Elecciones 2018

La Red Mujeres en Plural presentó la Agenda para la Igualdad en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres en México, una serie de propuestas dirigidas a la candidata y a los candidatos a la Presidencia de la República para que quien gane los comicios impulse la participación política de las mexicanas.

En el marco del actual proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y gobiernos estatales y locales, este 26 de abril las mujeres, entre académicas, consultoras y militantes de partidos políticos, presentaron su agenda en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acompañadas por las consejeras electorales, Dania Ravel y Adriana Favela, integrantes de la Red Mujeres en Plural, como Teresa Hevia Rocha y Janette Gongora destacaron la importancia de que quienes aspiran a gobernar México tengan estas propuestas que podrán impulsar una vez que ganen la elección.

La primera propuesta es transversalizar la perspectiva de género, es decir garantizar que este principio este en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2024 y además fortalecer las Unidades de Igualdad de Género en la administración pública federal.

La segunda es promover la armonización legislativa a favor de la igualdad sustantiva en materia electoral, realizando las reformas a la legislación nacional de conformidad con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos aprobada en 2011 y la normativa internacional.

En este tema también propusieron que la próxima persona que ocupe la Presidencia presente una iniciativa preferente para tipificar en la legislación federal la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La tercera propuesta es implementar acciones afirmativas y la paridad de género, por ejemplo, impulsar reformas legislativas, medidas administrativas y políticas públicas para que se garantice la participación de las mujeres en los tres poderes y órdenes de gobierno.

También sugirieron que el Ejecutivo federal implemente acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en especial de mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad o de la comunidad LGBTTI.

En la cuarta propuesta la Red Mujeres en Plural llamó a aumentar la presencia de las mujeres en el Poder Ejecutivo y en la administración pública al garantizar una integración paritaria del Gabinete y ampliar las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres.

La quinta propuesta fue promover mayor presencia femenina en el Poder Judicial, esto a través de una reforma que incorpore el principio de igualdad sustantiva y la paridad para integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos del Poder Judicial.

Otra medida para logar este fin es el próximo gobierno establezca una defensoría de oficio en materia electoral para respaldar la ampliación de mecanismos de defensa y asesoría de los derechos políticas de las mujeres.

Las mujeres, promotoras de las reformas en materia electoral que en 2014 elevó a rango constitucional la paridad de género, se pronunciaron porque las próximas legisladoras también formen parte de comisiones relevantes y que organismos autónomos, como los electorales, se conformen por igual número de mujeres y hombres.

18/AGM

Sin importar que no tengan experiencia política, militancia partidaria, conocimientos parlamentarios o propuestas para implementar políticas públicas, actrices, cantantes y comediantes son algunos de los perfiles postulados por los partidos políticos para competir por una diputación federal o una senaduría.

En el actual proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y el Senado, mujeres de la farándula como la comediante María Elena Saldaña Ramírez, “La Güereja”; la cantante Susana Harp Iturribarria; o la presentadora de televisión, María Lilly del Carmen Téllez García, “Lilly Téllez”, buscarán una curul en San Lázaro o en el edificio de Avenida Paseo de la Reforma.

Durante décadas, el movimiento feminista y mujeres políticas pugnaron para que los partidos estuvieran obligados a abrir espacios a las mujeres, particularmente para que fueran candidatas y compitieran por puestos de elección popular. En un primer momento los avances beneficiaron a las militantes de los partidos pero hoy ya no es necesario profesar alguna ideología partidista.

Una de las frases de las expertas en participación política de las mujeres es “cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género”, a la par hay corrientes feministas que han trabajado para que más ciudadanas puedan participar en la toma de decisiones sin que la acumulación de experiencia o la adhesión a una corriente política sea un obstáculo.

En las listas de candidaturas presentadas por los partidos y avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 30 de marzo abundan nombres de personas sin experiencia política, o provenientes de la farándula. Ellas buscarán ganar una de las 64 senadurías de mayoría relativa, y 64 pluris; o de las 300 diputaciones que se eligen por voto ciudadano, y 200 de representación proporcional.

Por ejemplo la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que agrupa a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), postuló como candidatos a diputados al actor Sergio Mayer Breton, al comediante Ausencio Cruz Antillón y al actor y cantante Ernesto Vargas Contreras, conocido como Ernesto D´Alessio.

También en la carrera por una diputación federal por voto directo y por el principio de representación proporcional, está el actor y conductor Ernesto Laguardia Longega, en la primera vía postulado por la coalición que encabeza el PRI y en la segunda vía por el Panal.

En el caso de las mujeres, el PES postuló a la comediante María Elena Saldaña Ramírez, “La Güereja”, como candidata a diputada federal; y la Coalición encabezada por Morena postuló a la cantante Susana Harp Iturribarria y a la comunicadora María Lilly Del Carmen Téllez García, “Lily Téllez”, para el Senado; a su vez la coalición del PRI abandera a la actriz Ruth Gabriela Goldschmied Guasch, “Gabriela Goldsmith”, para llegar a ser diputada federal

La doctora en Ciencia Social y académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña Murillo, asegura que estas postulaciones son parte de una estrategia para hacer frente al desgaste de la clase política, de los partidos, y de quienes hacen política. El objetivo, explica en entrevista, que la ciudadanía no asocie a estos personajes con los partidos y les otorgue su voto.

La estrategia no es nueva, por ejemplo, en 2015 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló a la actriz Carmen Salinas como candidata a una diputación por la vía plurinominal, cargo que se obtiene sin la necesidad de hacer campaña porque son lugares que se asignan dependiendo del porcentaje de votación que recibe el partido. A la fecha la actriz ha propuesto cuatro puntos de acuerdo en casi tres años.

Mientras mujeres como Carmen Salinas no han tenido empacho en negar que no tienen una agenda parlamentaria y qué no sabe qué hacer durante las sesiones y las votaciones de las legislaciones que se debaten, las mujeres han exigido el derecho de ser candidatas, tener recursos para capacitación y llegar mejor preparadas a los procesos electorales.  

Cuando en 2014 México abandonó las cuotas de género  (60-40) promovidas por mujeres políticas y el movimiento feminista para garantizar más mujeres compitiendo, el Congreso elevó a rango constitucional la paridad de género, es decir el 50-50, y con ello se promovieron modificaciones a las leyes secundarias.

Desde ese año las Leyes Generales de Partidos Políticos (LGPP); y de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), obligan a los partidos a buscar la participación efectiva de las mujeres al reservarles la mitad de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales.

El Artículo 232, párrafo 2 de la LGIPE señala que estas candidaturas por ambos principios, voto directo y plurinominales, se deben registrar por fórmulas de titular y suplente del mismo sexo y salvaguardando la paridad entre los géneros.

En este proceso electoral los nueve partidos políticos participan en tres coaliciones; es decir, registraron una candidatura común para la Presidencia de la República pero además van en alianzas parciales en 300 diputaciones federales y 64 senadurías, cargos que se elegirán por voto directo de la ciudadanía.

La Coalición del PRI y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), denominada “Todos por México”, postulará 133 diputaciones y 64 senadurías comunes; mientras que los partidos Morena, PT y PES van juntos con 292 diputaciones y 62 senadurías

Por su parte la Coalición “Por México al frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) abanderarán 283 postulaciones a diputaciones y 30 a senadurías. La mitad de estas candidaturas son para mujeres.

A decir de Acuña Murillo hay que considerar que un principio de la democracia es que cualquier ciudadana tiene derecho a votar y ser votado, es decir cualquiera puede aspirar a ser legislador federal.

La Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus Artículos 55 y 58, requisitos básicos como edad mínima, ser residente del estado donde será la elección y no tener cargos como autoridad electoral o ministro religioso, entre otras obligaciones para ser legislador federal.  

“En ese sentido, no se le podría negar a nadie salvo que tuviera problemas con la ley o no cumpliera con estos requisitos”, afirma la analista.

Si bien cualquier persona puede aspirar a tener una candidatura, lo cierto es que las mujeres han logrado una legislación que obliga a las agrupaciones políticas a destinar 3 por ciento de su financiamiento ordinario a la capacitación y promoción de liderazgos femeninos para que lleguen a los cargos preparadas.

Esta disposición está en el Artículo 51 de la LGPP y en los Artículos 186 al 189 del Reglamento de Fiscalización del INE. A pesar de este logro, ahora los partidos han optado por dar las candidaturas a personas externas, fenómeno que a decir de la especialista, “muestra el desgaste político de partidos y de quienes hacen política”.

Acuña agregó que este tipo de postulaciones también busca que los partidos tengan el mayor número de curules posibles, porque un tema será ganar la Presidencia y otra tener al Congreso en contra como ha sucedido desde 1987 cuando el PRI perdió la mayoría en el Legislativo, lo que obliga al partido en el poder a negociar con las otras fuerzas políticas para sacar avante leyes, iniciativas y reformas.

La académica añade que lo que se está viendo en México y el mundo es que en las campañas electorales lo que importa es la imagen pública, tanto la imagen física, como la de los valores; y cómo se posicionan las y los candidatos, por lo cual es probable que en estas campañas veamos pocas propuestas y muchos spots. 

Actualmente la Cámara de Diputados está integrada por 285 hombres y 215 mujeres, es decir 43 por ciento de presencia femenina. La primera fuerza política es el PRI con 40.6 por ciento de legisladores y le sigue el PAN con 21.6 por ciento. En el Senado hay 77 varones y 51 mujeres, ellas representa el 40 por ciento de legisladores.

18/AGM/LGL

Las candidatas de las coaliciones encabezadas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandra Barrales Magdaleno, respectivamente, presentaron sus propuestas en materia de Derechos Humanos de las mujeres que van desde darles 2 mil 500 pesos mensuales hasta atender la Alerta de Violencia de Género.

Cuatro mujeres y dos varones se disputan la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que de acuerdo con los resultados históricos, desde 1996 ha sido gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Todo indica que la contienda podría quedar entre dos mujeres que se asumen de izquierda: Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición “Por la CDMX al frente”, conformada por el PRD y los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC); y Claudia Sheinbaum Pardo, quien simpatizó con el PRD y es la abanderada de “Juntos haremos Historia”, que agrupa a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Además de las candidatas punteras, en estas elecciones también compite Purificación Carpinteyro Calderón por Nueva Alianza; y Lorena Osornio Elizondo por la vía independiente, lo mismo que Marco Rascón Córdova, quien participa sin el aval de ningún partido; en tanto el Partido Verde (PVEM) postuló a Mariana Boy Tamborrell y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Mikel Arriola Peñalosa.

A cuatro días del inicio formal de las campañas para ocupar la Jefatura de Gobierno, que dejó Miguel Ángel Mancera para ir en busca de una senaduría, Barrales y Sheinbaum coinciden en la necesidad de no echar para atrás los derechos logrados para las mujeres y de garantizar seguridad para que puedan vivir libres de violencia.

El sábado 31 de marzo, en su segundo día de actividades proselitistas, Alejandra Barrales, tuvo un encuentro con mujeres en donde prometió que en caso de ganar les brindaría mayor seguridad, igualdad en salarios y fomentaría estancias infantiles en empresas y oficinas de gobierno.

La propuesta más difundida fue la de dar un apoyo económico de dos mil 500 pesos a las madres solteras y jefas de familia, una sugerencia similar a la de Alfredo del Mazo, quien el año pasado, durante su campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México, prometió entregar un “salario rosa a las mujeres” de 2 mil 400 pesos bimestrales.

La ex dirigente del PRD aseguró que este apoyo es para la independencia económica de mujeres violentadas; también dijo que se crearía un sistema de estancias infantiles y que se trabajaría para que las empresas habiliten estancias para que niñas y niños estén atendidos mientras las madres laboran.

Al asegurar que la capital se convertirá en “la jefa” de todas las ciudades -palabra que utilizó la panista Josefina Vázquez Mota durante 2012 en su campaña presidencial- Barrales dijo que se crearían escuelas para padres y que se “garantizaría fuerza, inteligencia, patrullas y policías” para mejorar la seguridad de las mujeres.

“SIN OCURRENCIAS”: SHEINBAUM

Al arrancar su campaña, el domingo 1 de abril, Claudia Sheinbaum señaló que su proyecto de gobierno no eran ocurrencias, que pondría a la ciudanía en el centro y destacó que se respetarán los derechos logrados por las mujeres, sin mencionar cuáles, aunque Morena ha sido criticado por aliarse con el PES, partido conservador que está en contra de los derechos como la interrupción legal del embarazo.

En la Ciudad de México el aborto hasta las 12 semanas de gestación es un derecho que se legalizó desde 2007 y en otros estados las mujeres pueden acceder a éste si el embarazo es producto de una violación, si el feto tiene malformaciones o si corre peligro la vida de la mujer, entre otras causales; sin embargo partidos como el PES están en contra de este avance y a favor de la “vida desde la concepción/fecundación”.

A la par, cuando el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha sido cuestionado sobre su opinión respecto a  temas como el aborto, él ha mencionado que estos temas deben ser puestos a consulta ciudadana. Esto ha servido para que la abanderada del PRD afirme que con ella no habrá retrocesos.

Entre las acciones en materia de género la candidata dijo que transformará el Instituto de las Mujeres en Secretaría de la Mujer para acabar con la violencia de género y promover la autonomía de las capitalinas. También mencionó que su gabinete será paritario (igual número de mujeres y varones) y que promoverá la paridad de género en todos los puestos de alta jerarquía.

Las propuestas fueron elaboradas con su equipo de campaña, donde hay políticos reconocidos como los exjefes de Gobierno, Marcelo Ebrard y Alejandro Encinas y que también sumó a feministas como la fundadora y presidenta de Afluentes, Gabriela Rodríguez y la etnóloga y doctora en Antropología, Marta Lamas.

En su primer discurso, ya como candidata oficial, señaló que en caso de ganar se respetarán los Derechos Humanos en el marco de un gobierno laico, se diseñarán programas de educación sexual integral para prevenir el embarazo adolescente y se crearán protocolos para cumplir con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en las alcaldías.

Cabe mencionar que en septiembre de 2017 las organizaciones Justicia Pro Persona, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos Civiles de  Derechos Humanos  "Todos para Todas y Todos" y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la activación de la AVG en la capital ante la ineficacia para la prevención y sanción de casos de feminicidio.

Medio año después de esta solicitud, el pasado 26 de marzo el gobierno capitalino anunció la creación del “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario” para atender las seis medidas provisionales que el 2 de marzo dictó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) como parte de la petición de AVG.

Sheinbaum también prometió que en la Secretaría de Desarrollo Económico se creará un programa exclusivo para que las mujeres creen cooperativas o pequeñas empresas, se reconocerán los derechos de las trabajadoras del hogar y se creará una clínica para la comunidad LGBTTI. “Ninguna regresión”, explicó.

En la plataforma política llamada “Innovación y esperanza” que presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México se comprometió a modernizar programas sociales como el “programa de becas a madres jefas de familia” y duplicar el número de cámaras de seguridad, entre otras.

Otra acción que la aspirante a jefa de gobierno propuso en su plataforma fue actualizar el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad, impulsado por la sociedad civil en 2009 cuando Emilio Álvarez Icaza presidía la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien ahora apoya la candidatura de Alejandra Barrales.

18/AGM/LGL

“Los zapatistas no dependen del gobierno. En las elecciones no nos metemos. No recibimos proyectos, nada del gobierno, somos independientes de ellos, hacemos nuestros trabajos, tenemos clínicas, escuelas autónomas, radios comunitarias”, explica una joven zapatista.

Ella viste jeans y playera y cubre su rostro con pasamontañas. Habla con timidez, pero cuando se le pregunta sobre la política que profesa se desenvuelve y para ejemplificar sus dichos, con su dedo índice va trazando dibujos imaginarios sobre la mesa de madera. 

La charla con Cimacnoticias se dio durante el “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan” que desarrolló en el Caracol de Morelia, uno de los cinco centros de reunión zapatista que se encuentran en el estado de Chiapas.

Yoali es una de las jóvenes zapatistas que estuvo apoyando a las cinco mil mujeres de todo el mundo que se dieron cita del 8 al 10 de marzo en territorio zapatista, en las inmediaciones de los municipios de Altamirano y Las Margaritas, en el sureste mexicano. 

La joven es parte de esas semillas revolucionarias que se sembraron con el levantamiento armado de 1994, cuando los pueblos indígenas declararon la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Los frutos de esa siembra son mujeres como Yoali.

La joven tiene 20 años de edad y no habla ninguna lengua indígena. En el rancho donde creció muy poca gente habla tzeltal, tzotzil o tojolabal. Son pocas las abuelas y abuelos  que mantienen una tradición que está por extinguirse, las nuevas generaciones hablan español.

Después de 24 años de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) muchas cosas han cambiado y muchas otras siguen igual y ella es un ejemplo de esas transformaciones y de lo que sigue firme: la desconfianza en la política y quienes hacen política.

Si bien estas comunidades están alejadas de los partidos políticos y no tienen interés en las  instituciones electorales, muchas jóvenes hacen su parte política al participar en las Juntas de Buen Gobierno donde resuelven sus necesidades primordiales como colectivos. 

Desde hace cinco años, en 2013, las comunidades zapatistas cristalizaron su forma de hacer autonomía. En ese año crearon los cinco Caracoles: Oventik, La Realidad, Morelia, La Garrucha y Roberto Barrios.

Yoali pertenece al Caracol de La Realidad, un centro de reunión que alberga a la zona tojolabal, tzeltal y mam de Montes Azules y la zona fronteriza entre México y Guatemala.

Cuando la joven explica el funcionamiento lo hace en medio del bullicio de una de las grandes habitaciones de piso de tierra que sirvió de auditorio y dormitorio para las mujeres que llegaron a Morelia.

En la mesa, Yoali dibuja con su dedo un círculo pequeño que se convierte en espiral y se va expandiendo. “El caracol es un centro de reunión, en cada comunidad hay uno, allí se planean trabajos. Entramos por acá –dice mientras señala con su dedo– y volvimos a salir”.

Esos lugares son para encontrarse, para verse y escucharse, por eso, aclara, están hechos con todo lo necesario para las reuniones: regaderas, baños, amplios cuartos para albergar a la gente y templetes para escuchar a sus oradores. 

Allí, en estos centros de reunión, ella ha aprendido la filosofía zapatista, cada año hay un encuentro de mujeres zapatistas, cada región se reúne en el Caracol que le toca, allí debaten, reflexionan, planean trabajos y proyectos conjuntos.

Este año la novedad es que se trató de un encuentro donde dos mil zapatistas de los cinco Caracoles se reunieron para hablar del ser mujer, para hacer arte, jugar, reír, cantar y bailar de la mano de mestizas y extranjeras, de mujeres de otras naciones y de todo el mundo.

Pero también porque fue un encuentro que reunió a mujeres que denuncian el acoso sexual, el feminicidio, la violencia de género y que buscan la igualdad; y porque se desarrolló en un contexto electoral donde la organización zapatista fue señalada por lanzar una candidatura independiente contraviniendo sus principios.  

Cuando a Yoali se le pregunta por la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, es enfática en su respuesta. “Eso es del CNI”. Aunque ella es muy joven está enterada de todo lo que sucede, conoce sus leyes, sabe de qué se trató esta postulación y por qué la insistencia de luchar por la autonomía.  

Marichuy -quien aspiraba a competir por la Presidencia de la República  a través de la vía independiente- explica, fue respaldada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) –y por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG)– y aunque ellos son indígenas no son lo mismo que los zapatistas.

Aunque se dice que María de Jesús Patricio fue la candidata zapatista, lo cierto es que fue la vocera de las comunidades indígenas, más allá de Chiapas, que decidieron hacer ruido una vez más pero a través de las vías institucionales, de una candidatura en el proceso electoral. 

Durante cuatro meses Marichuy recorrió los rincones indígenas del país para escuchar a los pueblos, su mensaje fue claro: la organización ante la clase política que los ignora. La idea de obtener una candidatura independiente era llevar más lejos y a más personas este mensaje.

Sin embargo, la vocera, como se le conoce, no logró su objetivo al no lograr la cantidad de firmas suficientes para que el Instituto Nacional Electoral le otorgara la posibilidad de ser candidata y hacer campaña, una campaña que no servía para ganar sino para ser mensajera.

Esa es la política que hacen las comunidades zapatistas, la de mensajeros y no candidatos, aquella donde propagar la idea de libertad e igualdad vale más. 

“Las actas de nacimiento son autónomas, nosotras tenemos nuestras propias leyes, nosotros nos gobernamos, para nosotros como si no existiera (el gobierno) porque nosotros vivimos en comunidades”.

Por eso, ahora que se renovará Presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputados y 17 mil 682 cargos locales, para estas comunidades no importa, porque ellos van a trabajar para vivir sin necesidad del gobierno.

“Nosotros no votamos, a nosotros no nos sirve”, dice Yoali y explica que para su autogobierno tienen sus propias leyes como la Ley Revolucionaria de Mujeres creada en 1993 y los siete principios zapatistas, donde guardan su visión de la autonomía.

18/AGM/LGL

A partir de la legislación de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, todos los partidos políticos están obligados a postular a la mitad de mujeres para cargos de elección y garantizar que no sean candidatas exclusivamente en distritos donde el partido tiene posibilidades de perder.

El objetivo de esta regla, establecida en las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales y de Partidos Políticos, es tener a más candidatas participando en los comicios, generar condiciones para que sean electas, y estén en los espacios donde se gobierna.

Sin embargo de cara a las elecciones de julio próximo y ante el panorama político, las mujeres que quieran participar en esta contienda para ocupar un cargo de elección popular enfrentarán condiciones de desigualdad en la competencia porque a pesar de esta legislación, aún hay actores que no están comprometidos con la paridad de género, y la posibilidad de vivir violencia política es latente.

Tan sólo durante los comicios de 2015, 2016 y 2017, las mujeres electas en ellos vivieron amenazas e intimidación; y en lo que va de este año, ya se cometieron 2 asesinatos contra aspirantes políticas. El pasado 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio guerrerense de Chilapa la ex aspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 del mismo mes fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

Cabe recordar que el próximo 1 de julio se renovará la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados; 30 entidades Congresos, presidencias municipales, y se elegirán 8 gubernaturas.

El desafío de estas elecciones, aseguraron a Cimacnoticias investigadoras e integrantes de la Red Politólogas #NoSinMujeres, Flavia Freidenberg y Adriana Báez Carlos, será apoyar realmente a las militantes y sus campañas, no sólo darles candidaturas.

NUEVAS REGLAS, MISMOS ACTORES

En entrevista con Cimacnoticias la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad, Flavia Freidenberg, explicó que a pesar del marco legal los partidos políticos aún se “resisten a cumplir con las reglas del juego que ellos mismos se impusieron”.

Recordó que hoy los partidos no pueden postular mujeres y después obligarlas a renunciar cuando ganan para ceder su cargo a un suplente varón -como ocurrió en la elección de 2009-; tampoco pueden hacerlas candidatas donde el partido va a perder o argumentar la postulación mayoritaria de hombres como resultado de procesos de selección internos.  

En opinión de la investigadora Flavia Freidenberg, todo el tiempo se crean nuevas estrategias de resistencia a la paridad, y ejemplificó que ahora los partidos no eligen a militantes, invitan a mujeres a ser candidatas dependiendo de su pertenencia a grupos o sus lazos familiares, económicos o de sumisión y hasta hacen “pactos de caballeros” intercambiando mujeres.

Es por ello que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han actuado a través de acuerdos y sentencias que según la investigadora Freidenberg, servirán para que este año, las mujeres estén más presentes en la política.

Para estas elecciones el INE acordó que 50 por ciento de las listas de candidaturas al Senado de cada partido o coalición por los principios de mayoría relativa (voto directo) deben ser encabezadas por mujeres y que las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional (pluris) deben encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.  

En estas elecciones también existe otra novedad, habrá candidaturas independientes y reelección, por lo que la también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que no sólo las leyes garantizan el principio de paridad, hay gente que trabaja en el monitoreo constante de que estas reglas se cumplan.

Mencionó que en México ha sido fundamental las redes de mujeres, observatorios creados por organismos electorales locales, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres que están comprometidas con impulsar la participación de las mujeres, algo que hace la diferencia con otros países que buscan la construcción de una democracia paritaria.   

VIOLENCIA FRENA IGUALDAD  

Para la socióloga y doctora en Ciencia Política, Adriana Báez Carlos, la paridad implica violencia directa contra las mujeres como se registró en 2015, particularmente en localidades donde compitieron por cargos edilicios.

Entre los casos de violencia contra aspirantes o candidatas que salieron a la luz, está el del municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde en 2013 se impidió que las mujeres fueran candidatas para integrar el Ayuntamiento de ese municipio; o la amenaza contra la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, que en 2016 recibió una corona fúnebre con la leyenda “descansa en paz”.

La también docente del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó que estos casos hicieron que en 2016 las autoridades electorales elaboraran un protocolo para atenderlos, instrumento que en 2017 se actualizó para hacer frente a la violencia en el contexto electoral.

A la fecha 29 de las 32 entidades (75 por ciento) incluyeron en su legislación electoral o en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término de violencia política contra las mujeres, pero sólo en Oaxaca, Estado de México y Veracruz es un delito penal.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), de 2013 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 416 expedientes de violencia política por razones de género (averiguaciones previas y carpetas de investigación).

Pero las dificultades para las mujeres no terminan en las elecciones, afirmó la doctora Adriana Báez, quien señaló que una vez superada esta etapa, deberán inspeccionarse las condiciones que enfrentan cuando llegan a los puestos de elección.

18/AGM/HZM/LGL

En tres entidades, Oaxaca, Estado de México y Veracruz la violencia política de género es un delito definido en el Código Penal estatal aunque a la fecha no hay ninguna persona sancionada por cometer este ilícito.

De los 32 estados de la República Mexicana, 24 han incorporado este concepto en su legislación: cinco en su Constitución Política, 21 en su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y 18 en su Ley o Código Electoral.

Estas entidades son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Sin embargo solo tres consideran estos actos un delito. El pasado 30 de enero el Congreso de Veracruz reformó al artículo 367 Ter del Código Penal para sancionar a quienes violenten a mujeres que buscan cargos de elección popular o puestos de responsabilidad pública, reforma que se publicó el pasado 22 de febrero.

En Veracruz se sanciona con prisión de 2 a 6 años y multa a quien cause daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole en contra de una o más mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

En el caso del Código Penal del Estado de México, el Artículo 280 Bis del Código Penal dice que se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y multa a quien por cualquier medio impida u obstaculice a una mujer el acceso a los cargos de elección popular, su debido desempeño o la induzca a la toma de decisiones en contra de su voluntad. 

En Oaxaca, en febrero de 2016 el Congreso aprobó adicionar el artículo 401 Bis al Código Penal local, lo que convirtió la entidad en la primera del país en tipificar la violencia política de género aunque las impugnaciones en materia electoral la redacción fue derogada en agosto de 2017.

El decreto número 672, aprobado por el Congreso del estado el 9 de agosto del 2017 y publicado en el Periódico Oficial el 20 de septiembre del 2017, los delitos electorales son los que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017, elaborado por organismos electorales, aunque es alentador que 75 por ciento de las entidades haya incluido en su legislación alguna consideración sobre el tema, la mayoría se ha centrado en la conceptualización de esta violencia.

Según este documento, son muy pocos los estados que establecen una sanción, esto es, los que identifican las conductas como una infracción o un delito.

Solo Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Puebla no tienen previsto este concepto en ninguna legislación, a pesar de que en estas entidades se han registrado casos de violencia contra aspirantes a un cargo de elección.

Por ejemplo, en marzo de 2015, en Guerrero, fue asesinada Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja.

Además en este mes ocurrieron dos crímenes más en la misma entidad. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del Partido Revolucionario Institucional a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

La síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Yareli Cariño López, denunció que el viernes 23 de febrero un grupo de hombres acudieron a su oficina a agredirla física y verbalmente presuntamente por órdenes del presidente municipal, Guillermo García Cajero.

Los hombres llegaron a violentarla a empujones porque la acusan de tomar posición a favor de priistas en un conflicto entre grupos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la región.

Sin embargo la violencia en su contra ha sido constante desde 2016 cuando compitió por el PRD y fue electa; incluso durante la primera sesión de Cabildo, en enero de 2017 fue “destituida” y nombrada Regidora de Desarrollo Social y Económico.

A este cambio le siguieron amenazas telefónicas, intimidación y aislamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones y aunque denunció el clima de hostilidad ante su partido no hubo acciones para sancionar a los perredistas que la violentaron.

En enero de 2017 Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral, mismo que ganó en febrero de ese año y posteriormente una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque a pesar de la sentencia a su favor no podía ejercer el cargo.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, organismo que en 2017 conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad.

Desde marzo de 2015 el Código Penal de la entidad establece el delito de violencia política de género e impone una sanción de 2 a 6 años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sin embargo, en la investigación que se sigue al caso de Yareli Cariño no hay avances

El año pasado renunció al PRD y se sumó a las filas del PRI con el objetivo de realizar las labores para las cuales fue electa pero las agresiones continuaron, por ejemplo, hace tres meses dispararon frente a su casa.

En opinión de la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, ante la omisión de los partidos políticos que son quienes violentan a las mujeres, las síndicas, regidoras y alcaldesas son obligadas a ocupar su tiempo en defenderse y no en gobernar.

Cabe recordar que este mes suman dos homicidios de mujeres políticas en el estado de Guerrero. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

En México sólo tres estados no atienden la violencia política contra las mujeres en ninguna de sus legislaciones, uno de esos es Puebla, los otros dos son Guerrero e Hidalgo, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero aunque a nivel local no esté tipificado el delito, a nivel federal la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) reportó cuatro casos de violencia política en el estado durante 2017 y siete desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016.

Con ello Puebla se ubica entre las cinco entidades donde más se violenta a las mujeres en los contextos políticos y electorales.

Para la integrante del Observatorio de la Paridad de Género en Morelos, Ariadna Urbina Ayala, el hecho de que no se tipifique la violencia política de género es una forma de invisibilizarla y obstaculiza su erradicación.

PUEBLA SIN LEGISLACIÓN

La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

En el “Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”, de la CNDH, se indica que en Puebla la violencia política no está contemplada ni en la Constitución estatal, ni en la Ley electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal.

A nivel nacional cinco estados incluyen este tipo de violencia en su Constitución, otras 18 en su Ley electoral, 21 en la ley general de acceso y cuatro en el Código Penal.

Elaboración Samantha Páez

La CNDH destacó el caso de Oaxaca, donde no sólo está tipificada la violencia política, sino que también impone dos a seis años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien o a quienes la cometan en contra de las mujeres.

Para Ariadna Urbina la ausencia de tipificación de la violencia política de género es una forma en la que el patriarcado oculta o minimiza este tipo de violencias estructurales, esto con la finalidad de limitar la participación de las mujeres en la vida política y pública.

“La violencia política contra las mujeres por rasgos de género (…) es sistémica e histórica arraigada en la cultura, que tiene muchos años y se ha manifestado de muchas formas. (…) Esto al final del día se vuelve un factor trascendental que limita las intenciones de que las mujeres queramos participar en el ámbito de lo público”.

Aunque si bien es importante que haya una legislación, no basta con ella, ya que se debe modificar el Código penal para que allí se diga cómo, a quiénes sancionar y bajo qué criterios.

En su diagnóstico la misma CNDH considera necesario “que se reconozca jurídicamente que la violencia política ejercida por razones de género contra las mujeres menoscaba sus derechos y desincentiva la participación de las mujeres, pese a que el marco normativo prevea la paridad y reconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

DETECTAN VIOLENCIA POLÍTICA

La tipificación de la violencia política de género en Puebla es necesaria pues según estadísticas de la FEPADE es uno de los estados del país con más casos.

Elaboración Samantha Páez

El “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2012-2017” menciona que ya con el nuevo sistema penal –que entró en vigor a mediados de 2016- se abrieron siete carpetas de investigación en Puebla.

Por arriba de la entidad sólo se encuentran: Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13, y Oaxaca, con ocho.

En total de 2012 a agosto de 2017, la FEPADE abrió 610 expedientes por violencia política de género, las cuales derivaron en 193 investigaciones. Sin embargo, sólo ha consignado seis averiguaciones, después de lo cual se liberaron cuatro órdenes de aprehensión y dos más están en proceso de judicialización.

Elaboración Samantha Páez

La Fiscalía especializada reconoció en ese mismo periodo a 37 víctimas, de las cuales se solicitaron órdenes de protección para 28, otras ocho cuentan con medidas de protección especial y seis han obtenido acompañamiento ministerial en sesiones públicas.

Las denuncias por violaciones a sus derechos político-electorales que recibió la FEPADE fueron principalmente de: mujeres en el ejercicio de algún cargo público (42), candidatas en procesos electorales (23) y funcionarias electorales (18).

Uno de los casos relevantes que la dependencia señaló en su informe 2012-2017 es el de la regidora María Ruth Zárate Domínguez, de Tecamachalco, a la cual el edil Inés Saturnino López Ponce le retuvo su dieta y humilló públicamente durante la sesión de Cabildo.

Recientemente la exdiputada federal y posible aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres, debido a que el columnista de “Contraparte”, Fabián Gómez la agredió verbalmente.

OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA

Algunas de las recomendaciones sobre violencia política que hizo la CNDH en su diagnóstico son:

• Atacar los estereotipos y roles de género que limitan las posibilidades de las mujeres, y vulneran sus derechos.
• Promover la capacitación sobre la violencia política por razones de género en las instituciones vinculadas con el tema.
• Promover la obligación de los partidos políticos de procurar igualdad de oportunidades para sus candidatas y candidatos.
• Hacer partícipes a los medios de comunicación de la erradicación de los estereotipos de género que constituyen violencia política contra las mujeres.
• Continuar con los esfuerzos de la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
• Impulsar el fortalecimiento de los observatorios para que coadyuven a la identificación de buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género y en el impulso de la participación de las mujeres en la vida política.

La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres.

A nivel nacional desde el 14 de octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo en Puebla el observatorio estatal se instauró el 30 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no tiene datos respecto a la violencia política contra las mujeres en el estado.

El pasado jueves 22 de febrero se presentó el “Observatorio 33 Mujeres”, para monitorear los casos de violencia política que se presenten en el estado con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero también para promover que se tipifique la violencia política de género y hacer conciencia de la gravedad de este tipo de violencia.

La presidenta del Observatorio, Edurne Ochoa, dijo que desde hace cinco semanas están realizando un monitoreo de medios de comunicación. Aunque al momento no tiene datos preliminares sobre los casos de violencia política de género, sí detectaron que 60 por ciento de las agresiones provienen de otras mujeres y 40 por ciento de los hombres.

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* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

18/SP/LGL

La ex aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello fueron encontrados asesinados alrededor de las 7:30 de la mañana de este domingo 25 de febrero en la carretera Chilapa-Atzacoaloya.

De acuerdo con medios locales, el 24 de febrero ambas víctimas desaparecieron cuando viajaban con dos familiares más, un hombre que también fue hallado asesinado y una mujer de quien se desconoce el paradero. Antes de la desaparición ella tomó protesta como coordinadora del PRI en Chilapa.

La joven actualmente era directora de Investigación y Evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes del Gobierno de Guerrero y coordinadora regional de la organización priista Movimiento Territorial en Chilapa.

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Álvarez, dijo a la presan local que Dulce Rebaja, de 27 años, compitió en la selección de precandidatos a diputaciones locales pero el lugar lo obtuvo la ex alcaldesa de Chilapa, Alicia Zamora Villalba.

Al respecto ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió un comunicado para condenar el crimen, expresar su pésame a los familiares, exhortar a que se investigue y castigue el asesinato y pronunciarse en contra de los actos de violencia política contra las mujeres.

Este crimen ocurrió el mismo día que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera, presentaron el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, en su partido.

Este asesinato se dio cuatro días después del de Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local por Chilapa, asesinada por hombres armados cuando estaba en un restaurante de su propiedad.

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Con el propósito de revertir la desigualdad que enfrentan las comunidades indígenas y las mujeres en estas elecciones, los partidos políticos y coaliciones deberán postular candidaturas a diputaciones federales integradas por personas indígenas en 13 distritos de los estados de Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y San Luis.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que de estas 13 candidaturas 7 deberán ser de mujeres, lo que garantizará que la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados (2018-2021) sea integrada por al menos 13 personas indígenas.

Los municipios que deben tener candidaturas indígenas son Tamazunchale (San Luis Potosí), Valladolid, Ticul (Yucatán), Huejutla de Reyes (Hidalgo), Tantoyuca (Veracruz), Tlapa (Guerrero), Teotitlán de Flores Magón, Tlacolula de Matamoros Palenque (Oaxaca), Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Las Margaritas (Chiapas). 

Esto después de que en noviembre pasado el INE acordara que las agrupaciones políticas deben postular a personas indígenas en al menos 12 distritos electorales –aunque después el TEPJF aumentó la cifra a 13 distritos– todos con más de 60 por ciento de población indígena; de estas fórmulas de titular y suplente 7 deben ser de un sexo y 6 del otro.

Considerando que hay nueve partidos políticos con registro a nivel nacional, habrá 117 candidaturas indígenas, de las cuales, 63 serán de mujeres que compitan por obtener una curul en San Lázaro. Esta medida hará posible que la próxima Legislatura tenga por lo menos 2.6 por ciento de legisladoras y legisladores indígenas, porcentaje mínimo en México, donde hay 119 millones 530 mil 753 personas, de las cuales 21.5 por ciento son indígenas y de éstas, 51.3 por ciento son mujeres, según los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015.

De acuerdo con un análisis publicado por el TEPJF, la presencia indígena en la Cámara de Diputados ha sido notable porque al menos desde 1988 cuenta con uno o más legisladores de cultura y origen indígenas.

Por ejemplo, en 1988 había cuatro personas de autoadscripción indígena como legisladoras federales, en 2006 aumento a 18 y en 2007 bajó a 17 diputaciones.

Actualmente la Cámara baja se conforma por 287 hombres y 213 mujeres, lo que se traduce en 42.6 por ciento de presencia femenina y entre las mujeres que se asumen como indígenas está Modesta Fuentes Alonso, originaria de Oaxaca y diputada por Movimiento Regeneración Nacional; y Karina Sánchez Ruiz, militante de Nueva Alianza, también oaxaqueña.

El análisis publicado por el organismo electoral en 2013 indica que la participación indígena en la Cámara de Diputados es anterior a la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la reforma de 1992 y a la rebelión zapatista de 1994 que posicionó los derechos de las comunidades indígenas; sin embargo su presencia también ha sido volátil.

18/AGM/LGL