realizó para darle tiempo a procuradurías y fiscalías generales de corregir sus datos”, señaló la organización.

Ocultar las cifras de feminicidio cobra especial relevancia, explicó el Observatorio, pues se ha denunciado la falta de registros fehacientes de los asesinatos de mujeres por razones de género en múltiples entidades. Por lo que “parece –indica la organización- que quieren proteger a los estados que no registran, ni reconocen el feminicidio”.

Por último, el Observatorio lamentó esta decisión, pues dijo, fue un trabajo arduo de cuatro años de las autoridades federales: “le bajaron el todo y la calidad de un producto que permitía desnudar qué instituciones le han dado o no un mínimo de acceso a la justicia a las víctimas. Esto no puede ser interpretado de otra manera más que como una pésima señal sobre la consistencia de cifras de algunos ilícitos”.  

Ante la falta de datos que visibilicen y permitan atender el feminicidio, las organizaciones civiles locales se han organizado para documentar los casos por medio de metodologías basadas en la recopilación de información periodística.

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres, las estadísticas recién publicadas por el SESNSP indican que hasta noviembre de 2017 se denunciaron 155 mil 375 casos de violencia familiar y mil 566 de violencia de género en todas sus modalidades.

17/HZM

La indiferencia de las personas que observaban la misma imagen que nosotras –un sujeto encima de una joven con los pantalones desabrochados y la joven desnuda de la cintura para abajo- nos hizo pensar que “solo” se trataba de dos personas teniendo relaciones sexuales en la vía pública. Cuando nos acercamos, los gritos de la joven y sus intentos por quitarse de encima al sujeto nos advirtió que se trataba de una violación sexual, a la vista de quien quisiera ser testigo de la escena.
 
Nuestros gritos hicieron que el sujeto se fuera y dejara a la joven. Pedimos una patrulla que jamás llegó. La señora de la casa más próxima donde se estaba dando la violación sólo se asomó para cerrar sus ventanas. Dos señores que salieron a tomar el fresco a la banqueta ni se inmutaron, no movieron ni un dedo, se limitaron a ver. Todo esto sucedió en una colonia muy popular de Tuxtla Gutiérrez. No doy más datos del caso por la seguridad de la víctima, pero las autoridades ya tienen la información.
 
Aún no logro determinar con exactitud qué me preocupa y ofende más: la indiferencia  y miedo de la sociedad ante un acto semejante;  la indolencia de las autoridades incapaces de enviar una patrulla ante la denuncia de una violación sexual en plena vía pública; la vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres o todas esas circunstancias juntas.
 
No fue por su forma de vestir, tampoco por caminar sola por la calle, ni por andar con malas compañías, no fue nada de eso, ni nada que a las autoridades o la sociedad quiera creer para sentirse a salvo y con la conciencia tranquila y así evadir su responsabilidad.
 
El caso que les narro no es un asunto aislado. Eduardo Flores, del Observatorio Ciudadano de Chiapas publicó en fechas recientes en Chiapas Paralelo un artículo llamado “La alerta previa al desastre” en el que señala la situación en la que está Chiapas y en particular Tuxtla en cuanto a las denuncias por violaciones sexuales.
 
Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la solicitud de información 186117 hecha por el Observatorio Ciudadano Chiapas, a la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, en 2016 se denunciaron 748 casos de violación sexual en Chiapas, de los cuales 94.92 por ciento fueron cometidos hacia mujeres, más de la mitad de ellos a niñas menores de edad. Chiapas ocupó en 2016, el onceavo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes.
 
​Si 2016 no fue un buen año para las mujeres y las niñas en Chiapas, 2017 parece ser peor. La tasa de denuncias por violación sexual de enero a marzo de 2017 es 3.98 por ciento mayor a la cifra del mismo periodo de 2016, y al menos en los últimos 15 meses, esta cifra ha permanecido superior a la tasa nacional; 181 casos se tienen registrados, de ellos 37 se han cometido en Tuxtla Gutiérrez. Además, el porcentaje de menores de edad en tales denuncias ha incrementado de 48.81 por ciento en el primer trimestre de 2016, a 52.94 por ciento en el mismo periodo de 2017.
 
​Si revisamos la cifras a nivel municipal, encontramos también que 6 de los 7 municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género, que aún no tiene acciones definidas en el estado, presentan ya durante el primer trimestre de este año tasas de denuncias por violación sexual por cada 100 mil habitantes superiores a la tasa nacional que es de 2.49.
 
Las violaciones sexuales no son un hecho aislado, este delito responde a la dinámica patriarcal en la que vivimos, a la impunidad en la que están los perpetradores de estos actos, a la indiferencia de la sociedad que no denuncia estos hechos y no exige a las autoridades aun cuando esos delitos están ocurriendo en muchas ocasiones en su propia casa o muy cerca de ella.
 
SIN ACCIONES MÍNIMAS QUE EXIGE AVG
 
Es urgente que el Gobierno del estado de Chiapas y los municipios como Tuxtla Gutiérrez implementen políticas públicas contundentes para eliminar la violencia en contra de las mujeres.
 
Estamos a poco más de seis meses de haberse dado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 7 municipios de la entidad y hasta ahora no se han implementado las acciones mínimas que exige la alerta para frenar la violencia estructural  que existe en el estado en contra de las mujeres.
 
Cada uno y cada una que estamos indignadas con la situación podemos hacer algo desde donde estamos y con las posibilidades que tenemos, de entrada podemos no ser indiferentes ante la violencia en contra de las mujeres, no ser parte del problema, no ser la señora que solo se asoma a cerrar las ventanas para sentirse a salvo dentro de cuatro paredes; ni los señores que se limitan a ver desde la banqueta de su casa.
 
Cada vez que hay una violación sexual o cualquier acción de violencia e injusticia hay tres actores: la persona que violenta, la violentada y las y los observadores, son estos últimos quienes pueden hacer la diferencia permitiendo que sigan esos actos con su silencio cómplice o deteniéndolos con sus acciones.
 
¿Qué podemos hacer? 1. Denuncie cualquier acción de violencia contra las mujeres. 2. Actúe cuando sea testigo o testiga de esa violencia llamando a las autoridades, gritando, pidiendo ayuda a otras personas y trate de poner a buen resguardo a la víctima. 3. No juzgue jamás a la víctima. Nunca, bajo ninguna circunstancia, son ellas las responsables. 4. Exija a las autoridades acciones reales y efectivas en contra de la violencia hacia las mujeres. Hágalo en sus redes sociales, con pancartas, en playeras, por los medios que tenga, lo que su imaginación le diga.
 
Estás propuestas no son limitantes a lo que usted considere que puede hacer a favor de detener la violencia en contra de las mujeres, algo tenemos que hacer, no podemos dejarles este estado, esta ciudad a los malos. Que el miedo que sentimos todas no nos paralice ni nos encierre, por el contrario, que nos movilice y nos obligue a salir a las calles, a apropiarnos del espacio público. La lucha es nuestra.
 
* Periodista chiapaneca, forma parte de la Red de Periodistas e integrante fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo y Revista Enheduanna.
 
17/SS/GG