Ciudad de México

ESTADOS
VIOLENCIA
   ALDF aprueba iniciativa con sanción de 1 a 3 años de prisión
Será delito tomar fotos y video a mujeres sin su consentimiento
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2018

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó adicionar un nuevo tipo penal que castiga, con uno hasta tres años de prisión, a quienes tomen fotografías o grabaciones con índole sexual a mujeres sin su consentimiento.

Esta reforma que adiciona los Artículos 177 Bis y 179 al Código Penal de la Ciudad de México surgió de una iniciativa propuesta por el diputado del Partido de la  Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, quien argumentó que en promedio tres mujeres al día acuden a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJDF) para denunciar que les tomaron fotos o videos sin su consentimiento.

Con esta reforma, aprobada el 7 de mayo de 2018 a partir del dictamen que elaboró la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se establece que “a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión”.

Este tipo de acoso sexual ocurre principalmente en el transporte público, por lo que la iniciativa contempla elevar a una tercera parte la sanción cuando ocurra en dicho espacio, o bien, alguna otra instalación pública. De la misma forma se elevará la pena cuando exista una relación jerárquica por relación laboral, docente, doméstica o de cualquier clase, entre el agresor y la víctima.

Por “conductas de naturaleza sexual indeseables”, la norma describe que se consideran solicitar favores sexuales para sí o una tercera persona, además de la difusión de imágenes por cualquier medio con implicaciones sexuales, ello, sin el consentimiento de las víctimas y que atente contra su dignidad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2017 (Endireh) 61 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México reportó haber sido a lo largo de su vida víctima de violencia comunitaria, en específico violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte público, parques y otros lugares públicos.  

Con ello la Endireh ubica a la Ciudad de México en el primer lugar de violencia comunitaria contra las mujeres del país, en tanto, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016 (Envipe) se reportó que 79 por ciento de las capitalinas reveló sentirse insegura en la calle.

Esto sucede a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México pusieron particular atención en campañas y programas para atender la violencia y el acoso sexual callejero y en el transporte público, por ejemplo, en 2008 inició el “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de la mano de ONU Mujeres.

La aprobación de esta iniciativa al Código Penal entra en una serie de reformas legislativas que está realizando el gobierno capitalino en cumplimiento con el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), pedida por organizaciones civiles el 7 de septiembre de 2017.

Estas acciones gubernamentales incluyen hasta ahora el aumento de la sanción a quién cometa un feminicidio (hasta 60 años de cárcel) y la implementación del llamado “Protocolo Alba” un instrumento especializado en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Asimismo, con el fin de garantizar la vida y seguridad de las capitalinas se planteó la puesta en marcha de un sistema de información que identifique a mujeres en riesgo de violencia feminicida y un programa en atención a la niñez y adolescencia que queda en orfandad por el feminicidio de sus madres.

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NACIONAL
VIOLENCIA
   Grupo de Trabajo documenta deficiencias de Procuraduría
Miguel Ángel Mancera deja malas cuentas en la capital por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2018

El Grupo de Trabajo para la Alerta de Género en la Ciudad de México, confirmó en su informe, lo que han sostenido las organizaciones peticionarias: la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) tiende a no clasificar e investigar con perspectiva de género los casos de feminicidio, falta de capacitación de funcionarios, desconocimiento del Protocolo y actuación tardía en caso de desapariciones y feminicidio.

De la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México al grupo de Trabajo para la elaboración de su informe, destaca que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se cometieron 292 casos de feminicidio y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.

Sin embargo, menos de la mitad de estos asesinatos fueron tipificados como feminicidio pese a que la Ciudad cuenta, desde 2011 con la tipificación de este delito en el Código Penal así como con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de Feminicidio, y la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres.

Y ello se explica, dice el Grupo de Trabajo, porque las normativas no se aplican en la práctica, hay un desconocimiento generalizado en las autoridades de la Procuraduría respecto al feminicidio y los protocolos que existen para atenderlo.

Este informe de trabajo que tanta polémica generó debido al atraso en su entrega, pese a que desde noviembre de 2017 estaba en manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se hizo público ayer, posterior a la conferencia de prensa dada por las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX, quienes acusaron a esta instancia de Gobernación de retrasar los informes y obstaculizar el avance de los DH de las mujeres.

Así, en este escenario, a seis meses de la solicitud de la AVG, la presión de las organizaciones civiles encima, y cuando Miguel Ángel Mancera está a un paso de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Conavim anunció que tras las entrega del informe las autoridades de la Ciudad tienen 15 días para aceptar o rechazar las 20 recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

PGJDF IGNORA FEMINICIDIO Y SUS PROTOCOLOS

El Grupo de Trabajo estuvo conformado por académicas. De la UNAM, Aleida Hernández Cervantes; de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez; y de El Colegio de México, Marta Walkyria Torres Falcón y Carlos Javier Echarri Cánovas.

Del Instituto Nacional de las Mujeres, José Luis Peña Colín; de la Conavim, Claudia Isela Alvarado Covarrubias; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maribel Becerril Velázquez; y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad, Teresa Incháustegui Romero.

En la metodología el equipo de trabajo explicó que entrevistó a varios funcionarios ministeriales y policiales quienes tenían un conocimiento “superficial” del Protocolo de Investigación de Feminicidio, ya que al pedirles detalles de cómo lo aplican en las investigaciones, “se limitan a contestar generalidades y evasivas”.

El personal de la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres, manifestó que tiene dificultades para acreditar el feminicidio sobre todo cuando el cuerpo no presenta lesiones infamantes, mutilaciones o signos de violencia sexual.

Además de la falta de competencia del personal de la Agencia Especializada para indagar el feminicidio, éstos no intervienen de forma inmediata cuando se conoce el asesinato de una mujer, por lo que el Grupo reiteró “la necesidad de que siempre esté presente al inicio de la investigación, un representante de la Agencia Especializada a fin de coordinar la investigación y de garantizar la aplicación del Protocolo”.

REVICTIMIZACIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL, UNA CONSTANTE

El equipo de especialistas también documentó, a través de entrevistas a familiares de víctimas cómo se ha vuelto común que se pierdan indicios y pruebas en el lugar de los hechos y la venta de fotografías de las víctimas a medios, sin que haya consecuencias legales; no se investiga con perspectiva de género; las coordinaciones territoriales desconcentradas de la PGJDF inician las carpetas de investigación por suicidio u homicidio doloso, y no cuentan con personal especializado en feminicidio; además de la insensibilidad por parte del personal de la Procuraduría en el trato de las víctimas indirectas.

Otra constante es la filtración de información sesgada para desacreditar a las víctimas y justificar la violencia ejercida en su contra; se obstaculiza a las familias el acceso a la carpeta de investigación; los peritajes se elaboran “a modo” a fin de que cuadren en las hipótesis de suicidio u homicidio; los probables feminicidas son tratados como víctimas indirectas.

NO SE SABE QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS

A estos problemas se suma la sistematización de los casos de feminicidio. El Grupo de Trabajo reveló en su informe que la PGJDF no cuenta con información detallada de las víctimas.

Apenas se sabe que de estas 292 mujeres asesinadas por razón de género de 2012 a septiembre de 2017, 44 por ciento tenía entre 18 a 30 años de edad; 40 por ciento entre 31 a 60 años. 8.6 por ciento eran menores de 17 años y 6.2 por ciento tenía más de 60 años. Del uno por ciento restante se desconoce su edad.

La Procuraduría fue incapaz de aportar mayores datos sobre el estado civil de las víctimas, su ocupación, lugar origen, nivel de estudios, condición socioeconómica, lugar y causa de muerte de la víctima y por si fuera poco dijo que “carece de información sistematizada respecto de si existía alguna relación entre la víctima y el victimario”, una de las características que definen al feminicidio.

Destaca que 21 por ciento de los casos de feminicidio se concentraron en la delegación Iztapalapa (62 casos) y descienden casi a la mitad en las delegaciones Gustavo A. Madero con 32 casos, Cuauhtémoc son 27 casos, Tlalpan 25 y Coyoacán 22 casos.

La situación no es menor en el resto de las delegaciones, en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco, suman 124 casos de feminicidio.

CAPEA: “LA DESAPARICIÓN DE MUJERES NO ES UN DELITO”

Las deficiencias en la Procuraduría para feminicidio, son similares en los casos de desapariciones, constató el Grupo de Trabajo. El personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) contestó al Grupo de Trabajo que no consideran “la desaparición de una mujer como un delito”, por lo que no tiene registro de los casos, ni tampoco de cuántas mujeres reportadas como desaparecidas han sido localizadas.

Capea reportó que solo inician “carpetas de investigación especiales” e informaron que abren entre 12 a 15 investigaciones diarias, la mayoría se trata de desapariciones de menores de 17 años. No obstante, el personal de este Centro no relaciona estas desapariciones con algún ilícito (feminicidio o trata) solo refirieron a las expertas que es parte de la “violencia familiar”.

Los familiares de víctimas de mujeres desaparecidas también expresaron ante el Grupo de Trabajo los malos tratos a los que se enfrentan con el personal en Capea (dependencias de la PGJDF) quien califica la desaparición de mujeres como “extravíos” o “ausencias voluntarias”; minimiza la información que proporcionan los familiares; dejan pasar más de 24 horas para iniciar la investigación de los casos; además de que la instancia no cuenta con mecanismos de búsqueda claros.

Sin ahondar más en esta información, el Grupo de Trabajo refirió que en promedio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas recibe mensualmente entre cinco a 10 denuncias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas oscilan entre los ocho a 30 años de edad.

A este tipo de violencias extremas se agrega la que viven las capitalinas cotidianamente. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, destacó en la Ciudad de México 61.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad han sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida (calles, parques, entre otros) y 37 por ciento lo fue en los últimos 12 meses.

En tanto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) muestran una tendencia creciente de los egresos hospitalarios de mujeres relacionados directamente con la violencia: mientras en 2004 se registraron 14 mil 303 casos, para 2014 la cifra subió a 20 mil 669.

LAS RECOMENDACIONES

Ante este contexto de violencia generalizada contra las capitalinas el Grupo de Trabajo presentó 20 conclusiones y recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de México.

Entre estas destacan establecer protocolos de supervisión estricta en hoteles o moteles de la Ciudad de México, ya que en estos lugares se ha tenido conocimiento de casos de violencia extrema, incluyendo casos de feminicidio y trata de personas.

Revisar los procedimientos de investigación en criminalística y forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación del Feminicidio, además de revisar los expedientes de muertes violentas de mujeres para verificar si se aplicó este instrumento.

Que las Agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF generen un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los servicios de salud que tienen el primer contacto con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación, y que se genere un Protocolo para que se dé aviso al Ministerio Público de estos casos.

Evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres; y entregar informes públicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin vida) y no localizadas.

Fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia familiar, sobre todo en el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar (Cavi) y los Centros de Justicia para las Mujeres. Además de garantizar la protección de la infancia que viven en estos entornos de violencia y son víctimas indirectas.

El gobierno capitalino deberá responder en el plazo indicado a estas 20 recomendaciones. Es importa señalar que estas no sustituyen a las seis medidas provisionales emitidas por Conavim anteriormente y por las cuales el gobierno creó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atenderlas.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Jefaturas delegacionales, Salud, SSP, entre otras lo integrarán
Crean grupo de trabajo para atender medidas por AVG en CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Luego de seis meses de que grupos de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, el gobierno capitalino finalmente anunció la creación del “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario” para atender las seis medidas provisionales que dictó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 26 de marzo en un comunicado que este equipo lo conformarán las 16 jefaturas delegacionales, las secretarías locales de Gobierno, Salud (Sedesa), Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Social, el DIF DF, la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), el Instituto de las Mujeres (Inmujeres DF) y la Oficialía Mayor.

Mientras el gobierno de la urbe señaló que la Conavim dictó a las autoridades las seis medidas provisionales –ante la falta del informe del Grupo de Trabajo- desde el 10 de octubre de 2017, las organizaciones peticionarias de la Alerta, Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, dicen que apenas se emitieron el 2 de marzo.

En todo caso, el proceso de la Alerta de Género en la Ciudad de México va retrasado, ya que las autoridades capitalinas apenas dan respuesta a las medidas provisionales desprendidas de la solicitud de AVG, y la Conavim, sigue dando largas a la entrega del informe del Grupo de Trabajo que se tiene listo desde diciembre del año pasado.

Al anunciar este grupo multidisciplinario, el secretario de Gobierno local, José Ramón Amieva Gálvez, dijo que la “Ciudad de México se distingue” por ser la entidad con “mejores políticas de protección, acompañamiento, defensa e investigación en el tema de violencia hacia las mujeres”.

Sin embargo, en una entidad donde han sido asesinadas 260 mujeres por razón de género (según datos de la Procuraduría de 2012 a 2016), las medidas provisionales han sido fuertemente criticadas por las agrupaciones solicitantes porque no responden a las demandas plasmadas petición de Alerta hecha el 7 de septiembre de 2018: falta de acceso a la justicia y debida diligencia en casos de feminicidio.

Las medidas que dictó Conavim, incluyen la creación de un “mapa de instituciones que presten servicios a víctimas de violencia de género”, iniciar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Elaborar el protocolo de “Aviso al Ministerio Público” para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 que establece el derecho al aborto en caso de violación, y fortalecer la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local.

Las únicas medidas apegadas a la petición de AVG fueron la instalación de una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a los casos de asesinatos de mujeres por razón de género y la creación de un Comité Técnico que formule el Protocolo Alba en la ciudad, un mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno “pronto” darán a conocer los resultados sobre estas acciones y las tareas específicas que realizará cada área del gobierno capitalino.

Cabe recordar que el Grupo de Trabajo terminó el informe de la AVG en la primera semana de diciembre del año pasado y tras modificaciones se aprobó en enero de 2018 para entregarlo al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, con el cambio de titular de la Conavim, ahora prescindida por Ángela Quiroga Quiroga, el proceso se frenó porque la Comisionada solicitó ampliar la etapa de investigación de las académicas.

En este sentido, esta mañana organizaciones que han sido peticionarias de Alertas de Género, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, y el Centro Fray Francisco Vitoria, convocaron a una conferencia de prensa y criticaron que desde la llegada de Ángela Quiroga los procesos de Alerta se han estancado injustificadamente.

Por lo que exigieron el “cese de la simulación y atención a los pendientes” de las solicitudes de Alerta de la Ciudad de México, Tlaxcala (negada dos veces en 2017), Puebla (negada y tramitada nuevamente en noviembre de 2017), el Estado de México (decretada en 2015) y Veracruz (con dos AVG una por Agravio Comparado y otra por feminicidio).

18/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Equis Justicia capacitará al poder Judicial capitalino
Crean sistema para identificar a mujeres en riesgo de violencia feminicida en CDMX
Imagen cortesía del InmujeresDF
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/02/2018

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres DF) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) presentaron el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida (SIARVFem), un mecanismo que permite ubicar y brindar medidas de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia de género recurrente.

Este programa colaborativo entre el Inmujeres DF y el Tribunal Superior de Justicia local busca recolectar, procesar, clasificar y dar seguimiento a la información de casos de violencia de género en la capital del país con el objetivo de prevenir la violencia feminicida y garantizar la integridad de las mujeres y sus familias.

De acuerdo con información del Inmujeres DF, el SIARVFem –aún un sistema piloto- funcionará a través del enlace de información de mujeres que acudan a denunciar violencia de género en las instituciones de las secretarías de Salud, Desarrollo Social, y Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia local, para conocer mediante los registros si han tenido incidentes previos de violencia y qué atención les han brindado.

Una vez que se tenga conocimiento de un caso se realizará una evaluación de factores de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres y su familia, características del agresor y el contexto en el que viven para que ellas puedan tomar una decisión informada respecto a las medidas de protección que deseen obtener. 

En la Ciudad de México los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) indican que de los 275 homicidios de mujeres ocurridos entre 2012 a 2015 un 25 por ciento de las mujeres fueron asesinadas dentro de sus hogares.

Asimismo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la urbe tienen el mayor número de carpetas de investigación  por violencia familiar en el país, tan sólo en el mes de noviembre de 2017 se abrieron un total de mil 445.

Cabe mencionar que dentro de los registros del SESNSP la Ciudad de México es una de las dos entidades –con Yucatán- que no cuentan con un registro de las llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres.

En medio de este contexto y de una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la CDMX, se anunció este nuevo registro el pasado 27 de febrero como parte de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Será el Tribunal de Justicia capitalino quien lo alimente de datos de las víctimas de violencia de género, personas agresoras y las medidas de protección solicitadas y otorgadas.

CAPACITACIÓN A PODER JUDICIAL

El Inmujeres local y el Tribunal también anunciaron su adhesión al proyecto, “Ciudadanizando a la Justicia: Modelo de Acompañamiento a Tribunales”, una iniciativa de la organización EQUIS Justicia para las mujeres que busca capacitar al personal del Poder Judicial de la ciudad para que incorporen la perspectiva de género en su trabajo.

Este proyecto financiado por la Unión Europea y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tiene una duración de dos años. Al término, las organizaciones Fundar, AsiLegal y Transversal, realizarán un análisis de las sentencias con perspectiva de género emitidas en la Ciudad de México para evaluar el impacto que tuvo el curso en las personas juzgadoras.

La coordinadora del área legal de Equis Justicia, Fátima Gamboa Estrella, añadió en entrevista con esta agencia que buscarán que se hagan públicas las sentencias en materia de género dadas en la ciudad y crearán una red para prestar servicios eficientes a mujeres víctimas de violencia en compañía con organizaciones civiles.

Es por esta violencia contra las capitalinas y la falta de acceso a la justicia para las capitalinas

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Viven revictimización, violencia y no acceden a la justicia
Autoridades capitalinas desconocen realidad que viven familias de víctimas de feminicidio
CIMACFoto: Sandra Segura Segura
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/12/2017

Mientras las autoridades de la Ciudad de México insisten en que existe una política pública en la capital para atender la situación de violencia contra las mujeres, organizaciones civiles señalan que la realidad que viven las familias de víctimas de feminicidio es distinta pues se enfrentan a trabas burocráticas, revictimización e injusticia, por lo que sí se necesita una Alerta de Violencia de Género.

A días de que el Grupo de Trabajo entregue el informe sobre la situación de violencia de género en la Ciudad el cual deberá contener las acciones que el gobierno capitalino debe implementar en 6 meses para hacerle frente a este tema, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, dijo en entrevista con esta agencia que es lógico que las autoridades aleguen sobre la posibilidad de poner en Alerta de Género a la Ciudad, pues no conocen la experiencia de las familias de víctimas de feminicidio en su andar por justicia.

“Nosotras acompañamos casos, vemos la ruta que realizan, la falta de acceso a la justicia, cómo está aumentando el tema de desaparición de niñas, desde la visión de las víctimas se ve un problema muy grave, pero la autoridad no lo mira así porque no es lo mismo atravesar ese viacrucis que estar en el gobierno”, comparó.

Las cifras también dan cuenta de este contexto: en menos de un año, de noviembre de 2016 a junio de 2017 la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) registró 101 casos de feminicidio, mientras que de 2015 a diciembre de 2016, reportó la desaparición de dos mil 494 mujeres, de las cuales quedan por localizar al 26 por ciento (644 en total).

Cabe recordar que la Alerta de Violencia de Género (AVG) fue, solicitada por el Observatorio junto con otras tres organizaciones civiles el pasado 7 de septiembre, lo que ha desatado algunas reacciones que afirman que en la capital no se necesita este mecanismo pues cuenta con las políticas públicas para atender la violencia de género, además, los asesinatos de mujeres “están por debajo de la media nacional”, afirmó la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, en una conferencia de prensa.

Sobre estas posturas Estrada recordó que el Grupo de Trabajo -un equipo autónomo de personas expertas en género- son las encargadas de aseverar si la capital del país requiere o no decretar la Alerta.

EL GOBIERNO SE ADELANTA…

El gobierno capitalino también informó de la actualización del “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio”. Cuestionada al respecto, María de la Luz Estrada dijo que las integrantes del Observatorio estuvieron de acuerdo con las reformas, pero en todo momento cuestionaron a las autoridades sobre su aplicación, “¿de qué me sirve tener un protocolo si el día de los hechos no se aplica?”, objetó Estrada.

Por ello recordó que el principal motivo de la AVG para la CDMX fueron las negligencias y omisiones con la que actúan las autoridades ministeriales y jueces frente a los casos de feminicidio, no la falta de instrumentos legales con los que cuenta para actuar.

“No están resguardando la cadena de custodia, no están enviado los casos de muertes violentas a la Fiscalía especial, no están protegiendo a las mujeres que denuncian violencia familiar. El protocolo no va a servir  si no se realiza un mecanismo de vigilancia para saber cómo lo aplican”, señaló Estrada Mendoza.

Los únicos que sufren en estas faltas y letargos son las familias de las víctimas, enfatizó la coordinadora del Observatorio e invitó a las autoridades “a sentarse con las organizaciones a revisar los casos de feminicidio, para que de viva voz pueda darse cuenta de la magnitud del problema”.

Otra de las medidas que anunció el gobierno de la Ciudad fue la creación de un sistema de información de las denuncias de violencia de género, y la conformación de una Comisión local de Atención a Víctimas, la cual contará con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Asimismo Luz Estrada refirió que pese a que se avecina el próximo proceso electoral para elegir a la jefatura de gobierno, las organizaciones civiles vigilarán que el gobierno cumpla con las recomendaciones emitidas en el informe: “nuestro único objetivo es salvaguardar la vida de las mujeres”, dijo.

17/HZM/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Interpondrán denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado
Integrantes de la CTM agreden a reporteras de Oaxaca
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 31/10/2017

Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), agredieron ayer lunes a las reporteras oaxaqueñas Alondra Olivera y Sayra Cruz, cuando daban cobertura al conflicto interno en este sindicato afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alondra Olivera quien labora en Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y es corresponsal de La Silla Rota, así como Sayra Cruz, reportera del Imparcial y de Fórmula Oaxaca, entre otros medios locales, habían acudido a las oficinas de la CTM para dar cobertura a la manifestación de quienes exigían la restitución de Álvaro Reyes Sánchez, dirigente depuesto por Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la CTM.

Dentro del lugar, al cual ingresaron por una convocatoria a rueda de prensa, fueron rodeadas por al menos 30 personas del sexo masculino que son identificadas como grupos de choque al mando de Reyes Sánchez.

El grupo que se caracteriza por un actuar violento y con cobijo de impunidad, amagó con quitarles su equipo de trabajo. A empujones y entre amenazas les exigieron mostrar sus teléfonos para cerciorarse que no hubieran tomado fotografías o audio de la asamblea que desarrollaban en el lugar.

De manera abusiva y con utilización de violencia verbal los cetemistas lograron revisar el celular de ambas reporteras, pues les hicieron saber que “nos vale madre lo que digan”.

A pesar de la forma violenta y lesiva a la ciudad en la que se ha conducido este gremio en los últimos días, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, recientemente reiteró a través de Twitter su alianza con el dirigente Álvaro Reyes, acto que ha envalentonado a los cetemistas.

Alondra Olivera, advirtió que por la agresión cometida por la CTM interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado, instancia que ofreció dar el acompañamiento.

Cabe destacar que hasta el primer semestre del 2017, Oaxaca se ubicaba dentro de los cinco estados con mayor número de agresiones cometidas en contra de periodistas con 23 casos registrados,

Los estados que encabezan la lista son Coahuila donde la cifra fue de 26. Veracruz y Ciudad de México empatan con 28 el número de atentados a la prensa, y Guerrero que al igual que Oaxaca registró 23.

Pero en el caso específico de violencia contra mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer AC, documentó en su informe "El poder del cacicazgo" que en el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización de 2014 se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.

“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.

Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.

17/CLV/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Conforman grupo de trabajo para AVG en CDMX
Grupo de expertas deberá visibilizar feminicidio y desaparición de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2017

Ahora que está conformado el grupo de especialistas para atender la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), su principal reto es realizar una investigación exhaustiva que dé cuenta de la creciente violencia contra las capitalinas y cuestione al gobierno sobre las acciones que hace para frenarla.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dio a conocer el 19 de octubre los nombres de las especialistas que integran el Grupo de Trabajo: son dos académicas que radican en la Ciudad de México; la abogada y criminóloga feminista, Iris Rocío Santillán Ramírez y la doctora en estudios de la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón.

De carácter nacional seleccionó a la doctora en derecho y defensora de los derechos de las mujeres, Aleida Hernández Cervantes, y al maestro especializado en estudios demográficos y género, Carlos Javier Echarri Cánovas.

A decir de activistas, el Grupo de Trabajo deberá integrar un informe sólido enfocado en las dinámicas y particularidades del feminicidio en la capital, la violencia comunitaria contra las mujeres, y demostrar que la desaparición de las mujeres en la Ciudad puede estar relacionada con grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

Así lo describió a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada, agrupación que en conjunto con el Centro Fray Francisco Vitoria, la Red “Todos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, solicitaron el pasado 7 de septiembre la alerta de género para las 16 delegaciones de la entidad.

LOS RETOS DE LAS EXPERTAS: TRATA Y FEMINICIDIO

Las organizaciones consideraron necesaria activar la alerta en la Ciudad, porque aunque es un referente de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, lo cierto es que también ocurren los niveles de violencia más altos contra la población femenina. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 2016, la capital del país ocupa el primer lugar de violencia en las calles, transporte, parques y otros sitios públicos.

Violencia que incrementa hasta sus niveles más extremos como es el feminicidio. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) en promedio mensual ocurren 5 casos de feminicidio en la urbe, tan sólo de 2015 a abril de 2017 inició 116 carpetas de investigación por este delito.

En suma, las familias de las víctimas enfrentan obstáculos para el acceso a la justicia y el debido proceso; son revictimizadas, las investigaciones no se elaboran desde la perspectiva de género, y reclasifican los casos a simples homicidios. Acciones recurrentes de las autoridades que han denunciado las organizaciones, como lo demostró el reciente asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, recordó Luz Estrada.

Por ello el Grupo de Trabajo deberá centrar su atención en el acceso a la justicia y la aplicación de protocolos para investigar el feminicidio, indicó la coordinadora el OCNF: entender en qué zonas y bajo qué circunstancias están asesinando a las mujeres y sobre todo, conocer “qué está haciendo la PGJDF para frenarlo”, precisó.

Asimismo en la desaparición de mujeres, las investigadoras tendrán que cuestionar el trabajo de dependencias de la Procuraduría como el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que ha sido pasiva y poco transparente ante las desapariciones sobre todo de niñas y adolescentes de la Ciudad, pues los datos son alarmantes, dijo Estrada.

Los propios datos de la PGJDF en este sentido, indican que de 2015 a 2016 se reportaron como “ausentes o extraviadas” dos mil 294 mujeres, de las cuales hasta la fecha faltan por localizar a 644, un 60 por ciento son menores de 17 años de edad.

“En este tema deben cuestionar por qué tenemos tantas mujeres desaparecidas, reconocer los modos operandi de los tratantes, y revisar qué está haciendo Capea y si está aplicando los protocolos de localización. Deben recordar que la Ciudad de México (con Puebla y Tlaxcala) es una de las rutas de trata de personas”, precisó la defensora de Derechos Humanos. 

NECESITAN MÁS EXPERTAS

Para concretar esta investigación la coordinadora del Observatorio sugirió que debe consultarse con más expertas en dichos temas, entrevistar a familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles.

De acuerdo con lo que presente el Grupo en su informe, el gobierno tendrá un plazo de 6 meses para cumplir las recomendaciones que de éste emanen, y de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG.

¿QUIÉNES SON?

La especialista en criminología es Iris Rocío, doctora en Ciencias Jurídico Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuenta con un master en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona; y por 18 años ha realizado investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, por lo cual recibió en 2015 la Medalla Omecíhuatl.

La otra investigadora de la capital, Marta Torres Falcón, es doctora en relaciones de género por parte de la UAM y cuenta con una especialización en Estudios de la Mujer por El Colegio de México. También ha sido consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y es autora del libro “Las enseñanzas de Alicia y la cultura de la no violencia. Una visión de género”.

Javier Echarri es maestro en demografía por El Colegio de México, institución de la cual también es maestro estudios urbanos y ambientales. En materia de género coordinó en 2011 el Programa Salud Reproductiva y Sociedad, fue investigador en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud.

Por último, está la doctora en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aleida Hernández, quien es docente en dicha universidad en investigación feminista y perteneciente a la Red de CONACyT “Ciencia, tecnología y género”. 

Además de las académicas seleccionadas, en el Grupo de Trabajo también debe participar una representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -quien se encarga de coordinar el equipo-, una representante de Conavim y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

17/HZM/LGL

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   CRÓNICA
   Sociedad civil se organiza para ayudar
19 de septiembre: los estragos del sismo
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: Anayeli García Martínez, Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/09/2017

Incertidumbre y rabia contenida permanecieron presentes casi 24 horas después del sismo de 7.1 grados que el 19 de septiembre de 2017 cimbró la Ciudad de México cuando cientos de mujeres, hombres, jóvenes y niños, salieron a ayudar, algunas con guantes y palas, otras con alimentos o medicinas, muchas más sin nada en las manos pero con todo el ánimo de prestar su tiempo y sus fuerzas para las labores de rescate.

Los estragos de la tragedia y el fantasma de 1985 apenas hacían visibles en la colonia Condesa, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, en la capital del país, durante el amanecer del miércoles y por las calles ya había grupos de personas con chalecos de colores amarillo o naranja fosforescente caminado rumbo a los edificios colapsados en la calle Ámsterdam.

Entre la multitud que llenaba las calles de la Condesa estaba Mónica, una joven que llegó a la zona afectada con pala, chaleco y guantes; ya en el lugar le dieron un casco con el logo de una empresa cervecera y un cubrebocas como forma de protección para el polvo y el olor a gas que impregnó el ambiente de alrededor tras los daños a tuberías y tanques de combustible.

Apenas 24 horas antes Mónica estaba en su oficina, en el piso 11 de las oficinas de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cerca del metro Juanacatlán, un edificio ubicado en la colonia Condesa. “Justo acabábamos de entrar del simulacro. Teníamos reunión y la alarma empezó a sonar como 30 segundos después del sismo”, recuerda.

Como muchas personas, a las 11:00 horas del 19 de septiembre, en la conmemoración de los 32 años del sismo de 1985 que derrumbó gran parte de la capital, ella participó en el simulacro: bajó escaleras con calma, no gritó, no corrió. Fue parte del acto y regresó a su oficina, subió los once pisos y se alistó para una junta.

Los minutos pasaron y a las 13:14 horas regresó la tragedia. “Incluso hubo quienes pensaban que estaban mareados por el simulacro”, así sucedió hasta que el movimiento que mecía de un lado a otro el edificio pasó de ser una sensación lenta a una aterradora.

En la tarde del miércoles, en los noticiarios se habló de un colegio derrumbado con niñas y niños atrapados, de una fábrica textil caída con trabajadores que quedaron dentro, de un edificio familiar caído con personas vivas, amas de casa, quizá.

Un día después del sismo, Mónica regresó a la Condesa, recorrió las calles impregnadas de polvo, vio el suelo lleno de pequeñas piedras, restos de concreto, vidrios rotos, algunos edificios acordonados con cinta amarilla porque tienen fracturas o cuarteaduras en sus fachadas.

Llegó al parque España a las nueve de la mañana del 20 de septiembre. Los grupos organizados le pidieron que clasificara víveres. Separar alimentos, latas, bolsas y agua, empacar medicinas, agrupar productos, acomodar. Aquello que sus manos pudieran hacer. Después le dieron su casco; era hora de ir a los escombros.

La gente fue tanta que los voluntarios sumaban decenas y el Ejército y la Policía Federal ya tenían resguardados los edificios derrumbados. Mónica fue una de las que quedó a la espera de recibir indicaciones, saber a dónde desplazarse, dónde sus manos podrían ser útiles. Allí permaneció, a la espera.

A 24 horas del sismo

DIANA Y KARLA

Al igual que esta mujer hubo otras que no podían con la impotencia. Su ciudad sigue erguida pero las construcciones cayeron en segundos. Diana fue de las que salió a ayudar. Vive en la Condesa y decidió que no podía quedarse en casa mientras por televisión veía lo que sucedía a unas calles cerca de su hogar.

Diana habló con su madre, su hermana, su hermano y su novio. Los cinco salieron. Se volvieron parte de ese ejército ciudadano que esperaban órdenes para actuar, de aquellos que están junto a los soldados del Plan DN-III que se despliega en situaciones de desastres naturales.

“Como muchas chicas somos estudiantes, no hay mucho dinero pero en lo que podamos ayudar. Tenemos una hora, poco tiempo, uno llega, pregunta qué puede hacer y ya, decides apoyar”, dijo.

Frente al parque España, cerca de los convoy verde olivo de los militares había una larga fila donde jóvenes entusiastas esperaban recibir herramienta para salir en brigada a algún punto. Allí estaba Karla, la hermana de Diana, ambas recibieron unos guantes negros y se los pusieron.

Un hombre con casco llegó a la fila y alzó la voz sin gritar. “Vamos a Gabriel Mancera, alguien quiere acompañarnos”. La fila se rompió y los jóvenes lo siguieron, pasos adelante estaba el camión de construcción, de esos que sacan escombros. Era un camión grande y Diana y Karla hicieron un esfuerzo para tratar de trepar y subir.

A 24 horas del sismo

Un día antes, a la hora del siniestro, Diana estaba en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y Victoria en la Escuela Secundaria Técnica 4, ahora ambas se esforzaban por subir al transporte de carga. Se acercaron a los hombres, apoyaban a otras personas para cargarlas, y que pudieran escalar y subir. El camión se llenó y se fue.

Mientras unas están en un ir y venir buscando dónde ayudar, otras se han instalado frente al Centro Hospitalario Sanatorio Durango. En el camellón del cruce de las calles Sonora y Durango se instaló un centro de acopio donde las mujeres lo mismo organizan que empacan, o igual cargan cajas.

En este lugar, donde desde lejos se ven los bultos de alimentos y de botellas de agua, está Victoria. Ella llegó antes de las 10 de la mañana a preguntar qué podía hacer. Victoria tiene un cubrebocas azul y habla mientras sus manos colocan rebanadas de jamón en pan blanco, prepara sándwiches para los brigadistas.

No sabe cuánto tiempo estará allí pero será el necesario, no puede quedarse sin hacer nada. Han pasado 48 horas y el Gobierno de la Ciudad de México ha reportado 137 personas sin vida, 38 inmuebles colapsados y varios edificios que deben ser revisados porque resultaron afectados. Nuevamente en la calle mujeres y hombres vuelven a salir.

A 24 horas del sismo

TENEMOS VIDA

Natalia está sentada frente a la vivienda de siete pisos ubicada entre la Avenida Xola y Lázaro Cárdenas, en la colonia Narvarte, donde vivía con otras 27 familias. No tiene fachada, es posible ver el interior de los departamentos, los cimientos están del lado y el transporte que pasaba de frente se detuvo por un posible colapso.

Lo contempla. Ella laboraba como trabajadora del hogar de planta ahí, estaba en el primer piso cuando comenzó el sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México, pero le fue imposible descender por la fuerza del movimiento, solo vio la fachada y los muebles derrumbarse.

Y es que el sismo no termina cuando deja de moverse la tierra, sus efectos continúan después: demoler los edificios, restaurarlos, reconstruirlos, resarcir el miedo y la angustia que generó a la población.

Natalia -con un semblante perdido- relata que no sabe a dónde irá, todas sus pertenencias quedaron adentro, solo cuenta con la ropa que lleva puesta y por ahora durmió con los familiares de sus empleadores.

En ese momento alrededor de las 11 de la mañana -casi 24 horas después del temblor- llegó un integrante de protección civil, les informó que no podrían ingresar al edificio hasta la evaluación de los daños, esto podrá tardar quizá dos días o más “por las prioridades en otras zonas”, les explicó a los vecinos.

Vecinos de vivienda dañada en Av. Xola y Lázaro Cárdenas dialogando con protección civil

A pesar de la noticia, Marco, habitante de uno de los departamentos, sonríe, comienza a organizar otro grupo de guardia para las siguientes 8 horas, los que estuvieron toda la noche despiertos se van a dormir al albergue que organizaron en un salón de fiestas a una cuadra. Saben que la espera será larga, no hay policías federales, Ejército o Marina, entre ellos se protegen.

Una vez que coordina, se vuelve a parar frente al edificio, le sorprende ver su hogar agrietado y sin ventanas, dice, con un tono de serenidad, que entiende la decisión de protección civil, porque aunque queda poco de lo material, están vivos.

CADENA HUMANA

Antes de llegar a los sitios de rescate y acopio, un silencio desolador invade las calles, no hay locales abiertos, ni personas, la cotidianidad de la Ciudad de México se interrumpió. Todas las bicicletas, motocicletas y algunos coches que transitan llevan un destino en común, las colonias Roma y Condesa, una de las principales áreas afectadas de la urbe.

En el Parque Jorge Pushkin, ubicado en la colonia Roma, en la esquina de las avenidas Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, se concentra un centro de acopio con alrededor de 50 jóvenes, gente adulta, niñas y niños. Están organizados como si siempre hubieran estado preparados para una catástrofe.

Agiles, abren caja y crean paquetes para juntar productos de higiene (jabones, toallas sanitarias, pañales, papel), otros están en la comida enlatada y agua, por último, están aquellos que ordenan material médico. En la mayoría las mujeres están al mando, llevan ya 24 horas trabajando desde que ocurrió el temblor.

Ciclistas voluntarios en la calle de Chihuahua en la colonia Roma, descansado en un comedor comunitario

La coordinación es precisa, detalla una voluntaria que vive en la zona. Tras un rastreo que realizaron las personas ciclistas, envían los productos necesarios a zonas de derrumbe para rescatistas. Los carros de particulares y motocicletas se convierten en transporte de carga que, como en caravanas, salen repletos de víveres donde se les ordena.

En tanto, los habitantes de la ciudad y alrededores no dejan de llegar con alimentos y materiales. Todos quieren ayudar. Vienen vestidos como si tuvieran un uniforme: casco, tapabocas, cajas, bolsas y herramientas pesadas en las manos. Buscan los sitios en los puedan brindar una mano, están dispuestos a remover escombros, empaquetar, regular el tránsito.

Ahora los relatos de padres, madres y gente adulta sobre “el temblor del 85” cobran sentido. No saben si es casualidad, pero ahora les tocó a ellos vivirlo el mismo día, 32 años después, comentan tres jóvenes en la calle Álvaro Obregón quienes también se sienten orgullosos por la solidaridad que demuestra la gente.

EL SILENCIO SIGNIFICA ESPERANZA

La notificación de derrumbes o acordonamiento de edificios con graves daños en sus estructuras continúa en la colonia Roma. En la calle de Orizaba se encontraba un grupo de rescate a la mañana siguiente del temblor; ahí, se cayó una torre del Instituto Renacimiento, donde se imparten clases en tres niveles escolares: primaria, secundaria y preparatoria.

Joven ayudando a remover escombros en escuela de la calle Orizaba, en la colonia Roma.

El tiempo para quitar los escombros es apremiante, existe el temor de que alguien esté debajo. Las filas humanas conformadas por hombres, jóvenes y mujeres pasan una tras otras cubetas llenas de cascajo, trabajan lo más rápido que pueden. Algunos solo paran a tomar agua o hacer un relevo, pero las labores no se detienen.

Martha esperaba en el camellón con sus cuatro hijos. Venían desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, solo pensaban dejar algunos víveres pero se unieron a las brigadas. Sus hijos insistieron en ayudar. La distancia a su hogar no importa, estaban dispuestos a pasar la noche de ser necesario, “es momento de ayudarnos”, decían.

Aproximadamente a las cuatro de la tarde los rescatistas ahí congregados levantaron el puño que significaba que había que guardar silencio. Después de unos minutos se escucharon aplausos y la confirmación de que no había nadie bajo los escombros.

Algunas madres de hijos e hijas que estudian ahí comenzaron a llorar, felices porque no se reportó ninguna persona herida, una de ellas preguntó a la directora de la institución “¿Qué va pasar con la escuela? ¿Cómo podremos ayudarla?”. Sin respuesta, ambas se abrazaron.

TENEMOS MIEDO DE REGRESAR

En la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay figuras de plástico regadas. El sismo del martes las tiró de los muebles que guardan el material, al igual que a los lockers de las terapistas ocupacionales, quienes hasta hoy desconocen cuándo retomarán sus actividades.

Unidad de Medicina Física tras sismo

Afuera, cientos de personas recorrían las calles de la delegación Coyoacán con donaciones, otras llevaban palas y cascos para retirar escombros de las casas que cayeron.

El sismo de 7.1 grados Richter comenzó a las 13:14 , una hora antes de que terminara el turno matutino en la Unidad ubicada en Calzada del Hueso donde se atiende a personas con discapacidades congénitas y lesiones físicas producto de accidentes.

Cuando inició, Viridiana estaba en el primer piso y abrazó a dos de sus pacientes, una mujer y un hombre mayores de 60 años, para tranquilizarlos. Entre lágrimas, los tres se replegaron a la pared, pues fue la instrucción que Viridiana recibió dos horas antes, durante el simulacro conmemorativo al terremoto de 1985.

En el área de terapia para niñas y niños las terapistas Claudia y Jaqueline esperaron junto a sus pacientes que el temblor terminara.

Los daños al inmueble son evidentes: vidrios rotos, en el piso hay pedazos de las paredes; en la planta baja, en el gimnasio para los pacientes de terapia física, una lámpara cayó del techo. Son las 12:00 horas del miércoles y las y los trabajadores esperan en el patio. “Vinieron cinco personas de protección civil, dicen que la estructura no se dañó, pero tenemos miedo de regresar, no podemos irnos porque somos personal de salud”, narró una de las terapistas.

Unidad de medicina

ACONDICIONAN LUGARES PARA PASAR LA NOCHE

La Unidad de rehabilitación no fue la única con daños. A un costado, el primer piso del Hospital General de Zona 32 está cerrado. Los salones de fiesta ubicados en Calzada Las Bombas, a 300 metros de la unidad médica, hoy funcionaron como hospital. Ahí, varios pacientes fueron trasladados en sus camillas mientras enfermeras y doctoras dan consultas externas para las personas que lo necesitan.

Han pasado más de 24 horas tras el sismo y dos cosas son evidentes en la gente de la zona: el temor por entrar a sus casas ante una réplica y la intención de ayudar.

También sobre Calzada Las Bombas, en la colonia Rancho Las Cabañas, frente al Hospital de Traumatología y Ortopedia, más de 100 vecinos instalaron casas de campaña y lonas para pasar el día y la noche.

Mientras repartían fruta y comida, las locatarias contaban que tras el temblor sacaron mesas, cobijas y comida de sus casas para repartir a sus familiares y conocidos. “No hemos dormido, tampoco queremos entrar hasta que las autoridades de la delegación nos entreguen un papel o un certificado donde nos garanticen que estamos seguras porque algunas paredes sí se dañaron”, contó una de las vecinas.

Sin duda la casa más afectada fue la de los familiares de Lupita, una mujer que vive desde hace más de 40 años en la colonia. Ella salió, dejó su casa y corrió con su cuñada para ayudarla a sacar a sus sobrinos de 1 y 3 años de edad. Lograron salir, pero una fuga de gas provocó una explosión que alcanzó a las dos mujeres y a los menores de edad.

Lupita fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, donde curaron sus quemaduras de segundo grado en brazos y piernas. “Me dieron de alta casi luego luego porque había mucha gente que llegó de urgencia”, señaló, y preocupada recordó que aún espera el diagnóstico de sus familiares. Vecinas y vecinos se acercaron con ella y platicaron, le prometieron ayuda.

Las muestras de solidaridad no son sólo locales. Familias enteras estacionan sus camionetas con cartulinas y hojas pegadas en las que se leen las frases “acopio móvil”, “llamadas y mensajes gratis”, “se regala comida” o “transporte gratis”; se acercan para preguntar qué necesitan.

Al menos cada 20 minutos se escuchaban las sirenas de patrullas y ambulancias que recorrían la zona y transitaban con dirección al sur, pasaban por Miramontes rumbo a Xochimilco, delegación que reportó al menos 52 construcciones derrumbadas.

En ese trayecto, sobre Miramontes, caminaban hombres y mujeres jóvenes con cubrebocas, cargando bolsas de víveres, medicamentos y palas que llevarían a alguno de los centros de acopio improvisados por las y los habitantes. Sobre esa avenida, frente a Galerías Coapa -en donde también se quebraron paredes y vidrios- en Rancho de los Arcos, personas de todas las edades ayudaban a retirar los restos de la plaza Los Girasoles, que, según los vecinos se derrumbó al terminar el temblor.

En la otra esquina dos niñas de 12 y 13 años de edad gritaban “¡Se reciben donaciones, ayuden a la gente!”, detrás de ellas su abuela y su abuelo guardan en bolsas de plástico las donaciones y mencionan que más tarde las llevarían a Morelos, el lugar del epicentro.

Más adelante en la Calzada de Las Brujas, a unos metros del colegio Rébsamen, donde hasta esta tarde continuaban las labores de rescate, una fila de 20 automóviles esperaban su turno para llegar al centro de acopio que vecinas de la zona instalaron desde las ocho de la noche del 19 de septiembre, cuando personal de la Secretaría de Marina no les permitió acercarse al colegio para ayudar como voluntarias porque, les dijeron, “personal capacitado se haría cargo”.

Mujeres regalan comida a voluntarios en Miramontes

La gente esperaba en sus vehículos para llenarlos con donaciones y personas voluntarias para trasladarlos a las zonas donde se requerían.

Más de 100 personas, jóvenes, adultas y menores de edad, afirmaron estar dispuestas a hacer turnos y esperar ahí los días que sean necesarios. También ofrecen comida al personal de la Marina y la policía capitalina que resguarda la zona.

Las jornadas del personal de seguridad tampoco terminarán pronto. Luz, una policía de tránsito, mencionó que tuvo que dejar su casa en Ecatepec, en el Estado de México, para llegar al lugar desde las siete de la mañana y asegura que junto con sus compañeras pasarán muchas horas más. “Ahorita sí me gustaría estar con mi hija, pero me toca estar aquí y sí tenemos trabajo porque es un caos, los semáforos siguen sin funcionar”.

FOTOGALERÍA COMPLETA AQUÍ:

A 32 años, sismo de 7.1 sacude la Ciudad de México

17/AGM/HZM/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   OCNF pide que se investigue con perspectiva de género
Mara: el hartazgo ante violencia de género y la pasividad del Estado
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.

Ricardo N. fue detenido el 12 de septiembre, y el cuerpo de Mara localizado tres días después de la detención del chofer, el 15 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que Mara había sido asesinada por el conductor del taxi y su cuerpo con signos de violencia sexual fue arrojado en una barranca cercana a los límites con el estado de Tlaxcala.

El feminicidio de Mara Castilla, subrayó en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) fue resultado de la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, regiones en las que a falta de una articulación interestatal para frenar la violencia hacia las mujeres, ya ha cobrado la vida de 82 poblanas este año, según los registros de organizaciones civiles.

El OCNF exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad y a las autoridades estatales de justicia, que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, e indagar a fondo al transporte privado de taxis utilizado por la adolescente para deslindar si participó o no en el crimen.

El Observatorio indicó que los protocolos de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba) no están operando de manera efectiva en una zona conocida por tener el principal corredor de trata de personas en México (Puebla-Tlaxcala), ya que en los protocolos se indica explícitamente que las primeras 72 horas de investigación son vitales para hallar con vida a las mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 a 2015 desaparecieron 780 mujeres tan sólo en Puebla, con un perfil muy concreto, son mujeres entre los 15 y 29 años de edad.

Por ello, la organización urgió a ambos gobiernos a investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual que existen en la región de Puebla y Tlaxcala.

El Observatorio recordó que el feminicidio de Mara Castilla no es un caso aislado sino parte de la problemática estructural de violencia perpetrada contra las mujeres y por ello es que se ha solicitado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala. La primera fue desechada y la segunda sigue en espera de ser aceptada o no, por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”, se pronunció en el documento el OCNF conformado por 40 asociaciones civiles.

Al llamado y repudio por el feminicidio de Fernanda Castilla, también se unió el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) que demandó al Estado mexicano generar mecanismos adecuados para erradicar la violencia contra la población femenina, como lo dispone la Constitución mexicana, los tratados internaciones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

MUJERES, PROTESTAN PÓR FEMINICIDIO EN ESTADOS

Tras la noticia del feminicidio de Mara, organizaciones civiles convocaron a protestar en varios puntos y ciudades del país el 17 de septiembre. En Puebla, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guadalajara, se realizaron marchas simultáneas.

En Puebla se convocó a iniciar la protesta desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) institución donde estudiaba Mara Castilla, para dirigirse a la explana central del municipio, donde organizaciones civiles pidieron declarar en Alerta de Violencia de Género a Puebla.

Mientras, en la Ciudad de México mujeres, adolescentes y familias acompañas de niñas, vestidas de morado, con banderas y pancartas en las que expresaban su rechazo a la violencia que enfrentan en su cotidianidad, caminaron a partir de las 12 de la tarde desde la explanada del Zócalo al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) donde concluyeron con llamados a impartir justicia y la protección de sus vidas.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Ricardo Alexis N. será juzgado por el delito de feminicidio y actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales.

17/HZM/LGL








NACIONAL
   Se incrementan casos por vía perinatal
   
60 de cada 100 defunciones de mujeres por sida se concentra en 6 delegaciones
Imagen retomada del portal PruebadeMéxico.com.mx
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/07/2017

En la capital del país, seis delegaciones acumulan 66 por ciento del total de las defunciones de mujeres que desarrollaron sida, en su mayoría son mujeres pobres, desempleadas y con estudios de primaria únicamente.
 
El estudio “Causas de mortalidad en personas con Sida en la Ciudad de México” publicado en 2016 y elaborado por la Clínica Especializada Condesa, reveló que de 2012 a 2014, fallecieron en la capital, un total de 244 mujeres por el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (Sida), la mayoría en las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.
 
El diagnóstico destacó que las mujeres murieron por alguna enfermedad derivada del VIH/Sida, fueron diagnosticadas de manera tardía y presentaban niveles socioeconómicos más bajos que los hombres que fallecieron por la misma razón. Un 50 por ciento sólo había cursado la primaria, 70 por ciento no tenía empleo, y en promedio eran mujeres en edad adulta entre 43 a 68 años de edad.
 
El estudio señaló que en el caso de los hombres, 80 por ciento tenía un empleo y hasta un 72 por ciento contaba con estudios de preparatoria o universidad.
 
A partir de datos recopilados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para este estudio, las delegaciones en las que residían las mujeres con VIH/Sida que fallecieron en ese periodo pertenecía a la delegación Iztapalapa (42 mujeres) es decir este lugar concentró un 17 por ciento del total de los fallecimientos.
 
El panorama no es menor en el resto de la ciudad, como puntos rojos también destaca la delegación Azcapotzalco con 32 casos, seguida de Coyoacán con 24, Cuauhtémoc 22, Álvaro Obregón registró 21 y la delegación Tlalpan 20.
 
En total estas seis delegaciones acumulan 66 por ciento del total de las defunciones de mujeres que desarrollaron sida, aunque los casos también persistieron en sectores como en Miguel Hidalgo (18), Venustiano Carranza (16) e Iztacalco (13).
 
De acuerdo con el estudio de la clínica especializada en VIH de la capital, la causa que representó un 50 por ciento de las defunciones de mujeres con VIH/Sida fue el deterioro del hígado, después destacan las infecciones respiratorias e infecciones de bacterias.
 
VIH EN MUJERES CONSTANTE EN 2016
 
En tanto, los casos de contagio de VIH en mujeres se mantienen en la capital, tan sólo en 2016 la Clínica Especializada Condesa realizó 9 mil 798 pruebas para detectar VIH. De éstas, tres por ciento resultó con un diagnóstico positivo (246 mujeres). De ellas, tres por ciento tenía una pareja VIH positiva.
 
El informe también detalló que los servicios de salud públicos en la Ciudad de México lograron reducir hasta un 30 por ciento el diagnóstico tardío de VIH, lo que convierte a la capital en la entidad donde más temprano se diagnostica la infección en todo el país.
 
Durante 2016 en su programa institucional de prevención de la transmisión de VIH por vía perinatal, se diagnosticó un caso de este tipo y se dio tratamiento a 36 mujeres embarazadas seropositivas que tenían un diagnóstico previo.
 
La persistencia de estos casos hizo que este año la clínica integrara el Comité de Prevención de la Transmisión Perinatal de VIH en la Ciudad de México.
 
Cabe recordar que en México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 para la prevención y control de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, donde en su apartado 5.6.5 obliga al Estado a proveer información de prevención de la transmisión perinatal a mujeres con VIH, y en caso de desear el embarazo, dar un seguimiento y tratamiento oportuno.
 
17/HZM








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