Participación Política de las Mujeres

Los políticos de Oaxaca innovaron en una nueva modalidad de violar la ley electoral y simular el cumplimiento de la paridad de género, esta vez decidieron hacerse pasar por mujeres trans con tal de ocupar el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección reservadas para las mujeres.

Así lo denunciaron mujeres trans originarias de diversas regiones del estado de Oaxaca y el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, quienes exigieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) cancelar los registros de los hombres que de manera ilegal se hicieron pasar por trans para obtener una candidatura y participar en el actual proceso electoral.

El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, organización de la sociedad civil que defiende y promueve el derecho a la participación política de las mujeres en el estado de Oaxaca, identificó, junto con integrantes de la comunidad LGBTI, el registro arbitrario en dichos postulaciones que por ley deben ser ocupadas por mujeres.

El IEEPCO informó que fueron registradas 19 candidaturas de mujeres transgénero en el segmento de competitividad que corresponde a las mujeres, de estas personas 12 competirían por una presidencia municipal y 7 por la suplencia de una presidencia municipal.

Sin embargo, Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, dijo que se identificó que 17 de las 19 personas que obtuvieron una de estas candidaturas no forman parte de la comunidad trans o muxe de Oaxaca, es decir, se trata de hombres que se hicieron pasar por trans.

En un comunicado la organización alertó que en la mayoría de los casos es conocido el candidato y públicamente se sabe de su relación matrimonial y la procreación de hijas o hijos con mujeres. Incluso algunos de los candidatos buscan reelegirse como presidentes municipales y durante sus cargos anteriores no manifestaron ser transgénero.

La organización señaló que los candidatos que de manera deshonesta y fraudulenta se registraron como mujeres transgénero, propietarios a presidencias municipales son 12.

De estos candidatos seis son de la coalición de los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC): Luis Armando Martínez Morales, candidato a la presidencia municipal de Cosolapa; Pedro Osiris Agustín Cruz, candidato al mismo cargo en San Pedro Ixcatlán; y Roberto Ferrer Espinoza, candidato a la presidencia municipal de San José Chiltepec.

También por esta coalición, denominada a nivel federal Por México al Frente, se postularon Alejandro Javier García Jiménez, candidato a la presidencia municipal de San Antonino Castillo Velasco; Carlos Ceballos Rueda, candidato a la presidencia municipal de Santiago Laollaga; y Alfredo Vicente Ojeda Serrano, candidato en San Juan Bautista Lo de Soto.

Otros personajes que también usurparon la identidad trans fueron los candidatos de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal): Carlos Quevedo Fabián, candidato a la presidencia municipal de Santa María Teopoxco y Santos Cruz Martínez (Santi), candidato a la presidencia municipal de Cuilapam de Guerrero.

Así también lo hicieron Emmanuel Martínez Palacio, candidato a la presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec por el partido MC y Yahir Hernández Quiróz (Yairas), candidato a la presidencia municipal de Chalcatongo de Hidalgo por el Panal.  

De igual manera las organizaciones alertaron que 7 varones se registraron como suplentes de presidencias municipales. Por la coalición Por México Al Frente: Lenin Morales Palma, candidato a suplente de la presidencia municipal de Cosolapa; Pedro Agustín Pedro, suplente de la presidencia municipal de San Pedro Ixcatlán; Carlos Gómez Gregorio, en San José Chiltepec; Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, en San Antonino Castillo Velasco; Carlos Arturo Betanzos Villalobos, en Santiago Laollaga; y Alejandro Guzmán Liborio, en San Juan Bautista Lo de Soto.

También como persona trans se postuló Salvador García Guzmán, candidato a suplente de la presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec por el partido MC.  

Dichas candidaturas se ampararon bajo el artículo 16 de los Lineamientos en Materia de Paridad de Género 2018 que señala: “En caso de postulación de persona transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el  cumplimiento del  principio de paridad de  género. De la cual el partido político postulante deberá informar en  el  registro  correspondiente a la  fórmula o planilla de que se trate”.

A partir de la revisión que realizó el Colectivo con integrantes de las comunidades trans, muxe y de las diversidades sexuales de Oaxaca, sólo identificaron a Kristel (Israel Ramírez Cortés) y Grecia Jiménez Osorio, quienes además de autoafirmarse como muxes, socialmente se nombran a sí mismas con esos nombres en su vida cotidiana, ambas son conocidas pública y notoriamente con sus nombres de mujer en su comunidad y, adicionalmente, sus dichos y sus actos del día a día reafirman y consolidan dicha identidad muxe como parte del libre desarrollo de su personalidad.

Por lo anterior, personas trans y muxe rechazaron y denunciaron este intento de 17 hombres de usurpar de forma fraudulenta la identidad trans, para evadir la obligación que tienen tanto partidos políticos como candidatos, de respetar el mandato constitucional de la paridad de género.

“Como integrantes de la población trans y muxe, aplaudimos la incorporación del artículo 16 en los lineamientos de paridad del IEEPCO pese a ello, si bien estos registros fueron aprobados por el máximo órgano de dirección, hacemos un llamado a realizar las infracciones correspondientes en materia electoral a los partidos políticos”, declararon estas ciudadanas.

Las mujeres trans aseguraron que esta simulación vulnera los principios de buena fe, certeza, legalidad y objetividad con la que deben conducirse los actores políticos dentro del actual proceso electoral.

Frente a ello, aseguraron que interpondrán recursos administrativos ante el IEEPCO haciendo uso del Procedimiento Especial Sancionador y acudirán a los Tribunales Electorales locales y federales.

Asimismo solicitaron al Consejo General del IEEPCO inicie de manera exhaustiva la investigación correspondiente respecto de cada uno de estos casos, solicitando se dé vista a los partidos políticos con las pruebas que presentaron las organizaciones de sociedad civil y se requiera la ratificación por comparecencia de los candidatos asumidos como mujeres.

Exigieron también que se inicie un procedimiento sancionador en contra de los partidos políticos y candidatos que violentaron el artículo 16 de los lineamientos de paridad, a través de la simulación y la falsedad de declaraciones. Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral cancele los registros de las candidaturas que están integradas por personas que simulan ser mujeres trans.

Entre las mujeres trans que se sumaron a este llamado está Naomy Romero Méndez, presidenta de Ladxido Muxe, una comunidad Muxe, en el municipio de Juchitán; Pablo Ángel Osorio, integrante de la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, el Colectivo Binni Laanu y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, entre otras.  

Este año en Oaxaca se elegirán 25 diputaciones locales de mayoría relativa, 17 diputaciones locales de representación proporcional, integrantes de 153 Ayuntamientos y mil 77 concejales. El 20 de abril el IEEPCO informó que nueve mil 660 personas participarían como candidatas y candidatos en estas elecciones. De estas 4 mil 953 son mujeres y 4 mil 707 son hombres.

Ese mismo día el organismo destacó la inclusión de 19 personas trans; sin embargo, ante la denuncia ciudadana de simulación a la ley, este 7 de mayo el IEEPCO informó que la Comisión de Quejas y Denuncias iniciará las investigaciones correspondientes y en caso de ser necesario emitir las sanciones correspondientes que van desde una multa económica al partido, hasta la cancelación de los registros de dichas candidaturas.

18/AGM

Sin importar que no tengan experiencia política, militancia partidaria, conocimientos parlamentarios o propuestas para implementar políticas públicas, actrices, cantantes y comediantes son algunos de los perfiles postulados por los partidos políticos para competir por una diputación federal o una senaduría.

En el actual proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y el Senado, mujeres de la farándula como la comediante María Elena Saldaña Ramírez, “La Güereja”; la cantante Susana Harp Iturribarria; o la presentadora de televisión, María Lilly del Carmen Téllez García, “Lilly Téllez”, buscarán una curul en San Lázaro o en el edificio de Avenida Paseo de la Reforma.

Durante décadas, el movimiento feminista y mujeres políticas pugnaron para que los partidos estuvieran obligados a abrir espacios a las mujeres, particularmente para que fueran candidatas y compitieran por puestos de elección popular. En un primer momento los avances beneficiaron a las militantes de los partidos pero hoy ya no es necesario profesar alguna ideología partidista.

Una de las frases de las expertas en participación política de las mujeres es “cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género”, a la par hay corrientes feministas que han trabajado para que más ciudadanas puedan participar en la toma de decisiones sin que la acumulación de experiencia o la adhesión a una corriente política sea un obstáculo.

En las listas de candidaturas presentadas por los partidos y avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 30 de marzo abundan nombres de personas sin experiencia política, o provenientes de la farándula. Ellas buscarán ganar una de las 64 senadurías de mayoría relativa, y 64 pluris; o de las 300 diputaciones que se eligen por voto ciudadano, y 200 de representación proporcional.

Por ejemplo la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que agrupa a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), postuló como candidatos a diputados al actor Sergio Mayer Breton, al comediante Ausencio Cruz Antillón y al actor y cantante Ernesto Vargas Contreras, conocido como Ernesto D´Alessio.

También en la carrera por una diputación federal por voto directo y por el principio de representación proporcional, está el actor y conductor Ernesto Laguardia Longega, en la primera vía postulado por la coalición que encabeza el PRI y en la segunda vía por el Panal.

En el caso de las mujeres, el PES postuló a la comediante María Elena Saldaña Ramírez, “La Güereja”, como candidata a diputada federal; y la Coalición encabezada por Morena postuló a la cantante Susana Harp Iturribarria y a la comunicadora María Lilly Del Carmen Téllez García, “Lily Téllez”, para el Senado; a su vez la coalición del PRI abandera a la actriz Ruth Gabriela Goldschmied Guasch, “Gabriela Goldsmith”, para llegar a ser diputada federal

La doctora en Ciencia Social y académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña Murillo, asegura que estas postulaciones son parte de una estrategia para hacer frente al desgaste de la clase política, de los partidos, y de quienes hacen política. El objetivo, explica en entrevista, que la ciudadanía no asocie a estos personajes con los partidos y les otorgue su voto.

La estrategia no es nueva, por ejemplo, en 2015 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló a la actriz Carmen Salinas como candidata a una diputación por la vía plurinominal, cargo que se obtiene sin la necesidad de hacer campaña porque son lugares que se asignan dependiendo del porcentaje de votación que recibe el partido. A la fecha la actriz ha propuesto cuatro puntos de acuerdo en casi tres años.

Mientras mujeres como Carmen Salinas no han tenido empacho en negar que no tienen una agenda parlamentaria y qué no sabe qué hacer durante las sesiones y las votaciones de las legislaciones que se debaten, las mujeres han exigido el derecho de ser candidatas, tener recursos para capacitación y llegar mejor preparadas a los procesos electorales.  

Cuando en 2014 México abandonó las cuotas de género  (60-40) promovidas por mujeres políticas y el movimiento feminista para garantizar más mujeres compitiendo, el Congreso elevó a rango constitucional la paridad de género, es decir el 50-50, y con ello se promovieron modificaciones a las leyes secundarias.

Desde ese año las Leyes Generales de Partidos Políticos (LGPP); y de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), obligan a los partidos a buscar la participación efectiva de las mujeres al reservarles la mitad de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales.

El Artículo 232, párrafo 2 de la LGIPE señala que estas candidaturas por ambos principios, voto directo y plurinominales, se deben registrar por fórmulas de titular y suplente del mismo sexo y salvaguardando la paridad entre los géneros.

En este proceso electoral los nueve partidos políticos participan en tres coaliciones; es decir, registraron una candidatura común para la Presidencia de la República pero además van en alianzas parciales en 300 diputaciones federales y 64 senadurías, cargos que se elegirán por voto directo de la ciudadanía.

La Coalición del PRI y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), denominada “Todos por México”, postulará 133 diputaciones y 64 senadurías comunes; mientras que los partidos Morena, PT y PES van juntos con 292 diputaciones y 62 senadurías

Por su parte la Coalición “Por México al frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) abanderarán 283 postulaciones a diputaciones y 30 a senadurías. La mitad de estas candidaturas son para mujeres.

A decir de Acuña Murillo hay que considerar que un principio de la democracia es que cualquier ciudadana tiene derecho a votar y ser votado, es decir cualquiera puede aspirar a ser legislador federal.

La Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus Artículos 55 y 58, requisitos básicos como edad mínima, ser residente del estado donde será la elección y no tener cargos como autoridad electoral o ministro religioso, entre otras obligaciones para ser legislador federal.  

“En ese sentido, no se le podría negar a nadie salvo que tuviera problemas con la ley o no cumpliera con estos requisitos”, afirma la analista.

Si bien cualquier persona puede aspirar a tener una candidatura, lo cierto es que las mujeres han logrado una legislación que obliga a las agrupaciones políticas a destinar 3 por ciento de su financiamiento ordinario a la capacitación y promoción de liderazgos femeninos para que lleguen a los cargos preparadas.

Esta disposición está en el Artículo 51 de la LGPP y en los Artículos 186 al 189 del Reglamento de Fiscalización del INE. A pesar de este logro, ahora los partidos han optado por dar las candidaturas a personas externas, fenómeno que a decir de la especialista, “muestra el desgaste político de partidos y de quienes hacen política”.

Acuña agregó que este tipo de postulaciones también busca que los partidos tengan el mayor número de curules posibles, porque un tema será ganar la Presidencia y otra tener al Congreso en contra como ha sucedido desde 1987 cuando el PRI perdió la mayoría en el Legislativo, lo que obliga al partido en el poder a negociar con las otras fuerzas políticas para sacar avante leyes, iniciativas y reformas.

La académica añade que lo que se está viendo en México y el mundo es que en las campañas electorales lo que importa es la imagen pública, tanto la imagen física, como la de los valores; y cómo se posicionan las y los candidatos, por lo cual es probable que en estas campañas veamos pocas propuestas y muchos spots. 

Actualmente la Cámara de Diputados está integrada por 285 hombres y 215 mujeres, es decir 43 por ciento de presencia femenina. La primera fuerza política es el PRI con 40.6 por ciento de legisladores y le sigue el PAN con 21.6 por ciento. En el Senado hay 77 varones y 51 mujeres, ellas representa el 40 por ciento de legisladores.

18/AGM/LGL

El Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR), agrupación recién creada el año pasado en el estado de Oaxaca, presentó su primera lista de candidaturas a diputaciones y presidencias municipales conformada por cuatro mujeres y siete varones.

Ayer la presidenta del partido, Guadalupe Díaz Pantoja y la representante ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Claudia Álvarez Luna, entregaron al organismo el primer registro de candidaturas que participarán en el proceso electoral 2018.

Al presentar el primer bloque de candidaturas, Díaz Pantoja precisó que a pesar de que en este primer registro hay mayor número de varones, en general 70 por ciento de sus candidaturas serán para mujeres, algo que en su opinión no violenta la paridad (50-50) porque se trata de una acción afirmativa a favor de las oaxaqueñas.

Será la primera vez que este partido, conformado en su mayoría por mujeres, participe en las elecciones locales donde se elegirá gubernatura, 25 diputaciones locales de mayoría relativa, 17 diputaciones locales de representación proporcional, 153 presidencias municipales y mil 77 concejales

De acuerdo con información del partido, la lista de las primeras cuatro diputaciones se integró por dos mujeres y dos varones: Isabel Victoria Antonio Aparicio por el Distrito XII de Santa Lucía del Camino; y Dominga Escobar Ruiz por el Distrito XVII con cabecera en Tlacolula de Matamoros.

Héctor Bautista Mayrén competirá por el Distrito VIII con cabecera en Tlaxiaco y José Marcos Barrientos López por el Distrito XIV Oaxaca Norte.  

En el caso de las postulaciones a presidencias municipales quedaron sólo dos mujeres y cuatro varones: Claudia Estefanía Cid Vásquez, por Putla Villa de Guerrero; y Florinda Santiago Monterrey, por San Francisco Telixtlahuaca.

También fueron postulados Gerardo López López por Pinotepa de Don Luis; Pablo Esteban Nájera por San Juan Bautista Valle Nacional; Marco Antonio Velásquez Ramírez por Santa María Tonameca; Marcos Lavariega Ruiz por Trinidad Zaachila y Víctor Manuel Osorio Henche por Magdalena Tlacotepec.

De acuerdo con la ley electoral en el estado y los criterios del IEEPCO la paridad de género debe observarse en las dimensiones vertical y horizontal, es decir, garantizando igual número de mujeres y hombres postulados en la primera lista de las concejalías y en las listas de diputaciones o planillas de concejalías.

Cabe mencionar que esta organización política logró su registro después de una serie de impugnaciones ya que en un primer momento la autoridad electoral consideró que no cumplía los requisitos para obtener su registro como tener representatividad en al menos 380 municipios.

Los registros de postulaciones aún deben ser aprobados por el IEEPCO el próximo 29 de abril. La campaña para diputaciones locales arrancará el próximo 18 de mayo y la de presidencias municipales iniciará el 28 de mayo.

18/AGM/LGL

La incorporación del principio de paridad de género en las leyes electorales ha generado mayor participación de mujeres en el ámbito legislativo, sin embargo, al no existir una norma expresa en el ámbito judicial y ejecutivo la presencia femenina es escasa en estos órganos.

De acuerdo con el análisis “Democracia incluyente en la administración pública en los ámbitos federal, estatal y municipal”, realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados, falta ampliar la paridad a otros espacios administrativos.

El análisis indica que el Legislativo puede ampliar este principio constitucional para que aplique en la integración del Gabinete legal y ampliado federal, los cargos edilicios, la estructura orgánica de los Ayuntamientos y en los órganos de dirección y cuerpo decisorio de los partidos políticos y organismos electorales.

El documento detalla que una amplia participación de las mujeres en la gobernanza nacional mejorará las condiciones para el ejercicio sustantivo de los derechos y una ciudadanía activa en el marco de una democracia paritaria.

Después de que en 2014 la paridad se reconoció en la Constitución y en las leyes generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos fueron obligados a postular a 50 por ciento de mujeres a cargos de diputaciones locales, federales y senadurías.

Como resultado, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados (2015-2018) se integró por 213 mujeres y 287 hombres, lo que representa 42.6 por ciento de presencia femenina. La integración del Senado, después de las elecciones de 2012, fue con 49 mujeres y 79 varones, lo que significó 38.28 por ciento de legisladoras.

Sin embargo, en los cargos de dirección y de toma de decisiones en la administración pública se aprecia la precaria participación de mujeres. Al comienzo del gobierno de Vicente Fox (2000), las Secretarías encabezadas por mujeres fueron cinco, aunque para el 2003, solo permaneció la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el gobierno de Felipe Calderón, seis mujeres se encontraban en la integración del gabinete y de acuerdo con datos disponibles en 2009, del total de las 59 subsecretarías dentro del gobierno federal, 45 estaban ocupadas por hombres y sólo 13 por mujeres.

El Gabinete de Peña Nieto se integró por 21 titulares, de los cuales solo tres eran mujeres (Relaciones Exteriores, Salud y Desarrollo Agrario y Territorio Urbano), es decir 14.28 por ciento, mientras que el gabinete ampliado de cinco espacios, uno es encabezada por mujer, lo que representa 20 por ciento.

Tras hacer cambios, el titular del Ejecutivo federal designó a Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a Arely Gómez González en la Secretaría de la Función Pública y a María Cristina García Cepeda en la recién creada Secretaría de Cultura. 

Sólo hay una gobernadora: Claudia Pavlovich Arellano, quien en 2015 fue electa gobernadora de Sonora. En el caso de los ayuntamientos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al cierre de 2014, 92.7 por ciento de los presidentes municipales o jefes delegacionales eran hombres, lo que representa una cifra de 2 mil 274; mientras que 7.3 por ciento, esto es, 180, eran mujeres.

Respecto a la integración del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integra por 11 ministros, de los cuales 2 son mujeres; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal, por 6 Consejeros (2 mujeres y 4 hombres), según datos de 2017.

Es por esto que en su documento de análisis, el CEAMEG indica que la democracia inclusiva debe reconocer la participación equitativa, activa, real y tangible de las mujeres, que representan más de la mitad de la población en México, lo que conllevará a la consolidación de una verdadera democracia.

Cabe decir que este 2018 se elegirá presidente de la República, 9 gubernaturas y se renovará el Senado, la Cámara de Diputados; además de cargos edilicios. 

18/AGM/LGL

Los dos partidos políticos que podrían disputarse la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones postularon a mujeres como precandidatas lo abre la posibilidad de que por primera vez una mujer que hace campaña sea electa y gobierne la capital del país.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apuesta por la aún precandidata Claudia Sheinbaum Pardo y la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), por Alejandra Barrales Magdaleno.

Pero ¿quiénes abrieron el camino para que hoy dos mujeres aspiren a gobernar la capital del país? El impulso del movimiento feminista en torno a la participación política de las mujeres y su incidencia en la capital comenzó a consolidarse en 1996 con la reforma a la Constitución mexicana que permitió la creación el Gobierno del Distrito Federal.

Con esta modificación legal el Poder Ejecutivo dejó el control administrativo de la capital y en 1997 se efectuaron las primeras elecciones para elegir al Jefe de Gobierno de la urbe.

Desde los años noventa el movimiento feminista apostó por la aplicación de las cuotas de mujeres en cargos de elección pues creían que ellas eran capaces de generar transformaciones importantes en la política. Por otro lado se cuestionaba ¿hasta qué punto las cuotas y el posicionamiento de mujeres en altos mandos, ayudaría a construir una visión política distinta a la masculina?

1997, GRANDES ESPERANZAS

Esta era la discusión cuando en la elección de 1997 para elegir Jefe de Gobierno el Partido del Trabajo (PT) nombró a María Viola Tapia Flores, la cantante conocida como “Viola Trigo”. Ella no era militante de este partido y se asumió que su elección fue una estrategia para atraer votos. Fue designada candidata apenas un mes antes de las elecciones, con un programa político poca elaborado y sólo logró un 1.3 por ciento de los votos.

Los resultados le dieron el primer triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del PR. Con el éxito del sol azteca las mujeres comenzaron a ocupar puestos importantes pero la antropóloga Marta Lamas expone, en un artículo sobre las elecciones en la capital, que las feministas fueron decepcionadas al constatar que los hombres del poder colocaban a parientes (esposas, hijas, conocidas) en los espacios que ganó el movimiento feminista.  

ROBLES, ÚNICA JEFA DE GOBIERNO

Con el PRD al mando de la Ciudad también llegó la primera Jefa de Gobierno, aunque ella no fue electa por la ciudadanía. En 1999, Cárdenas renunció al cargo para iniciar su campaña rumbo a la Presidencia de la República. En su lugar, Rosario Robles Berlanga fue designada por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

Sindicalista, mujer de izquierda y forjada en el movimiento feminista, la aun perredista mantuvo un discurso apegado al feminismo y destacó por promover la llamada “Ley Robles”, una reforma al Código Penal local que introdujo dos causales para la no penalización del aborto: por grave daño a la salud de las mujeres y por malformaciones fetales.

Sin embargo, en 2004 llegó el declive político de Robles. Al verse acusada de presuntas irregularidades en el manejo de cuentas públicas –acusación que no se demostró–, tuvo que renunciar como integrante activa del PRD. Actualmente ella es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

A pesar de este hecho el PRD continuó gobernando la capital del país, Robles entregó el mando a Andrés Manuel López Obrador, electo en los comicios del año 2000.

2006, DEJAR EL “MUJERISMO”

En las elecciones de 2006, expuso Marta Lamas en su revisión histórica, las mujeres organizadas tomaron un nuevo rumbo: no abogaron por “votar por mujeres” sino por una candidata o candidato con una ideología política garante de los Derechos Humanos (DH).

Así se explica que Beatriz Paredes Rangel, candidata en 2006 de la Alianza por la Ciudad, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), no tuviera el apoyo del movimiento feminista para dirigir la capital a pesar de ser reconocida como feminista y ex gobernadora de Tlaxcala. En la contienda ella quedó en el tercer lugar, una vez más el PRD ganó con Marcelo Ebrard.

Durante la administración de Ebrard, el trabajo del amplio frente de feministas creado para impulsar política pública rindió frutos, dio como resultado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, ley que en 2008 fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También durante su legislación, se legalizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al mismo tiempo las adopciones de estas parejas.

2012, TRES CANDIDATAS Y UN GANADOR

En 2012, Beatriz Paredes volvió a ser la candidata del PRI, con otras dos candidatas; la activista Isabel Miranda de Wallace por el PAN y la ex priista Rosario Guerra Díaz por Nueva Alianza. Ese fue el mayor número de mujeres que hasta entonces compitieron por gobernar la Ciudad; sin embargo, el ganador fue Miguel Ángel Mancera, el único hombre en la contienda.

Paredes quedó en segundo lugar y después las candidatas que aceptaron ser abanderadas sin militar en el partido que las postuló.

A un pie de salir de la gubernatura de la capital del país, Miguel Ángel Mancera deja en trámite una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el aumento de casos de feminicidio; según datos de la Procuraduría local de noviembre de 2016 a junio de 2017 ocurrieron 101 casos.

2018: JEFATURA POR ELECCIÓN

Ahora, con las precandidaturas de Sheinbaum y Barrales –quien en 2012 perdió la contienda interna del PRD para elegir a su alfil–parece que llegó la hora de que una mujer sea electa como primera Jefa de Gobierno. En este contexto se han hecho escasas propuestas en torno a la agenda de las mujeres.

Una de las ideas de la ex jefa de la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue elevar el Instituto de Mujeres al rango de Secretaría; Alejandra Barrales apenas ha hablado de ir en contra de la violencia familiar. Aunque ambas aún son precandidatas, son las mejor colocadas para competir en la elección y aún no está claro si se van a rodear de un gabinete paritario y una verdadera agenda de género, dos demandas del movimiento feminista.

Quien sea electa tendrá el desafío de gobernar tras la reforma política de 2015 que transformó el DF en la Ciudad de México, cambio que brindó nuevas atribuciones a la capital como su autonomía y una Constitución propia recién aprobada en 2017.

18/SG/HZM

Nueve mujeres cumplieron con el porcentaje de firmas necesario para registrarse como candidatas independientes y competir por una diputación federal en la elección del próximo domingo 1 de julio.

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisara la información entregada por los 187 aspirantes que optaron por la vía independiente para llegar a la Cámara de Diputados, determinó que 40 cumplieron con los apoyos requeridos, de ellos menos de la mitad (9) son mujeres.

Quienes avanzan en el proceso son Martha Beatriz Córdova Bernal y María Antonieta Pérez Reyes, de Chihuahua; Iris Paola Gómez de La Cruz, de Guerrero; Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, de Michoacán; Daniela González Rodríguez, Olga Valentina Treviño Hinojosa y Yamilett Orduña Saide, de Nuevo León; y María Graciela Parra López y Nora Vanessa Estrada Calles, de Tabasco.

El INE informó que inicialmente 240 ciudadanas y ciudadanos presentaron su intención de ser candidatos independientes, 187 avanzaron en el proceso y después de detectar irregularidades en el registro de firmas sólo 40 lograron el equivalente al 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores del distrito por el que pretenden competir.

En la lista de candidatas independientes destaca Luisa María Calderón Hinojosa, conocida como “Cocoa”, quien fue legisladora local en Michoacán, diputada federal, dos veces candidata a la gubernatura de su estado y senadora desde 2012, cargos que consiguió abanderada por el PAN.

Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón, y militante panista desde 1976 renunció a su partido en octubre pasado cuando se declaró senadora independiente, cargo que dejara a su suplente para seguir en el proceso para conseguir la candidatura independiente.

En el caso de las candidatas originarias de Chihuahua ambas han ocupado una curul en San Lázaro. Martha Beatriz Córdova Bernal fue diputada federal en la 62 Legislatura (2012-2015) respaldada por el partido Movimiento Ciudadano, partido del que fue consejera y en el cual militó desde su fundación cuando nació como Convergencia.

La ex diputada, quien integró la Comisión especial de Feminicidio, es maestra y también fue representante sindical en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 2009 a 2012.

Por su parte María Antonieta Pérez Reyes fue diputada federal durante la 61 Legislatura (2009-2012) por el Partido Acción Nacional, también integró la Comisión especial de Feminicidio; y como militante hizo carrera en su partido e incluso en 2006 formó parte de la campaña presidencial de panista Felipe Calderón.

Otra aspirante que quiere aparecer en la boleta electoral del 1 de julio es Yamilett Orduña Saide, quien ocupó cargos públicos durante la administración del gobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, como titular del Seguro Popular del estado y presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres durante casi dos años, puesto que abandonó en diciembre pasado.

En su carrera política en 2015 Orduña Saide fue candidata a la alcaldía de Monterrey por el partido Encuentro Social.

Actualmente la Cámara de Diputados está integrada por 287 hombres y 213 mujeres, quienes representan 42.6 por ciento; y hay tres legisladores que se declararon sin partido: Edgar Spinoso Carrera, Javier Guerrero García y Manuel de Jesús Espino; además de María del Rocío Zazueta Osuna que se considera independiente.

18/AGM/LGL

A una década de que los partidos políticos fueran obligados a destinar un porcentaje de su financiamiento público para capacitar a mujeres –y con ello allanar el camino para que accedan a cargos de elección– la medida ha funcionado paulatinamente pero todavía falta transparentar el ejercicio de esos recursos.

Desde 2008 este recurso otorgado a todos los partidos políticos con registro nacional, ha alcanzado una cifra de 919 millones 011 mil 673 pesos, presupuesto que se considera prioritario pues es una medida afirmativa que permite la participación de más mujeres en la toma de decisiones y en las estructuras de poder.

Durante los primeros años de esta disposición, las agrupaciones políticas derrocharon este recurso utilizándolo para pagar servicios de fumigación, seguridad, lavandería, aguinaldos e impuestos, bolsas, mandiles, gabardinas, pulseras bordadas, pero tras el escándalo y la denuncia pública del hecho, las mujeres diseñaron candados para que se cumpla el objetivo para el cual fue creado.

El éxito paulatino se observa al revisar que en 2008 las mujeres representaban 22.6 de las diputaciones locales y federales, 18.8 de las senadurías y 4.6 por ciento de las alcaldesas. Actualmente ellas representan 42.6 por ciento de las diputaciones locales y federales, 38 por ciento de las senadurías y aunque a nivel local la presencia femenina todavía es escasa, ya encabezan 14 por ciento de las presidencias municipales.

Con este panorama, las dirigentes de las Secretarías de Igualdad de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirman que pese a todo, debe continuar la inversión para formar liderazgos femeninos, aún cuando hay voces que exigen reducir el financiamiento público que reciben los partidos.

Actualmente, estos montos se usan para pagar tareas logísticas, traslados aéreos y terrestres, hospedaje, alimentos y material de trabajo de las sesiones de capacitación de las mujeres, pero las líderes de las Secretarías consideran que debería invertirse en campañas políticas, es decir en etiquetar una partida para que puedan hacer proselitismo igual que sus pares varones.

OBLIGACIÓN LEGAL

El financiamiento para la capacitación política de mujeres surgió como respuesta a dos argumentos recurrentes que los varones usaban para explicar la magra presencia femenina en el espacio político: “no hay mujeres que quieran participar” o “no están capacitadas para ejercer un cargo de alta responsabilidad”.

Para derrumbar este mito e impulsar el desarrollo de las habilidades de las mexicanas para ser oradoras en los congresos partidistas, alzar la mano en las tribunas parlamentarias o firmar documentos como responsables de instituciones, entre 2007 y 2008 el movimiento feminista junto con senadoras y diputadas insistieron en la necesidad de financiar la capacitación de las militantes para que avanzaran en las estructuras dentro y fuera del partido. 

Fue así que consiguieron, en 2008, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dispusiera que los partidos políticos deberían destinar dos por ciento de su financiamiento para la capacitación y promoción política de las mujeres, porcentaje que tras la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 se incrementó a tres.

En 2008 los ocho partidos políticos con registro recibieron 49 millones 513 mil 242 pesos. Aunque la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), revisó mediante pruebas selectivas que se reportaran los gastos de este rubro, sólo multó al PRD al encontrar que no ejerció el presupuesto etiquetado.

Dos años después, la consultora Natividad Cárdenas Morales, quien analizó el ejercicio de este presupuesto en 2008 y 2009, destapó el despilfarró millonario de los montos cuando al revisar los reportes de gastos encontró que estos recursos se utilizaron para cubrir viáticos, gratificaciones, propaganda y artículos promocionales pero no para fomentar los liderazgos femeninos.

La consultora destacó que si bien el artículo 78, párrafo V del Cofipe estableció la obligatoriedad de los partidos políticos para destinar un porcentaje a capacitación exclusiva de mujeres, en la práctica no existían especificaciones que permitieran determinar ni vigilar cómo se ejercerían esos recursos, lo que hizo que en 2011 las mujeres promovieran una reforma al Reglamento de Fiscalización del IFE para imponer candados legales.

DINERO Y POLÍTICA

Actualmente la disposición está legislada en el Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización del INE en los Artículos 186 al 189, los montos del tres por ciento se pueden utilizar para cubrir el gasto de cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados; la edición y producción de impresos; y la realización de audiovisuales o investigaciones que ayuden a la capacitación de las mujeres.

Sin embargo, la maestra-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, María del Rosario Varela Zúñiga, quien realizó un estudio sobre el tres por ciento en 2015, considera que los partidos aun improvisan el ejercicio de estos montos porque no diseñan sus planes de trabajo; o algunos proyectan gastar más de lo presupuestado o ejercen menos recursos de los que reciben.

En una revisión de los planes de trabajo de 2015, Varela Zúñiga encontró que 7 de los 10 partidos nacionales (el Partido Humanista perdió su registro a nivel nacional en noviembre de 2015) privilegiaron gastar en talleres y cursos al destinarle más de 50 por ciento de su gasto; MC equilibró su presupuesto al repartirlo en actividades de capacitación, investigación y difusión, mientras que el Panal gastó más en difusión.

La investigadora también señaló que un tema a revisar son los altos costos de las investigaciones que realizan los partidos porque los gastos son tan diferenciados que un partido puede gastar desde 270 mil pesos en un estudio pero otro puede llegar a erogar hasta un millón 510 mil pesos en una tarea similar.

Para este 2018, año de elecciones federales y locales, los nueve partidos nacionales: PAN, PRD, Morena, Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) sumaron 128 millones 889 mil 997 pesos para capacitación de mujeres.

APRENDER A PARTICIPAR

La reforma en materia político-electoral de 2014 que incrementó del dos al tres por ciento los recursos para fomentar liderazgos femeninos también hizo obligatoria la paridad (50-50) en candidaturas a senadurías y diputaciones locales y federales, una combinación que pretende incrementar el número de mujeres en cargos de decisión.  

En opinión de Marcela Torres Peimbert, senadora y titular de la Comisión de Promoción Política de la Mujer en el PAN, el éxito de ambas medidas normativas se puede medir revisando el número de mujeres que ganan elecciones.

Respecto a los recursos para la capacitación, la senadora explicó que de los 22 millones 783 mil 264 pesos que el PAN recibió en 2017, 15 millones se gastaron en un curso intensivo para 100 mujeres líderes del partido que participaron en una convocatoria pública y en un curso de selección para ser aceptadas.

Las elegidas tomaron cursos en instituciones académicas como el ITAM, Flacso y el CIDE y aprendieron cómo participar en elecciones, tuvieron conocimientos de Derechos electoral, oratoria y lenguaje incluyente, entre otras temáticas. El resto del recurso se utilizó para campañas a favor de la participación política e impresos como su Protocolo para investigar la violencia política de género al interior del partido.

Torres Peimbert consideró que la supervisión del INE ha sido puntual para que el PAN no use estos recursos para financiar campañas o proselitismo político y que las capacitaciones sean reales, incluso, dice, ahora tienen una fundación para la investigación y recopilación de la historia de las militantes panistas.

La legisladora aseguró que la capacitación logrará un desequilibrio de la lógica que indica que los hombres son los únicos que pueden participar en los procesos de selección. “Hay muchas mujeres ahora, alzando la mano, que no tienen la lógica de estos grupos (masculinos) de poder”.

Uno de los retos que quedan, expone la senadora, es que los partidos estatales también apliquen el tres por ciento pues agregó que las Secretarías de Promoción Política en los municipios y en los estados no cuentan con recursos etiquetados, algo importante considerando que en el nivel local se ha estancado la participación femenina.

Sin embargo, un estudio de ONU Mujeres sobre la paridad en el país, indica que de las 32 entidades federativas: 18 exigen a los partidos cumplir con tres por ciento para capacitación de mujeres, seis entidades obligan a ejercer cinco por ciento y cuatro entidades indican un dos por ciento.

Únicamente Yucatán aplica una fórmula distinta al establecer que del siete por ciento que los partidos están destinados a aplicar en actividades específicas un 25 por ciento es para liderazgo de las mujeres. Los estados de Baja California, Durango y Tlaxcala no han incluido en su legislación electoral un porcentaje para capacitación.

La titular de la Secretaría Nacional de Mujeres de Morena -partido creado en 2014 y que se ha convertido en una importante fuerza política- Carol Arriaga García, explicó que en 2017 su partido realizó varias actividades de capacitación y de difusión; sin embargo difiere de algunos criterios de la Unidad de Fiscalización del INE que limitan el trabajo de la Secretaría que encabeza.

Por ejemplo, explicó que el organismo electoral pide que promuevan información sobre violencia de género en el ámbito político pero para ella primero se debe hacer visible la violencia contra las mujeres. “Sí, es muy importante, pero cómo empoderar cuando tienes necesidades más apremiantes cuando son víctimas de violencia en su casa. Son cosas que también se tendrían que ir abordando”.

Arriaga García aseveró que cuando el partido entrega su plan de trabajo recibe observaciones del INE porque la unidad de género quiere abordar temas de Derechos Humanos de las mujeres en general y el organismo electoral les pide que los temas sean específicos en el terreno político-electoral, argumentando que para temas de sensibilización ya existen organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Habría que definir bien lo que van  a hacer las unidades de género de los partidos y los que va a hacer el Inmujeres, de cualquier forma creo que falta bastante y avanzar en el tema de capacitación no es sencillo”, señaló.

En su opinión, el tres por ciento debería enfocarse en los liderazgos políticos femeninos partidistas y no en mujeres en general pues, en su experiencia, el INE les impide capacitar solamente a las militantes. Aunque cabe decir que en el Reglamento de Fiscalización no hay ninguna prohibición al respecto.

Carol Arriaga consideró benéfico tener un presupuesto etiquetado para las mujeres pero advirtió que el siguiente paso es tener un monto etiquetado para la operación, es decir para que las militantes trabajen en territorio y ganen capital político porque desde su punto de vista para ganar un cargo hay que tener acercamiento con la población.

“Finalmente la  capacitación no te hace ganar una elección. Te ayuda, es un refuerzo, pero lo que más necesitas es vivir esa experiencia, y la experiencia se toma ejerciendo el poder, no solamente en las aulas”, dijo, al detallar que los gastos de operación permiten pagar otros rubros como viáticos o transporte, algo que no se puede hacer con el tres por ciento.

Sobre las reglas de la fiscalización de los recursos del tres por ciento, la morenista indicó que las normas se hicieron con buena intención pero los criterios no son adecuados porque aunque sean muy sofisticados, las cosas sólo salen bien si hay un cambio de mentalidad y si los organismos de mujeres de los partidos tienen independencia presupuestal, hecho que tampoco ocurre.

MÁS DINERO, MÁS LÍDERES

Una de las mujeres convencidas de que las medidas legales ayudan a que las mujeres avancen en la estructura partidaria es la actual dirigente de la Secretaría Nacional de Igualdad de Género del PRD, Rogelia González Luis, quien se dice beneficiaria de la formación derivada del tres por ciento.

Indígena zapoteca, originaria del municipio de Juchitán, en el estado Oaxaca, desde el 9 de diciembre es parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, una agrupación que, asegura, impulsa el liderazgo político de las mujeres.

Aunque se puede cuestionar el éxito de la inversión en foros, encuentros, conferencias y materiales impresos, para la también activista oaxaqueña, estos encuentros y libros sirven para hablar de los derechos y las agendas pendientes pero también para que más mujeres desarrollen su liderazgo.

A una década de que comenzara la política de recursos etiquetados para que las militantes se formen, Rogelia González consideró que el ejercicio de estos recursos ha mejorado, más, considerando que en 2008 el PRD fue el único partido multado por no gastar esta partida.

Es necesario, detalló, seguir impulsando que se respete y que se incremente el presupuesto y recordó que en 2017 los recursos destinados a su partido se utilizaron para talleres y encuentros, y se editó el Protocolo para atender violencia política de género.

TRANSPARENCIA

El PRI cuenta con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) a cargo de la senadora Hilda Flores Escalera, a quien no fue posible localizar para consultar su opinión. Sin embargo al consultar la plataforma de transparencia del partido para 2017, se observó que el PRI realizó actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de las mujeres, de las cuales destaca una plataforma tecnológica para enseñar competencias políticas y de gestión municipal.

Otra parte de los recursos para capacitación de mujeres se gastó en cursos de aprendizaje en diferentes estados, dirigidos especialmente a mujeres jóvenes, adultas mayores, indígenas y con discapacidades; y en un seminario internacional para lideresas que se realizó en la Ciudad de México, el cual duró dos días y costó 3 millones de pesos.

En materia de investigaciones, el PRI imprimió manuales sobre el discurso político y uso de redes sociales con perspectiva de género, causas de la violencia política contra las mujeres, y un manual para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

Pese a ello, académicas y activistas aseguran que falta un escrutinio puntual de estos montos para evitar que la norma sea burlada.

Lo anterior porque el 14 de diciembre de 2016 el INE revisó los informes de los partidos políticos sobre los recursos ejercidos en 2015 y acordó que en 2017 los partidos debían ejercer los que no gastaron en 2015; es decir, el subejercicio se compensaría dos años después, además de que en la fiscalización de 2016 el INE detectó que hubo partidos que entregaron modificaciones a su plan de trabajo sobre capacitación de mujeres de manera extemporánea u omitieron presentar los resultados, impacto y cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de los proyectos en la materia. 

18/AGM/SG/LGL

La experredista y exalcaldesa del municipio de Huamuxtitlán, en la región Montaña del estado de Guerrero, Soledad Romero Espinal, es la única mujer que avanza en la ruta para conseguir una candidatura independiente al Senado de la República.

Información del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que de las 56 personas que buscan el registro para competir por la vía independiente y conseguir una curul en la Cámara alta, 10 desistieron, 46 concluyeron la recolección de firmas y hasta ahora nueve consiguieron el apoyo necesario, entre ellas una mujer.

Entre el 21 y el 24 de enero concluyó el periodo para que las y los aspirantes recabaran el apoyo ciudadano que les exige la ley para poder ser candidatos sin partidos político; sin embargo, los datos preliminares muestran que únicamente nueve consiguieron el número de firmas equivalente al 2 por ciento de la Lista Nominal de su entidad. 

Quienes siguen con el procedimiento para llegar a una curul en el Senado son Jorge Arturo Gómez González, Lorenzo Ricardo García de León Coria, Pablo Abner Salazar Mendiguchía, José Pedro Kumamoto Aguilar, Raúl González Rodríguez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Obed Javier Pérez Cruz, Raymundo Vázquez Conchas y Soledad Romero Espinal.

De los nueve aspirantes que consiguieron las firmas dos ya han sido candidatos independientes y han ganado las elecciones: José Pedro Kumamoto Aguilar quien en 2015 ganó la elección para ser diputado independiente en Jalisco y Manuel Jesús Clouthier Carrillo quien en 2015 ganó la contienda para ser diputado federal, también sin partido político.                                 

En el caso de Soledad Romero Espinal, ella fue presidenta municipal de Huamuxtitlán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el periodo 2009-2012, cargo que dejó para registrarse como candidata a diputada local por la vía plurinominal de su partido.

De acuerdo con la prensa local Romero Espinal también fue consejera estatal del PRD por la corriente Movimiento Jaguar que encabezaba el actual aspirante independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter.

En el caso de las candidaturas a senadurías el INE aún debe concluir el proceso de verificación para revisar que no hubo anomalías o inconsistencias en las firmas reportadas.

Soledad Romero entregó firmas en papel debido a que recolectó apoyos en municipios de muy alta marginación donde no era viable el uso de la aplicación móvil del INE. En caso de que los nueve aspirantes cumplan con el requisito se registraran como candidatos independientes entre el 11 y 18 de marzo.

Otras mujeres que recabaron apoyos pero que al parecer no lograron cumplir con el número necesario son Evangelina Paredes Zamora en Tlaxcala; Fabiola Zepeda Muñoz y Laura Isalina López López en Jalisco y María Idalia Plata Rodríguez en Nuevo León.

18/AGM

La meta de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, va más allá de conseguir que una mujer indígena gane la Presidencia de México, el objetivo es más ambicioso: se trata de visibilizar, una vez más, a las comunidades indígenas pero sobre todo de sentar las bases de una organización civil que se mantenga activa, vigilante y casi en resistencia después de las elecciones de 2018.

“A veces no se entiende porque tenemos la costumbre que nos han dejado los partidos: que todo es a través de un partido”, explicó a Cimacnoticias María de Jesús, Marichuy, como le dice la gente, “la indígena nahua postulada por el CIG y en Congreso Nacional Indígena (CNI)” para buscar lo que parece imposible, una candidatura independiente que la lleve a competir con los nueve partidos políticos nacionales por la Presidencia de la República.

En medio de sus recorridos por el país para conseguir cuando menos 1 por ciento de firmas del electorado en 17 entidades federativas (866 mil 593 firmas) la vocera hizo un descanso de dos días para atender a los medios de comunicación y exponerles el proyecto inspirado en la filosofía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que en 1994 se alzó en armas para hacer que la sociedad volteara a ver a los invisibles.   

A 23 años de que los indígenas exigieran una nueva relación con el Estado, la candidatura indígena de una mujer molesta e incomoda a políticos y ciudadanos. La tachan de ser la candidata zapatista, de querer dividir el voto de la izquierda o de restar apoyos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que por primera vez competirá en una elección presidencial. También dudan de ella porque no creen que pueda gobernar.  

Por otro lado es arropada por universitarios, agrupaciones civiles y una comunidad intelectual donde destacan personalidades como el escritor Juan Villoro, el cantautor Óscar Chávez y el artista gráfico Francisco Toledo, quienes hasta el 4 de diciembre habían conseguido 80 mil 883 firmas que, como dice el CIG, son apoyos que se traducen en conciencias convencidas.

En un edifico que sirve de oficina del CIG en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, Marichuy habla de las aspiraciones de los pueblos indígenas. Siempre habla en plural porque no olvida que su voz representa a una colectividad y en su disertación repite palabras como dolor, comunidad, despojo y organización, conceptos que inspiran su andar por el país.   

UNA PROPUESTA DE IRRUPCIÓN

Conforme pasa el tiempo la lista de aspirantes a la Presidencia de México se va aclarando. Habrá por lo menos tres candidatos con posibilidades de ganar. Uno postulado por Morena, otro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro más por el Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Además de estos candidatos hay una oleada independiente de personajes políticos que aspiran a la candidatura sin el aval de siglas partidarias. Marichuy es una de las mujeres que busca una postulación, pero ciudadana para que su nombre y su proyecto aparezca en las boletas electorales el próximo 1 de julio de 2018.

A la pregunta de por qué participar en un proceso electoral si el CIG se ha mantenido alejado de la política y ha optado por la autonomía, Marichuy responde que su participación es una propuesta de irrupción en un país donde la práctica cotidiana de cada seis años es que el gobierno acuerda, desde arriba, quién continúa en el poder y cómo seguir despojando a los pobres y a las comunidades indígenas.

“La propuesta de participar en esto es para sacudir a México y que los pueblos sean visibles, los pueblos que realmente están sufriendo esas políticas que se construyen desde arriba, los mega proyectos capitalistas que han traído muerte y destrucción. Más que beneficios ha sido un despojo de las aguas, de los recursos naturales, de las tierras, de las riquezas que se tiene”.

En este escenario, continua: “se pensó qué vamos a hacer. No podemos seguirnos encontrando y seguir manifestando nuestros dolores y nuestras rabias si no se da un paso más adelante. Es un llamado a que volteen a ver la problemática real que están dejando estos proyectos extranjeros que solamente les interesa el dinero y el poder para poder dominar a los que estamos abajo”.

El CIG está conformado por mujeres y hombres que representa a sus pueblos indígenas. Si María de Jesús Patricio llegara a obtener la candidatura cada paso que dé debe ser avalado por las y los concejales porque su filosofía marca que el pueblo sea el que gobierne y el gobierno el que obedezca, uno de los siete principios zapatistas.

“A veces no se entiende porque tenemos la costumbre que nos han dejado los partidos: que todo es a través de un partido. ¿Pero quienes han diseñado esas políticas, pues solamente los de arriba? Nosotros pensamos que se puede construir otra, desde abajo, otra donde no solamente vayamos y llevemos a alguien allá, por eso se pensó en algo más grande, colectivo, son los concejales, ahorita van más de 150 y todos ellos juntos serían el gobierno”.  

La idea es provocadora para una parte de la población pero para otra es muy difícil creer que las mujeres indígenas y pobres deban o puedan llegar al poder. Aun así, las razones de Marichuy son muchas. “(¿Para qué?) Para ya no permitir esos despojos que se están haciendo, esas contaminación de las aguas, esa imposición de proyectos extranjeros, que no se consulta a las comunidades; al contrario, que se les impone”.

RECONSTRUCCIÓN PARA TODOS

En su caminar por los rincones del país, esta jalisciense, médica tradicional, ha confirmado el diagnóstico de sus compañeras y compañeros, un despojo de los bienes comunes pero también de los cuerpos y la cultura y un desprecio por los pobres que viven sin educación ni salud.

“Ante los intentos organizativos de las comunidades por defender los recursos naturales, el agua, la tierra, viene la represión, la desaparición de algunos líderes o comunidades. Personas que están al frente los han desaparecido o encarcelado. Viene esta destrucción masiva, viene con todo. Se ve más triste la situación yendo directamente a las comunidades y que ellas lo planteen desde su misma vivencia”.

En Veracruz las tierras han sido concesionadas para la extracción de petróleo, en Puebla para la construcción de hidroeléctricas, en Oaxaca para imponer eólicas. De esos proyectos habla cuando se refiere al despojo del territorio, la tierra, los bosques y el agua pero también se refiere al exterminio de manifestaciones sociales y culturales como la partería o el despojo de la lengua, vestimenta y herbolaria medicinal indígena.

“Justamente para eso es la propuesta, para escuchar todos esos dolores y juntos buscar formas de cómo le vamos a hacer para reconstruir este México desde abajo. Pensamos que los pueblos indígenas solos no podemos dar un paso más allá porque este monstruo es gigante, entonces, por eso, en este caminar vamos haciendo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad que también sienten que es necesaria la unidad para poder hacer una fuerza grande e impedir que nos sigan destruyendo”.

Si la vida y la permanencia de los pueblos está en juego, en el CIG se pensó en hacer algo más para tejer redes entre las comunidades y participar en un proceso que sirva para acercarse a quienes no son parte del CNI pero que están viviendo y luchando con el ánimo de que algún día sus pueblos sean respetados.

“VOTEN POR QUIEN QUIERAN”

El reloj sigue avanzado y Marichuy tiene hasta el 19 de febrero para recolectar firmas. Hasta diciembre la vocera y aspirante a candidata había conseguido 9.3 por ciento de los apoyos necesarios para lograr su registro. Existe la posibilidad de que no llegue a la meta, sin embargo, eso de ninguna manera sería un fracaso. El éxito está en aprovechar la vorágine electoral para llevar su mensaje.

“Lo más importante es la organización. Si no logramos conseguir el millón de firmas que se ocupan para ser candidata, como lo dijimos desde el principio, nuestra propuesta era organizativa, que surgiera algo nuevo desde abajo porque está claro que quien llega arriba, al poder, se corrompe, venga de donde venga, del color que sea, porque ya está algo diseñado arriba”.

Para los pueblos originarios si no hay organización de nada sirve que Marichuy sea candidata. “Vamos a seguir insistiendo para que se entienda y quede claro. Sí, aspiramos al poder pero al poder del pueblo, que el pueblo decida qué se hace y qué no se hace, que diga si le gusta lo que están haciendo o no. Que el que está arriba escuche al que está abajo, y esa es nuestra insistencia por donde vamos pasando”.

La vocera cuenta una anécdota que sintetiza el pensamiento del CIG: En una comunidad una señora le dijo que estaba de acuerdo con ella. “Los voy a apoyar pero ¿puedo votar por fulano de tal?”. A esta pregunta la aspirante presidencial le dijo que votara por quien quisiera. “Lo que estamos diciendo es que se organicen desde abajo, como comunidad porque antes de ser de un partido somos de una comunidad”.

Al escuchar los discursos de esta nahua y de las concejalas que junto a ella toman la palabra, parece que solo se dirigen a los pueblos. ¿A quién le habla en los mensajes que da? se le pregunta.  

“A todos los mexicanos. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, es una propuesta que surge de los pueblos para México ¿y que es México? pues incluye a obreros, estudiantes, amas de casa, trabajadores del campo y la ciudad, todos los sectores”. Por esa razón el CNI ha creado nueve grupos de trabajo donde creen que caben todas y todos: tierra y territorio; autonomía; justicia; mujeres; jóvenes y niños; personas con discapacidad; migrantes y desplazados; trabajo y explotación.

La campaña de esta indígena no es la típica campaña porque aunque recorre el país pidiendo firmas no ofrece nada, al menos no ofrece las despensas, pintura o gorras, ni siquiera la construcción de clínicas o fábricas, más bien parece que va en caravana escuchando. Cuando la gente le pregunta cuál es su proyecto la respuesta es simple. “El proyecto tiene que surgir de abajo, si no sería lo mismo, ya llevamos algo diseñado y les decimos sabes qué, va a ser esto”.

Los nueve grupos de trabajo son el comienzo de la redacción colectiva de ese proyecto.

Y CONTRA EL PATRIARCADO

“El silencio, el miedo, el machismo y el patriarcado capitalista que nos mal gobiernan son el odio mismo de los poderosos contra la vida”, pronunció la vocera el 27 de septiembre durante un mitin en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, entidad donde el feminicidio y la violencia contra las mujeres es una constante.

Sobre el patriarcado, concepto que pareciera apropiado por las citadinas, también tiene una posición. “Los proyectos o programas que ha implementado este sistema capitalista ha sido diseñado solamente por hombres. Al no considerarse la participación de las mujeres es que hay un proyecto que está excluyendo y que está diseñado solamente por hombres, por eso decimos patriarcado, porque si hubiera la participación de las mujeres sería diferente”, afirma.

“Vemos que hay una fuerte discriminación contra las mujeres, que se considera que su opinión no vale. En las comunidades es más fuerte porque se considera que la mujer solamente es para tener hijos y atender la casa, no para participar en la organización propia de la comunidad. Son estas estructuras diseñadas capitalistas patriarcales, porque están pensando en donde nada más pueden caber los hombres”.

Hablar del patriarcado con las poblaciones indígenas no es tema fácil por eso la vocera siempre está acompañada de las concejalas, son ellas quienes dan la cara y van al frente para mostrar que también son líderes y deben gobernar. “Son las que están al frente porque a los maridos más rápido los quitan, los hacen a un lado, los encarcelan, los desaparecen. Nos hemos dado cuenta que hay mujeres que están participando muy decididamente”.

Aunque hay líderes que la critican por no buscar una alianza con los partidos de izquierda o quienes esperan que decline a favor de alguien más, Marichuy está decidida a seguir firme. “Hemos planteado que más que aliarnos arriba es aliarnos abajo, con la gente del pueblo, con los diferentes sectores, con los pueblos indígenas. Esa es nuestra tirada principal, la organización desde abajo. Nuestra mirada va a estar hacia abajo, con los pobres, con los trabajadores del campo y la ciudad”.

Y si no se juntan las firmas el trabajo continúa. “Quedemos o no quedemos lo más importante es lo que vamos a construir, es lo que tiene que quedar para después, porque los gobiernos ya están pensando cómo van a implementar sus proyectos para después del 2018. No nos podemos organizar para aquí y ya, cada quien vuelve a su comunidad. Nuestra tirada es a la organización para después. ¿Cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a conservar nuestras comunidades, nuestras tierras, agua, bosque? Solamente unidos”.

17/AGM/LGL

En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” de cara a los comicios de 2018.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros organismos, presentaron la nueva versión de esta herramienta a fin de atender y sancionar la violencia política de género hacia pre-candidatas y candidatas que participen en los comicios del próximo año.

En México, el 1 de julio de 2018 se elegirán 3 mil 416 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y la renovación de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La nueva versión del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, editado en 2016, considera que hasta septiembre pasado cuatro estados, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Puebla, no tenían el concepto de violencia política en ninguna norma mientras que dos entidades, Chihuahua y Ciudad de México, tienen esta figura en su Constitución local, en su ley electoral y en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este Protocolo, señalaron las instituciones, pretende llenar el vacío que existe sobre el concepto de este fenómeno social que se agudiza previo, durante y después de los procesos electorales. Es de recordar que este concepto no está definida en las normas electorales federales porque la Cámara de Diputados no aprobó la minuta enviada por el Senado a tiempo, es decir, 90 días antes del inicio del actual proceso electoral.

En esta reedición, elaborada por el TEPJF y otras instituciones, se señala que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

La nueva definición, que retoma el estándar de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, dice que esta violencia “puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.

A partir de 2014 cuando la paridad se legisló como un principio constitucional, se han documentado más casos de violencia política, por ejemplo, en marzo de 2015 fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el 2 de enero de 2016 fue asesinada la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.

Entre los casos que han sido reconocidos por las autoridades está el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, sin embargo denunció que fue obligada a renunciar por ser mujer e indígena. Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, amenazada y descalificada también por ser mujer.

Este Protocolo, que es una guía para que las autoridades atiendan el problema, hace hincapié en que las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres y en que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género.

El documento indica que aunque esta violencia no está tipificada, muchas de las conductas que la constituyen sí configuran delitos, por ello una víctima puede iniciar una acción penal o acudir a las intuiciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

A través de este Protocolo también se hizo un llamado a los partidos políticos, considerados por un estudio de ONU Mujeres como el mayor obstáculo para la participación política de las mujeres, para que diseñen y pongan en práctica protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las aspirantes a cargos de elección.

Se expuso que los nueve partidos políticos nacionales y las agrupaciones política estatales deben considerar las reformas necesarias a sus estatutos internos, con el objeto de reconocer y prohibir esta violencia, realizar acciones de prevención y sensibilización y ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.

17/AGM/LGL