Diputados constituyentes

El borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México incluye el “derecho al cuidado”, pero es una propuesta insuficiente para garantizar la atención en el hogar que alguna mujer brinda a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones, aseguró la consultora y cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro. 
 
Luego de participar en un foro sobre desarrollo económico de las capitalinas, la también integrante del colectivo Las Constituyentes aseguró que es necesario que se cree un sistema público de cuidados, que incluya la participación de los hogares, la iniciativa privada y al Estado en tareas que prácticamente sólo hacen las mujeres.
 
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, 43 por ciento de las capitalinas tiene un trabajo remunerado y 57 por ciento realiza labores domésticas y de cuidado, es decir, atender a otras personas.
 
El borrador de la Carta Magna, que se discute en la Asamblea Constituyente, incluye en el artículo14, apartado C, que toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como “el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad”.
 
Asimismo, este artículo dice que la Ciudad de México promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales, y fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado.
 
“El capítulo 14 del derecho al cuidado no sólo es insuficiente, es la versión más austera, más limitada en cuestión de derechos. La propuesta queda coja por muy innovadora que sea porque no se estaba pensando de forma integral”, resume la activista.
 
Es por ello que Pérez Haro elaboró una iniciativa de reforma que presentó con el colectivo Las Constituyentes para modificar los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 26 del borrador del texto constitucional, a fin de crear el sistema público de cuidados en el que participen las familias, el Estado y el mercado.
 
La propuesta busca que el cuidado sea un derecho y una ocupación remunerada, que permita generar ingresos económicos a las mujeres que realizan estas labores.
 
A decir de la también especialista, quien investiga las desigualdades en el trabajo no remunerado, es fundamental un cambio estructural de la política en la materia y no sólo rediseñar programas que ya existen, porque hoy se requiere un cambio que dé respuesta a la crisis de cuidado que se vive en la capital del país.
 
En la iniciativa ciudadana se incluye el derecho al tiempo porque en opinión de Pérez Haro, es un elemento fundamental para las personas que realizan tareas domésticas y de cuidado sin horarios fijos, en ocasiones mezclando actividades con otras que podrían considerarse de “recreación”, como ver la televisión.
 
La investigadora espera que en la Carta Magna que redactarán las y los diputados constituyentes figure un nuevo pacto de género, e incluya una de las grandes desigualdades: la división sexual del trabajo.
 
16/AGM/AMS

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la fundadora de la organización INCIDE Social, Clara Jusidman Rapoport; y la académica del Centro de Investigación en Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni, serán diputadas constituyentes.
 
Este martes el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, designó a las tres mujeres y tres hombres para estar en la Asamblea Constituyente que se instalará el próximo 15 de septiembre para debatir y aprobar la primera Constitución Política de la capital del país.
 
La lista de nombres también incluye al comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo; al senador Alejandro Encinas, y al doctor en Ciencias Políticas, Alejandro Chanona. Con este anuncio sólo falta que Enrique Peña Nieto informe quienes serán las seis personas designadas por la Presidencia de la República.
 
El decreto que transformó el Distrito Federal en Ciudad de México indica que el borrador de la Carta Magna local será elaborado por el Jefe de Gobierno y después aprobado por una Asamblea Constituyente que se compondrá de 100 diputadas y diputados, de los cuales 60 fueron electos y 40 designados.
 
Con el anuncio de Miguel Ángel Mancera del total de diputaciones constituyentes –entre funcionarios electos y designados– suman 91 personas, de las cuales 44 son mujeres y 47 hombres. Cabe decir que sólo falta que la Presidencia nombre a 6 personas y el Congreso a 3 más. 
 
En este contexto en agosto pasado diputadas electas que debatirán  la Constitución Política local llamaron al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno, a garantizar que este Congreso tenga 50 por ciento de mujeres.
 
Cabe decir que Sánchez Cordero fue una de las defensoras del derecho a decidir sobre la maternidad en la capital del país cuando se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación: mientras que Jusidman Rapoport y Magaloni (quien participó en el proceso para escribir el borrador de Carta Magna) se han mostrado a favor de causas sociales.
 
Por su parte este lunes personas de la sociedad civil organizada, diversos académicos y artistas de la Ciudad de México, publicaron un desplegado para mostrar su descontento por lo que calificaron “la imposición” de integrantes a la Constituyente, pues aseguraron que la mayoría de los perfiles responden a intereses políticos y no ciudadanos.
 
En este sentido personalidades como Alejandro Encinas, Alicia Elena Pérez Duarte, Lydia Cacho, Sergio Aguayo, Patricia Olamendi, Alejandro Madrazo Lajous y Clara Jusidman  Duarte, pidieron al Congreso designar a la senadora ciudadana Martha Tagle Martínez como diputada constituyente.
 
Las y los firmantes dijeron que además de ser política, es activista social y actualmente como legisladora ha acompañado diversas causas ciudadanas que demandan el fortalecimiento del Estado de Derecho en un marco de Derechos Humanos, además de que su inclusión fortalecería la participación política de las mujeres.
 
16/AGM/LGL