Perla Gómez Gallardo

La defensora de la infancia, Nashieli Ramírez Hernández tomó protesta como nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) para un periodo de cuatro años, de 2017 a 2021.

Esta tarde la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen por el cual se eligió a la ex directora y fundadora de la organización especializada en derechos de la infancia, Ririki Intervención Social, como sucesora de Perla Gómez Gallardo. 

Durante los últimos cinco años (abril de 2011 a abril de 2016) Ramírez Hernández fue consejera de la CDHDF y también ha participado en el diseño de estudios sobre indicadores de infancia y programas a favor de los derechos de esta población.

La nueva titular comenzará sus funciones después de que la Constitución Política de la Ciudad de México, que entrará en vigor el próximo año, impuso nuevas facultades al organismo defensor, como interponer juicios por violaciones a Derechos Humanos.

Con la Carta Magna de la capital, aprobada en febrero de 2017, además de formular recomendaciones públicas por violaciones a los Derechos Humanos y dar seguimiento a las mismas, la CDHDF podrá interponer juicios ante la nueva Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.

La CDHDF también deberá propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para prevenir violaciones a DH; Interponer Acciones de Inconstitucionalidad; establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales; y rendir informes anuales ante el congreso local.

De acuerdo con los Artículos transitorios de la Constitución Política, el congreso local deberá expedir la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la nueva Comisión de Derechos Humanos, así como la ley para regular el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad a más tardar el 30 de abril de 2019.

Por otra parte, la CDHDF deberá garantizar la autonomía en sus decisiones, en particular en casos de interés social como el asesinato de Lesvy Berlín Osorio el 3 de mayo en Ciudad Universitaria, ya que el organismo abrió una queja de oficio porque la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México filtró información del caso en redes sociales. 

Nashieli Ramírez Hernández fue electa entre los perfiles de los 12 aspirantes: Alfredo Rojas Díaz Durán, Daniel Balboa Verduzco, Hilda Téllez Lino, Juan Carlos Arjona Estévez, Juan Armando Ruíz Hernández, Armando Hernández Cruz, Ricardo Hernández Forcada, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Javier Vaquero Ochoa, María Olga Noriega Sáenz y Perla Gómez Gallardo. 

La ombudsperson estudió en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México pero no se tituló; cuenta con una especialidad en Ejercicio de la docencia; fue fundadora e integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, entre otras actividades.

17/AGM/LGL

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó a la Procuraduría General de Justicia capitalina realizar un plan integral donde explique cómo va a continuar la investigación del asesinato de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinados el 31 de julio de 2015.
 
Con un retraso de dos años desde que ocurrió el homicidio en la  colonia Narvarte de la Ciudad de México, finalmente la CDHDF presentó la Recomendación 4/2017 donde expone 18 puntos, entre estos un exhorto a la Procuraduría capitalina para actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y en casos de agravios a periodistas, dos características que se dieron este caso.    
 
En la recomendación, que se dirige al procurador, Rodolfo Ríos Garza, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto Pérez, se pide agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos de Nadia Dominique Vera Pérez y el trabajo periodístico de Rubén Manuel Espinosa Becerril.
 
Al presentar el documento, sin la presencia de las familias de todas las víctimas y sus representantes legales, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo que se violaron diversos derechos, entre ellos a una vida libre de violencia para las mujeres y al debido proceso, por lo que señaló necesario sancionar a los culpables del crimen y a los responsables de la filtración de información, además de que la autoridad ofrezca un acto de reconocimiento de responsabilidad.
 
En su momento, las familias de las victimas expusieron las irregularidades de la investigación, por ejemplo, que información del caso fuera filtrada a medios de comunicación, lo que provocó un prejuzgamiento de lo sucedido y culpabilizar a las mujeres, acusándolas, en un caso, de estar inmiscuida en problemas de drogas, en otro de ser extranjera y, a una más de ser trabajadora del hogar.
 
DIEZ INCONSISTENCIAS
 
Más tarde, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña, abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y coadyuvantes en el caso de la activista Nadia Vera, expusieron 10 inconsistencias de la Procuraduría en su intento por demostrar que el crimen fue causado por un robo por un problema de drogas.
 
Los abogados también lograron, a través de un proceso judicial, que el caso se investigara por el delito de feminicidio, toda vez que al conocer el homicidio las autoridades locales lo analizaron como homicidio a pesar de las huellas de violencia y tortura hacia las mujeres.
 
Por ello, el organismo también llamó a la Procuraduría a emitir un documento donde fije cuál será la fiscalía, agencia o unidad de investigación debe conocer los asuntos relacionados con personas o colectivos en vulnerabilidad. Y es que en el caso Narvarte la investigación la llevó la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios, a pesar de que se trataba de probable feminicidio y un ataque relacionado con la libertad de expresión.  
 
Asimismo, en un plazo que no exceda 60 días naturales, la autoridad debería actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y el Protocolo para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas, acorde con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, caracterizado por los juicios orales.
 
Cabe decir que, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de 2014 a 2015, se registraron 25 casos de agresiones a mujeres periodistas; y sobre este multihomicidio documentó que hubo un trato periodístico amarillista, según lo constata a través de un seguimiento de las notas publicadas en los medios.
 
La Recomendación, que aún debe ser aceptada por las dependencias, se da en medio del contexto de violencia contra la prensa y luego de que recién el 19 de junio un grupo de periodistas y defensores de Derechos Humanos denunció que fueron víctimas de espionaje por medio de un software que llegó a sus teléfonos celulares y que tiene la capacidad de obtener toda su información personal.
 
Sobre este tema la CDHDF condenó los hechos y exigió una investigación expedita e imparcial para señalar y sancionar a las personas responsables, así como garantizar medidas de no repetición.
 
17/AGM/GG

Familiares de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la UACM desparecida y cuyo bienestar no ha sido comprobado por su familia, pese a que la Procuraduría capitalina anunció su hallazgo, interpusieron una queja ante la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF).
 
En la queja, presentada el 2 de junio, afirman que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) no ha dado a la familia pruebas certeras de que ella está bien, solo se conoce una fotografía en blanco y negro, por lo que piden que ésta aclare la información que ha dado sobre Belén, que “está bien y decidiendo de manera libre su actuar”.
Así lo informaron integrantes del personal académico y de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en un comunicado el 2 de junio, un día después de que familiares de Belén se reunieron con autoridades.  
 
Belén, de 19 años de edad, estudiante de Comunicación y Cultura de la UACM, desapareció el pasado 29 de abril, por lo cual su familia y la comunidad universitaria iniciaron una campaña de búsqueda. El 24 de mayo, el rector de la UACM, Hugo Aboites Aguilar, encabezó una marcha para exigir su localización. 
 
Un día después, el procurador Rodolfo Ríos Garza informó en conferencia de prensa que Belén fue hallada y que ella prefería no decir su paradero. Desde entonces la única prueba presentada a su familia ha sido la fotografía en blanco y negro.
 
ATENCIÓN QUE “ENRARECE” EL CLIMA
 
“La actuación de la Procuraduría sigue enrareciendo todo el clima sobre el caso”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias la académica de la UACM, Tania Paloma Hernández Ramírez, quien estuvo  presente en la reunión que tuvo la familia de Belén el pasado 1 de junio con autoridades de la Procuraduría, antes de que presentaran la queja ante la CDHDF.
 
Hernández Ramírez, profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel San Lorenzo Tezonco, denunció que en dicha reunión la directora General de Derechos Humanos de la Procuraduría, Eunice Beatriz Castañeda Ávila, se hizo pasar por integrante de la CDHDF y argumentó que no podían dar información sobre el paradero de Belén porque “lo fundamental es su Derecho Humano a la privacidad”.
 
Explicó la académica que les “insinuaron” que darles informes sería  “privarla de su libertad”. Sin embargo, señaló la académica, “la comunidad uacemita y su familia sólo nos preguntamos: ¿dónde está Belén?”.
 
Paloma Hernández denunció también que tras el anuncio del Procurador, en redes sociales se empezó a culpabilizar a Belén por su desaparición.
 
Por eso, dijo, es necesario exigir que en la investigación no se pierda la perspectiva de género, petición ahora respaldada por la Cuarta Visitaduría, el área especializada en investigar y tramitar quejas sobre acciones y omisiones que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres.
 
CDHDF PRESENTA QUEJA DE OFICIO
 
La queja de la familia se sumó a la que abrió de oficio la CDHDF en la Primera Visitaduría para solicitar a la PGJDF que informe por qué comunicaron a los medios de comunicación el hallazgo de la estudiante antes que a sus familiares.
 
La titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dio a conocer lo anterior el 31 de mayo en una entrevista. Explicó que primero hay que saber “si es real que la persona no quiere ser identificada; segundo, dónde y por qué razón es que no quisiera ser identificada”. Añadió que con esa queja investigarán las omisiones cometidas por la PGJDF en el caso.
 
La profesora Hernández Ramírez consideró que con las dos quejas abiertas en el CDHDF “se abre una posibilidad de corroborar que Belén está bien y para exigir que no se pierda la perspectiva de género en la investigación”.
 
17/MMAE/GG