Constitución de la Ciudad de México

Si se revocan  artículos de la Constitución de la Ciudad de México, se violentará el principio de progresividad establecido en el Artículo primero de la Constitución mexicana, que incluye “lo alcanzado en cuanto a derechos de las mujeres”, además de que la Procuraduría General de la República (PGR) no está legitimada para impugnar el texto, afirmaron hoy constituyentes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 
 
Advirtieron también, en conferencia de prensa, realizada hoy en el Club de Periodistas, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no valora lo que garantiza la Constitución capitalina, aprobada el 31 de enero de 2017, “la ciudadanía denunciará a través de la movilización social la inconformidad”.
 
Las y los diputados de la Asamblea Constituyente de Morena, respondieron así a la impugnación de 39 artículos de la Constitución capitalina por parte de la PGR, incluidos los que hablan sobre derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, como los relativos a la salud sexual y salud reproductiva.
 
El Artículo 6, por ejemplo, garantiza que las personas tienen derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada el tener hijos o no y a recibir servicios integrales que les garanticen un alto nivel de salud reproductiva.
 
Las y los constituyentes responden también a  las impugnaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia y la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Junta Local de Conciliación y el Senado de la República, así como al amparo interpuesto por el Partido Nueva Alianza, que se sumó al que presentó el propio partido Morena. 
 
CONTRA LA PROGRESIVIDAD
 
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, explicó que los cuestionamientos a la Constitución local  se hacen porque “algunos ministros de la Corte aseguran que no puede irse más allá de la Constitución federal”, pero explicó que, de lograr la revocación de artículos, “se violentaría el principio de progresividad estimado en el Artículo 1 que establece la posibilidad de establecer y defender nuevos derechos, además de asegurar los firmados en los tratados internacionales firmados por el país”.
 
PGR NO PUEDE
 
El abogado y diputado constituyente, Javier Quijano, recordó que “la PGR no está legitimada para impugnar la Constitución de la CDMX, en todo caso sólo podría intervenir para aclarar cuestiones de carácter penal procesal, no está habilitada para ir en contra los logros obtenidos”.
 
Añadió que con ello el Gobierno Federal atenta contra el Artículo 3 de la carta magna local, el cual establece que: “La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos”.
 
MOVILIZACIÓN
 
La diputada constituyente e integrante de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Clara Brugada Molina, advirtió: “Si la Suprema Corte no valora lo que garantiza la Constitución, la ciudadanía denunciará a través de la movilización social la inconformidad”.
 
Brugada Molina informó que la Asamblea Constituyente de la Ciudad, órgano que estuvo encargado de aprobar y elaborar la Constitución capitalina,  discutirá con el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas Rodríguez, las medidas próximas a tomarse para que la prioridad sea defender los logros obtenidos en materia de derechos humanos.
 
La diputada constituyente Patricia Ortiz  Couturier dijo en entrevista para Cimacnoticias que la estrategia de las y los diputados de Morena para hacer frente a las impugnaciones será difundir con la ciudadanía los logros obtenidos con la Constitución en materia de derechos humanos y defenderlos “por la vía legal, a través de acuerdos con el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea”.

De no hacerlo, dijo,  se atenta contra el principio de progresividad que incluye “lo alcanzado en cuanto a derechos de las mujeres”.
 
17/MMAE/GG

Pese a la opacidad con que actuó la Asamblea Constituyente, y al embate de posiciones ultraconservadoras, el movimiento de mujeres alcanzó lo que parecía complicado: el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres en la primera Constitución Política de la Ciudad de México
 
Las feministas lograron que las y los diputados constituyentes incluyeran en la Carta Magna de la capital los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la igualdad de salario entre mujeres y hombres, un Sistema de Cuidados y el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
La Asamblea Constituyente llegó a los acuerdos casi en la recta final del plazo constitucional para concluir el texto, que se cumplía el 31 de enero.
 
Estos derechos por los que luchó durante décadas el movimiento de mujeres se enuncian en los artículos 8 al 17 de la nueva Constitución, así como en el 48 y el 57. 
 
OBSTÁCULOS
 
Estos artículos tuvieron una primera aprobación el 11 de diciembre, cuando la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente avaló su redacción. Sin embargo, constituyentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), presentaron reservas, por lo que tuvieron que llevarse al pleno.
 
MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA
 
Las reservas implicaron muchas horas para el desahogo porque, por un lado, se defendió el avance que ha logrado la Ciudad de México, más que ninguna otra entidad del país, en el reconocimiento de los derechos de la población femenina; y, por el otro, se intentó hacer retroceder esos logros e incluir en la Constitución posiciones alejadas del Estado laico y los derechos humanos.  
 
PAN, PRI, Verde y Encuentro Social intentaron modificar el Artículo 11 para incluir “la “protección de la vida desde la concepción”, lo que hubiera cancelado el derecho a la maternidad libre y voluntaria, como ha sucedido en 17 entidades, bajo la misma consigna, desde 2008.
 
A contracorriente, el 4 de enero, la Asamblea Constituyente finalmente protegió el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad al desechar esas propuestas, porque la autodeterminación personal implica también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), vigente desde 2007 en el Código Penal de la CDMX. 
 
PATICIPACIÓN POLÍTICA
 
La Carta Magna capitalina también incluye en su Artículo 12 la participación política paritaria, es decir la participación de igual número de mujeres y hombres. De esta manera, quedan claras las bases para que ley electoral no solo garantice la paridad, sino que que promueva la participación femenina en la política.
 
MADRES TRABAJADORAS
 
En el Artículo 13, que habla sobre educación, la nueva Constitución de la CDMX señala que las autoridades serán responsables de ampliar las jornadas escolares, de manera progresiva, hasta un máximo de ocho horas, en apoyo a las madres trabajadoras.
 
SISTEMA DE CUIDADOS
 
Y en el Artículo 14 la primera Constitución capitalina garantiza el derecho de las mujeres a que la entidad aplique un Sistema de Cuidados para atender a la niñez, adultos mayores o personadas con discapacidad que en general son cuidados por mujeres.
 
De acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México, que decretó expedir una Carta Magna para la capital, una vez que esta sea aprobada y  expedida, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
 
17/AGM/LGL/GGQ
 

La Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en implementar un Sistema de Cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad a fin de aligerar las tareas de cuidado que realizan las mujeres.
 
El pasado sábado 7 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya en el artículo 14, inciso B, la obligación de las autoridades capitalinas de crear un Sistema de Cuidados que preste “servicios universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”. 
 
El pleno de la Asamblea que debate y aprobará la Carta Magna que regirá la capital –la cual deberá estar lista el próximo 31 de enero– recogió la demanda del movimiento feminista que exigió al Estado participar en las tareas de cuidados que realizan las mujeres. 
 
Este fin de semana las y los diputados constituyentes aprobaron la redacción del artículo 14, apartado B, que dirá que “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida”.
 
Entre quienes propusieron incluir este tema en el texto constitucional estuvo la cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro, quien indicó que hay personas que por su edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su salud se encuentran temporal o permanente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos.
 
Con el apoyo del colectivo, Las Constituyentes CDMX, Pérez Haro hizo llegar a las y los diputados una propuesta donde explicó que las mujeres son quienes realizan las tareas de cuidado, lo que constituye un trabajo no remunerado; por ello destacó que esta actividad se debe considerar un derecho y así diseñar e implementar un Sistema Público de Cuidados.
 
El objetivo es que la Ciudad de México, las familias, las empresas privadas, las organizaciones sociales y las comunidades sean corresponsables y en conjunto tomen acciones para cuidar a las personas dependientes y permitir que las mujeres obtengan una remuneración por realizar estas tareas o puedan dedicarse a otras actividades remuneradas.
 
Al respecto ONU Mujeres indicaron que dedicarse al hogar o al cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración alguna, restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral y de participar plenamente en la política y la sociedad, entre otras consecuencias.
 
El organismo también destacó que en México, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo no remunerado de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2013, las labores domésticas y de cuidado no remuneradas que hacen las mujeres equivale a 42 mil 500 pesos al año.
 
En la sesión donde se aprobó este artículo, la constituyente Clara Jusidman Rapoport –designada diputada por el Jefe de Gobierno– destacó que las mujeres, en su mayoría, han sido las encargadas de cuidar a otras personas, por lo que es necesario reconocer la desigualdad que esto genera, sin que haga de la asistencia social un derecho.
 
Por otra parte el artículo aprobado también establece el derecho a la salud al más alto nivel posible; el derecho al agua; la prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; el desarrollo de investigación científica; la promoción de la medicina tradicional indígena y el uso médico y terapéutico de la cannabis.
 
17/AGM/KVR
 

Ante las posiciones divididas entre legisladores, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente desechó la propuesta de reconocer el “trabajo sexual” en el dictamen de los artículos 8 al 19, 48 y 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
En el proyecto de dictamen que se publicó la noche de este 7 de diciembre, desaparece del artículo 15 el apartado que decía que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias  “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
Luego de revisar las propuestas ciudadanas y las iniciativas legislativas, la Comisión presidida por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, sólo especificó en el apartado B del artículo 15 del dictamen, que los trabajadores no asalariados podrán poseer una identidad formal como “personas trabajadoras no asalariadas de la ciudad”.
 
En las consideraciones del documento, se precisan algunos argumentos que sirvieron para sacar del dictamen la propuesta original del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y del Grupo Redactor del texto constitucional, entre ellos Lol Kin Castañeda y Clara Jusidman, quienes además fueron designadas diputadas constituyentes e integrantes de esta Comisión.  
 
Por ejemplo, la constituyente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lisbeth Hernández Lecona expuso su rechazo a esta iniciativa porque en su opinión regular el “trabajo sexual voluntario lícito” afectaba la dignidad humana, pues con esta disposición mujeres y hombres se verían como objetos y materia de comercio. 
 
A su vez el diputado constituyente del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González, presentó un documento donde aseguró que la propuesta del borrador de Carta Magna adolecía de los elementos para brindar seguridad jurídica a quienes ejercen esa actividad.
 
Las organizaciones civiles y activistas también enviaron sus propuestas en apoyo o rechazo de considerar el “trabajo sexual”. Entre las agrupaciones que aplaudieron la propuesta estuvo la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que sugirió ampliar el derecho al trabajo sexual en sus “diferentes expresiones y modalidades”.
 
La asociación Balance, que trabaja temas de salud sexual y reproductiva, sugirió modificar la propuesta para que dijera que se “reconoce el trabajo sexual, consiente, libre, voluntario y autónomo realizado por personas mayores de edad como una actividad lícita”, al tiempo que sugirieron considerar en el análisis los argumentos de la Red Latinoamericana de Trabajo Sexual.
 
En contra de la propuesta se manifestó la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –integrada por activistas,  académicas y organizaciones como la Red Género y Economía o la Coalición para Abolir la Prostitución Internacional–, que propuso robustecer los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y quitar del texto el “trabajo sexual”.
 
Al rechazo se sumó el Observatorio Género Violencia y Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pidió la eliminación de este párrafo por ir en contra de los tratados internacionales como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.
 
Luego de las audiencias públicas, la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente hizo una valoración de las propuestas, pero en el caso de las que se refieren a trabajo sexual no expuso si era materia de otra norma, si no era de carácter normativo o si contravenía alguna legislación, como lo hizo con el resto de las propuestas.
 
El dictamen se votará en el órgano legislativo y después será enviado al pleno de la Asamblea Constituyente para su discusión y eventual aprobación.
 
16/AGM/AMS/LGL

La Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente prevé modificar la redacción del artículo 15 del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México sobre “trabajo sexual”, aunque todavía no hay un consenso porque las distintas fuerzas políticas están divididas.
 
A favor de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral autónoma y voluntaria está la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la diputada perredista Lol Kin Castañeda y la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Esthela Damián Peralta.
 
En una reunión que se realizó la semana pasada entre las y los diputados que integran esta Comisión, discutieron si la Carta Magna capitalina debe incluir el “trabajo sexual”, propuesta que no fue apoyada por la antropóloga feminista y presidenta de esta Comisión, Marcela Lagarde y de los Ríos, ni por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González.
 
Marcela Lagarde ha manifestado públicamente que la Constitución de la CDMX no puede legalizar el “comercio sexual” de las mujeres ni reconocer el “trabajo sexual”; incluso en octubre pasado se comprometió con el movimiento feminista, a presentar un párrafo alternativo a la actual redacción del artículo 15 del borrador.
 
En el proyecto presentado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estipula en dicho artículo en su apartado F, numeral 3, inciso b que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley, “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
La autora del libro “Los cautiverios de las mujeres. Madres, monjas, putas, presas y locas”, aclaró que quienes se oponen a legalizar el “comercio sexual” no están en contra de quienes están en situación de prostitución o de explotación sexual, tras asegurar que hay total solidaridad con estas mujeres, pero acotó que no pueden permitir que se avale el “comercio sexual”.
 
La además diputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que hay que buscar alternativas ante la venta de niñas en lugares como La Merced, pero también ante las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, temas que son un problema de la ciudad y de la Constitución más avanzada del país que tiene como objetivo garantizar los Derechos Humanos de las personas.
 
En aquella ocasión la también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, se comprometió a escuchar y analizar las propuestas que llegaran a la Comisión que preside para formular reformas, lograr que integre los grandes problemas de la ciudad y asentar en letra todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas. 
 
En tanto que el diputado Carlos Gelista expresó, desde la instalación de esta Comisión, que el capítulo laboral -donde se reconoce “el trabajo sexual”-, es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Constitución capitalina un enfoque de derechos de las personas aunque sin generar expectativas que no se van a cumplir.
 
La propuesta de reconocer el “trabajo sexual” se respalda en la resolución que en enero de 2014 publicó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien otorgó un amparo a un grupo de mujeres que se dedican a “ofertar servicios sexuales”, que reclamaron ser consideradas trabajadoras no asalariadas.
 
Esta resolución abrió el debate para derogar el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que dice que la “prostitución” es una “falta administrativa” y a la par para incluir este tema en el borrador de la Constitución capitalina.
 
Esta semana la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente debe tener un predictamen que aborde del artículo 8 al 19 del borrador constitucional, a fin de que la próxima semana se vote y el documento final se presente ante el pleno de la Asamblea Constituyente el próximo 10 de diciembre.
 
16/AGM/AMS/LGL
 

Ante el riesgo de que la Constitución de la Ciudad de México permita la explotación sexual de las mujeres, académicas, activistas e investigadoras llamaron a la Asamblea Constituyente a desechar la redacción del artículo 15 del borrador que reconoce y protege el “trabajo sexual”.
 
La economista Jennifer Ann Cooper, la socióloga Olivia Tena Guerrero, la psicóloga Roberta Liliana Flores Ángeles, la antropóloga Verónica Caporal Pérez y la activista Carmen Ugarte García, coincidieron en que reconocer esta actividad como trabajo no garantizará mejores condiciones en la vida y seguridad de las capitalinas.
 
En conferencia de prensa, las académicas señalaron que ante un tema tan complejo es necesario tener un diagnóstico del fenómeno antes de implementar una política pública, por ello llamaron a las y los diputados constituyentes a evitar que los consumidores de “servicios sexuales”, tengan el privilegio de acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción.
 
La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jennifer Ann Cooper, expuso que pocos asuntos como la “prostitución” necesitan de un verdadero debate porque de no analizar el tema, se corre el riesgo de que los argumentos feministas no se tomen en cuenta a la hora de legislar o reglamentar esta actividad, como una cuestión política o económica.
 
Cooper, quien es integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dijo que, como en otros mercados, en el contexto de la “prostitución” los agentes económicos siempre intentan optimizar sus ganancias, es decir, quienes se benefician del “trabajo sexual” no son las mujeres que lo realizan, sino aquellos que se dedican a la “venta” de los servicios sexuales de las otras personas. 
 
Para la especialista resulta un “espejismo” decir que este “trabajo” fomenta el empleo femenino, y que es ético porque se elige de manera voluntaria. Asegura que elegir dedicarse a la “prostitución” se da en un marco de restricciones, y por tanto no es una “compra-venta” en condiciones de igualdad porque el cliente compra el derecho de manosear o penetrar cualquier parte del cuerpo.
 
A esta postura se sumó Olivia Tena Guerrero, socióloga y especialista en género y salud, quien destacó que el erotismo y la sexualidad son dos de las manifestaciones humanas más gozosas siempre que se realizan en condiciones de igualdad, porque las personas siempre sienten placer con su cuerpo cuando ocurre sin chantaje, extorsión o violencia.
 
Pensar el erotismo como “trabajo” pierde el sentido de libertad, gozo y creatividad, consideró la también psicóloga. Además recalcó que al formalizar esta actividad como un negocio o un servicio, se debe analizar quiénes son las personas que se beneficiarían y cuáles son los intereses económicos de los que buscan legitimar el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
Ahora que la Comisión Carta de Derechos discute el dictamen del artículo 15, las activistas enviaron un pronunciamiento al organismo legislativo para que considere que crear un marco normativo para supuestamente proteger a las “trabajadoras sexuales”, no será garantía de derechos laborales como sucede con las jornaleras, maquiladoras o trabajadoras de “outsourcing”.
 
En un documento que entregaron a la Comisión, las activistas señalaron que incluir este término en la Carta Magna capitalina deja de lado el contexto en que se da, las consecuencias físicas y emocionales de ejercer este oficio y contribuye a hacer imposible la distinción entre prostitución “libre y forzada”.
 
Agregaron que México firmó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de prostitución ajena”, que en el artículo 73 de la Constitución Mexicana indica que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo,  por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello.
 
16/AGM/AMS

El borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México incluye el “derecho al cuidado”, pero es una propuesta insuficiente para garantizar la atención en el hogar que alguna mujer brinda a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones, aseguró la consultora y cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro. 
 
Luego de participar en un foro sobre desarrollo económico de las capitalinas, la también integrante del colectivo Las Constituyentes aseguró que es necesario que se cree un sistema público de cuidados, que incluya la participación de los hogares, la iniciativa privada y al Estado en tareas que prácticamente sólo hacen las mujeres.
 
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, 43 por ciento de las capitalinas tiene un trabajo remunerado y 57 por ciento realiza labores domésticas y de cuidado, es decir, atender a otras personas.
 
El borrador de la Carta Magna, que se discute en la Asamblea Constituyente, incluye en el artículo14, apartado C, que toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como “el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad”.
 
Asimismo, este artículo dice que la Ciudad de México promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales, y fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado.
 
“El capítulo 14 del derecho al cuidado no sólo es insuficiente, es la versión más austera, más limitada en cuestión de derechos. La propuesta queda coja por muy innovadora que sea porque no se estaba pensando de forma integral”, resume la activista.
 
Es por ello que Pérez Haro elaboró una iniciativa de reforma que presentó con el colectivo Las Constituyentes para modificar los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 26 del borrador del texto constitucional, a fin de crear el sistema público de cuidados en el que participen las familias, el Estado y el mercado.
 
La propuesta busca que el cuidado sea un derecho y una ocupación remunerada, que permita generar ingresos económicos a las mujeres que realizan estas labores.
 
A decir de la también especialista, quien investiga las desigualdades en el trabajo no remunerado, es fundamental un cambio estructural de la política en la materia y no sólo rediseñar programas que ya existen, porque hoy se requiere un cambio que dé respuesta a la crisis de cuidado que se vive en la capital del país.
 
En la iniciativa ciudadana se incluye el derecho al tiempo porque en opinión de Pérez Haro, es un elemento fundamental para las personas que realizan tareas domésticas y de cuidado sin horarios fijos, en ocasiones mezclando actividades con otras que podrían considerarse de “recreación”, como ver la televisión.
 
La investigadora espera que en la Carta Magna que redactarán las y los diputados constituyentes figure un nuevo pacto de género, e incluya una de las grandes desigualdades: la división sexual del trabajo.
 
16/AGM/AMS

Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL

La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, llamó a la Asamblea Constituyente a no reconocer la “prostitución” como un trabajo asalariado porque ello no abona a la erradicación ni a la protección de las víctimas de explotación sexual.
 
En la sesión de este martes, la asambleísta presentó un punto de acuerdo para llamar a la Asamblea Constituyente a no aprobar la redacción del artículo 15 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque contraviene los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México.
 
En tribuna, Rojas Martínez expuso que en la capital del país operan 13 corredores de explotación sexual con total impunidad en la zona centro de la Ciudad de México; y aseguró que reconocer el “trabajo sexual” promovería la trata para la explotación, expandiría la industria del sexo y no se protegería a niñas y mujeres en “situación de prostitución”.
 
A decir de la legisladora de Morena, hay que revisar la tendencia mundial encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la “prostitución” con una amplia gama de apoyos a las víctimas, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual.
 
Desde la perspectiva de la legisladora, el Estado tiene la obligación de contribuir a eliminar cualquier forma de explotación y violencia sexuales, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la “prostitución” y la protección de las víctimas. 
 
Agregó que tratar el fenómeno de la prostitución con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, es “enmascarar el contenido siniestro de la trata y la explotación”, actos criminales que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos.
 
Entre los tratados signados y ratificados por México mencionó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niñas y niños y la Convención contra la Delincuencia Organizada (2003).
 
Agregó que en este fenómeno no se puede distinguir entre “prostitución libre y prostitución forzada” por lo que los países no pueden reglamentar esta actividad pero destacó que tampoco se puede someter a las mujeres que se dedican al “comercio sexual” a registro o a otros controles; ni usar el consentimiento para defender a los acusados de trata de personas.
 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa para su dictamen. El próximo 10 de diciembre se votará en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente la propuesta para legalizar la prostitución en la Ciudad de México.
 
16/AGM/LGL