PGR

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NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Consejo Consultivo de Protección para Defensoras y Periodistas
   
Reprueba espionaje y pide a OEA y ONU sigan de cerca al país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente” intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
 
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa NSO Group.
 
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
Además, al director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y a los periodistas: Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata. Ellos y ellas pidieron explicaciones a Peña Nieto y presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
Ante esto, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunciaron en un comunicado que rechazan estas políticas de espionaje, situación que se agrava cuando incluye adolescentes y dos de las instituciones que formar parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo: la PGR y Segob.
 
“Resulta de gran relevancia para el Consejo Consultivo del Mecanismo que la PGR y Segob hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger y respetar, como la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de DH, a la legalidad y la obligación de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, expusieron.
 
En este sentido, el Consejo Consultivo del Mecanismo hizo las siguientes exigencias:
 
1) La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de presentar al Consejo, un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de DH.
 
2) Que la Junta de Gobierno del Mecanismo cumpla las medidas cautelares dictadas por la CNDH en relación a este caso.
 
3) Que a la brevedad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realice una audiencia pública sobre este caso y cite a compadecer ante el Senado a los funcionaros públicos que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos.
 
A TRES MESES DEL ASESINATO DE MIROSLAVA
 
Señala también el Consejo Consultivo que este tema del espionaje contra personas defensoras de DH y periodistas se suma a los casos de agresiones, múltiples desapariciones, acoso judicial, amenazas y seguimiento a que se enfrentan. 
 
Entre estos casos de agresiones está el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cometido un día como hoy de hace tres meses, así como el homicidio del periodista Javier Valdez.
 
En memoria de Miroslava, y para reiterar la exigencia de justicia en su caso, hoy en Chihuahua el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,  dijo que ese organismo “va a seguir vigilando y exigiendo justicia en todos los casos vinculados contra agresiones a periodistas”.
 
Y exigió “a la Procuraduría de Justicia de México que cumpla investigando, siguiendo la línea lógica” de que el asesinato de Miroslava “fue parte del ejercicio del periodismo”.
 
Al llamodo se unió el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Jan Jarab, quién pidió justicia para Miroslava y otros periodistas asesinados durante el año, “porque la mayoría de estos crímenes ha quedado impunes, y se debe superar esta tortura en México”, concluyó.
 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
 
Por otra parte, el Consejo Consultivo reconoció que el Mecanismo de Protección no ha logrado articular una política de Estado capaz de dar solución a estas agresiones, y dar garantías que no se vuelvan a repetir, por lo que quedan “como un esfuerzo aislado que a la fecha, sigue sin ser suficiente”.
 
Además, observan serias deficiencias en la protección a personas en riesgo que acuden al Mecanismo, reflejo, aseguraron, de la “cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conformar la Junta de Gobierno, como es el caso de la PGR”.
 
“Nos hemos mantenido dentro del Mecanismo por la convicción de brindar adecuada y urgente protección a las personas beneficiarias, especialmente quienes están en condiciones de mayor riesgo por ser mujeres, indígenas o por desarrollar su vida profesional en entidades federativas o municipios con escasa o nula presencia del Estado”, señalaron.
 
Con ello, el Consejo reiteró la necesidad de desarrollar una política integral de prevención y protección de personas defensoras y periodistas, que vaya más allá del funcionamiento del Mecanismo, que incluya: investigaciones adecuadas y efectivas, dirigidas a identificar y sancionar a los agresores; campañas de reconocimiento de la labor de periodistas y defensores; adopción de marcos legislativos que no criminalicen o restrinjan defender DH o ejercer el periodismo.
 
Por ello instaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas “a que sigan muy de cerca lo que ocurre en nuestro país”.
 
Los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo que firmaron son; Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola.
 
17/HZM/GG








OPINIÓN
Feministas y académicas en defensa de la Constitución Política de la CDMX
Imagen retomada de twitter de Reforma Política DF
Por: Aimée Vega Montiel*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/08/2017

Académicas y defensoras de Derechos Humanos feministas, participantes en el proceso público de la Constituyente, presentan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un Amicus Curiae con el objeto de sumarse a la defensa integral del texto completo del Decreto de Constitución Política de la Ciudad de México y de aportar argumentos en torno a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), en particular en dos de los conceptos de invalidez presentados por esta institución, el quinto y séptimo, en los que se argumenta explícitamente una afectación a los derechos de las mujeres. Lo que este grupo de especialistas feministas analiza y argumenta, es que no existe tal afectación.
 
En lo que refiere al quinto, la PGR se manifiesta en contra de todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos, lo que el grupo de expertas considera una vulneración a los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1 de la Constitución.
 
En lo referente al séptimo, la PGR se manifiesta en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que constituye una violación a los Derechos Humanos de las mujeres.
 
En el Amicus Curiae, el grupo de especialistas evidencian que no existe una afectación de la Constitución de la Ciudad de México a los Derechos Humanos de las mujeres ni a la igualdad de género, y que no existe contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sería el requisito para que procediera la declaratoria de invalidez de cualquier norma de carácter general.
 
*Académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

17/AVM








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
“Nada que celebrar”, dijeron las madres al tomar la calle
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz *
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017

El pasado 10 de mayo, cuando en muchos hogares mexicanos se celebraba el Día de las Madres, miles de madres en todo el país y cientos en el estado de Morelos tomaron las calles bajo la consigna “no tenemos nada que celebrar”.
 
En sus voces y su determinación se escuchaba: somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México y de las y los miles de asesinados, secuestrados, víctimas de la trata, que hoy salimos a las calles, en por lo menos 12 ciudades del país, a exigir la presentación con vida de nuestras hijas e hijos, a exigir justicia para nuestras hijas víctimas de feminicidio, nuestros hijos asesinados y que siguen esperando justicia.
 
En la Ciudad de México, la marcha inició en el Monumento a la Madre y se dirigió hacia la Victoria Alada en Reforma.
 
En Cuernavaca, Morelos, marcharon desde El Calvario, hasta la Plaza de Armas al grito de: “esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” e “Hija, escucha, tu madre está en la lucha, hijo escucha, tu madre está en la lucha”.
 
Y frente al Memorial de las Víctimas, en las Puertas del Palacio de Gobierno de Morelos, levantaron sus voces para decir: hoy, desde este lugar que es un homenaje a las víctimas de la indolencia de las autoridades de justicia de todo el país, y muy especialmente del Poder Judicial del Estado de Morelos, que deja libres a asesinos, secuestradores, tratantes, integrantes de la delincuencia organizada, o que permite que niñas de 10 a 14 años desaparezcan cotidianamente en Morelos y en todo el país y a quienes se les niegan las órdenes de restricción o el acceso a la justicia.
 
También convocaron a todos los colectivos y organizaciones que trabajan buscando desaparecidas y desaparecidos a que unan sus voces a las suyas para exigir que todas las Fiscalías Estatales abran e identifiquen todos los cuerpos que depositaron en las fosas comunes sin identificar, como se hizo en el Estado de Morelos en Tetelcingo y Jojutla. Ya que la ex procuradora, Marisela Morales, reconoció en su última Reunión Nacional de Procuradores, que cincuenta y cinco mil cuerpos fueron enviados a fosas comunes sin identificar. Las desapariciones no voluntarias se constituyen en desapariciones forzadas por inacción  y negligencia de las autoridades que no les buscan.
 
Cuántas madres, más de treinta y un mil, encontrarían la paz sabiendo cuál ha sido el destino de sus hijas e hijos, dejarían de padecer la zozobra, la angustia que viven cotidianamente sin saber de sus hijas e hijos, sin saber si viven o están muertas o muertos, si comen, si pasan frío, una verdadera tortura alimentada por la esperanza de que un día abran la puerta y les digan ya llegué mamá, estoy bien.
 
Así mismo, exigieron al Gobierno de Morelos que, en coordinación con la PGR, la Policía Científica de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hagan un rastreo detallado en las tres fosas clandestinas que se han detectado en la zona Sur-Poniente, con el propósito de buscar a sus hijas e hijos.
 
También, exigieron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos en vida, no sólo sin vida.
 
Exigieron una “limpia” generalizada de los cuerpos policiacos y de las Fiscalías Generales Estatales y la Procuraduría General de la República para erradicar la corrupción, la infiltración de la delincuencia organizada, la complicidad  que genera impunidad.
 
Exigieron la aprobación de la Ley General de Desapariciones Forzadas, con la participación de todos los colectivos y OSC que trabajan el tema, pero, sobre todo, se unieron a la consigna de que “sin las familias no”.
 
Las madres integrantes de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, como miles de madres en todo el país el 10 de mayo, dejaron claro que no tienen nada que celebrar, pero que salieron a las calles con el corazón roto, “para que sepan nuestras hijas e hijos que sus madres las y los siguen buscando, que siguen exigiendo justicia y que se actúe con la debida diligencia, hasta alcanzar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.
 
Una vez concluida la marcha y el acto político frente al Memorial de las Víctimas, las notas del mariachi surcaron el aire al tenor de “Amor Eterno” y “Señora”, en ese momento las madres y sus familias rompieron en llanto, que a duras penas habían controlado durante la marcha.

A las cuatro de la tarde, las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hicieron lo propio y al grito de ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! hicieron cimbrar el Paseo de la Reforma.
 
Y ese mismo día, 10 de mayo, un comando armado cegó la vida de una madre activista, en San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, a quien el Estado le falló cuando desapareció su hija Karen Alejandra Salinas, y le volvió a fallar cuando no la buscaron, ella la encontró en un fosa clandestina en San Fernando y también localizó a los culpables de su secuestro y feminicidio.
 
El Estado Mexicano le volvió a fallar cuando permitió que los culpables del secuestro y feminicidio de su hija huyeran de la cárcel y le falló por cuarta ocasión cuando no la protegió y permitió que un comando armado la privara de la vida.
 
#NiUnaMás
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sexta Marcha de Madres en búsqueda de personas desaparecidas
Ya superamos al Estado, que no asume la búsqueda de nuestras hijas e hijos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017

“Queridos hijos: buenos días les decimos siempre al amanecer… queremos sus sonrisas de vuelta, queremos sus sueños hechos realidad… queremos sus abrazos con nosotros. Cada día y cada hora los buscamos sin descanso, no habrá nada que nos lo impida…Y si nuestras vidas es el precio para que vivan, nuestras vidas entregamos para que vuelvan”.
 
Éste, es sólo un pensamiento de tantos plasmados en las pancartas que portaban las madres de personas desaparecidas- que según cifras oficiales al 31 de diciembre de 2015 sumaban 26 mil 898- y que esta mañana encabezaron la Marcha por la Dignidad Nacional, como desde hace seis años, del Monumento a la madre al Ángel de la Independencia.
 
Como cada 10 de mayo, colectivos de diversos estados de la República como Hidalgo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, entre otros, representados por madres de familia, se reunieron en el Monumento a la Madre, para exigir el derecho a la verdad y la justicia.
 

VI Marcha de la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas, Verdad y justicia | CIMACFoto: César Martínez López

 
La verdad, dicen ellas, porque necesitan saber qué pasó con sus hijas e hijos, quién se los llevó, dónde están, por qué se los llevaron, y la justicia porque si muchos de ellos ya no están con vida debe haber sanción para quienes se las quitaron.
 
Sí, las une el dolor –dicen- las une la impotencia, pero también la esperanza, aquélla con la que se levantan cada día, cuando creen que alguna autoridad “compasiva” por fin atenderá sus exigencias de justicia, cuando “algún encargado” de llevar la investigación de sus casos, toque a sus puertas para decirles que encontraron a su familiar.
 
La esperanza de encontrarlos vivos o muertos. Muchas, ya resignadas, pues el pasar de los años y el contexto actual del país, las hace dudar que sus hijas e hijos pudieran encontrarse con vida. “Por lo menos si está muerto, tener su cuerpo para tener un lugar donde llorarle”, dice en entrevista con Cimacnoticias Carmen Ortiz.
 
Ella viene de Querétaro. Desde hace seis años ha transitado el mismo trayecto para gritarle, dice, al gobierno, “que son unos ineptos buenos para nada”. Justo hoy, el Día de las Madres, su hijo cumple 7 años 6 meses de desaparecido y las autoridades, enfatiza, “no abundan en su investigación porque no quieren trabajar y no tienen interés en hacerlo”.
 
EL ESFUERZO DE ELLAS
 
La organización a la que pertenece, “Desaparecidos, justicia” en Querétaro, conformada por familiares de personas desaparecidas, ha encontrado a 12 personas, algunas con vida, otras no, y todo ha sido gracias al esfuerzo de ellas, de sus propias búsquedas con sus propios medios. Carmen recuerda una reunión que tuvieron en Los Pinos con Enrique Peña Nieto, quien les prometió que buscaría a todos y cada uno de sus hijos. A un año de terminar su sexenio, dice en tono molesto, no ha encontrado a uno sólo, nosotras tenemos que hacer todo.
 
Y este quehacer todo implica hacer sus propias investigaciones, desde estudiar leyes, hasta hablar con autoridades para exigir que los busquen, organizar brigadas de búsqueda junto con otras madres y familiares, en fosas, en cerros, en lugares abandonados a donde no llegan las autoridades; porque está claro que nosotras tenemos que hacer todo, reprochó María Guadalupe Aguilar, quien llegó de Jalisco para marchar esta mañana.
 

La VI Marcha de la Dignidad Nacional partió del Monumento a la madre al Ángel de la Independencia | CIMACFoto: César Martínez López

 
“Nosotras como madres tenemos que seguir buscando si los queremos encontrar, nosotras somos coadyuvantes, les damos todo ¡y nada! Llevo dos presidentes (Felipe Calderón y Enrique Peña), dos fiscales, dos gobernadores ¡y nada! Con todos me he reunido: innumerables reuniones…vamos y venimos, vueltas y vueltas, mesas de trabajo ¡y 6 años 5 meses y el caso de mi hijo igual!”.
 
Sí, me mantiene la esperanza. Si mi hijo pudiera escucharme hoy le diría que lo amo, que estos años me ha hecho mucha falta y que lo seguiré buscando aunque en esto se me vaya la vida.
 
ALGUNAS YA NO PUDIERON SEGUIR
 
Y sí. En el recuento de esta mañana se leyeron por lo menos 4 nombres de mujeres que este año ya no vinieron a marchar porque la enfermedad disfrazada de tristeza, de enojo, de coraje dicen ellas, las agobió tanto que no pudieron seguir.
 
“Es que son muchas mentiras”, dice María Eugenia Padilla, madre de un joven desaparecido en 2010 en Poza Rica, Veracruz, a manos, asegura ella, de la policía intermunicipal. “Las autoridades nos engañan, nos traen vueltas y vueltas. En una ocasión me dijeron en PGR que ya iba a haber consignaciones, pero luego resultó que siempre no. Nos engañan. Ése ha sido nuestro proceso: tocar puertas, encontrar gente mentirosa, autoridades coludidas que sólo simulan porque no hay seguimiento de los casos”.
 
Y agrega: “hay muchos compañeros que se han muerto poco a poco, desafortunadamente nadie hace nada porque encontremos a nuestros familiares. Vayamos a donde vayamos lo que encontramos es frialdad con las autoridades, nos pisotean, maltratan, insultan, ofenden y a nuestros desaparecidos también cuando dicen que ‘en algo andaban metidos’.
 
“La esperanza no la vamos a perder en tanto no tengamos a nuestro familiar desaparecido, pero hasta en eso las autoridades también nos mienten, ya mira usted lo que ha pasado con las mamás de todas las jovencitas que les dan sus restos y luego resulta que no son de ellas”.
 
“Si mi hijo estuviera aquí hoy, yo lo abrazaría muy fuerte y le daría gracias a dios y a la vida por volverlo a ver”.
 
SOLIDARIDAD CON MADRES DE LOS 43
 
Durante el trayecto por la Avenida Reforma, una de las principales vías de comunicación de la Ciudad, y al llegar al campamento que las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, mantienen frente a las oficinas de la PGR, el contingente de madres se detuvo para contar del 1 al 43 como gesto de solidaridad con las madres de los jóvenes, quienes se encontraban en otra marcha, rumbo a la Secretaría de Gobernación.
 
Acompañando a la marcha, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab dijo en entrevista con Cimacnoticias que “en este día de la madre, es muy triste ver a las mamás que están buscando a sus hijos” y destacó el “gran trabajo” que ellas han hecho para hacer conciencia social de la magnitud de este problema y para lograr, también, la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y desapariciones por particulares que aprobó el Senado de la República.
 
“Es importante que estas graves violaciones de Derechos Humanos no queden impunes”, concluyó.
 
Al llegar al Ángel de la Independencia, el obispo Raúl Vera ya se encontraba con otros contingentes. En su pronunciamiento señaló que las madres salen a marchar en el ejercicio de sus derechos: a la dignidad, a la denuncia y a que se esclarezca la impunidad.
 

Madres de familiares desaparecidos recorrieron las calles de la Ciudad de México | CIMACFoto: César Martínez López

 
En tanto, las madres en su pronunciamiento señalaron que desde hace muchos años han superado al Estado, que sigue sin tomar completamente su responsabilidad, en la búsqueda de las personas desaparecidas.
 
Recordaron la nula voluntad que hay para atender esta problemática y agregaron que las miles de personas desaparecidas, y las miles de encontradas no identificadas en fosas comunes, y en clandestinas en el país, requieren urgentemente de la acción del Estado en su conjunto.
 
“Hoy venimos a recordarle a esos actores políticos que manejan nuestro país, a los que hacen las leyes y sobre todo a los responsables que las hacen cumplir, que tienen una deuda pendiente con todas las personas desaparecidas y sus familias, la cual únicamente puede ser saldada con la búsqueda en vida real y efectiva y con la localización e identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes y fosas clandestinas, con la digna atención integral a las necesidades de las familias y sobre todo con garantizar la verdad, memoria y justicia de nuestros hijos”.
 
VI Marcha de la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus hijas e hijos

 
17/LGL/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 








ESTADOS
   Matilde Espinoza Toledo será trasladada a SEIDO
Detienen a alcaldesa de Suchiate por presuntos delitos electorales
Imagen retomada del portal suchiate.chiapas.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/03/2017

Por una denuncia presentada en 2015 ante la autoridad electoral, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo, fue detenida esta mañana como presunta responsable de delitos electorales, al entregar actas de nacimiento a migrantes de países centroamericanos.
 
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) interceptaron a la política en la Primera Avenida Poniente Barrio Nuevo del municipio de Suchiate, cuando salía de su casa, para que responda a las acusaciones del expediente AP974/FEPADE/2015. Fue llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), en la capital del país.
 
De acuerdo con la acusación presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la alcaldesa entregaba, en 2015, actas de nacimiento a migrantes centroamericanos para que con ese documento pudieran tramitar credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y, eventualmente, pudieran votar.

La elección de ese año para presidencias municipales y diputados se realizó el 19 de julio y la denuncia fue presentada antes de esa fecha. Antes de los comicios, el 5 de julio, el esposo de la hoy alcaldesa, Saúl Álvarez López, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del estado.

La alcaldesa, entonces aún candidata, fue citada a declarar ante la FEPADE. De acuerdo a lo publicado por medios de comunicación locales en ese momento, a Álvarez López le decomisaron seis actas de nacimiento. Sin embargo, tras la elección, en la que resultó ganadora su esposa, continuó como titular del Registro Civil del municipio.
 
En esa ocasión, las diligencias fueron encabezadas por el titular de la FEPADE, Santiago Nieto y por agentes del a PGR, en la oficialía 01 del Registro Civil de Suchiate, donde trabajaba el esposo de la entonces candidata. Se realizaron cateos y se hizo la auditoría de los registros y material con que se elaboran las actas de nacimiento.  Se detuvo a ocho hombres y a un menor de edad.

Nieto Castillo declaró entonces que recibieron la denuncia del INE y acordaron auxiliar en todas las denuncias presentadas por la autoridad administrativa electoral, para deslindar responsabilidades de la posible comisión de conductas constitutivas de delito electoral. De los resultados informarían al INE y a la PGR. Actuaremos, dijo, por instrucciones de la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, “con absoluta imparcialidad”.

LAS ELECCIONES

En Chiapas, para 2015, año en que se hizo la denuncia contra la alcaldesa y su esposo, había un padrón de 3.2  millones de ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar.

Se realizaron dos procesos electorales, la elección estatal, el 19 de junio, y una extraordinaria el 6 de diciembre, de acuerdo con el calendario del INE.
Ese año, el Partido Verde logró en el estado, en la elección para diputados, 667 mil 598 votos, contra 82 mil 905 del PRD, mientras que para senadores hubo 677 mil 598 votos para el Verde, contra 82 mil 905 para el PRD.

En esa misma elección, el Verde logró en Suchiate, lugar donde presuntamente hubo registro de personas centroamericanas en el padrón, una votación de 4 mil 57 sufragios, contar mil 640 del PAN y 220 del PRD. 

En la elección para la presidencia municipal resultó ganadora con 5 mil 2 votos, Matilde Espinoza Toledo, quien esta mañana, 2 años después de la acusación, fue detenida por la autoridad. 

17/RED








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca
Imagen de Adriana Mújica Murias.
Por: Adriana Mújica Murias, corresponsal
Cimacnoticias | Cuernavaca, Mor.- 27/03/2017

Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
 
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
 
En cada acto, se ha dado lectura a un  Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
 
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
 
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
 
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra  una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia. 
 
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
 
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
 
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado. 
 
 17/AMM/GG








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ¿De qué lado están, autoridades?
Periodistas del país exigen justicia ante el asesinato de Miroslava
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017

Justicia: es la única cosa que exigimos para Miroslava Breach y para todos los otros compañeros y compañeras asesinados a lo largo de muchos años, se dijo durante la manifestación del sábado en la capital del país, tras el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a la que acudieron periodistas de diversos medios.
 
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), a donde llegó la marcha que inició en el Ángel, el periodista de La Jornada, Arturo Cano, exigió en nombre del gremio una respuesta a esa dependencia, al Gobierno federal y a los estatales, a los que llamó “inútiles”, ya que “no han podido resolver casi ninguno de los crímenes” de periodistas. Y les preguntó ¿de qué lado están?
 
Y mientras las investigaciones avanzan lentas –habrían participado tres individuos en el crimen, según La Jornada, y sería un acto del crimen organizado, según Gobernación-- a lo largo del país organizaciones de periodistas continuaron manifestándose en contra de este crimen y de la impunidad en que están decenas de casos más.  
 
UNA SOLA EXIGENCIA
 
Periodistas de Morelos afirmaron en un comunicado que el asesinato de Miroslava Breach responde a la revelación de “alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque… el chayo no era lo suyo”. El mensaje es: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales.
 
Recordaron que en cuatro años de administración de Enrique Peña Nieto, se da un ataque contra una o un periodista cada 22 horas y en los tres sexenios recientes se ha cometido 103 asesinatos de periodistas, 3 solo en marzo de este año. 
 
Criticaron también que la Secretaría de Gobernación mantenga un “elefante blanco” llamado Mecanismo de Protección y exigieron que dé cuentas claras y efectividad la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ya que “en 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo 2 han culminado en condenas; el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia”
 
En Guerrero, frente a la delegación de la PGR en Chilpancingo, las y los periodistas recordaron en un comunicado que Miroslava ya había denunciado el hostigamiento en el marco de una reunión con el Mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas, celebradas en el mes de octubre del año pasado, donde señaló que a raíz de su trabajo periodístico habían iniciado intimidaciones hacia su persona y familia.
 
Pese a la denuncia, el caso de la periodista de Chihuahua responde a lo descrito en el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, en donde señala que  “para algunas periodistas que han accedido al Mecanismo, ha sido la mayor pérdida de tiempo, ante la lógica burocrática que le gana ante la urgente necesidad de protección”.
 
Exigieron justicia no solo para Breach, sino también por  los asesinatos de Cecilio Pineda Pineda y Francisco Pacheco, cometidos en Guerrero y que siguen en la impunidad. “Tres periodistas críticos que hicieron énfasis en los temas de corrupción en el gobierno y sus vínculos con grupos criminales que actúan bajo su amparo”, dice el comunicado. 
 
Señalaron también las y los periodistas de Guerrero que marzo será recordado como mes trágico para el periodismo, ya que el día 2 de marzo, en Tierra Caliente de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto; el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, y a la fecha no hay resultados de alguna investigación.  
 
En los últimos siete años, señalan en su texto, tres periodistas han sido asesinados a balazos en el estado de Guerrero y 16 más han sufrido algún tipo de agresión física por parte de sujetos desconocidos o escoltas de  alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.
 
En Guadalajara, Jalisco, ayer al menos 50 periodistas marcharon porque no ocurran más agresiones contra comunicadores y porque se esclarezca este crimen. En Ciudad Juárez, decenas de periodistas grabaron un video en el que exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer su labor informativa. 
 
En Querétaro el gremio periodístico también se sumó a la movilización nacional en contra de la violencia contra las y los periodistas, y demandaron salvaguarda de  sus derechos humanos y a esclarecer todos los casos, “más de 125 periodistas en los últimos años”.  
 
De igual manera, integrantes de la Iglesia católica expresaron su repudio contra el asesinato de Miroslava Breach, como el sacerdote Alejandro Solalinde, quien la recordó, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una gran heroína del periodismo, luchadora por los derechos humanos, valiente amiga. Lamentó que no sea un caso aislado. En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizendi pidió una investigación eficaz y castigo a los responsables.   
 
QUE INFORMEN

En la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Comunicadores, de la Cámara de Diputados, la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y Virgilio Caballero, de Morena, pidieron que las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la de Chihuahua, informen del seguimiento que dan a las agresiones contra periodistas, así como los avances en la investigación del asesinato de Breach Velducea, lo que sucederá el miércoles próximo. 

En declaraciones a La Jornada, Virgilio Caballero, afirmó que el caso no avanza porque “está mezclado probablemente con propósitos políticos”, ya que ella tenía amistad con el gobernador Javier Corral y este ha sido un político honesto, quien “se la está viendo duras y se las verá peor”.
Sin embargo, dijo el también comunicador, es oportunidad para que emprenda la contención de asesinatos y persecución contra periodistas. Insistió en que en los crímenes contra periodistas están involucrados funcionarios del gobierno y recordó que así lo ha dicho a las autoridades. 

Lo dicho por Caballero coincide también con el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, el cual señala que “las agresiones en contra de comunicadoras durante 2015 fueron responsabilidad -67 por ciento- de un servidor público, cuyas redes dentro del poder permitieron la impunidad.

Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, afirmó al semanario Proceso que detrás del asesinato de Miroslava Breach está el crimen organizado, grupos que vienen operando desde hace tiempo y que disputan regiones, espacios. Reveló que hay una orden de aprehensión contra alguien apodado El 80, cuyo nombre aparece en la cartulina que dejaron los criminales junto al cuerpo de Miroslava.    

Mientras, en redes sociales continúa circulando hastags como #YaBastaDeBalas, #PeriodistasEncabronados, #JusticiaParaMiroslava, #NiUnPeriodistaMás,
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas,
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemocracia,
así como la pregunta ¿Dónde están los dueños de los medios de comunicación cuando asesinan a un periodista mexicano?  

17/RED/RED








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Habría movilización social: Morena
Sería anticonstitucional revocar artículos de la Constitución CDMX
Imagen de Rosario Nieto
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017

Si se revocan  artículos de la Constitución de la Ciudad de México, se violentará el principio de progresividad establecido en el Artículo primero de la Constitución mexicana, que incluye “lo alcanzado en cuanto a derechos de las mujeres”, además de que la Procuraduría General de la República (PGR) no está legitimada para impugnar el texto, afirmaron hoy constituyentes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 
 
Advirtieron también, en conferencia de prensa, realizada hoy en el Club de Periodistas, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no valora lo que garantiza la Constitución capitalina, aprobada el 31 de enero de 2017, “la ciudadanía denunciará a través de la movilización social la inconformidad”.
 
Las y los diputados de la Asamblea Constituyente de Morena, respondieron así a la impugnación de 39 artículos de la Constitución capitalina por parte de la PGR, incluidos los que hablan sobre derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, como los relativos a la salud sexual y salud reproductiva.
 
El Artículo 6, por ejemplo, garantiza que las personas tienen derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada el tener hijos o no y a recibir servicios integrales que les garanticen un alto nivel de salud reproductiva.
 
Las y los constituyentes responden también a  las impugnaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia y la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Junta Local de Conciliación y el Senado de la República, así como al amparo interpuesto por el Partido Nueva Alianza, que se sumó al que presentó el propio partido Morena. 
 
CONTRA LA PROGRESIVIDAD
 
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, explicó que los cuestionamientos a la Constitución local  se hacen porque “algunos ministros de la Corte aseguran que no puede irse más allá de la Constitución federal”, pero explicó que, de lograr la revocación de artículos, “se violentaría el principio de progresividad estimado en el Artículo 1 que establece la posibilidad de establecer y defender nuevos derechos, además de asegurar los firmados en los tratados internacionales firmados por el país”.
 
PGR NO PUEDE
 
El abogado y diputado constituyente, Javier Quijano, recordó que “la PGR no está legitimada para impugnar la Constitución de la CDMX, en todo caso sólo podría intervenir para aclarar cuestiones de carácter penal procesal, no está habilitada para ir en contra los logros obtenidos”.
 
Añadió que con ello el Gobierno Federal atenta contra el Artículo 3 de la carta magna local, el cual establece que: “La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos”.
 
MOVILIZACIÓN
 
La diputada constituyente e integrante de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Clara Brugada Molina, advirtió: “Si la Suprema Corte no valora lo que garantiza la Constitución, la ciudadanía denunciará a través de la movilización social la inconformidad”.
 
Brugada Molina informó que la Asamblea Constituyente de la Ciudad, órgano que estuvo encargado de aprobar y elaborar la Constitución capitalina,  discutirá con el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas Rodríguez, las medidas próximas a tomarse para que la prioridad sea defender los logros obtenidos en materia de derechos humanos.
 
La diputada constituyente Patricia Ortiz  Couturier dijo en entrevista para Cimacnoticias que la estrategia de las y los diputados de Morena para hacer frente a las impugnaciones será difundir con la ciudadanía los logros obtenidos con la Constitución en materia de derechos humanos y defenderlos “por la vía legal, a través de acuerdos con el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea”.

De no hacerlo, dijo,  se atenta contra el principio de progresividad que incluye “lo alcanzado en cuanto a derechos de las mujeres”.
 
17/MMAE/GG








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   En un acto público el 21 de febrero
Alberta, Teresa y Jacinta: un Estado obligado a disculparse
Jacinta Francisco Marcial. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/02/2017

Durante 4 años, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la reparación del daño a tres mujeres indígenas otomíes, que en 2006 fueron acusadas y sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
 
Después de un proceso judicial de más de una década, el próximo martes 21 las tres mujeres recibirán en voz del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, la disculpa pública pero, sobre todo, el reconocimiento de su inocencia y que no cometieron ningún delito, ante integrantes de su comunidad, en la que fueron estigmatizadas por haber estado en prisión.
 
Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas en 2006 en su comunidad,  Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro. Bajo engaños y sin intérprete, pues ninguna hablaba español, fueron acusadas del presunto secuestro de 6 policías; en el caso de Alberta Alcántara, fue acusada por posesión de narcóticos (cocaína).
 
Nunca les explicaron los motivos por los que las acusaban ni tampoco sus derechos, todo lo supieron hasta el día de la sentencia, que le fue dictada en 2008 a Jacinta, y en 2009 a Alberta y Teresa.
 
La organización internacional defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional las declaró “presas de conciencia”, por ser mujeres, indígenas y pobres; la Cámara de Diputados integró una comisión especial para investigar las violaciones a sus Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el recurso de apelación interpuesto para determinar, una vez analizado, que eran inocentes y, por tanto revocar la sentencia y ordenar su libertad.
 
El proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que los agentes federales de investigación que fueron llamados a comparecer no se presentaran, argumentando tener “otras actividades”, o que los testigos tampoco se presentaran.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa legal del caso de Jacinta en 2008 y de Alberta y Teresa en 2010, señala que tampoco se acreditó la plena responsabilidad penal de las tres mujeres indígenas.
 
Pese a ello, la PGR impugnó en tres ocasiones para evadir su responsabilidad de reparar el daño, pero sobre todo para reconocer su inocencia.
 
De acuerdo con una solicitud de información realizada por el Prodh a la PGR, para conocer cuántas indemnizaciones había otorgado de 2006 a 2016, la instancia respondió a partir del año 2009 al 2016. De acuerdo con la información proporcionada, de 206 indemnizaciones solicitadas por daño moral, la dependencia impugnó 82.
 
INICIA EL PROCESO LEGAL
 
Jacinta obtuvo su libertad en 2009, Alberta y Teresa, en 2010.  En el caso de Jacinta, presentó su petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010. Pero dos años después, la PGR determinó que sus elementos habían actuado de manera regular, por lo que le negó la reparación.
 
En el caso de Alberta y Teresa, al año de salir libres (2011) también decidieron exigir la reparación del daño al Estado Mexicano, por lo que presentaron dos peticiones de responsabilidad patrimonial, primero ante la PGR, la cual un año más tarde resolvió el proceso administrativo en el mismo sentido que con Jacinta y, por tanto, les negó la reparación.
 
Ante ello, el Prodh interpuso los juicios de nulidad correspondientes ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de las sentencias emitidas por PGR. El Tribunal determinó, en dos sentencias por separado, que los servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales a Alberta y Teresa, por lo que ordenó la indemnización y el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.
 
En el caso de Jacinta, el fallo fue en el mismo sentido y en mayo de 2016 ordenó la reparación del daño, el reconocimiento de inocencia y la disculpa pública.
 
Para el abogado del Prodh, Santiago Aguirre, quien ha seguido de cerca los tres procesos, esta sentencia del Tribunal y el acto de disculpa pública son significativos porque representan, sobre todo, un triunfo de las tres mujeres que fueron encarceladas injustamente por delitos que no cometieron y porque en materia judicial se obliga a la PGR a reconocer su responsabilidad y a ofrecerles una disculpa pública.
 
En entrevista con Cimacnoticias, destacó la persistencia de las tres indígenas y enfatizó que la sentencia del TFJA revierte los patrones de impunidad persistentes en nuestro país.
 
Señaló que el acto que se realizará el próximo martes 21 en el Museo de Antropología e Historia “es una medida de justicia restaurativa en la que quedan en el centro las propias personas que han vivido violaciones a Derechos Humanos (DH)”.
 
“Cuando un acto de reconocimiento pone en el centro a las víctimas y no a las instituciones, les permite participar y recoge su voz, puede ser una medida de justicia restaurativa muy relevante” y  es lo que esperan Teresa, Alberta y Jacinta, dijo.
 
Pero también el fallo del Tribunal envía mensajes claros, agregó Santiago Aguirre, de que sí “existen instancias en este país que están reconociendo que cuando el Ministerio Público comete irregularidades es posible encontrar un remedio en las instancias judiciales nacionales”.
 
En este sentido, la relevancia de esta sentencia radica en que es la primera en el ámbito nacional que ordena un acto de esta índole retomando la jurisprudencia internacional.
 
Para las tres indígenas otomíes, no cabe duda de que su persistencia para lograr justicia servirá para otras personas que vivan situaciones similares pues, explicó el abogado, las sentencias emitidas por el TJFA han quedado firmes y dieron pie para que se hicieran algunas tesis que podrían ser invocadas por otras personas que hayan sufrido las consecuencias de actuaciones irregulares de las instancias de procuración de justicia de nuestro país.
 
“Ese es el aporte de las sentencias. Abren la puerta para responsabilizar a Ministerios Públicos y a la PGR cuando sus funcionarios realizan actividades que vulneran derechos y contravienen la ley, se genera un elemento disuasor muy relevante para evitar repeticiones” enfatizó.
 
Es un mensaje de justicia muy importante y es el que están esperando escuchar el martes, conscientes de que han obtenido una victoria, por lo que esperan que el evento esté a la altura, concluyó. 
 
17/LGL/GGQ
 








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