Rodolfo Ríos Garza

Son las 2 de la madrugada del lunes 5 de junio. El teléfono de la familia Cortés Santiago suena. -¿Bueno?- contesta Benito Cortés, padre de Belén, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril de este año. Se oye una voz que le dice “¿papá? Soy Belén”.
 
Incrédulo y aún adormilado por la hora él responde -Tú no eres Belén-, pero la voz al otro lado de la bocina insiste -¡Sí!, ¡cómo no voy a ser yo!
 
Benito Cortés reacciona y le pregunta -¿Dónde estás? Belén responde -No puedo decirles dónde -y rectifica inmediatamente- no quiero decirles dónde estoy, pero les envío un video que me tomaron los… Benito la interrumpe- ¡Todos te queremos, te queremos ver, ven a la casa, te extrañamos! Ella responde: -Estoy bien no se preocupen-.
 
La llamada dura 33 minutos, Belén pregunta insistente sobre su hermana menor de 12 años de edad y pide que la cuiden mucho. Ésta es la primera y única ocasión, desde su desaparición, en que la familia de Belén ha podido hablar con ella.
 
“Se escuchaba extraña, ella no habla así y ¿por qué llamó a esa hora? ¿por qué dijo que gente de CAPEA fue a buscarla si ellos me dijeron que ya habían cerrado la carpeta de investigación?”, externó preocupada a Cimacnoticias la mamá de Belén, Leticia Santiago.
 
Dos días después de la llamada, el 7 de junio, familiares de Belén fueron citados en las oficinas del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, y acudieron acompañados de la académica de la UACM, Samantha Zaragoza.
 
En un cuarto con paredes amarillas y desgastadas se sentaron con el director general de Atención a Víctimas del Delito, Carlos Rodríguez Sánchez; con el director del CAPEA, José Antonio Ferrer y la subdirectora Psicosocial del Centro, Susana Méndez Cedillo.
 
“Belén se acercó y nos pidió que por favor les transmitiéramos este video porque sabía de la inquietud que tenían ustedes de no haberla visto y con la intención de tranquilizarlos”, afirmaron Antonio Ferrer y Carlos Rodríguez antes de proyectar en la pared el primer video.
 
VIDEOS
 
En un video de tres minutos se observa a Belén sosteniendo el periódico Reforma con fecha del lunes 5 de junio y su credencial de elector, la misma que el personal del CAPEA omitió pedir a Belén cuando la localizó y ella dio su declaración. Lleva puesta una sudadera gris con líneas horizontales blancas y letras rojas. Una media cola recoge su cabello ondulado que ahora es negro y no rojo como cuando desapareció. Es de noche. Está de pie frente a una pared de tabiques grises y en lo que parece ser un jardín porque hay pasto y tierra.
 
El video continúa. Belén saluda: “este video es para decirles que estoy bien, me encuentro muy bien”. Mira al piso, alarga las palabras y aprieta sus labios antes de explicar que no quiso informarles en donde estaba.
 
Belén continúa: “Hoy me vienen a ver y me dicen que siguen las marchas y muchas cosas más que están haciendo y, pues, yo no sabía nada de esto, pero quiero decirles que me encuentro muy bien”, menciona nerviosa.
 
Belén Montserrat Cortés Santiago desapareció el 29 de abril cuando tenía 19 años, hoy tiene 20. Ese día salió a trabajar vendiendo pastes en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, pero no regreso a casa. Luego de las exigencias que la comunidad universitaria hizo para agilizar la búsqueda la PGJDF anunció su localización el 25 de mayo y aseguró que ella no quería ver a su familia.
 
En el video, al que esta agencia tuvo acceso, se observa que Belén voltea a ver a quienes la están grabando: “Me encuentro –hace una pausa de dos segundos- en un lugar muy bonito, con personas muy gentiles que empiezo a apreciar y estoy muy bien de salud, estoy aquí por mi propia voluntad”. Agradece a su familia el interés por buscarla.
 
Esforzándose por no llorar, manda saludos a su hermana menor y enfatiza “cuídenla mucho, protéjanla”.
 
También menciona: “Espero que estén tranquilos con este video, los quiero mucho, familia, gracias por todo”. Apenas termina la frase comienza a llorar, asiente con la cabeza, se cubre el rostro con el periódico y el video finaliza.
 
Al terminar la proyección y durante la reunión, el papá de Belén, Benito Cortés les dice a los de CAPEA con un tono incrédulo: “ella no está bien, su labio inferior está hinchado y se ve triste”.
 
Leticia Santiago, su madre, afirma categórica: “Estaba nerviosa, no dejaba de mover sus manos, de morder sus labios, no veía a la cámara y volteaba a ver siempre a los del CAPEA, a los que grabaron los videos, como si les preguntara ‘¿está bien lo que dije?’ como si la estuvieran obligando a decir lo que ellos querían”.
 
Cuando terminaron de ver el video, molestos, sus padres y sus hermanos insistieron en que eso no probaba que ella estuviera bien, por lo que, serios, Antonio Ferrer, Carlos Rodríguez y la directora general de Derechos Humanos de la PGJDF, Eunice Beatriz Castañeda junto con el subdirector Jurídico del CAPEA, Magdaleno Montes de Oca, también presentes en la reunión, insistieron en mostrarles un segundo video, que contiene la grabación de la llamada de la madrugada del 5 de junio.
 
“Se los mostramos para que vean el desenvolvimiento de Belén en la plática que tuvo con ustedes”, recalcó Antonio Ferrer e inició la proyección de un video de aproximadamente 35 minutos.
 
En él, Belén aparece parada en el mismo lugar que en el video anterior momentos antes de llamar a su familia. Acaricia sus brazos para darse calor, parece que tiene frío. La subdirectora Psicosocial del CAPEA, Susana Méndez, se acerca con la joven y le presta su celular. En altavoz marca a un número que nadie contesta. “Han de estar bien dormidos”, menciona Belén y pide llamar a su casa.
 
La subdirectora le pide que dicte el teléfono, la marcación es incorrecta, esto provoca la risa de Susana Méndez, Belén la observa y sonríe nerviosa, como si no entendiera por qué ríe. Están en otra entidad. La funcionaria marca en su celular la lada y el número de la Ciudad de México.
 
Detrás de la cámara, Ferrer, el director del CAPEA, se dirige a Belén: “Puedes pedir hablar con tu mamá o con quien te conteste”- “O con quien tú quieras”-interrumpe Susana Méndez. Antes de que contesten, Ferrer agrega: “Diles que les mandas un video, para que vean que estás bien y se calmen”.
 
Belén habla con su papá, su mamá y uno de sus hermanos. Al fondo, se escuchan ladridos de perros y gallos que cantan. Aún sin preguntarle, ella afirma que se fue por su propia voluntad y repite varias veces “estoy bien, me encuentro bien”.  
 
Cuando César Cortés, su hermano, le preguntó por qué llamó a esa hora Belén respondió: “porque a esta hora me vinieron a ver” y contó que el día que despareció le robaron su celular en el local donde trabajaba. En más de cuatro ocasiones insistió “cuiden mucho a mi hermanita”.
 
Al terminar el video la familia de Belén cuestionó a Juan Antonio Ferrer y Susana Méndez Cedillo qué hacían ahí y por qué la habían buscado a las dos de la madrugada.
 
Sobre la hora, el director del CAPEA aseguró: “nosotros teníamos que ajustarnos a las horas donde la podíamos ver”. Más adelante y, con un tono engreído, como si estuviera cansado de responder a esa pregunta mencionó: “fue a esa hora porque ella lo pidió así”.
 
En el video se observa que Belén no conocía a las personas que acudieron a buscarla. Cuando su hermano César le preguntó de dónde llamó ella respondió: “Hablo del celular de una –hace una pausa y voltea a ver en dirección de la cámara - ¿qué es usted?”, se escucha que Susana Méndez ríe y le responde “de una persona de CAPEA”, Belén repite esa respuesta. 
 
Las contradicciones continuaron. Los familiares de Belén confrontaron al personal del CAPEA por las incongruencias. “El problema está en lo que dicen, primero comentan que Belén los buscó a ustedes y ella claramente afirma que fue al revés”, expresó molesto, Víctor Cortés Santiago, el hermano mayor de Belén.
 
Antonio Ferrer argumentó: “La buscamos porque ustedes manifestaron que querían ver a su hija, querían saber que estaba bien y que sí contaba con su credencial de elector, por eso, a pesar de que ya cerramos la carpeta de investigación, le compartimos a Belén su inquietud y quisimos darles algún elemento visual para que estuvieran más tranquilos”.
 
Susana Méndez señaló: “Buscar a Belén no fue una diligencia de la carpeta es más bien ‘un acto’ de parte de la procuraduría sabiendo  que Belén tiene nuestra confianza –corrigió de inmediato- más bien, ella confía en nosotros. Lo que afirmó también el director general de Atención a Víctimas del Delito.
 
Al terminar la reunión, la familia solicitó, mediante un escrito, el acceso completo a la carpeta de investigación. Días después, en entrevista con Cimacnoticias, el hermano de Belén, César Cortés Santiago, dijo que ésta se les entregó, pero les fueron negados los videos con el argumento de que no pertenecen a la investigación.
 
La abogada de la familia, Karla Micheel Salas, explicó en entrevista con Cimacnoticias que la decisión del cierre de carpeta no es definitiva hasta que la PGJDF les entregue un documento oficial que lo acredite. Por lo que, luego de analizar la carpeta, pueden impugnar la decisión ante un juez de control.
 
Después de la reunión de casi dos horas, Benito Cortés fue firme y claro con los funcionarios: “No les creemos. No le enseñé a mi hija a hablarnos así, por videos, si estuviera bien nos buscaría y lo diría en persona”.
 
“Vamos a estar tranquilos hasta que volvamos a ver en persona a Belén. No es normal que de la noche a la mañana dejara a sus amigos, su escuela y a su familia, todos la extrañamos y la queremos de vuelta”, aseguró Leticia Santiago.
 
Antes de dejar las instalaciones del CAPEA, Samantha Zaragoza,  consternada, opinó que la actitud de los funcionarios y las constantes violaciones por parte de la PGJDF al Protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres extraviadas acrecientan las dudas.
 
“Su familia y la comunidad universitaria nos cuestionamos hoy más que nunca “¿Dónde, cómo y con quién estás, Belén?”, concluyó.
 
17/RED
 

Los representantes legales de la defensora de los Derechos Humanos, Nadia Vera Pérez; de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y del foto periodista Rubén Espinoza Becerril, señalaron que la recomendación 4/2017 que ayer emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) confirma la ineficacia en la esta investigación de este multihomicidio.
 
Al pronunciarse al respecto, los abogados de las victimas pidieron a los titulares de la Procuraduría General de Justicia local y al Tribunal Superior de Justicia capitalino aceptar la recomendación y continuar con una indagatoria que esclarezca los hechos ocurridos en 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
 
Los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2015 en un departamento de la Colonia Narvarte, cuando fueron asesinados Olivia Alejandra Negrete Avilés; Mile Virginia Martin; Yessenia Atziri Quiroz Alfaro; la defensora de los Derechos Humanos Nadia Dominique Vera Pérez, y Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista desplazado por la violencia de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
 
Los abogados Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción Urgente por los Derechos Humanos; Héctor Pérez, integrante de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM; Leopoldo Maldonado de Artículo 19; y la hermana de Rubén, Patricia Espinoza, exigieron que se garantice su derecho a la verdad. 
 
Explicaron que la recomendación va en el mismo sentido de las exigencias de los representantes legales que han solicitado que se apliquen los Protocolos para investigar feminicidio y agravios a periodistas, y se agoten las líneas de investigación relacionados con el activismo y la libertad de expresión. 
 
El abogado Héctor Pérez señaló que esta recomendación es relevante porque muestra que, a pesar de que hay tres inculpados, la autoridad no ha logrado dar una explicación de las motivaciones de este crimen y además evidencia que hubo un trato deficiente hacia las víctimas.
 
En ese sentido llamó al organismo y a la sociedad a dar seguimiento al caso, acompañar está recomendación y exigir que, como un acto de dignidad, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia la acepten y cumplan en un plazo de 15 días cómo lo señala la ley.

Por su parte, la abogada Karla Micheel Salas, dijo que los coadyuvantes han estado litigando en contra de la Procuraduría e incluso el procurador, Rodolfo Ríos Garza, ha declarado que parecen abogados de la defensa, aunque en realidad solo piden que se desahoguen pruebas para esclarecer los hechos. 
 
De acuerdo con el abogado Leopoldo Maldonado, representante de la familia de Rubén Espinoza, esta recomendación es una bocanada de aire fresco y un primer paso para reabrir el diálogo con la Procuraduría, porque hasta ahora parece no haber intención de esclarecer el crimen. 
 
En tanto que Patricia Espinoza dijo que espera que todos los puntos señalados por la CDHDF se cumplan en tiempo y forma, y que el organismo vigile que así sea, porque daría un "poco de luz y de justicia" y ayudaría a que se tome en cuenta el trabajo periodístico de Rubén en esta indagatoria.
 
Los abogados expusieron que entre las irregularidades de la investigación están las necropsias mal practicadas, tres presuntos culpables con distintas narraciones de los hechos y ahora la posibilidad de interrogar a Arturo Bermúdez, actualmente detenido por otros delitos.  
 
17/AGM/GG
 

Una administración que se caracterizó por la falta de acceso a la justicia para las mujeres, anomalías en las investigaciones, desatención y revictimización fue lo que dejó el ex procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, tras su reciente renuncia el pasado 24 de junio.
 
Así lo sostuvo la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien en entrevista con Cimacnoticias hablo de una “misoginia institucionalizada” dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) y con un recuento de casos de feminicidio, desaparición y violencia sexual que ha litigado expuso las practicas que utilizó la administración del ex procurador contra los derechos de las víctimas.
 
CASO NARVARTE: LA SALIDA
 
La salida de Ríos Garza ocurrió tres días después de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitiera la Recomendación 4/2017 a la PGJDF, por la investigación de los asesinatos de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte.
 
En 18 puntos, la Comisión se dirigió a Ríos Garza y exhortó a la dependencia que encabezó a actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y agravio a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) por las irregularidades en la investigación.
 
Este caso que puso fin a la administración de Ríos Garza, señaló la abogada, fue parte de una larga lista en la que se expuso la actuación irregular de la Procuraduría al indagar los asesinatos violentos de mujeres, como ocurrió con Lesvy Berlín Rivera Osorio.
 
LOS PENDIENTES: LESBY Y EL FEMINICIDIO
 
La joven de 22 años fue asesinada en la madrugada del 3 mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la PGJDF utilizó sus redes sociales para filtrar la información que dio la pareja sentimental de Lesvy. Esto ocasionó el malestar de la comunidad universitaria, que se manifestó dentro de la UNAM para exigir justicia.
 
Aún cuando se creó un grupo especializado de académicas de la institución para atender el caso y exigir, conforme a la ley y protocolos, que se investigue el asesinato como feminicidio hoy la familia sigue sin acceder completamente a la carpeta de investigación. Además, el peritaje antropológico propuesto por la Procuraduría en conjunto con la UNAM, apunta a un supuesto “suicidio”.  
 
Micheel Salas, indicó que ahora la PGJDF tiene la obligación de reparar el daño a las víctimas y atender este tipo de casos que quedaron pendientes y se perfilan para caer en la impunidad.
 
Sin embargo, desestima que esto sea posible ya que, a pesar de la salida de Rodolfo Ríos, se mantienen los mismos funcionarios dentro de la institución incluido el subprocurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio, quien asumió el cargo.
 
“No sé si como tal puede existir un cambio, este subprocurador era cercano a Ríos. Esperemos que en la Jefatura de Gobierno se genere una reflexión a estos casos tan preocupantes los cuales, según los análisis, motivaron la salida anticipada de Rodolfo Ríos”, declaró.
 
“ACEPTAR EL COSTO POLÍTICO, LUEGO LAS VÍCTIMAS”
 
Los casos de violencia contra las mujeres no dejaron de sumarse en los últimos meses, por lo que la presión social contra la Procuraduría fue la herramienta de las capitalinas para que el sistema diera respuesta y celeridad a las investigaciones, aseguró Micheel Salas.
 
Como ocurrió con Belén Montserrat Cortés Santiago, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril. Días después de que su familia y la comunidad universitaria hicieran brigadas de búsqueda en  el último lugar donde fue vista, en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, Rodolfo Ríos informó a los medios de comunicación que habían localizado a Belén.
 
 
Su ausencia, explicó, fue “voluntaria” y “personas de su confianza tenían conocimiento de ello”. La familia no fue notificada, se enteró a través de las noticias y la única prueba que les presentaron para comprar el bienestar de la joven, fue una fotografía en blanco y negro. Hasta ahora no han tenido contacto con Belén.
 
“Con todo esto, prefirió Rodolfo aceptar el costo político de acusaciones y no vio por el respeto al estado del derecho y de las víctimas”, acusó la abogada.
 
LA ÚLTIMA: ITZEL
 
Para concluir con su administración, en el periodo en el que aún Rodolfo Ríos era procurador local, esta institución decidió investigar por homicidio a Itzel de 15 años de edad  por herir de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intentó asesinar el pasado primero de junio en las inmediaciones del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. 
 
La Procuraduría se pronunció en un boletín de prensa y resolvió que no procesaría a Itzel y quedaría libre de toda responsabilidad, esto luego de que la familia de Itzel y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) denunciaron públicamente que la PGJDF investigaba a la menor de edad por homicidio y vivían hostigamiento por parte del personal de la dependencia.
 
Esto sucedió a pesar de que la Procuraduría ya tenía la Recomendación 6/2016 de la CDHDF por el caso de Yakiri Rubí Rubio, quien fue víctima de violación en 2013 y fue encarcelada tres meses por matar a su agresor.
 
El organismo de Derechos Humanos señaló en ese momento que la Procuraduría no actuó con la debida diligencia y colocó a la víctima como victimaria. Con ello ya no había cavidad para estas acciones y persecuciones contra mujeres que se defienden de sus agresores, insistió la abogada especialista en violencia de género.
 
“Sería lamentable si Rodolfo fuera posicionado como candidato a magistrado o que Miguel Ángel Mancera –si va a la presidencia- lo considere para algún espacio. Es terrible el mensaje que deja para las mujeres el mantener a una persona como Rodolfo Ríos en el servicio público”, concluyó Salas.
 
17/HZM

El colectivo de académicas feministas Académicas en Acción Crítica demanda al procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo, la primera línea de investigación sea la de feminicidio.
 
A través de un comunicado y una petición en la plataforma Change.org las académicas denuncian que en la investigación sobre el asesinato de Lesvy Berlín, la Procuraduría capitalina (PGJDF) “no ha dejado de cometer pifias”, esto en la manera de comunicar y tratar a los familiares de la víctima, por ello solicitan al Procurador que aplique el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México.
 
El colectivo, cuyo objetivo es que el trabajo académico contribuya a resolver problemas sociales, exige a la Procuraduría que “cumpla con sus obligaciones legales, respete y garantice los derechos de las personas ofendidas”, incluyendo los señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
 
Además, piden que la instancia de justicia dé a la familia de Lesvy y sus representantes legales el acceso completo a la carpeta de investigación porque, aseguran, eso y la difusión de información que la PGJDF difundió sobre la joven a través de su cuenta de Twitter son omisiones que "impiden garantizar una efectiva coadyuvancia en la investigación, derecho fundamental que por la Constitución y las leyes corresponde a los ofendidos". 
 
El colectivo, formado por investigadoras como Lucía Melgar, Emanuela Borzacchiello y Lucía Núñez, afirma que ante la falta de transparencia en la investigación no hay certeza de que la PGJDF esté investigando con base en una perspectiva de género, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Mencionan que el comportamiento del Ministerio Público refleja que en México las víctimas no sólo lidian con el dolor por la pérdida de un ser querido “sino que, además, tienen que enfrentarse a un aparato de procuración de justicia que viola sus derechos en lugar de garantizarlos", por lo que exigen justicia en el caso de Lesvy y en  todos los de feminicidio cometidos en la Ciudad de México.
 
La familia de Lesvy ha tenido acceso solo a las primeras 51 hojas del expediente, donde se incluyen las primeras entrevistas testimoniales de familiares y de quienes encontraron el cuerpo, así como a fragmentos de la segunda parte (de la página 325 a la 555).
 
Sin embargo, la abogada acompañante del caso, Sayuri Herrera Román ha dicho a Cimacnoticias que la información obtenida hasta ahora no da certeza de cómo se realizaron los peritajes ni de la línea de investigación que se sigue. A ello se suma que en la carpeta de investigación se lee que se investiga como “homicidio culposo por otras causas” y no como feminicidio.
 
17/MMAE/GG 

Familiares de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la UACM desparecida y cuyo bienestar no ha sido comprobado por su familia, pese a que la Procuraduría capitalina anunció su hallazgo, interpusieron una queja ante la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF).
 
En la queja, presentada el 2 de junio, afirman que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) no ha dado a la familia pruebas certeras de que ella está bien, solo se conoce una fotografía en blanco y negro, por lo que piden que ésta aclare la información que ha dado sobre Belén, que “está bien y decidiendo de manera libre su actuar”.
Así lo informaron integrantes del personal académico y de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en un comunicado el 2 de junio, un día después de que familiares de Belén se reunieron con autoridades.  
 
Belén, de 19 años de edad, estudiante de Comunicación y Cultura de la UACM, desapareció el pasado 29 de abril, por lo cual su familia y la comunidad universitaria iniciaron una campaña de búsqueda. El 24 de mayo, el rector de la UACM, Hugo Aboites Aguilar, encabezó una marcha para exigir su localización. 
 
Un día después, el procurador Rodolfo Ríos Garza informó en conferencia de prensa que Belén fue hallada y que ella prefería no decir su paradero. Desde entonces la única prueba presentada a su familia ha sido la fotografía en blanco y negro.
 
ATENCIÓN QUE “ENRARECE” EL CLIMA
 
“La actuación de la Procuraduría sigue enrareciendo todo el clima sobre el caso”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias la académica de la UACM, Tania Paloma Hernández Ramírez, quien estuvo  presente en la reunión que tuvo la familia de Belén el pasado 1 de junio con autoridades de la Procuraduría, antes de que presentaran la queja ante la CDHDF.
 
Hernández Ramírez, profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel San Lorenzo Tezonco, denunció que en dicha reunión la directora General de Derechos Humanos de la Procuraduría, Eunice Beatriz Castañeda Ávila, se hizo pasar por integrante de la CDHDF y argumentó que no podían dar información sobre el paradero de Belén porque “lo fundamental es su Derecho Humano a la privacidad”.
 
Explicó la académica que les “insinuaron” que darles informes sería  “privarla de su libertad”. Sin embargo, señaló la académica, “la comunidad uacemita y su familia sólo nos preguntamos: ¿dónde está Belén?”.
 
Paloma Hernández denunció también que tras el anuncio del Procurador, en redes sociales se empezó a culpabilizar a Belén por su desaparición.
 
Por eso, dijo, es necesario exigir que en la investigación no se pierda la perspectiva de género, petición ahora respaldada por la Cuarta Visitaduría, el área especializada en investigar y tramitar quejas sobre acciones y omisiones que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres.
 
CDHDF PRESENTA QUEJA DE OFICIO
 
La queja de la familia se sumó a la que abrió de oficio la CDHDF en la Primera Visitaduría para solicitar a la PGJDF que informe por qué comunicaron a los medios de comunicación el hallazgo de la estudiante antes que a sus familiares.
 
La titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dio a conocer lo anterior el 31 de mayo en una entrevista. Explicó que primero hay que saber “si es real que la persona no quiere ser identificada; segundo, dónde y por qué razón es que no quisiera ser identificada”. Añadió que con esa queja investigarán las omisiones cometidas por la PGJDF en el caso.
 
La profesora Hernández Ramírez consideró que con las dos quejas abiertas en el CDHDF “se abre una posibilidad de corroborar que Belén está bien y para exigir que no se pierda la perspectiva de género en la investigación”.
 
17/MMAE/GG
 

A una semana de que la Procuraduría capitalina anunció que Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fue hallada en el estado de Hidalgo, su familia no tiene la certeza de su aparición pues “sólo les mostraron una fotografía  de mala calidad y ninguna credencial oficial que avale que haya sido Belén quien realmente declaró”.

Así lo informaron esta mañana sus familiares- papás y hermanos- en una conferencia de prensa en el plantel Centro de la UACM, en la que estuvieron ausentes las autoridades universitarias y la cual fue moderada por la académica de Comunicación y Cultura, Aleyda Gaspar González.
 
En la rueda de prensa, la madre de Belén, Leticia Santiago, precisó que los funcionarios del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) “nos dijeron que el caso está cerrado. La pregunta que nos hacemos todos, mencionó, es: ¿dónde está Belén? La queremos de vuelta en casa y en su universidad”. 
 
El padre de Belén, Benito Cortés, comentó que la madrugada del 25 de mayo cuando, según les confirmaron autoridades del CAPEA, Belén acudió a declarar los funcionarios “no le pidieron una identificación oficial que constatara que era ella, no tenían que dejarla ir hasta que acudiéramos a identificarla”, externó.
 
Otra irregularidad, agregaron, es que no fueron​ notificados cuando Belén rindió declaración en CAPEA, “esto aunque fuimos nosotros quienes denunciamos su desaparición”, mencionó Benito Cortés. 
 
“Como prueba de que está bien solo nos mostraron una foto de ella en blanco y negro, ni siquiera era de buena calidad”, dijo a Cimacnoticias Leticia Santiago.
 
Belén, quien trabajaba vendiendo pastes en las calles de la colonia donde vivía con su familia, San Miguel Teotongo, en la delegación Iztapalapa, no regresó a su casa el 29 de abril después del trabajo, pese a que había avisado a sus padres que eso haría. Tras varios días, la PGJDF anunció en los medios que había sido localizada y no quería ver a sus padres, lo que inconformó y preocupó a la familia, a quien tampoco se le ha dado copia del expediente.
 
Al término de la conferencia, alumnado, familiares y docentes de la UACM caminaron a la Procuraduría capitalina para entregar una carta firmada por más de 400 personas de la comunidad universitaria, cerca de 300 ciudadanos externos y 40 colectivos y organizaciones civiles, donde piden a la autoridad que compruebe que Belén prefería no ver a su familia, como se dijo a los medios. Esta fue entregada en la Oficialía de Partes.
 
Ahí, fueron atendidas por el director general de Atención a Víctimas del Delito, de la PGJDF, Carlos Rodríguez Campos, quien les reiteró que no podían proporcionarles información de su paradero por decisión de la joven, ya que ella es mayor de edad.
 
Ante las irregularidades presentadas, el hermano de Belén, César Cortés Santiago expuso que su familia prevé acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para denunciar el tratamiento de la Procuraduría capitalina hacia el caso.
 
AMIGOS DESCONOCÍAN PARADERO
 
En el anuncio del 25 de mayo el Procurador señaló que personas cercanas a Belén siempre supieron de su paradero y que ella decidió ausentarse de manera voluntaria. Sin embargo, la académica Tania Paloma Hernández Ramírez y el profesor de Belén, Samuel Cielo Canales, negaron esta versión.
 
Señalaron, en entrevista con Cimacnoticias, que luego de consultar a las y los compañeros de clase de la joven de 19 años, éstos negaron lo dicho por el Procurador. “Ellos, como nosotros y su familia, no saben ni sabían dónde estaba, por eso desde antes organizamos brigadas para buscarla”, comentó Cielo Canales.
 
El suyo no es el único caso en la zona. “Quince días después de la desaparición de mi hija una chica que vive en la colonia también desapareció, no saben dónde está”, comentó Leticia Santiago.
 
El profesor Samuel Cielo aseguró que durante las dos brigadas de búsqueda realizadas por la comunidad estudiantil en dicha colonia, previo al anuncio de la procuraduría, otras familias denunciaron que sus hijas también habían sido desaparecidas. “Son tantas que perdimos la cuenta”, señaló.

El caso de Belén ocurrió en un contexto donde desde 2013 el número de mujeres desaparecidas ha aumentado. De acuerdo al "Sexto Informe del Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas" (2016) del Centro de Estudios Sociales y Culturales, en 2013 se registraron mil 322 casos de mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. 

De acuerdo con el informe, las desapariciones suman 3 mil 839 (de 2013 a 2015) pero sólo en 20.7 por ciento (795) de los casos, las mujeres fueron localizadas.

 17/MMAE/GG

Integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), colectivos, organizaciones civiles y la familia de Belén Montserrat, la estudiante desaparecida y supuestamente encontrada el pasado 26 de mayo, exigirán hoy al procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza evidencias de que la estudiante realmente apareció y se encuentra bien.
 
Belén Montserrat desapareció el 29 de abril, el último contacto que tuvo con su familia fue ese día al salir de su trabajo en la colonia San Miguel Teotongo, cercana a la carretera de Puebla. Su ausencia provocó que la comunidad universitaria, incluido al rector Hugo Aboites Aguilar, organizara brigadas de búsqueda y exigiera a la PGJ-CDMX su aparición con vida.
 
La exigencia será expuesta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJDF) a través de una carta que entrega este día la familia de Belén Montserrat Cortés Santiago acompañada por comunidad de la UACM.
 
Esto, luego de que el pasado 26 de mayo el Procurador informó a los medios de comunicación, antes que a la familia de Belén, sobre el hallazgo de la estudiante de Comunicación y Cultura del plantel San Lorenzo Tezonco, a través de la Policía de Investigación. Ese día, en el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, (CAPEA), las autoridades solo presentaron a su familia una fotografía como evidencia de que ella estaba bien.
 
“Ella se encuentra bien, no fue víctima de delito, decidió ausentarse voluntariamente de su domicilio, las personas de su confianza tenían conocimiento de ello y en respeto a su privacidad nos reservamos mayor información”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa.
 
Sin embargo, en el escrito que hoy entregan al Procurador y que está firmado por más de 250 personas, entre estudiantes, académicas, vecinas de Belén, defensoras de Derechos Humanos,  colectivos y organizaciones civiles de varias entidades del país, se señala: “Hoy solo podemos asegurar su presunta aparición. Las declaraciones no son suficientes, queremos pruebas”.
 
La profesora de Comunicación y Cultura de la UACM e integrante del colectivo universitario Ni Una Menos, Aleyda Gaspar González señaló a Cimacnoticias “con la carta exigimos a las autoridades pruebas de vida de Belén, porque los  elementos que conocemos son sumamente turbios y contradictorios, no sabemos nada de ella”. 
 
En un comunicado de prensa emitido ayer, las y los firmantes afirman que reconocen el derecho de Belén, “si este fuera realmente el caso”, a no presentarse ante nadie. Sin embargo, exigen al Procurador constancia de ello “de lo contrario continuaremos en su búsqueda”, aseguraron.
 
Hoy a las 11 am familiares de Belén se pronunciarán en una conferencia de prensa en la UACM Centro, después encabezarán una manifestación hasta la Procuraduría capitalina, donde  entregarán la carta.
 
17/MMAE/GG