Yakiri Rubí Rubio

Una administración que se caracterizó por la falta de acceso a la justicia para las mujeres, anomalías en las investigaciones, desatención y revictimización fue lo que dejó el ex procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, tras su reciente renuncia el pasado 24 de junio.
 
Así lo sostuvo la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien en entrevista con Cimacnoticias hablo de una “misoginia institucionalizada” dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) y con un recuento de casos de feminicidio, desaparición y violencia sexual que ha litigado expuso las practicas que utilizó la administración del ex procurador contra los derechos de las víctimas.
 
CASO NARVARTE: LA SALIDA
 
La salida de Ríos Garza ocurrió tres días después de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitiera la Recomendación 4/2017 a la PGJDF, por la investigación de los asesinatos de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte.
 
En 18 puntos, la Comisión se dirigió a Ríos Garza y exhortó a la dependencia que encabezó a actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y agravio a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) por las irregularidades en la investigación.
 
Este caso que puso fin a la administración de Ríos Garza, señaló la abogada, fue parte de una larga lista en la que se expuso la actuación irregular de la Procuraduría al indagar los asesinatos violentos de mujeres, como ocurrió con Lesvy Berlín Rivera Osorio.
 
LOS PENDIENTES: LESBY Y EL FEMINICIDIO
 
La joven de 22 años fue asesinada en la madrugada del 3 mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la PGJDF utilizó sus redes sociales para filtrar la información que dio la pareja sentimental de Lesvy. Esto ocasionó el malestar de la comunidad universitaria, que se manifestó dentro de la UNAM para exigir justicia.
 
Aún cuando se creó un grupo especializado de académicas de la institución para atender el caso y exigir, conforme a la ley y protocolos, que se investigue el asesinato como feminicidio hoy la familia sigue sin acceder completamente a la carpeta de investigación. Además, el peritaje antropológico propuesto por la Procuraduría en conjunto con la UNAM, apunta a un supuesto “suicidio”.  
 
Micheel Salas, indicó que ahora la PGJDF tiene la obligación de reparar el daño a las víctimas y atender este tipo de casos que quedaron pendientes y se perfilan para caer en la impunidad.
 
Sin embargo, desestima que esto sea posible ya que, a pesar de la salida de Rodolfo Ríos, se mantienen los mismos funcionarios dentro de la institución incluido el subprocurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio, quien asumió el cargo.
 
“No sé si como tal puede existir un cambio, este subprocurador era cercano a Ríos. Esperemos que en la Jefatura de Gobierno se genere una reflexión a estos casos tan preocupantes los cuales, según los análisis, motivaron la salida anticipada de Rodolfo Ríos”, declaró.
 
“ACEPTAR EL COSTO POLÍTICO, LUEGO LAS VÍCTIMAS”
 
Los casos de violencia contra las mujeres no dejaron de sumarse en los últimos meses, por lo que la presión social contra la Procuraduría fue la herramienta de las capitalinas para que el sistema diera respuesta y celeridad a las investigaciones, aseguró Micheel Salas.
 
Como ocurrió con Belén Montserrat Cortés Santiago, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril. Días después de que su familia y la comunidad universitaria hicieran brigadas de búsqueda en  el último lugar donde fue vista, en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, Rodolfo Ríos informó a los medios de comunicación que habían localizado a Belén.
 
 
Su ausencia, explicó, fue “voluntaria” y “personas de su confianza tenían conocimiento de ello”. La familia no fue notificada, se enteró a través de las noticias y la única prueba que les presentaron para comprar el bienestar de la joven, fue una fotografía en blanco y negro. Hasta ahora no han tenido contacto con Belén.
 
“Con todo esto, prefirió Rodolfo aceptar el costo político de acusaciones y no vio por el respeto al estado del derecho y de las víctimas”, acusó la abogada.
 
LA ÚLTIMA: ITZEL
 
Para concluir con su administración, en el periodo en el que aún Rodolfo Ríos era procurador local, esta institución decidió investigar por homicidio a Itzel de 15 años de edad  por herir de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intentó asesinar el pasado primero de junio en las inmediaciones del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. 
 
La Procuraduría se pronunció en un boletín de prensa y resolvió que no procesaría a Itzel y quedaría libre de toda responsabilidad, esto luego de que la familia de Itzel y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) denunciaron públicamente que la PGJDF investigaba a la menor de edad por homicidio y vivían hostigamiento por parte del personal de la dependencia.
 
Esto sucedió a pesar de que la Procuraduría ya tenía la Recomendación 6/2016 de la CDHDF por el caso de Yakiri Rubí Rubio, quien fue víctima de violación en 2013 y fue encarcelada tres meses por matar a su agresor.
 
El organismo de Derechos Humanos señaló en ese momento que la Procuraduría no actuó con la debida diligencia y colocó a la víctima como victimaria. Con ello ya no había cavidad para estas acciones y persecuciones contra mujeres que se defienden de sus agresores, insistió la abogada especialista en violencia de género.
 
“Sería lamentable si Rodolfo fuera posicionado como candidato a magistrado o que Miguel Ángel Mancera –si va a la presidencia- lo considere para algún espacio. Es terrible el mensaje que deja para las mujeres el mantener a una persona como Rodolfo Ríos en el servicio público”, concluyó Salas.
 
17/HZM

Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG

“¡Corruptos, pinches corruptos!”, “Les vale lo que nos pase!”, gritan unas 20 mujeres, jóvenes de 16 años, hasta 40, aproximadamente, en la puerta del edificio de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJDF), el llamado “bunker”, ubicado en la calle Gabriel Hernández, en la Colonia Doctores.
 
“Lo dejaron libre”, nos dice una de ellas, con la voz entrecortada, entre indignada y triste, y se suma a los reclamos que hace el grupo a quienes no las pueden oír: el personal de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales número 6, a donde siete de ellas acudieron a denunciar a un mismo violador, apenas media hora antes de su protesta porque lo liberaron, mientras la tarde cae en la ciudad.  
 
Con los papeles arrugados entre las manos, otra de ellas nos explica que el agresor fue detenido la madrugada de ese día con un arma de fuego, pero la Procuraduría lo dejó ir. Les dijeron que “como los hechos no ocurrieron recientemente, no pudieron comprobarse”.
 
No valió que dijeran al Ministerio Público de la agencia que son al menos 15 mujeres violadas sexualmente por el mismo individuo.
 
La Agencia 6 a la que acudieron sin éxito las mujeres es una de las seis que funcionan en la Ciudad de México como Especializadas en Delitos Sexuales, dos de ellas en la delegación Cuauhtémoc. Esta se ubica en el primer piso del edificio principal de la PGJDF.
 
“SEXUALES”
 
En medio de ir y venir de gente, entre abogados, víctimas, familiares, se llega a la Agencia, si se sigue el letrero en una hoja de papel pegado en la pared con la palabra “Sexuales” y una flecha que indica caminar al fondo del pasillo.
 
Luego de recorrer 14 pasillos de paredes blancas y cubículos como laberintos, separados por vidrios, se llega a la Sala de Espera en donde un olor fétido, a coladera, recibe a las víctimas y a sus acompañantes. Ahí tres mujeres, dos de ellas acompañadas cada una por dos niñas, esperan que las atiendan.
 
DERECHOS Y REALIDADES
 
Una mujer, perito en psicología nos explica técnicamente, con sequedad, los servicios que da la Agencia Especializada en Delitos Sexuales:  Primero, indica, a las víctimas se les informa los derechos que tienen al acudir a la Agencia, después pasan a un módulo para recabar su declaración, en el proceso está presente una psicóloga, pues tiene que recabar información sobre las secuelas que pueda tener la persona, nos dice.
 
En caso de que las mujeres acudan acompañadas de menores de edad, o bien, estos sean las víctimas de algún delito sexual  -sigue la psicóloga su explicación, el cuerpo tenso, casi inmóvil- las agencias cuentan con “áreas lúdicas” para brindarles condiciones confortables, detalla el personal…
 
Son las 17:00 horas, cinco niñas, de entre 4 y 7 años de edad esperan con sus familiares, porque el área lúdica ya no está disponible “las psicólogas ya salieron”, les dijeron.
 
Arriba un monitor despliega una lista con el estatus de las personas que fueron denunciados por algún delito sexual, en ella solo se lee abuso sexual y la violación. De la lista que se muestra, con excepción de un agresor que fue remitido a un reclusorio, los demás están en libertad.
 
Vemos llegar a dos mujeres con dos niñas, como de siete años de edad. Nos cuentan que van a denunciar una agresión contra una de las niñas y la otra, su amiga, va como testigo. Lo mismo que a nosotras les explicaron en el módulo, nunca en privado, sino enfrente de la demás gente que espera algún trámite en el lugar. 
 
Se sientan en una hilera de sillas negras, “la sala de espera”, ubicada frente a la Agencia Especializada en Trata de Personas. “Me dieron estas hojas, me dijeron que las leyera y ellos me llamaban”, explica desconcertada y en lágrimas la madre de la niña agredida. Las hojas son los derechos que tienen como víctimas y los derechos de la infancia, pero pasa una hora y en medio del ajetreo en la entrada y salida de funcionarios del módulo, nadie las atiende.
 
LAS PRUEBAS, DEPENDEN DE “LA SUERTE”
 
El chequeo médico es el siguiente procedimiento para la víctima que va a denunciar. “Es únicamente para tener pruebas que se integran en la investigación”, explica la psicóloga. Este proceso, afirma, no es rápido, la víctima tiene que estar todo el día ahí. “La declaración la puede tardar de una hora a cinco, cada una va a su ritmo”. Incómoda con nuestra presencia, decide que ha dicho suficiente y se va. 
 
En la sala de espera está el padre de Yakiri Rubí Rubio, quien fue víctima de violación sexual e intento de asesinato en 2013, por lo que ella en defensa propia hirió a una de sus agresores. La acusaron de asesinato y la retuvieron hasta marzo de 2014 en prisión, finalmente la absolvieron del delito.
 
Ahora José Luis Rubio acompaña a mujeres que sufrieron algún delito sexual, lleva ahí desde las 10 de mañana. Acompaña a una adolescente, que vivió una violación el fin de semana. Ella sigue adentro. No sabe cómo está, pero asegura “que las agencias tienen dos caras”, depende de la “suerte”, nos explica, es lo que ves, “a veces te atienden bien en otras te va horrible como a nosotros”.
 
Llevamos más de una hora en el lugar. Las 20 mujeres siguen afuera desesperadas gritando. La madre sigue ahí, esperando con las niñas. Todas, sin respuesta.
 
EN MEDIO DE BARES: UNA AGENCIA
 
Llegamos de noche a la calle de Amberes, rumbo a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales número 1, de la Delegación Cuauhtémoc. Casi no hay luminarias y la única luz es la que se desprende de las decenas de bares que inundan la avenida.  Desoímos las insistentes invitaciones para entrar a un bar, los grupos de personas que esperan entrar a los bares a divertirse.
 
Está agencia luce cálida, el mobiliario es nuevo, está iluminada. Una mujer pregunta qué necesitamos. Nos pasa a su a oficina, se presenta como asesora jurídica. De inmediato saca un folleto que dice “Violada.”, con la imagen de una mujer que cubre su rostro como si estuviera rezando.
 
Este folleto, que parece fue impreso hace tiempo, explica lo que hace una agencia. La asesora nos da más detalles de los que nos dieron en las Agencia 6.
 
El personal en su mayoría son mujeres, a excepción de los agentes ministeriales y los policías. Todas, están capacitadas especialmente para atender a víctimas de delitos sexuales. Insiste, la asesora, la “humanidad”, las caracteriza.
 
Sin embargo, nos revela que no cuentan con anticonceptivos de emergencia o retrovirales, ya que tiene que llamar al personal de salud de la Clínica Especializada Condesa para que acudan a entregarlos. Y para realizar estudios que detecten infecciones de transmisión sexual, se canaliza a las víctimas a la misma clínica.
 
En caso de que quieran atención psicológica, al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, ubicado en la colonia Del Valle. Pero “nada, asevera, es obligatorio, depende de cada persona”.
 
La asesora asegura que hay psicólogas y personal médico las 24 horas, porque “a toda hora hay denuncias”. Pero, minutos después una mujer, que acompaña a unas víctimas, le pregunta:
 
- ¿Dónde está el psicólogo?
- No está, hoy no vino... pero sí tenemos, se justifica.
 
17/HZM/MMAE