Colima

Los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en San Luis Potosí, están desde ayer bajo el decreto de Alerta de  Violencia de Género (AVG), solicitada desde 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Con este decreto, suman tres las AVG declaradas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en sólo 48 horas, el 20 y 21 de junio,  aunque fueron solicitadas en años diferentes.
 
En Colima fue solicitada AVG en 2014 y el decreto se hizo apenas el martes pasado; en Guerrero se pidió en junio de 2016 y se decretó ayer por el Gobernador, lo que fue confirmado hoy por Segob, y en San Luis Potosí la petición fue en 2015 y se decretó también ayer.  
 
En San Luis Potosí, la AVG derivó de la solicitud presentada por  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 23 de noviembre la 2015, ante el Sistema Ejecutivo para decretar la Alerta en estos seis municipios.
 
El organismo defensor de los DH presentó también el “Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidio en San Luis Potosí”, donde detalló que de 2011 a esa fecha registró 169 asesinatos violentos de mujeres.
 
POR QUÉ LA ALERTA EN SLP
 
La Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha denunciado las irregularidades en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia de San Luís Potosí (PGJSLP) en la investigación de casos de feminicidio, como sucedió con el de cuatro menores de edad y una mujer adulta de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 en Tamuín, por el ex militar Filiberto Hernández Martínez.
 
Para este caso, seguido por Cimacnoticias, la CEDH emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría estatal por investigar mal los cincos casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias.
 
Como consecuencia, la Procuraduría y el Poder Judicial locales perdieron la evidencia de una de las víctimas de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, y sólo recolectó siete huesos de la niña de 15 años, Rosa María Sánchez, enterradas en un lote baldío en Ciudad Valles. Se trataba de pruebas fundamentales para vincular a proceso al agresor que actualmente está en una prisión de máxima seguridad en Durango, pero aún sin sentencia.
 
Otro caso de feminicidio emblemático en la entidad es el de Karla Pontigo Lucciotto, quien fue asesinada en junio de 2015 en la discoteca donde trabajaba, pero su caso juzgado como “homicidio accidental”.
 
La defensa del caso argumentó 42 omisiones de distintas dependencias de la PGJSLP en la investigación,  por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y actualmente lo analiza para determinar si se debe investigar como feminicidio.
 
OBLIGACIONES DEL ESTADO BAJO AVG
 
Tras la presentación de la solicitud de AVG para San Luis Potosí, el Grupo de Trabajo hizo ocho recomendaciones al Gobierno estatal para el caso de Tamuín: ordenó al gobierno de Juan Manuel Carreras López crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. 
 
Tanto la fiscalía como el protocolo debieron crearse a partir de abril de 2016, como debieron cumplirse también las restantes recomendaciones, que incluyen: 
 
1) Instaurar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justica.  2) La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
3) La creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.
4) Armonizar su normativa en materia de género.
5) Capacitar y profesionalizar al personal público en perspectiva de género y Derechos Humanos.
6) Realizar campañas de prevención de violencia de género para la población en general.
 
A partir de la AVG, el gobierno de San Luis Potosí ya fue  informado, asegura Segob en un comunicado- de que está obligado a establecer  una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
 
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Dos años después de que fue solicitada la Alerta de Violencia de Género (AVG) para todo el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó el mecanismo sólo para 5 de los 10 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.
 
La solicitud de la AVG fue hecha el 22 de diciembre de 2014 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la organización civil Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” (CAM) y la Fundación Ius Género, ante la Secretaría Ejecutiva,  para todo el estado, y reportaron que anualmente 25 mujeres eran asesinadas en el estado.
 
Adicionalmente, las asociaciones civiles pidieron a la Conavim la inclusión de acciones de movilidad y de seguridad, para garantizar la integridad física de las mujeres en los traslados a sus centros escolares y de trabajo, y otras más en el ámbito legal.
 
El decreto de alerta, notificado ayer por la Segob al titular del Ejecutivo local, José Ignacio Peralta Sánchez, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), excluyó inexplicablemente Manzanillo, en donde “la violencia de género se ha disparado en los últimos meses”, señalaron los organismos peticionarios en un comunicado.
 
Carmen Nava, del CAM, y Evangelina Flores, de Ius Género, recordaron que al pedir la  AVG se documentó el asesinato de 105 mujeres, en un periodo comprendido de 2003 a noviembre de 2014 y los datos actuales indican que a partir de noviembre de 2014 hasta el 21 de junio del presente año suman 82 crímenes contra mujeres, 27 de los cuales han acontecido en lo que va de este 2017.
 
Carmen Nava resaltó que con los cinco municipios que entran a la AVG se está atendiendo 60 por ciento de la población, pero de haber incluido a Manzanillo se estaría hablando del 90 por ciento.
 
Segob, por su parte, asegura que con la AVG en cinco municipios, “se concentra el 89 por ciento de los casos de mujeres que fueron atendidas por alguna lesión o violencia de género, de 2009 a 2013”, de acuerdo con el  Informe del Grupo, consultado por esta agencia.
 
Ni Nava ni Flores entienden los motivos que llevaron a la Conavim a dejar fuera a Manzanillo de esta Alerta y advierten sobre la violencia en ese municipio, en donde ayer mismo, día en que el Gobernador anunció la AVG y se comprometió a cumplir sus medidas, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en un predio aledaño al libramiento hacia El Naranjo; tenía las manos atadas con cinta y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.
 
Con Colima suman ya ocho estados bajo este mecanismo de emergencia para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, pero quedan aún pendientes 21 solicitudes de Alerta en el todo el territorio. Es decir, más de la mitad del país ha pedido a Segob decretar la AVG en sus estados.
 
OBLIGACIONES
 
En consecuencia, el Gobierno de Colima deberá “diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia para las mujeres”, establecido en el Artículo 23 y el 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, indicó Segob.
 
Y enumeró las acciones: divulgar la AVG en el estado a través de campañas de difusión para la sociedad en general; establecer una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública, para recuperar los espacios públicos.
 
Asimismo, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar con diligencia órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; y crear agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata. Una unidad especializada para investigar casos de feminicidio; medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del año.
 
Diseñar políticas públicas efectivas y capacitar a las y los funcionarios públicos en perspectiva de género; crear un banco de datos de violencia contra las mujeres y un grupo especializado en análisis de contextos de esta violencia, puntualizó Segob.
 
Por su parte, la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez, aseguró que las acciones a emprender con motivo de esta declaratoria, se llevarán a los 10 municipios, especialmente a Manzanillo, donde, reconoció, “tenemos que realizar acciones emergentes e inmediatas”.
 
INCUMPLIMIENTOS Y DOS AÑOS DE ESPERA
 
Tras recibir la solicitud y, de conformidad con el proceso, el 24 de diciembre de 2014, Conavim la aceptó  y prosiguió a conformar el Grupo de Trabajo encargado del estudio y análisis para determinar la procedencia de la AVG.
 
Este grupo de especialistas emitió en abril de 2015 un informe de trabajo con 10 recomendaciones que tenía que cumplir el gobierno de Colima en un plazo de seis meses, para mayo de 2016. Sin embargo, el Grupo determinó otorgar una prórroga de seis meses más para que el estado logrará concluir las órdenes.
 
Concluido el periodo de prórroga, el 27 de marzo de 2017, el Grupo de Trabajo, con siete votos a favor y uno en contra, determinó que el gobierno de José Ignacio Peralta no cumplió con las propuestas contenidas en el informe.
 
 
GOBIERNO DE COLIMA SE COMPROMETE
 
La Segob informó en un comunicado que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, “ha manifestado la disposición para implementar las medidas solicitadas y refrendó su compromiso para trabajar en coordinación la Federación y con los municipios”.
 
Y señaló que en los próximos días, el Gobierno del estado emitirá un mensaje a la ciudadanía para reiterar su posición de “cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres”, e insistió Segob: el gobierno de Colima deberá enfocar su trabajo en tres ejes: prevención, seguridad y acceso a las mujeres a la justicia.
 
La Comisión de Derechos Humanos formará parte de una comisión legislativa que debe formarse en el Congreso local, para revisar las leyes y modificar las que por obsoletas o por su redacción atenten contra las mujeres y las niñas.
 
A partir de que se declaró la Alerta, las instancias peticionarias de la misma entran a formar parte de una Comisión de Vigilancia, que se encargará de observar, vigilar y monitorear las acciones que se estén llevando a cabo en las distintas dependencias del gobierno estatal y los municipios.
 
El Gobernador, por su parte, tiene un plazo de diez días hábiles, a partir del martes 20 de junio, para integrar y presentar el programa de trabajo con motivo de la AVG y anunciar el presupuesto que destinará a su ejecución.
 
La Conavim será la encargada de dar seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno local en las medidas de implementación. Mientras, aún tiene en proceso la solicitudes de AVG de los estado de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz por agravio comparado.
 
 
17/HZM/GLMT/GG

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

A casi dos años y medio de que fue solicitada la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha dado respuesta, a pesar de que desde hace tiempo venció todo plazo legal, advirtió la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
 
La solicitud fue realizada el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la fundación IUS Género y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cuando se registraban en la entidad alrededor de 25 asesinatos de mujeres anualmente, pero en la actualidad se duplicó la incidencia de este delito, pues en 2016 fueron 50 las víctimas y en lo que va de 2017 ya suman 15 mujeres privadas de la vida.
 
La legisladora explicó que la petición de la AVG tiene la finalidad de terminar con la violencia contra las mujeres que ha venido creciendo en Colima, así como responder al llamado de las organizaciones sociales solicitantes, que piden acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas.
 
Sevilla recordó que el pasado 26 de abril presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de exhorto a los titulares de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por las que la AVG en Colima no ha sido emitida, así como la dilación del proceso.
 
Aprobado por unanimidad, el punto de acuerdo instó a las autoridades federales a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes al proceso de solicitud, estudio, dictamen y emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 del Reglamento, en los que se establecen claramente los plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un proceso de alerta de género.
 
Ante el incremento de los actos violentos contra las mujeres, la legisladora consideró urgente que la Secretaría de Gobernación fije un posicionamiento con relación a la petición de AVG, dado que las agresiones se han hecho “tan recurrentes como abominables”, dijo.
 
“Este lacerante fenómeno ha ido crecido de manera imparable, muestra de ello es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 casos de feminicidio en el Estado, para el 2016 se registraron 50   y 40 tentativas de este ilícito, mientras que el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que hasta mayo de 2016 en Colima hubo un total de mil 216 casos registrados de violencia contra las mujeres”, concluyó.
 
17/PZB/GG

Alberta González Calderón tenía 28 años de edad cuando salió de La Gloria, en el municipio poblano de Cuyoaco, para trabajar y tener con qué sostener a su familia: una niña de tres años y un bebé de meses. Vete a la Ciudad de México, le recomendaron familiares, allá se gana un poquito más, y se fue. Su madre cuidaría a sus hijos.
 
Nunca había estado en la capital, era la primera vez que se separaba de los niños y empezó a vivir entonces lo que miles de trabajadoras del hogar: aislamiento, malos tratos, gritos e insultos de la empleadora, inconforme siempre con el trabajo; contratos verbales, sin seguro médico.
 
Comenzaba su jornada a las seis de la mañana, sin hora de término, sin horario fijo: limpiar la casa, hacer comida, lavar y planchar, con breves descansos cuando la empleadora se iba a trabajar.  Todo por 900 pesos a la semana, de lunes a sábado. Apartaba 50 ó 100 pesos y el resto los mandaba a Puebla. No salía, para poder ahorrar, y solo iba una o dos veces al mes a ver a su familia.  
 
A sus 46 años, Alberta trabaja ahora en Cuyoaco a 10 minutos de su comunidad, seis días a la semana, seis a ocho horas diarias. Gana menos de dos salarios mínimos diarios, 700 pesos, pero asegura que es el mejor salario al que puede aspirar en Puebla. Lo que no cambian son las condiciones: sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones.
 
LA MAYORÍA
 
Como Alberta vive la mayoría de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en el país, señalan datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi, 2016). Y, según el  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 2015), 97 por ciento no tienen acceso a  servicio médico, permiso de maternidad, vacaciones, aguinaldo o instituciones de ahorro,  porque la Ley del Seguro Social no las considera sujetos de aseguramiento.
 
Sin embargo, el empleo del hogar es una de las labores con mayor aporte económico: 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
 
“Me gustaría tener un ahorro, dice Alberta, quiero tener algo más”, retirarme a los 55 años. Por eso ya está averiguando qué opciones hay: quizá “vender tamales, chalupas, o granola”. 
 
DERECHOS LABORALES
 
Sandra Azucena Ramírez Guzmán tiene 36 años y vive en Colima. Cuando sufrió despido injustificado, buscó ayuda y la encontró al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), fundado por Marcelina Bautista en 2015, con presencia en el Estado de México, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.
 
Ahí se capacitó en derechos laborales y ahora representa a esa organización en la entidad. Cada mañana, en la parada del camión de La Mariana, se acerca a las trabajadoras que van a la zona residencial de El Chanal y las invita a sumarse al sindicato, les informa que pueden aspirar a mejores condiciones, les regala un folleto.
 
SEGURIDAD SOCIAL
 
Cuenta Sandra que cuando supo sus derechos, exigió a sus empleadores el Seguro Social. Se lo dieron, pero ahora  le dicen que no le pueden pagar más, “porque ya tiene seguro”. Sin embargo, se siente afortunada, porque es un derecho al que no accede la mayoría de las trabajadoras del hogar. Tiene además un horario y tareas específicas.
 
Trabaja de 9 de la mañana a las  cuatro de la tarde, por mil 200 pesos semanales, uno de los más altos para el sector en Colima, pero “no le ajusta para nada”, porque “gasta 480 pesos en pasajes y le quedan 700 para comida”, además están los gastos de sus hijos de 15 y 17 años de edad. Un tiempo fue niñera por las tardes, por 90 pesos diarios, pero lo dejó, porque dice que descuidó a sus hijos y terminaba muy cansada.   
 
La directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez Flores, reconoce las malas condiciones laborales y los regateos de salario que padecen las trabajadoras del hogar. Afirma que esto seguirá así, mientras los servicios del hogar no se formalicen y que la seguridad social es un derecho humano inalienable.  
 
Sin embargo, el Instituto no tiene un programa para las trabajadoras del hogar y por eso, dice Sandra, es fundamental que se organicen para que ejerzan sus derechos. 
 
EXPLOTACIÓN LABORAL
 
María Josefa Díaz Martínez es tzotzil, nació en Tzajalá, municipio de Teopisca y renta un cuarto en una vecindad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vive ahí con sus hijas, de 13 y 19 años de edad, a quienes mantiene con su trabajo como trabajadora del hogar. Sonríe, se siente orgullosa de su trabajo, pese al camino de maltratos, ataques sexuales y explotación laboral por el que pasó. 
 
Josefa cuenta que cuando tenía 10 años de edad sus abuelos “la prestaron” para trabajar en una casa de Tuxtla Gutiérrez. “Era triste no estar en mi casa y nunca había vivido con un rico”.
 
No recuerda cuánto le pagaban, pero sí lo que sufrió: “fui maltratada, golpeada porque no sabía cocinar, me quemaban las manos con el comal para aprender, no sabía en qué mano iban los cubiertos, me ensartaban el tenedor en las manos para que aprendiera”.  
 
Cuando tenía 13 años de edad, Josefa fue violada por el hermano de su empleadora, pero no denunció porque sabía que no le creerían y no tenía a quién pedir ayuda. Se fue de esa casa cuando el padre de la empleadora intentó abusarla. No le creyeron y regresó a Tuxla, apoyada por una compañera. 
 
En 2007 conoció a la feminista Coni López, quien la contrató y escuchó su historia. Supo entonces lo que es un trato y un salario dignos y comprendió que habían violado sus Derechos Humanos y laborales. 
 
Con otras trabajadoras creó el Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas (Cedach), hoy con 15 integrantes.
 
Lupita, hija de Josefa y trabajadora del hogar desde niña, dice que los sueldos en Chiapas son bajos, desde 40 pesos diarios. Estudia secundaria, asiste a los talleres del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, donde hay  alfabetización y capacitación en derecho laboral, “para que las compañeras aprendan que tienen derechos”. 
 
Josefa dice que su trabajo es “tan digno como todos” y busca inspirar a las trabajadoras y a sus hijas para defender sus derechos, para que se empoderen y no permitan malos tratos. Quiere que sus hijas terminen una licenciatura, que tengan una casa propia y que las empleadoras reconozcan sus derechos. Quiere una mejor vida para no sufrir. 
 
17/HZM/GG
 

La integrante del Centro de Apoyo a la Mujer, Clementina Nava Pérez, advirtió que en Colima la sociedad no ha dado una respuesta contundente ante la situación de violencia en contra de las mujeres y pidió que los hechos violentos no se vean como algo cotidiano o normal.
 
La activista social y especialista en temas de violencia de género expresó que, en estos tres primeros meses del año, 15 mujeres han sido asesinadas en la entidad y el año pasado se reportaron alrededor de 50 casos de feminicidio, por lo que “si seguimos con esta estadística, ¿con cuántos casos estaremos cerrando el 2017”?, cuestionó Nava.
 
Señaló que la violencia que afecta a la sociedad en general y particularmente a las mujeres, pareciera que la sociedad la está normalizando, y refirió que en la medida que se dan más casos de asesinatos, la respuesta como sociedad es nula. “En la medida en que se dan más casos (de asesinatos), la respuesta es casi nula, de no ser por los organismos que estamos trabajando a favor de las mujeres”.
 
Nava Pérez señaló que la violencia contra las mujeres va en ascenso en los últimos años, “eso nos parece alarmante y bastante grave. No tenemos que permitir que un asesinato más se cometa”.
 
La activista expresó que ante este panorama es prioritario que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Violencia de Género, que desde hace dos años solicitaron las organizaciones civiles, entre ellas el CAM, tras documentar la violencia sistemática en contra de las mujeres.
 
De los 15 asesinatos de mujeres que se han cometido en estos tres meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima únicamente ha esclarecido un caso que ocurrió en Manzanillo, donde una mujer fue asesinada por su pareja sentimental.
 
17/HDLG/GG
 

Por la defensa de sus derechos, contra la violencia, miles de mujeres a lo largo y ancho del  país participan ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el Paro Internacional convocado en más de 50 países y en todo el territorio nacional. Estas son algunas de sus acciones.
 
Activistas piden alto a feminicidio en Minatitlán, Veracruz
 
Un grupo de mujeres del municipio de Minatitlán, Veracruz, realizaron un plantón para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género en aquella localidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer. Periodistas, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), empresarias y la ciudadanía en general pidieron mayor seguridad a los tres niveles de gobierno.
 
Concentradas en el Monumento a la Madre, recordaron agravios contra las mujeres: además del hallazgo de tres mujeres sin vida en fosas clandestinas hace una semana en Minatitlán, aún permanece privada de su libertad una empresaria de la tercera edad.
 
"En Minatitlán nos manifestamos a favor de la paz y de la seguridad, y en contra de la violencia, la inseguridad y los feminicidios. Este día no tenemos nada que celebrar como muchos seguramente", expresaron.
 
Las manifestantes reprocharon la falta de vigilancia y la misoginia que impera en la entidad. Recalcaron que en Minatitlán las recientes víctimas de la violencia e inseguridad del sexo femenino no eran delincuentes sino trabajadoras o estudiantes.
 
"Pamela Guadalupe tenía 20 años de edad, era originaria de Minatitlán, estudiante y no era una delincuente; Libia del Carmen Sánchez era originaria de Minatitlán, era trabajadora de Pemex y no era delincuente; Giovana Itzel tenía sólo 14 años, también era de Minatitlán, era estudiante de preparatoria y tampoco era delincuente.
 
El último día de febrero, una mujer de 61 años fue privada de su libertad, aun no aparece, también es de Minatitlán, comerciante, madre de familia y tampoco es delincuente", manifestaron.
 
Las mujeres minatitlecas lamentaron que al menos tres hogares hayan quedado enlutados durante los últimos días mientras que el resto del municipio se encuentra lastimado por la inseguridad. En tanto, miles de casos siguen en la impunidad en el resto de la entidad como simples cifras.
 
"Exigimos paz y seguridad para nuestros hijos e hijas, no queremos ser una cifra más, queremos un Minatitlán seguro, queremos paz y justicia para los minatitlecos. Ni una muerte más, ni una menos", agregaron.
Al término de la manifestación fue colocada una ofrenda en honor a las víctimas de la violencia y fueron liberados globos que llevaban consigo los deseos de las mujeres de la región.
 
Organizan paro activo con conferencias en Colima
 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” fue motivo de una clausura simbólica y de un “paro activo”, con un programa de conferencias sobre feminicidio, trabajo doméstico, la historia del 8 de Marzo y los derechos de las mujeres.
 
Directivas, trabajadoras y usuarias del que históricamente fue el primer centro de atención a víctimas de violencia de género que abrió sus puertas a nivel nacional, manifestaron su rechazo a las diferentes violencias que desde los ámbitos público, institucional y privado se ejercen a diario contra el género femenino.
 
Ante integrantes de asociaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, en el CAM se leyó un comunicado donde se denunció la disparidad en los cargos públicos y en las representaciones populares de la entidad, y se demandó una efectiva paridad en los órganos de representación popular y de gobierno.
 
“En Colima queremos hacer patente que el 8 de marzo no es para festejar a las mujeres, ni sólo para recordar a las que nos antecedieron en la defensa de los derechos, lo cual es muy importante, sino para revisar cuánto se ha avanzado en la agenda social de las mujeres”, señala el manifiesto.
 
Entre los retrocesos, se hizo referencia a la violencia contra las mujeres,  uno de los más graves problemas que tiene Colima en estos momentos, pese a lo cual no se ha emitido la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, solicitada por el propio CAM y otras asociaciones civiles en diciembre de 2014.
 
“Este 8 de marzo exigimos que se detengan los asesinatos de mujeres y los feminicidios en Colima”, fue la consigna.
 
Detienen a activistas en Chiapas por colocar bandera morada
 
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Agrupación Política Nacional (APN) hizo una intervención en el monumento a la Diana Cazadora, uno de los lugares más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, ubicado al oriente de la capital de Chiapas.
 
Las activistas colocaron una bandera de color morado en uno de los brazos del monumento con la leyenda #8M, que está siendo utilizado para unificar todas las movilizaciones del 8M que se realizan en diferentes partes del mundo.
 
Dos activistas fueron detenidas durante la intervención y llevadas a la cárcel municipal, salieron a las pocas horas después de haber pagado una fianza.
 
La bandera permanecía en el monumento hasta el mediodía de este jueves, en el que se están realizando diferentes acciones para visibilizar el movimiento de las mujeres para alcanzar la igualdad.
 
En Chiapas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son las que viven en peores condiciones. Son las que menos pueden acceder a la educación y la salud, así como a la participación a los espacios públicos.
 
Gobernador de Hidalgo se une a paro feminista
 
Desde las 11 de la mañana con el hashtag #8MParoHidalgo, cerca de 3 mil 500 mujeres hidalguenses entre activistas, colectivos y estudiantes, se unieron al paro internacional en la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma, para visibilizar la violencia que viven en la entidad.
 
La campaña contra las violencias machista en Hidalgo había arrancado desde la semana pasada cuando el Instituto Hidalguense de las Mujeres y las diputadas del Congreso local fueron las primeras en sumarse al movimiento internacional.
 
Días después, en un acto sorpresivo para las mujeres del estado, el gobernador Omar Fayad anunció que toda la administración del Poder Ejecutivo se unía al paro, esto a pesar de que su administración comenzó con una agresión hacia las mujeres, al decir, en un acto oficial en el municipio de Acaxochitlán, que las mujeres indígenas deben dormir con ropa porque “producen mucho chamaco”.
 
Asimismo, las mujeres participantes en el acto denunciaron otras agresiones por parte de funcionarios públicos, como la que comete contra las trabajadoras el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, ausente del acto, como la falta de protección social, bajos salarios y un ambiente laboral marcado por la discriminación de género y el acoso sexual.
 
En Pachuca, el paro se adelantó dos horas, por instrucciones de la presidenta municipal, Yolanda Tellería, quien no encabezó ningún acto simbólico y solo dio indicaciones para parar actividades por una hora en la alcaldía.
 
En contraste, la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Pachuca, y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se unieron al paro de actividades.
 
Y esta tarde se realiza una marcha de Plaza Juárez en Pachuca a Plaza Independencia, en el Reloj Monumental.
 
Reclaman alerta de género para todo el estado de Morelos
 
En Morelos organizaciones de mujeres pidieron que la Alerta de Violencia de Género (AVG) que se decretó en agosto de 2015 para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, se extienda para todo el estado, porque el feminicidio ocurre en todo el territorio.
 
En un pronunciamiento, las activistas dijeron que la AVG no ha funcionado porque los asesinatos continúan a pesar de que el gobernador Graco Ramírez está obligado a implementar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia de género.
 
Las morelenses también señalaron que en 2016 se registraron 61 casos feminicidio y en lo que va de 2017 se tiene un registro de 20 casos más.  Recordaron que enero de 2015 fue asesinada la alcaldesa de Temixco, Morelos, Griselda Mota, en cuya memoria también se realizó el Paro de este 8 de marzo.
 
Banderas violetas ondean en la Ciudad de México
 
Las banderas violetas ondeaban fuerte con el viento que corría en la capital del país. Miles de mujeres pararon sus actividades; dejaron sus trabajados, hogares y escuelas para sumarse al Paro Internacional de Mujeres en 23 países del mundo. Porque si la violencia contra ellas no para, ellas lo hacen.

Este 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, no fue un día de flores, fue de lucha, de hacer valer la palabra y los derechos de las mujeres, quienes en punto de las 4 de la tarde se comenzaron a reunir en el Ángel de la Independencia, ubicado en una de las principales avenidas de la Ciudad, para denunciar todos los tipos de violencia que enfrentan día a día.

Los gritos y cánticos de justicia resonaron por el Paseo de la Reforma, se unieron académicas y estudiantes de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sindicatos de trabajadoras, artistas, activistas y jefas de hogar.
 

 
Las pancartas denunciaban múltiples violencias: el acoso callejero, la penalización del aborto y el derecho a decidir, los derechos laborales y salarios  igualitarios, las víctimas de feminicidio.

¡Ya basta de tanta asesinada! gritaron con fuerza las madres de victimas de feminicidio enfrente del Hemiciclo a Juárez, ubicado en el Centro Histórico, donde concluyó la marcha. Denunciaron que a pesar de contar con todo un aparato jurídico para garantizar los derechos de las mujeres, el Estado sigue siendo omiso al garantizar  justicia a todas las víctimas y la seguridad de todas las mexicanas, por lo que exigieron una actuación pronta de éste.

Y como la revolución también se hace bailando, a la marcha no faltó la batucadas con trompetas, guitarras, panderos y tambores mientras las mujeres marchaban para confluir  al son de los instrumentos, porque la alegría también es parte de ellas comenta una de las estudiantes que acudió a la conmemoración.

Mujeres periodistas de otros países denuncian discriminación y ataques
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) se pronunció contra la discriminación y tipos de violencias a las que se enfrentan las periodistas de todo el mundo por ejercer su labor. Como ejemplo señalaron el incremento de la  intimidación cibernética hacia las mujeres de esta profesión.
 
Por medio de un comunicado de la Coordinación Colegiada de la RIPVG, denunciaron que urge mejorar las condiciones de trabajo de las periodistas, exigencia que incluye erradicar la brecha salarial por género. Las periodistas señalan que, si bien la profesión periodística es ejercida por cada vez más mujeres, los puestos de poder en los medios son ocupados en mayor medida por hombres.
 
La RIPVG señaló la importancia de estar alerta frente al riesgo de que los derechos humanos de las mujeres sufran retrocesos, esto ante el contexto del nuevo orden de gobierno internacional en donde las políticas gubernamentales de diversos países amenazan con incumplir sus compromisos en la materia.
 
Tal es el caso de Estados Unidos, país encabezado por Donald Trump, en donde este año se implementó la “Ley Mordaza”, con la que se elimina el apoyo a económico a las organizaciones civiles internacionales enfocadas en los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el aborto. Mientras que en Argentina el presidente Mauricio Macri redujo 67 millones de pesos (casi 90 millones de pesos mexicanos) al presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer
 
Por ello, las periodistas del mundo que integran la Red demandan a los gobiernos internacionales tener cero tolerancia frente al feminicidio y las violencias por razones de género, no retroceder en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, así como detener la criminalización de personas migrantes y refugiadas, y terminar con el tratamiento estereotipado de todas las mujeres en los medios de comunicación.
 
La RIPVG exigió el cumplimiento de los instrumentos legales internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Entre ellos el Convenio de Estambul, la Resolución 1325 de la ONU, la CEDAW, Belém Do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y el apartado 5: Igualdad de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
Tan sólo en México, las periodistas ejercen en un contexto de violencia relacionada con su labor. En el periodo de 2014 a 2015, Comunicación e Información de la Mujer A. C. registró 147 casos de violencia contra mujeres periodistas, de acuerdo al informe “El Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”.
  
*Con información de la Red Nacional de Periodistas de Veracruz, Colima, Chiapas, Hidalgo y Morelos y de la RIPVG
 
17/RED/GG
 

Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ

Con el voto de 14 de sus 25 integrantes -a excepción de 10 diputados del Partido Acción Nacional y una diputada del PRI- el Congreso del estado de Colima, armonizó las leyes locales con las federales, para prohibir que en la entidad se celebren matrimonios civiles entre personas menores de 18 años de edad.
 
Con estas reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Colima, la entidad se convierte en la quinta en legislar sobre el tema como ya lo hicieron la Ciudad de México, Jalisco, Coahuila y Campeche.
 
De esta manera, el Poder Legislativo mandata a los oficiales del Registro Civil de la entidad a sólo celebrar enlaces conyugales cuando cada uno de los contratantes haya cumplido los 18 años, y “por ningún motivo podrá dispensarse este requisito”.
 
El artículo 104 del Código Civil refiere: “Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, los testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de aquéllos o su identidad, y los médicos que se produzcan falsamente al expedir el certificado a que se refiere la fracción IV del artículo 98, serán consignados al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente”.
 
La organización civil México Funciona, identificó que en Colima, sólo en 2014, 141 niñas y 18 niños fueron unidos legalmente en matrimonio con personas mayores de edad.
 
En este diagnóstico, que forma parte del dictamen aprobado la semana pasada por el Congreso del estado, se indica que nueve de esas niñas tenían menos de 15 años cuando las casaron de manera forzada, 19 tenían 15 años, 49 habían cumplido 16, 64 contaban con 17 años y 114 próximamente cumplirían los 18 años.
 
16/GLM/LGL