Tamuin

Los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en San Luis Potosí, están desde ayer bajo el decreto de Alerta de  Violencia de Género (AVG), solicitada desde 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Con este decreto, suman tres las AVG declaradas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en sólo 48 horas, el 20 y 21 de junio,  aunque fueron solicitadas en años diferentes.
 
En Colima fue solicitada AVG en 2014 y el decreto se hizo apenas el martes pasado; en Guerrero se pidió en junio de 2016 y se decretó ayer por el Gobernador, lo que fue confirmado hoy por Segob, y en San Luis Potosí la petición fue en 2015 y se decretó también ayer.  
 
En San Luis Potosí, la AVG derivó de la solicitud presentada por  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 23 de noviembre la 2015, ante el Sistema Ejecutivo para decretar la Alerta en estos seis municipios.
 
El organismo defensor de los DH presentó también el “Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidio en San Luis Potosí”, donde detalló que de 2011 a esa fecha registró 169 asesinatos violentos de mujeres.
 
POR QUÉ LA ALERTA EN SLP
 
La Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha denunciado las irregularidades en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia de San Luís Potosí (PGJSLP) en la investigación de casos de feminicidio, como sucedió con el de cuatro menores de edad y una mujer adulta de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 en Tamuín, por el ex militar Filiberto Hernández Martínez.
 
Para este caso, seguido por Cimacnoticias, la CEDH emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría estatal por investigar mal los cincos casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias.
 
Como consecuencia, la Procuraduría y el Poder Judicial locales perdieron la evidencia de una de las víctimas de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, y sólo recolectó siete huesos de la niña de 15 años, Rosa María Sánchez, enterradas en un lote baldío en Ciudad Valles. Se trataba de pruebas fundamentales para vincular a proceso al agresor que actualmente está en una prisión de máxima seguridad en Durango, pero aún sin sentencia.
 
Otro caso de feminicidio emblemático en la entidad es el de Karla Pontigo Lucciotto, quien fue asesinada en junio de 2015 en la discoteca donde trabajaba, pero su caso juzgado como “homicidio accidental”.
 
La defensa del caso argumentó 42 omisiones de distintas dependencias de la PGJSLP en la investigación,  por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y actualmente lo analiza para determinar si se debe investigar como feminicidio.
 
OBLIGACIONES DEL ESTADO BAJO AVG
 
Tras la presentación de la solicitud de AVG para San Luis Potosí, el Grupo de Trabajo hizo ocho recomendaciones al Gobierno estatal para el caso de Tamuín: ordenó al gobierno de Juan Manuel Carreras López crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. 
 
Tanto la fiscalía como el protocolo debieron crearse a partir de abril de 2016, como debieron cumplirse también las restantes recomendaciones, que incluyen: 
 
1) Instaurar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justica.  2) La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
3) La creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.
4) Armonizar su normativa en materia de género.
5) Capacitar y profesionalizar al personal público en perspectiva de género y Derechos Humanos.
6) Realizar campañas de prevención de violencia de género para la población en general.
 
A partir de la AVG, el gobierno de San Luis Potosí ya fue  informado, asegura Segob en un comunicado- de que está obligado a establecer  una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
 
17/HZM/GG
 

A partir del análisis de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, se logró confirmar la identidad de Rosa María Sánchez González, una niña de 15 años de edad asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, actualmente preso, pero sin sentencia por este homicidio, ni por otros cuatro que cometió.  
 
La identificación permitirá que el ex militar sea juzgado por matar a Rosa María, ya que solo está siendo procesado por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, y se encuentra recluido desde 2014 en un penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, señaló en entrevista con Cimacnoticias la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh).
 
Rosa María Sánchez fue reportada como desaparecida el 29 de octubre de 2010 en Tamuín, San Luis Potosí, y sus restos encontrados hasta julio de 2014 en Cañaveral de Puntilla, luego de que Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años, a quienes dijo haber enterrado.  
 
FEMINICIDIO
 
El feminicidio de Rosa María Sánchez se está investigando como un “homicidio agravado”, por lo que la abogada explicó que interpusieron un amparo ante el juzgado de Ciudad Valles, San Luís Potosí, que maneja los casos, para que se incorpore la perspectiva de género en el proceso de investigación.
 
Este recurso permite que “el juez pueda abrir una etapa especial donde se permita presentar todas esas pruebas con perspectiva de género” ya que “se tienen que corregir las deficiencias que contiene la investigación hecha por el Ministerio Público”, reportó la abogada.
 
Forenses independientes del estado de Michoacán, propuestos por Gadh, se encargarán de continuar con la búsqueda, en las próximas semanas, de los restos de Rosa María.
 
Por lo pronto, dice la abogada, los resultados entregados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí, “permiten a la familia cerrar un ciclo”.  
 
SIN SENTENCIA
 
El agresor aún no cuenta con sentencia por ninguno de los casos, debido a que falta el dictamen pericial en materia de tortura bajo el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías, durante su detención.
 
Ante la situación, la abogada Salas agregó que presentaron una serie de propuestas ante la PGJ para acelerar el proceso, y en esta  se “comprometieron a colaborar con la representación de las víctimas”.
 
“Queremos lograr una sentencia condenatoria en contra del sujeto, no ejemplar en el número de años, si no en términos de la calidad de la sentencia, donde efectivamente se haga justicia a las víctimas”, concluyó Karla Micheel Salas.  
 
En tanto, el caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el feminicida en 2011, continúa en investigación, ya que sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado lo exoneró del asesinato, “por falta de pruebas”.

17/HZM/GG
 

Los familiares de Adriana Martínez Campuzano, niña de 13 años de edad, asesinada y violada en mayo de 2011 por el exmilitar Filiberto Hernández Martínez, ganaron el amparo interpuesto por sus abogados, para volver a investigar el delito, luego de que el feminicida fuera absuelto de la acusación por “falta de pruebas”.
 
Así lo explicó en entrevista telefónica, la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien agregó que los familiares fueron informados del fallo por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí.
 
Adriana Martínez Campuzano, es una de las 4 menores de edad y una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández Martínez entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. El 24 de mayo de 2011 su madre, Sandra Campuzano, la reportó como desaparecida, después de que no regresó de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un mes después en el Cañaveral de Puntilla, un lugar que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles, San Luis Potosí.
 
Filiberto Hernández Martínez fue detenido en octubre de 2014, por portar una arma de uso exclusivo del ejército, durante la detención, él confesó haber asesinado a las 5 víctimas, también señaló que enterró a las mujeres en el mismo lugar que Adriana.
 
Sin embargo, en el caso de Adriana, el juzgado lo exoneró del asesinato, después de que su defensa alegara que no existían pruebas de que él cometió el delito y que había sido torturado durante su declaración.
 
Desde 2014 el agresor permanece en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, únicamente bajo los cargos de tres asesinatos: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, toda vez que el caso de Rosa María Sánchez González, se encuentra pendiente de identificación.
 
Al ser absuelto del feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, los familiares de la víctima interpusieron un amparo en 2016 para volver a abrir el caso. Al otorgar el amparo a la familia, explicó Salas Rodríguez, la Procuraduría estatal otorgó un plazo de 6 meses para consignar el caso.
 
Esto “significa un avance importante porque de acuerdo con la legislación de San Luis Potosí, no existía la posibilidad de volver a presentar el caso ante un juez”, explicó la abogada.
 
Salas Rodríguez informó también que en las próximas semanas, se volverá a realizar la búsqueda y análisis de los restos óseos de la primera víctima del asesino serial, Rosa María Sánchez González de 15 años de edad, reportada como desaparecida el 29 de octubre de 2010.
 
Los restos óseos de Rosa María Sánchez fueron encontrados el 3 de julio del 2014, tras la confesión del feminicida, pero en ese momento sólo encontraron 7 huesos y no se continuó con la búsqueda.
 
Después de que el Gadh y los familiares de la víctima denunciaron irregularidades en la investigación y solicitaran una segunda búsqueda, serán forenses independientes del estado de Michoacán y propuestos por la organización, los que se encarguen de continuar con la búsqueda de los restos de la víctima y del análisis de ellos, comentó.
 
Asimismo, la abogada reportó que las autoridades de la PGJ hicieron una inspección durante la última semana de diciembre de 2016 en la camioneta donde el feminicida trasladaba a las víctimas y encontraron una alfombra con sangre y cabellos pertenecientes a las niñas, mismas que se encuentran en análisis.
 
La abogada, quien representa a las familias de las 5 víctimas de feminicidio, lamentó que hasta ahora se tuviera respuesta por parte de las autoridades cuando el caso surgió desde 2014.
 
Destacó que estos avances se presentaron gracias a la presión y trabajo de los familiares: “lamentablemente las familias y los medios de comunicación han tenido que estar presentes para hacer visible este caso y que las autoridades de San Luis Potosí pongan especial atención en él”.
 
Actualmente, el Gadh espera el dictamen pericial en materia de tortura del  “Protocolo de Estambul” porque el agresor denunció que fue torturado por parte de policías cuando fue detenido, “sin ese dictamen no se puede continuar con el juicio”, concluyó la abogada.
 
17/HZM/KVR

Dulce Ximena Reyes era una niña de 9 años de edad que vivía con su mamá, una tía, su abuela y su hermana mayor, en Tamuín, San Luis Potosí; todas ellas en situación de pobreza. El 11 de abril del 2014 a las 10 de la mañana, la abuela de la niña, Adela Rodríguez Santiago, envió a Dulce a la tienda, pero ya no regresó.
 
Adela Rodríguez visitó por vez primera la capital en septiembre de este año para contar públicamente el caso de su nieta porque en su opinión, debido a su condición económica no ha tenido suficiente atención por parte de las autoridades potosinas.
 
La abuela de Dulce contó que el 12 de abril reportó la desaparición de su nieta ante la policía de Tamuín y al día siguiente interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, la cual quedó registrada con el número de Averiguación Previa 1/130/2014.
 
De acuerdo con el expediente consultado por Cimacnoticias, en su declaración, la abuela de Dulce narró que el principal sospechoso de la desaparición de su nieta era Filiberto Hernández Martínez, ex  militar, que daba clases de zumba y coordinada actividades de catequesis en el templo del municipio de Tamuín. Y lo era, porque ella ya tenía antecedentes de que éste en reiteradas ocasiones le había pedido a su nieta “de favor” que entrara a su casa por dinero, a lo que Dulce se negó -afirmó la abuela- todas las ocasiones en la que se le solicitó.
 
En su declaración, la cual fue integrada a la averiguación previa, el acusado, Filiberto Hernández, de 43 años de edad -quien enfrenta proceso por otros tres casos de feminicidio- le dijo a los agentes del Ministerio Público, que “él se encontraba trapeando su casa en donde daba clases de zumba y karate, cuando vio pasar a la niña Dulce Ximena y la vio llorando, al ver que lloraba la invitó a pasar a su casa para darle un vaso con agua”.
 
Según el agresor, la niña le pidió dinero para ir a la escuela y le “sugirió tener relaciones sexuales” a cambio del pago. Él le pidió que lo acompañara a la segunda planta de su casa con el pretexto de ir por su celular y ahí la niña vio una alberca que le pidió de regalo, pero él le “respondió que era para sus hijos”.
 
En la misma declaración, el presunto feminicida dijo que “tuvo relaciones sexuales” con la niña y cuando bajaron las escaleras de su casa, ella cayó “accidentalmente” por las escaleras. Dijo que Dulce se quejaba mucho de dolor de tobillo debido a la caída y entonces él “decidió ahorcarla para que no dijera que tuvieron relaciones sexuales”.
 
Explicó que colocó el cuerpo en una caja de cartón que tenía en la segunda planta de su casa y la subió a la parte trasera de su camioneta para trasladarla al cañaveral de Puntilla, y ahí arrojarla.
 
El cuerpo de la niña Dulce Ximena fue encontrado por las autoridades potosinas -siguiendo las indicaciones del agresor- el 5 de julio del mismo año. De acuerdo al oficio de “Gestión de cadáveres y restos humanos no identificados post mortem”, de la Procuraduría de Justicia estatal, tenía una bolsa de plástico en la cabeza, un vestido color rosa o salmón con olanes y la valoración de primera observación señala que el motivo de su muerte fue “asfixia por estrangulación manual”.
 
El 22 de julio, Agentes del Ministerio Público catearon la camioneta de Filiberto Hernández para realizar pruebas de rastros de sangre, cabellos y objetos relacionados con la víctima, pero de acuerdo al equipo jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (quienes representan legalmente el caso) no hicieron el contraste con la genética de la niña Dulce Ximena, lo que es considerado una deficiencia en el proceso de investigación.
 
El presunto feminicida fue detenido el 3 de julio del 2014 pero por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; sin embargo ese día él confesó la violación y asesinato de 4 niñas y uno de una adulta.
 
El 1 de agosto de 2014 el juez Primero del Sexto Distrito de lo Familiar, Juan Ignacio Ortega Morales, le dictó auto de formal prisión por el caso de Dulce, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia alegando tortura.
 
Cabe mencionar que según consta en el expediente, el 4 de julio de 2014 (un día después de su detención), el médico legista Saúl Onorio Barrios emitió el certificado médico en donde declara que Filiberto Hernández Martínez no presentaba lesiones en el cuerpo, lo que significa, aseguran los abogados que llevan el caso, que no hubo tortura al momento de su declaración.
 
El 12 de febrero de 2015 el juez Primero del Sexto Distrito de lo Familiar, Juan Ignacio Ortega Morales resolvió a favor el amparo para que se demostrara la tortura, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016, que emitió el exhorto con número 84/2016/1, para que se realizara al exmilitar el Protocolo de Estambul. A la fecha la familia y litigantes del caso continúan a la espera de los resultados.
 
Aunque las familias de las 5 víctimas exigieron que los casos se investigaran con perspectiva de género y que se clasificaran como feminicidio, no se tomaron en cuenta sus testimonios.
 
San Luis Potosí tipificó el delito de feminicidio en 2013. El “Informe Especial sobre Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres en el caso de Feminicidios” elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, reportó un total de 37 casos de feminicidio durante el período 2011 al 2015.
 
En tanto, el registro de “homicidios dolosos” de mujeres y niñas fue de 79 durante el mismo periodo, y añade 8 muertes violentas de mujeres (sin precisar el tipo penal).
 
16/GVV/LGL

La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Karla Micheel Salas Ramírez, denunció irregularidades en la etapa de instrucción de tres casos (de las 5 víctimas) de feminicidio de San Luis Potosí, ya que el Ministerio Público omitió los testimonios de los familiares que dan cuenta del contexto de violencia al que fueron sometidas las víctimas, además de que esta etapa ya se cerró.
 
La representante legal de los familiares de las niñas Itzel Romani Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, así como el de la adulta Eliehoenai Chávez Rivera, víctimas de feminicidio por parte del exmilitar Filiberto Hernández Martínez, explicó que ahora están en espera de la sentencia que deberá emitir la Sala Superior del Tribunal de Justicia de aquella entidad.
 
La abogada dijo que el cierre de los casos no fue notificado a las y los familiares quienes exigían la reclasificación del delito a feminicidio y una investigación con perspectiva de género, ya que de esa manera las posibilidades de que el agresor salga libre se reducen, no obstante, aclaró, existe la posibilidad de que éste pueda obtener la libertad por falta de pruebas, y porque en uno de los 5 casos de los que se le acusa, su defensa alegó tortura, lo que le permitió quedar exonerado de esa acusación.
 
ELIEHOENAI
 
Las cámaras de vigilancia de la fábrica donde trabajaba Eliehoenai captaron su salida al término de su jornada laboral la cual quedó registrada a las 19:40 horas del día 6 de mayo del 2014, pero la joven de 32 años de edad, nunca llegó a su casa.
 
Su familia llamó a la fábrica en la que trabajaba y a sus amistades pero no tuvieron respuesta, por lo que al día siguiente su padre, Guadalupe Chávez Martínez, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de San Luis Potosí por la desaparición de su hija, la cual quedó registrada con el número de averiguación previa 160/2014.
Desde ese momento, Guadalupe Chávez señaló como sospechoso a Filiberto Hernández Martínez, quien tenía un gimnasio e impartía clases de zumba, porque ya la había acosado, por lo que el padre pedía que lo investigaran e interrogaran.
 
En el expediente, el testimonio de una compañera de trabajo de Eliehoenai la describe como una mujer que nunca hablaba de su vida privada y que no asistía a las fiestas de convivencia laboral “porque es Testigo de Jehová”.
 
Eliehoenai tomaba clases de zumba, un compañero suyo declaró ante el Ministerio Público que el día 6 de mayo -el último día que la vieron- tenían entrenamiento de zumba y al no verla llegar, la llamó por teléfono pero la llamada fue desviada al buzón, por lo que decidió enviarle un mensaje por whatsapp, pero Eliehoenai no contestó.
 
En su declaración ministerial, el presunto feminicida Filiberto Hernández Martínez, dijo que cuando conoció a Eliehoenai en el gimnasio en donde él imparte zumba, ella fue quien mostró interés en él, y según su versión, sostuvieron un noviazgo que duró poco tiempo porque ella era Testigo de Jehová y él católico, por lo que tuvieron diferencias religiosas.
 
Hernández Martínez declaró que el día 6 de mayo la vio salir de su trabajo y se ofreció a llevarla a su casa en su camioneta tipo explorer y que con el pretexto de mostrarle la televisión que había comprado se dirigió a su casa (del agresor) la besó a la fuerza “y la cacheteó porque empezó a gritar”. Después la violó y la estranguló hasta matarla.
 
Él mismo describió que envolvió el cuerpo de la joven en una sábana y el día 7 de mayo, por la mañana, lo llevó al cañaveral de Puntilla, en donde arrojó los otros cuatro cuerpos de sus víctimas. También tiró los objetos de Eliehoenai como su bolsa, celular y ropa.
 
El 4 de julio del mismo año, agentes del Ministerio Público, buscaron y encontraron el cuerpo de Eliehoenai, a 40 metros dentro del cañaveral ubicado sobre la carretera 70 de Ciudad Valles y Ébano, donde Filiberto Hernández Martínez declaró que lo había arrojado.
 
La madre de Eliehoenai, Ruth Rivera Mora, amplió la averiguación previa, declaró que ella y su hija acudían a clases de zumba, pero en la quinta clase ella se dio cuenta que Filiberto Hernández, se acercaba mucho a su hija.
 
Señaló que un día el exmilitar fue a su casa a platicar con Eliehoenai, y le contó que había sido militar y piloto aviador y que le propuso que vivieran juntos, pero su hija le dijo que no porque pensaba que era una persona posesiva y que estaba “loco”.
 
El caso de Eliehoenai, es uno de los que están en espera de sentencia que será emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del exmilitar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, una de las 5 víctimas, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
16/GVV/LGL

Gloria Castillo Torres es madre soltera. En el 2013 su familia estaba conformada por sus tres hijas y la abuela de las niñas. Trabajaba en el municipio de Axtla de Terrazas-ubicado en San Luis Potosí- para el gobierno del estado; mientras sus hijas se quedaban bajo el cuidado de su abuela materna, María Guadalupe Mora Torres, en el municipio de Tamuín.
 
Itzel Romani Castillo Torres, estudiaba el sexto año de primaria y soñaba con ser policía, le gustaba hacer manualidades y vendía boletos de la quiniela de “bolitas” para ayudar en los gastos de su casa. Asistía a clases de catecismo en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en donde también acudía cada jueves a la misa de la “hora santa”.
 
El 24 de enero del 2013, dos días antes de su cumpleaños número 12, Itzel Romani fue a vender números para la quiniela y a las 5:00 de la tarde se fue a la iglesia con una amiga para escuchar la “hora santa”.
 
La amiga le pidió que la acompañara a su casa, un poco antes de que terminara la misa, Itzel la acompañó y le dijo a su amiga que regresaría a la iglesia para ir con su abuela y regresar juntas a su casa.
 
Pero la abuela María Guadalupe regresó sola porque ya no vio a su nieta en la parroquia, por lo que empezó a preguntar por ella. Fue en ese momento que decidió llamarle a Gloria para que supiera que su hija Itzel no había regresado a casa.
 
La abuela ya había reportado la desaparición a la policía municipal y a sus vecinas, la mayoría profesoras, porque vive en una colonia habitada por trabajadoras del magisterio. Entre las autoridades y la comunidad, iniciaron la búsqueda de Itzel esa misma noche.
 
A las 10:00 horas del día siguiente, Gloria Castillo interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de su hija y las acciones de búsqueda se intensificaron con el apoyo de los policías ministeriales y elementos del Ejército Mexicano.
 
“Buscamos en todos los municipios de San Luis y en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León y no la encontramos”, dijo Gloria Castillo a Cimacnoticias. A un año 5 meses de que iniciaron las averiguaciones previas, encontraron el cuerpo de la niña Itzel Romani en el cañaveral de “Puntilla”, junto a un árbol de guásimas y a un arroyo, envuelta en una sábana.
 
El hallazgo del cadáver no fue gracias a las investigaciones del Ministerio Público, sino a la declaración que el feminicida Filiberto Hernández Martínez, hizo ante las autoridades que lo habían aprehendido por portar una pistola perteneciente al Ejército, sin contar con la licencia correspondiente.
 
Filiberto Hernández Martínez, coordinaba las actividades de catequesis en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. De acuerdo a la madre de Itzel, el agresor declaró que la interceptó antes de que entrara a la iglesia y la subió a su camioneta, para después estrangularla y asesinarla.
 
Él dio el lugar en el que dejó envuelto el cuerpo de la niña Itzel Romani. A la madre de la niña, le llevaron fotografías de la osamenta y objetos, para que hiciera el reconocimiento de su hija. Pese a que Gloria Castillo reconoció los objetos (ropa y zapatos), las autoridades nunca le devolvieron ninguna pertenencia, por lo que desconoce si están bajo resguardo para ampliar las investigaciones.
 
El caso de Itzel Romani tiene el número de expediente 126/2014 y se encuentra en el Juzgado Segundo de Ciudad Valle. Los representantes legales del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, dicen que también hay anomalías, puesto que se basaron sólo en la declaración de
Filiberto Hernández Martínez, cuando tenían más elementos y pruebas que incorporar a la investigación del delito.
 
Con el antecedente de exoneración para el agresor en el caso de la niña Adriana Martínez Campuzano, tras haber alegado tortura, se corre el riesgo de que también suceda en el caso de la niña Itzel Romani, por lo que solicitarán que se integren más pruebas y se aplique protocolo Estambul. 
 
16/GVV/LGL

El acceso a la justicia aún no es garantía para las mujeres y niñas de San Luis Potosí ya que de los 159 casos de feminicidio apenas se han declarado 12 sentencias en contra de los agresores, informó la Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.
 
Agrupaciones civiles que dan seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) en aquella entidad, informaron a Cimacnoticias que desde que se tipificó el delito de feminicidio en San Luis Potosí en el 2013, el número de sentencias por este delito representa tan sólo un 7 por ciento del total de averiguaciones previas.
 
Por ello, ante la situación de violencia que enfrentan las potosinas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a cargo de Jorge Vega Arroyo solicitó la AVG en noviembre del 2015, el actual gobernador de ese estado, Juan Manuel Carreras López también se adhirió a la petición.
 
En octubre se vence el plazo de 6 meses que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) le otorgó al gobierno estatal para cumplir las 8 recomendaciones entre las que destacan la creación de un banco de datos, la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 referente a violencia sexual y familiar, impulsar campañas en medios de comunicación en contra de la violencia, entre otras.
 
La Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, dijo que los casos de cuatro niñas y el de una mujer, todas asesinadas en el municipio de Tamuín por un solo agresor, es sólo un ejemplo de lo que ocurre en el tema de acceso a la justicia, ya que al asesino confeso se le otorgó la libertad por uno de ellos, luego de que el juez considerara que no había pruebas suficientes para inculparlo.
 
Mencionó también que existen otros casos en los que las autoridades no aplican el Protocolo de Investigación de Feminicidio, como el de la estudiante de medicina Samantha Joselyn, de 21 años de edad, quien fue asesinada por un compañero de la facultad en marzo de este año.
 
La académica señaló que durante la averiguación previa del caso, los agentes ministeriales descartaron -sin haber utilizado el protocolo para investigar feminicidio- que se tratara de uno, por lo que las activistas tuvieron que exigir que éste se investigara con perspectiva de género.
 
El “Informe Especial sobre Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres en el caso de Feminicidios” elaborado por la CEDH de San Luis Potosí, reportó un total de 37 casos de feminicidio durante el período 2011 al 2015.
 
En tanto, el registro de “homicidios dolosos” de mujeres y niñas fue de 79 durante el mismo periodo, y añade 8 muertes violentas de mujeres (sin precisar el tipo penal).
 
16/GVV/LGL

Adriana Martínez Campuzano era su nombre, tenía 13 años de edad. El 24 de mayo del 2011, su madre, Sandra Campuzano Nava, la reportó como desaparecida. Un mes después encontraron su cuerpo, pero fue hasta el 2014, que Filiberto Hernández Martínez confesó que la golpeó y asesinó, aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura y “por falta de pruebas”.
 
La familia Martínez Campuzano vivía en Aguascalientes, pero cuando Sandra Campuzano y su esposo Marco Antonio Martínez decidieron separarse, éste se fue a vivir a Tamuín, su ciudad natal. 
 
Tamuín es un municipio del estado de San Luis Potosí; ahí, Marco Antonio Martínez recibió a sus tres hijas y dos hijos durante las vacaciones de 2011, y como a ellos les gustó la Huasteca Potosina- lugar turístico donde los llevó a pasear su papá- decidieron pedirle a su mamá, Sandra Campuzano, mudarse a Tamuín.
 
La madre de Adriana hizo un acuerdo con su esposo, porque a pesar de estar separados, no quería que sus hijas e hijos dejaran de verlo.
 
Una vez instalados en Tamuín, Adriana, la segunda hija de la pareja conformada por Sandra y Marco Antonio, no tuvo problemas para adaptarse porque tenía buen promedio por su desempeño académico y no tardaron en proponerla como candidata a reina para la festividad del Día del Estudiante.
 
Tenía 13 años, estaba en primero de secundaria y para poder ganar su candidatura tenía que realizar “boteo” (colecta de dinero con cooperación voluntaria) para recaudar fondos para la festividad, dijo Sandra Campuzano en entrevista con Cimacnoticias.
 
Durante esas actividades que realizaba con sus compañeras y compañeros de clases- recuerda su mamá-conoció a Filiberto Hernández Martínez, un ex militar, que además impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio.
 
INICIA EL ACOSO
 
Sandra Campuzano contó que durante la colecta que su hija realizó con sus compañeras, Adriana fue acosada en varias ocasiones por Filiberto Hernández, situación que ella desconocía hasta que una amiga de su hija se lo contó.
 
Sólo notaba que Adriana se comportaba diferente, empezó a aislarse y su desempeño escolar bajó, lo que fue notorio para las y los docentes pues ella era una destacada alumna, por lo que una de las profesoras se entrevistó con Sandra para conocer qué pasaba.
 
Yo le pregunté qué le pasaba y ella me respondió “nada mamá, te prometo que esto va a pasar”, recuerda.
 
El 24 de mayo del 2011, Adriana salió de su casa a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. El trayecto -que se realiza a pie- de casa de Sandra a la escuela a la que asistía Adriana, dura 10 minutos. Antes de llegar a la escuela, Adriana acostumbraba a pasar por su compañera Berenice, pero ese día no llegó.
 
A las 13:45 horas, la madre de Adriana vio con preocupación que su hija no llegaba para comer, por lo que fue a la escuela donde le dijeron que la niña no había asistido a clases. Después fue con Berenice para preguntarle si sabía de ella y ahí supo que esa mañana-como acostumbraba- Adriana no pasó para ir juntas a la escuela.
 
Enseguida se dirigió a la policía municipal para reportar la desaparición de su hija pero ahí solamente recibió burlas, le dijeron que no se preocupara, que seguramente “se había ido con el novio”, cuando Adriana ni siquiera había tenido uno.
 
Como los policías municipales no respondieron a la solicitud de buscar a su hija, se fue al Ministerio Público; ahí le dijeron que tenían que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, pero tampoco se salvó de los mismos comentarios que recibió de la policía municipal.
 
Como la mayoría de las madres que se enfrentan a la misma situación, Sandra comenzó a investigar por cuenta propia; preguntó a las amigas y compañeras de clase para saber si alguien tenía información que le pudiera servir. Una de ellas le dijo que cuando hicieron el boteo Filiberto Hernández Martínez acosó a Adriana y que así siguió los días siguientes, que la seguía en su camioneta y la invitaba a subirse al automóvil.
 
Cuando la madre obtuvo la información del hostigamiento que vivía su hija por parte de Hernández Martínez, pidió al Ministerio Público que lo investigaran, pero a quienes investigaron fue a su esposo Marco Antonio Martínez y a ella.
 
El 11 de junio del 2011, un grupo de policías ministeriales acudió al domicilio de Sandra Campuzano para pedirle objetos o cabello de su hija, pues habían encontrado un cuerpo y querían contrastar el ADN.
 
Sandra se negó a darles lo que pedían, no quería que se tratara de su hija, pero tuvo que acudir a reconocer el cuerpo. Cuando lo vio, era evidente que se trataba de Adriana. La encontraron en un cañaveral de “Puntilla” sobre una colchoneta, amordazada con un calcetín, con señales de estrangulamiento y de violencia física y sexual.
 
En la autopsia que le realizaron, detectaron que tenía un golpe en la cabeza y que murió por asfixia. Sandra Campuzano continuó realizando investigaciones porque la policía no detenía, ni tomaba declaraciones de Filiberto Hernández Martínez, pero sí acosaron e intimidaron a los compañeros de clases de Adriana.
 
“El pueblo entero mantenía silencio, tenían miedo porque acosaban y torturaban a los compañeritos de Adriana, las madres y padres de los alumnos se sentían intimidados por la forma de actuar de los policías ministeriales”, recordó Sandra.
 
Fue hasta el año 2014 cuando detuvieron a Filiberto Hernández Martínez quien confesó que golpeó a Adriana para subirla a su camioneta, después la violó y la estranguló.
 
Sandra Campuzano interpuso una denuncia en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito (Cavid) de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del ex militar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
No obstante, la madre de Adriana -quien además de investigar por cuenta propia buscó asesoría legal- reiteró a Cimacnoticias, que la autopsia que le realizaron a su hija comprueba que la niña tenía un golpe en la cabeza, así como otras señales de violencia, por lo que solicitará que realicen el Protocolo de Estambul al asesino confeso de su hija para comprobar o “descartar” la supuesta tortura a la que dice, fue sometido.
 
16/GVV/LGL

Madres de cuatro niñas y de una mujer, víctimas de feminicidio en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, pidieron a las autoridades del poder judicial de esa entidad, que realice una investigación con perspectiva de género y como feminicidio, los casos de sus familiares asesinadas entre 2010 y 2014.
 
En conferencia de prensa convocada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, las madres de las víctimas narraron las fechas en las que sus hijas desaparecieron y las irregularidades que han detectado desde que interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y encontraron los cuerpos.  
 
Entre éstas denunciaron que no les hicieron la prueba de ADN a los cuerpos de las víctimas, no se tomaron muestras del carro, objetos y casa del agresor, también señalaron que no se tomó en cuenta los testimonios de familiares y amistades cercanas a las víctimas así como tampoco se analizó la manera en que el agresor cometió sus delitos.
 
Al tratarse de cinco casos de feminicidio, los familiares de las víctimas solicitaron que se realice la investigación con perspectiva de género, porque no se ha visto reflejada en sus expedientes y que no se investiguen como hechos aislados, sino como asesinatos seriales cometidos por la misma persona.
 
Debido a que la defensa del agresor, Filiberto Hernández Martínez, alegó tortura para confesar sus delitos (pese a que éste aceptó haber asesinado a las 5 víctimas y detalló los lugares donde las enterró) los familiares de las víctimas solicitaron que se le realice el
Protocolo de Estambul, para que se demuestre la presunta tortura.
 
No obstante, Hernández Martínez logró ser exonerado del feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, una niña de 13 años de edad, que fue secuestrada, violada y asesinada por él.
 
 
El juez de la Quinta Sala Penal del estado de San Luis Potosí, concluyó que no había otras pruebas que comprobaran que Hernández Martínez cometió el delito, por lo que dictó auto de formal libertad por este caso; pero el agresor continúa en prisión preventiva en espera de que se resuelvan otros 3 casos que se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público correspondiente.
 
LOS HECHOS
 
En el municipio de Tamuín, pertenenciente al estado de San Luis Potosí, cuatro niñas y una mujer fueron víctimas de feminicidio desde el año 2010 al 2014. La primera fue Rosa María Sánchez, niña de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre del 2010. Fue hasta el 2014 cuando encontraron una osamenta que podría ser la de ella, pero a la fecha, no le han realizado las pruebas de ADN que confirmen su identidad.
 
El 24 de mayo del 2011, Sandra Campuzano, reportó la desaparición de su hija Adriana Martínez Campuzano, quien tenía 13 años de edad. Casi 2 años después, el 24 de enero del 2013, Gloria Castillo Torres, mamá de la niña Itzel Romany Castillo Torres, de 11 años de edad, la reportó como desaparecida.
 
Adela Rodríguez Santiago abuela de la niña Dulce Ximena Reyes Rodríguez, de 9 años de edad, reportó su desaparición ante la policía y el Ministerio Público, el 11 de abril del 2014.
 
Un mes después de esta desaparición se reportaba otra, la de Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad, desaparecida el 6 de mayo de 2014, ella vivía con su papá y su mamá.
 
En todos los casos, los familiares de las víctimas señalaron que éste ya las había acosado previamente, pero no presentaron ninguna denuncia.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas él confesó haber matado a las cuatro niñas y a la mujer de 32 años; durante su confesión mencionó el lugar en donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de cutilla” que se encuentra entre Tamuin y Ciudad Valles.
 
Desde octubre de 2014 se encuentra bajo prisión preventiva por los casos de feminicidio de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera.
 
La representante legal del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Tábata Salas, informó que presentarán un amparo para que las autoridades investiguen los 5 casos como feminicidio cometido por un asesino serial y no como casos aislados.

En el  año 2013, el delito de feminicidio fue tipificado en San Luis Potosí.

16/GVV/LGL