Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

La audiencia intermedia para revisar el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria por su entonces pareja, Jorge Luis González Hernández, fue suspendida a petición de la defensa legal del presunto responsable, quien aludió a la falta de tiempo para contar con peritajes que les permitan debatir el caso. 

La mañana de este miércoles 9 de mayo se reanudó la audiencia intermedia que hace un mes comenzó a realizarse para esclarecer el asesinato de Lesvy Berlín Rivera, caso que se está llevando a cabo pro medio del sistema procesal acusatorio en el Reclusorio Oriente, donde Jorge Luis González permanece en prisión en espera de que se dicte sentencia. No obstante la reunión se volvió a aplazar a petición de la defensa del acusado.

El pasado 9 de abril el juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) encargado del caso, Alfonso Dávila Gómez, dio un plazo de 20 días a la defensa legal del presunto asesino para que reestructurara su hipótesis sobre los hechos de mayo de 2017 y preparara pruebas para defenderse.

Lo anterior, debido a que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) cambió su hipótesis sobre el asesinato de Lesvy; anteriormente había afirmado que la joven de 22 años de edad “cometió suicidio” enfrente de su pareja ahorcándose con el cable de un teléfono público ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sin que él la detuviera.

No obstante, después de reclamos públicos de la familia y la comunidad universitaria, la PGJ reformuló su acusación y en la audiencia del 9 de abril afirmó que Lesvy fue asesinada por asfixia a manos de Jorge Luis, por ello solicitó 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

Estas modificaciones son respuesta al cumplimiento de la determinación de la Quinta Sala del TSJDF que el 18 de octubre de 2017 ordenó reclasificar el caso de homicidio simple a feminicidio agravado y esclarecer los hechos.

En esa audiencia la defensa del presunto asesino pidió tiempo para volver a replantear sus pruebas, argumentando que no tenían previsto que la PGJDF cambiará su acusación. El Juez Dávila Gómez aprobó esta petición.  

En esta audiencia, que comenzó en punto de las 9 de la mañana, se debieron presentar los peritajes realizados por la defensa de la víctima y el presunto victimario con el objetivo de que el Juez determinará cuáles pasarían a la etapa del desahogo de pruebas, sin embargo, una vez más el abogado del presunto feminicida pidió un plazo de 20 días más argumentando que no tuvieron tiempo suficiente para que los peritos concluyeran con las pruebas.

Al ser cuestionadas por el Juez Dávila si existían objeciones para otorgar los 20 días solicitados, tanto las asesoras jurídicas de la familia de Lesvy Berlín, la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román; y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, como el Ministerio Público, dijeron que no. Afirmaron que ya tenían prevista esta situación.

Para la madre y el padre de Lesvy este hecho fue desesperanzador. Araceli Osorio, madre de la víctima, manifestó al juez su inconformidad por seguir retrasando las audiencias. Cuando éste le otorgó la palabra, con la voz entrecortada rememoró con tristeza que hace seis días se cumplió un año del feminicidio de Lesvy, un proceso que, sobre todo en estos días de luto, ha sido doloroso y cansado para la familia.

En el entendido del derecho del acusado de presentar pruebas para defenderse, Araceli Osorio, de la misma manera demandó el derecho que tienen como víctima a  “acceder a la justicia de manera expedita”. “Esto nos hace que sintamos que no llega la justicia a tiempo”, dijo Araceli.  

El juez pidió a la defensa de Jorge Luis no más retrasos para contar con las pruebas que necesiten. La próxima audiencia se fijó para el 8 de junio.

PERITAJES INDEPENDIENTES

La familia de Lesvy y las organizaciones que la asisten en la defensa legal se han abocado a reunir expertos peritos en perspectiva de género que les permitan demostrar que la joven no se suicidó como afirmó en un inicio la PGJDF, sino que se trató de un feminicidio.

El Centro Fray Francisco de Vitoria ha dado a conocer los peritajes que presentarán próximamente ante el juez:

Se iniciaron numerosas diligencias en Ciudad Universitaria, entre ellos un “dictamen en materia criminalística”, realizado por la maestra Mercedes Adriana Rubio Mendoza, quien coadyuva en el esclarecimiento de otros casos de feminicidio de la Ciudad de México;  “el dictamen en materia de medicina forense”, elaborado por el doctor José Mario Nájera Ochoa, quien tiene experticia en aportación de pruebas por hechos violentos en conflictos armados y abuso sexual en Guatemala, además de participar en la tipificación del feminicidio en ese país.

Asimismo, el peritaje “en materia de sociología sobre contextos socio-cultural de las violencia contra las mujeres” realizado por la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, experta en feminicidio y coordinadora general del OCNF; otro es el “dictamen en materia de arquitectura forense” aportado por el arquitecto Sergio Stephen Beltrán García para la reconstrucción del hecho en la cabina telefónica,

Fernando Reyes Espinoza del Río realizó el “dictamen en materia de video” en las que se analizaron las más de 20 horas de videograbaciones que dan cuenta de cómo Jorge Luis violentó a Lesvy, antes de que ella apareciera asesinada en la caseta telefónica. También colabora la investigadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Ximena Antillón Najlis en el “peritaje de impacto psicosocial”.

Asimismo el “Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas de género de la UNAM” que reunió las autoridades de la UNAM tras el asesinato de Lesvy propusieron dos peritajes: uno en materia de trabajo social con perspectiva de género hecho por la maestra Roxana Denisse Medina Guzmán y otro en socioantropología sobre entorno social de la doctora Erika Liliana López López.

Cabe recordar que aún está pendiente que la Procuraduría General de Justicia de la ciudad acepte la Recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos local por las violaciones a debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy, a un año de que ocurrió el crimen.

18/HZM

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
17/MMAE/GG
 

El peritaje antropológico social que prometió la Procuraduría capitalina, con apoyo de la UNAM,  para investigar el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria, “apunta a que la ella es la culpable de su propia muerte”, a partir de preguntas que condicionan el resultado.
 
Esto denunció la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román, en entrevista con Cimacnoticias, quien adelantó que la familia de la joven, como su defensa legal, rechazan la pretensión de que el caso concluya en suicidio. 
 
Explicó la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que el peritaje está conformado por preguntas que “condicionan el objetivo de la investigación porque ya traen un sesgo de género, son preguntas estigmatizantes. Están dirigidas a estudiar la vida sexual de Lesvy, sus relaciones familiares y sus actitudes que más que aportar para encontrar al probable feminicida la enjuician moralmente”.
 
Recordó que el 24 de mayo el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, anunció en conferencia de prensa la “coordinación interinstitucional” entre la instancia de justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un peritaje antropológico social que la institución educativa  realizaría.
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJDF), explicó Herrera Román, pidió a la UNAM que aportara una persona experta en antropología social para realizar el peritaje.
 
CUESTIONADA SU VALIDEZ
 
Desde el 6 de junio, cuando la familia de Lesvy y su defensa legal conocieron el peritaje propuesto, lo impugnaron a través de un “extrañamiento” que quedó asentado en el expediente. Y aunque aún así la PGJDF puede realizarlo, sus familiares aseguran que “sería cuestionable su validez” porque no incluirá entrevistas con el núcleo cercano de Lesvy como sus padres y amigos.
 
 “No vamos a cooperar con la autoridad en ninguna diligencia hasta que nos informen cómo realizaron las primeras diligencias y tengamos acceso a la primera parte de la carpeta de investigación -que incluye esa información- porque, de lo contrario, podríamos incluso aportar a  una línea de investigación como la que tememos que estén siguiendo: el suicidio”, precisó Herrera Román.
 
El peritaje también fue rechazado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que ya solicitó a la Procuraduría la coadyuvancia institucional en el caso, comentó la abogada, porque “sabemos que en reiteradas ocasiones la PGJDF las aplica en otros casos y  conducen siempre a criminalizar y revictimizar a la víctima”. ​
 
ACERCAMIENTO CON LA UNAM, INSUFICIENTE
 
La familia de Lesvy considera que aportar a un perito no es suficiente para la investigación del caso, por ello Herrera Román urgió “al rector de la UNAM, Enrique Graue, al grupo de expertas  en violencia de género propuesto por él, para que aportará en el esclarecimiento del hecho y a la comunidad universitaria sumarse a exigir a la procuraduría capitalina que transparente su trabajo”.
 
La abogada General de la UNAM, Mónica Mónica González Contró, y el grupo de expertas en violencia de género ya tuvieron un primer acercamiento con la mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez. Sin embargo, sigue sin haber certeza de cómo podrían aportar las expertas.
 
Herrera Román reconoce que, más allá de intervenir en materia legal, las expertas podrían ser “un canal de vinculación con las autoridades y nos abran puertas en la UNAM”, además de aportar en la “reivindicación de la memoria de Lesvy, que fue estigmatizada por la misma PGJDF desde los primeros días de la investigación”, esto último a través de la cuenta de la instancia de justicia donde difundieron información de la vida personal de la joven.
 
“Desde el principio de la investigación se estigmatizó a mi hija por ser joven, tomar decisiones, por ser mujer y por estar viva. La PGJDF hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy atribuyendoles veracidad y revictimizando a ella y a su familia”, denunció el pasado 17 de junio Araceli Osorio, durante un foro político cultural.
 
La familia de Lesvy su defensa legal están en espera de la respuesta que la PGJDF dará en cuanto al peritaje antropológico social que impugnaron y continúan exigiendo el acceso a la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes, esenciales para conocer la línea de investigación que actualmente se sigue, señala la abogada.

 17/MMAE/GG