desaparición de mujeres

En Tlaxcala la relación entre la desaparición de mujeres, la trata con fines de explotación sexual comercial y el feminicidio está documentada y reconocida internacionalmente, pero las autoridades locales se niegan a aceptarlo y mucho menos a atenderlo, en lo que va de 2018 ya van tres casos de feminicidio.

Muestra de este desdén de las autoridades es el rechazo de dos Alerta de Violencia de Género (AVG) y los recientes datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde la procuraduría estatal reportó en 2017 apenas dos casos de feminicidio y 11 mujeres víctimas de trata.

Las organizaciones locales han tenido que realizar registros alternos para tener datos más certeros de la violencia contra las tlaxcaltecas, en contraste con los datos proporcionados por la procuraduría, el Colectivo Mujer y Utopía AC documentó el año pasado 16 casos de feminicidio.

Asimismo, de 2016 a agosto de 2017 la agrupación contó 35 desapariciones de mujeres –principalmente niñas entre 14 y 16 años-, mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Segob informó solo 11 desapariciones de mujeres de 2009 a 2016.

El 4 agosto de 2017 la Segob negó decretar en Alerta de Género a 13 municipios de Tlaxcala, asegurando que “no habían elementos suficientes” de violencia contra las mujeres para hacerlo.

Esta solicitud la había realizado en 2016 la agrupación “Todos para Todos AC”, quien pidió el mecanismo en estos municipios por estar identificados por la operación de redes de tratantes: Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla.

Ante la respuesta de Segob, organizaciones de mujeres volvieron a solicitar diez días después el mecanismo (14 de agosto de 2017), esta ocasión buscaron que la AVG fuera por la desaparición de mujeres, pues es un delito relacionado con otros: el feminicidio y la trata.

Las integrantes del Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas y la Red Retoño fueron las encargadas de tramitar esta segunda Alerta, pero un mes más tarde, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)  dependencia de Segob- volvió a desecharla, argumentando que tenían que esperar tres meses para presentar otra petición de acuerdo con el reglamento de la AVG.

Pero la violencia contra las mujeres de Tlaxcala permanece y no cesa. En estos 25 días que lleva el 2018, según denunció a Cimacnoticias la directora de Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, van tres casos de feminicidio. 

En estos asesinatos se siguen observando los mismos patrones que fueron descritos en las solicitudes de Alerta y son reconocidos en estudios sobre la trata de mujeres en Tlaxcala; a las mujeres las privan de la libertad y de no ser localizarlas de forma inmediata, son halladas asesinadas.

El pasado 13 de enero Wendy Sánchez Pérez de 21 años de edad fue obligada por desconocidos a subir a un vehículo, mandó a su familias un mensaje de auxilio pero un día después el cuerpo de una persona calcinada fue hallado. Este 24 de enero se confirmó que era la joven.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, advirtió que las autoridades investigan el asesinato de Wendy como homicidio y que lo mismo ocurre en los otros dos casos que registraron en lo que va de 2018.

Ante la indignación de estos asesinatos, la agrupación junto al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado a las autoridades e insistieron en la urgencia de atender las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, para prevenir otros delitos de razón de género, como la trata, violencia sexual o el feminicidio.

Edith Méndez también indicó en entrevista que agotarán todos los recursos hasta que el estado atienda la situación y decrete la AVG. Actualmente las activistas participan en las mesas de trabajo del estado que se conformaron tras la negativa de la primera Alerta y buscan una junta con la nueva comisionada de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, para manifestar su preocupación. Advirtieron que de no tener una respuesta severa por parte del gobierno ante esta problemática, interpondrán un amparo hasta que logren que se decrete la AVG en la entidad.

De acuerdo con un estudio de Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, se tienen identificados en Tlaxcala 35 de los 60 municipios de Tlaxcala, que operan grupos de tratantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación sobre la trata en México ubicó las rutas naciones e internacionales de trata entre las entidades de Puebla y Tlaxcala: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.

La ONU en el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México”, sostiene que en todo el país solo 49 por ciento de las denuncias por este delito derivan en averiguaciones previas, en el caso de Tlaxcala se reduce a 18 por ciento.

18/HZM/LGL

De 2011 a 2016, el Estado de México concentró 15 por ciento de los asesinatos de mujeres en el país (2 mil 330 casos)- de acuerdo con datos de ONU Mujeres- y aunque no se sabe cuántos menores de edad quedaron en orfandad por este delito, apenas 109 niños y niñas mexiquenses reciben apoyos económicos para resarcir los daños.

En marzo de 2017 Cimacnoticias realizó una investigación para conocer cuántas hijas e hijos de víctimas de feminicidio quedan en orfandad por este delito en el país, y se constató que ningún estado realiza un registro sobre estas víctimas secundarias y mucho menos existen apoyos sociales como parte de la reparación del daño.

Derivado de esta investigación, se encontró que en el Estado de México (Edomex), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local (CEAVEM) junto a la Secretaria de Educación, anunció en 2016 la entrega de becas educativas para la niñez en orfandad por feminicidio.

En 2017 creó el “Programa de estímulos económicos para hijas e hijas de víctimas de madre desaparecida, víctimas de feminicidio u homicidio doloso” y en febrero de ese año publicó el manual de operaciones en la Gaceta Oficial del estado.

A un año de su entrada en vigor, la Comisión de Víctimas estatal reportó que brinda a 109 niñas, niños y adolescentes en esta condición, una cantidad de 800 pesos al mes para solventar sus estudios, es decir que el gobierno mexiquense gastó un millón 46 mil 400 pesos, ni el uno por ciento de lo que invirtió en publicidad oficial su entonces gobernador, Eruviel Ávila. Datos de la organización civil Fundar, revelaron que hasta 2015, el gobierno del Edomex había gastado 182.6 millones de pesos en publicidad oficial.

Sin embargo a la fecha, continúan sin un registro de cuánta niñez y adolescencia queda en orfandad al año por el asesinato de sus madres, aclaró a Cimacnoticias, la trabajadora social de la CEAVEM, Leticia Moreno. 

Los únicos registros oficiales son los asesinatos de mujeres de la procuraduría local, pero éstos no especifican cuántas de ellas tenían hijos o hijas; en 2017 contaron 57 casos de feminicidio y 301 homicidios de mujeres. 

Respecto a las desapariciones, de 2000 a 2017, mil 883 mujeres se encuentran desaparecidas de acuerdo con los datos desagregados que hizo Cimacnoticias, del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación.

La trabajadora social de la Comisión indicó que estos apoyos educativos se entregan hasta que las víctimas concluyen la licenciatura o profesión técnica y que para obtenerlo, necesitan comprobar que estudian y que existe una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio, homicidio o desaparición de la madre.  Sin embargo, los datos no están desagregados por feminicidio, desaparición y homicidio.

El reporte publicado por la CEAV da cuenta de la difícil situación económica y el impacto psicológico que significa para esta niñez conocer el asesinato repentino de su madre o incluso, presenciarlo.

Narra que unas de las beneficiarias son las cuatro hijas de “P”, quienes presenciaron como su padre asesinó a su madre de 55 años de edad. Estuvieron a punto de quedar en un albergue del estado pues su padre también hirió de gravedad a su abuela materna.

La hermana de “P” decidió quedarse con la custodia de las niñas además de cuidar a sus hijos. Hoy, la niñas de entre 8 y 13 años de edad, estudian la primaria y secundaria pública con la beca. 

Para resarcir el tejido social del Edomex por la violencia feminicida, la trabajadora social agregó que también otorgan atención psicológica a solicitud de la familia de las y los menores de edad y que entregan  “canastas básicas de alimentos” para la familias con recursos limitados.

En el Edomex desde la década de los ochenta comenzaron a registrarse los asesinatos de mexiquenses. De 2005 a 2011 las organizaciones civiles, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ya contaban 922 asesinatos de mujeres.

De esta manera el Edomex se posicionó como unas de las entidades más peligrosas para las mujeres. ONU Mujeres reportó que en el municipio de Ecatepec ocurría uno de cada cuatro asesinatos de mujeres en el país en 2009.

En 2015, después de cinco años de litigio de agrupaciones civiles, se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios considerados focos rojos: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle Chalco, y Chalco.

Pero sobre los hijos e hijas de estas víctimas, solo se conocen los testimonios de abuelas y tías que se encargan de buscar los medios para cuidarlos, solventar sus gastos y disminuir el impacto psicológico, ante los escasos recursos que otorga el gobierno de reparación integral del daño.

18/HZM/LGL

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió al Senado de la República sobre sus exigencias para que se declare en Puebla la Alerta de Violencia de Género (AVG), que aún “evalúa” decretar el mecanismo, y únicamente reenvió las medidas que dictó hace un mes al gobierno de Antonio Gali Fayad.

En respuesta al punto de acuerdo que presentó el 19 de octubre la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tramitara una segunda solicitud de Alerta en Puebla como consecuencia del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, la Segob informó al Senado, en un oficio, que el pasado 9 de octubre dictó cinco acciones a las autoridades de Puebla para hacer frente a la violencia de género, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo lejos de presentar indicadores del cumplimiento de estas medidas, se limitó a enlistarlas.

En estas recomendaciones se pidió a las autoridades poblanas atender la violencia contra la población femenina en el transporte público; elaborar un diagnóstico estatal sobre las modalidades de violencia de género e identificar las particularidades de cada región; y crear una “Unidad de contexto para la investigación de feminicidio”.

Además de revisar las carpetas de investigación sobre feminicidio, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos de violencia sexual de los últimos ocho años; y fortalecer de recursos económicos a las instituciones dedicas a garantizar los derechos de las mujeres.

Estas son acciones reiterativas de las propuestas que originalmente hizo desde 2016 el Grupo de Trabajo al gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle, quien las tuvo que cumplir e incluso invirtió presupuesto público para ello.

Por ejemplo, para el diagnóstico de las modalidades de violencia –que se volvió a pedir- se aprobaron 2 millones 600 mil pesos, sin que hasta ahora se haya realizado. Esta fue una de las irregulares que señaló la CNDH en su voto razonado cuando en julio de 2017 Segob decidió no declarar la AVG.

Por ello las expectativas están sobre la Segob quien ya acumuló dos solicitudes de AVG para Puebla; una presentada por parte de la CNDH por violencia feminicida y la otra del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por la desaparición de mujeres.

Cimacnoticias consultó al Observatorio para conocer si ya tenían alguna respuesta por parte de Segob a lo que las activistas respondieron que siguen en espera.

LAS MINIMAS ACCIONES…

Hasta ahora únicamente se ha regulado el transporte privado en Puebla luego de que Mara Castilla fuera asesinada en septiembre por Ricardo Alexis “N”, conductor de un taxi privado de la empresa Cabify que la estudiante abordó.

El gobierno poblano suspendió el servicio de Cabify, pero la medida duró muy poco, la empresa anunció el 10 de noviembre que volvería a presentar sus servicios de transporte tras la “nueva regulación para las empresas de transporte privado en Puebla”.

Después del crimen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla tuvo que regular el transporte privado en la entidad y ahora las empresas como Uber y Cabify son responsables de los ilícitos que cometan sus empleados.

Asimismo están obligados a monitorear que todos los viajes terminen –de lo contrario avisar a la autoridades-, actualizar el registro de sus conductores y emprender campañas contra la violencia de género.

Poco equiparables a las exigencias de Segob, también están las acciones de Antonio Gali quien presentó el programa “De una vez por todas”, que se reduce a aplicaciones móviles para denunciar agresiones sexuales en la vía pública y una campaña en el papel de las tortillas sobre los tipos de violencia contra las mujeres.

En medio de las polémicas y en espera de la actuación de las autoridades, siguen asesinando a las poblanas, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó hasta ayer 95 casos de feminicidio desde que comenzó el año.

Y hasta el primer semestre de 2017 la Fiscalía General de Puebla reportó 276 mujeres desaparecidas. La mitad de ellas tiene menos de 18 años de edad pero únicamente la Fiscalía ha activado dos Alerta Amber y localizado a 27 del total.

De acuerdo con ONU Mujeres Puebla es la única entidad del país que cuenta con mayor proporción de mujeres desaparecidas que de hombres.

17/HZM/LGL

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió al Senado de la República sobre sus exigencias para que se declare en Puebla la Alerta de Violencia de Género (AVG), que aún “evalúa” decretar el mecanismo, y únicamente reenvió las medidas que dictó hace un mes al gobierno de Antonio Gali Fayad.

En respuesta al punto de acuerdo que presentó el 19 de octubre la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tramitara una segunda solicitud de Alerta en Puebla como consecuencia del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, la Segob informó al Senado, en un oficio, que el pasado 9 de octubre dictó cinco acciones a las autoridades de Puebla para hacer frente a la violencia de género, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo lejos de presentar indicadores del cumplimiento de estas medidas, se limitó a enlistarlas.

En estas recomendaciones se pidió a las autoridades poblanas atender la violencia contra la población femenina en el transporte público; elaborar un diagnóstico estatal sobre las modalidades de violencia de género e identificar las particularidades de cada región; y crear una “Unidad de contexto para la investigación de feminicidio”.

Además de revisar las carpetas de investigación sobre feminicidio, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos de violencia sexual de los últimos ocho años; y fortalecer de recursos económicos a las instituciones dedicas a garantizar los derechos de las mujeres.

Estas son acciones reiterativas de las propuestas que originalmente hizo desde 2016 el Grupo de Trabajo al gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle, quien las tuvo que cumplir e incluso invirtió presupuesto público para ello.

Por ejemplo, para el diagnóstico de las modalidades de violencia –que se volvió a pedir- se aprobaron 2 millones 600 mil pesos, sin que hasta ahora se haya realizado. Esta fue una de las irregulares que señaló la CNDH en su voto razonado cuando en julio de 2017 Segob decidió no declarar la AVG.

Por ello las expectativas están sobre la Segob quien ya acumuló dos solicitudes de AVG para Puebla; una presentada por parte de la CNDH por violencia feminicida y la otra del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por la desaparición de mujeres.

Cimacnoticias consultó al Observatorio para conocer si ya tenían alguna respuesta por parte de Segob a lo que las activistas respondieron que siguen en espera.

LAS MINIMAS ACCIONES…

Hasta ahora únicamente se ha regulado el transporte privado en Puebla luego de que Mara Castilla fuera asesinada en septiembre por Ricardo Alexis “N”, conductor de un taxi privado de la empresa Cabify que la estudiante abordó.

El gobierno poblano suspendió el servicio de Cabify, pero la medida duró muy poco, la empresa anunció el 10 de noviembre que volvería a presentar sus servicios de transporte tras la “nueva regulación para las empresas de transporte privado en Puebla”.

Después del crimen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla tuvo que regular el transporte privado en la entidad y ahora las empresas como Uber y Cabify son responsables de los ilícitos que cometan sus empleados.

Asimismo están obligados a monitorear que todos los viajes terminen –de lo contrario avisar a la autoridades-, actualizar el registro de sus conductores y emprender campañas contra la violencia de género.

Poco equiparables a las exigencias de Segob, también están las acciones de Antonio Gali quien presentó el programa “De una vez por todas”, que se reduce a aplicaciones móviles para denunciar agresiones sexuales en la vía pública y una campaña en el papel de las tortillas sobre los tipos de violencia contra las mujeres.

En medio de las polémicas y en espera de la actuación de las autoridades, siguen asesinando a las poblanas, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó hasta ayer 95 casos de feminicidio desde que comenzó el año.

Y hasta el primer semestre de 2017 la Fiscalía General de Puebla reportó 276 mujeres desaparecidas. La mitad de ellas tiene menos de 18 años de edad pero únicamente la Fiscalía ha activado dos Alerta Amber y localizado a 27 del total.

De acuerdo con ONU Mujeres Puebla es la única entidad del país que cuenta con mayor proporción de mujeres desaparecidas que de hombres.

17/HZM/LGL

Más de la mitad de las 8 mil 456 mujeres desaparecidas en México durante los últimos 11 años fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, la mayoría tenía entre 14 y 17 años de edad.

Los familiares de estas mujeres lidian no sólo con la pérdida, sino con un Estado que también las desaparece, pues no facilita sus nombres completos ni fotografías en los registros oficiales para que cualquier persona interesada en buscarlas las encuentre.

De 2000 a julio de 2017 las niñas y adolescentes fueron las principales víctimas de desapariciones forzadas en el país ya que 52 por ciento (4 mil 321) del total de mujeres alejadas de sus círculos cercanos tenían entre cero y 20 años de edad, esto evidenció el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) consultado por Cimacnoticias.

A nivel nacional 30 por ciento de las mujeres víctimas de desaparición, es decir 2 mil 540, tenían entre 14 y 17 años de edad.

En el Estado de México, Puebla y Tamaulipas se registraron más desapariciones, no sólo de niñas y adolescentes sino de mujeres de todas las edades. En los tres estados las autoridades están obligadas a crear y aplicar políticas públicas que garanticen la seguridad y los derechos de las mujeres, y con mayor énfasis el Estado de México, pues ahí la Segob emitió desde 2015 la Alerta de Violencia de Género (AVG) por los altos índices de violencia contra las mujeres.

De acuerdo al RNPED en los últimos 11 años el Estado de México desaparecieron más mujeres que en otros estados del país: fueron mil 887, de las cuales 64 por ciento (mil 216) correspondieron a niñas y adolescentes de cero a 20 años de edad. A esa entidad le siguió Tamaulipas con mil 261 casos, en 393 de ellos fueron niñas y jóvenes en el mismo rango de edad.

De 2000 a 2017 Puebla ocupó el segundo lugar como el estado con más desapariciones de mujeres menores de edad, adolescentes y jóvenes pues las víctimas tenían entre cero y 20 años de edad en  65 por ciento de los 822 casos que se cometieron en total.

A Puebla organizaciones como la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) la han calificado de peligrosa para las mujeres por ser una zona de origen, tránsito y destino de víctimas trata de personas.

DESAPARECER DOS VECES

En México la desaparición de una mujer trae consigo una serie de violencias institucionales en contra de la afectada, de sus familiares y seres queridos: las víctimas indirectas. A estas personas el Estado debería garantizarles justicia y la reparación del daño, como establece la Ley General de Víctimas, pero en la práctica retrasan la búsqueda basándose en estereotipos de género y no llevan un registro fiel de los casos.

Ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Cruz Alejandra Peña Beltrán de 24 años, quien desapareció en 2013 en Sinaloa junto con una amiga. Su mamá, Bertila Beltrán Cabanillas, se enfrentó a omisiones y errores por parte las autoridades sinaloenses desde que denunció la desaparición, lo que retrasó y obstaculizó la búsqueda.

A Bertila Beltrán la Procuraduría general de justicia estatal trato de hacerle creer que su hija fue la culpable de su desaparición pues recibió excusas como “se fue con su novio y después va a regresar” para no buscarla. Además, la instancia de justicia imprimió en las hojas de reconocimiento con las características físicas de Cruz Alejandra una fotografía que no era de ella.

Tres años después, en 2016, fue Bertila Beltrán, y no las autoridades, quien encontró a su hija en una fosa clandestina en Sinaloa, había sido víctima de feminicidio y en el mismo lugar se encontraron a otras tres mujeres asesinadas.

“La policía de Sinaloa me decía que la foto no importaba, que eso no era relevante para encontrarla, pero sí lo es. Sin ella, ¿cómo otras personas iban a identificar a mi hija?”, denunció esta semana durante la presentación del programa “Personas no renglones” de la organización Data Cívica.

A un año de haber sido localizada, Cruz Alejandra aún forma parte del RNPED, lo que evidencia la falta de organización y transparencia en los criterios de la Segob para registrar los casos, afirmó en entrevista con esta agencia la directora ejecutiva de Data Cívica, Mónica Meltis.

La defensora denunció que la Segob no transparenta en el RNPED “datos básicos y esenciales” (nombres completos, características físicas y fotografía) para la búsqueda de las 32 mil 277 personas desaparecidas de 1968 a julio de este año registrados como delitos del fuero común en su base de datos.

Además, cada tres meses la Segob actualiza el número de registros, pero no explica qué criterios se siguen para borrar a alguien de la base; incluso muchas de las personas cuya desaparición ya fue denunciada tardan meses en ser dadas de alta en el registro, denunció en entrevista con esta agencia Michael W. Chamberlin, director del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización que acompaña casos de desapariciones en Coahuila.

Por esa razón Data Cívica presentó esta semana el portal “Personas Desaparecidas”, donde reconstruyeron los nombres y características físicas de las y los incluidos en el RNPED con la intención de que las personas suban a la plataforma digital la foto de sus seres queridos desaparecidos.

Mónica Meltis y Michael Chamberlin coincidieron en que con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, promulgada hoy por el titular del ejecutivo Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano tendrá que comprometerse a elaborar registros fieles que permitan visibilizar la magnitud real del problema y actuar para erradicarlo.

Pues en estados como Nayarit la Segob no registró ninguna desaparición de mujeres en los últimos 11 años; mientras en Tlaxcala, en el mismo periodo, el RNPED sólo contabilizó 11 desapariciones pese a que sólo de 2016 a agosto de 2017 organizaciones civiles documentaron 35 casos.

17/MMAE

La colonia San Miguel Teotongo, de la delegación Iztapalapa, lugar en donde vecinas han denunciado frecuentes desapariciones de mujeres y niñas, está identificada desde 2012 como un “foco rojo” de origen, tránsito y destino para la trata de personas.
 
Esto afirmó en entrevista con Cimacnoticias la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz.
 
De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas comete el delito quien realice acciones u omisiones dolosas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una persona con fines de explotación.
 
Ulloa Ziáurriz explicó que particularmente la colonia San Miguel Teotongo de Iztapalapa se ubica como un “punto rojo” por la incidencia de delitos como la trata de personas  y los relacionados con las formas contemporáneas de esclavitud tales como el trabajo forzado y la explotación sexual comercial, así como otros de alto impacto (homicidios y violaciones sexuales).
 
También mencionó que, de acuerdo a las investigaciones de CATWLAC se sabe de la existencia de casas de seguridad en esa zona a las que se lleva a mujeres secuestradas.
 
Además, dijo, “la colonia se ubica en una zona peligrosa por su cercanía con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, identificado por el alto índice de violencia hacia las mujeres, y la autopista hacia Puebla, caracterizada por ser una de las principales zonas de destino, origen y tránsito de las víctimas de trata con fines de explotación sexual”.
 
De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) en 2015 San Miguel Teotongo fue una de las 13 colonias donde se registraron más violaciones sexuales, además de ella en Iztapalapa se identificaron otras cuatro con alto índice de este delito: Lomas Estrella, Jacarandas, Santa Martha Acatitla y Santa Cruz Meyehualco.
 
Teresa Ulloa  explicó que hay una relación marcada entre la desaparición de mujeres y niñas con los delitos de trata de personas y de explotación laboral y la de tipo sexual comercial.
 
Por ello, denunció la nula actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) en revisar las zonas identificadas como peligrosas para las mujeres.
 
Tan solo de 2009 a 2015, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en Iztapalapa se registraron 33 por ciento de los casos de mujeres y niñas de 12 a 25 años de edad desaparecidas y que continúan sin ser localizadas de la Ciudad de México.
 
La directora regional recordó que el principal rango de edad de las  víctimas de trata y explotación laboral y sexual va de los 12 a los 18 años de edad, le sigue el rango de 18 a 25 años.
 
De las 151 desapariciones de niñas de 12 a 18 años en la Ciudad de México, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 27 de ellas ocurrieron en Iztapalapa, es decir,  representan 18 por ciento de los casos.
 
Mientras que de las 34 desapariciones registradas de entre el rango de 19 a 25 años de edad, cinco ocurrieron en Iztapalapa, 15 por ciento del total.
 
IZTAPALAPA Y LA CDMX: FOCO ROJO DE TRATA
 
Desde 2012 CATWLAC ha señalado a la Ciudad de México como una de las primeras 10 entidades de origen, tránsito y destino de mujeres víctimas de trata. En este contexto la delegación Iztapalapa ocupa, desde entonces, los primeros lugares.
 
De acuerdo a los informes anuales de datos estadísticos y georreferenciados de casos del Sistema Alerta Roja (SAR), realizados con base en los casos atendidos y trabajados por CATWLAC, de  2012 a 2015 Iztapalapa se ubica dentro de las primeras cuatro delegaciones de origen, tránsito y destino de mujeres víctimas de trata.
 
En 2012 la organización identificó a la Ciudad de México como el  principal lugar de origen de las víctimas de este delito en el país, ese año Iztapalapa fue, con cuatro casos registrados, la delegación con más delitos de trata, el trabajo forzado y la explotación sexual comercial. Con tres casos también se ubicó como la principal delegación de destino, es decir, a donde fueron llevadas más víctimas.
 
Para 2013 CATWLAC ubicó a la Ciudad de México como el principal lugar de destino de mujeres para la trata interna con 37 registros. Ese año Iztapalapa ocupó, junto con las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, el tercer lugar con dos casos registrados en cada una.
 
En 2014 la Ciudad de México se mantuvo como el primer lugar de destino para trata interna -27 casos- e Iztapalapa y Gustavo A. Madero fueron el cuarto lugar de destino de las víctimas con dos casos registrados en cada delegación.
 
La capital del país destacó, en 2015, como el primer lugar de destino -18 casos- y origen -34 casos- de mujeres y niñas víctimas de trata interna. En este contexto Iztapalapa fue, junto con Azcapotzalco, la segunda delegación con más casos de víctimas originarias de ahí, con dos casos cada una.
 
Cabe destacar que luego de las brigadas de búsqueda realizadas en San Miguel Teotongo por la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para localizar a Belén Cortés Santiago, la estudiante de 19 años desaparecida el 29 de abril y cuya familia sigue sin tener contacto con ella aun cuando la PGJDF confirmó su localización, la comunidad universitaria expuso que habitantes de la zona denunciaron conocer diversos casos de mujeres y niñas desaparecidas en la zona.
 
17/MMAE

En medio de un total hermetismo y tras dos horas de reunión, los padres y el hermano de Belén Montserrat Cortés Santiago, confirmaron a Cimacnoticias que autoridades del Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), les notificaron esta tarde, el hallazgo con vida de su hija, pero aún ignoran su ubicación ya que “por decisión de Belén” no se proporcionará su número telefónico ni su ubicación exacta, lo que respetaron por tratarse de una persona mayor de edad.
 
En punto de las 17:20 horas de esta tarde la mamá de Belén, la señora Leticia Santiago,  y su papá, el señor Benito Cortés y su hermano César Cortés, entraron a las oficinas de CAPEA ubicadas en la colonia Doctores, donde se entrevistaron con Sagrario Contreras, en representación del director de Capea, José Antonio Ferrer Álvarez, quien se encontraba en un congreso, aunque en la constancia que les entregaron de la información, aparece el nombre de Martha Patricia Hernández Ortinez, ministerio público.
 
Por alrededor de dos horas permanecieron en el lugar. Al salir, el padre de Belén, Benito Cortés, dijo a esta agencia que de acuerdo con la información que les proporcionaron, encontraron a su hija en el estado de Hidalgo, y que les mostraron únicamente una foto de ella para comprobar que está viva y se encuentra bien.
 
“Es una buena noticia que esté bien”, dijo, y se retiraron inmediatamente del lugar.
 
Belén desapareció el pasado 29 de abril. El último reporte que su familia tuvo de ella fue al salir de su trabajo para dirigirse a su hogar. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), de Comunicación y Cultura, en el plantel San Lorenzo Tezonco.
 
Ayer por la mañana, estudiantes del plantel encabezados por su rector, Víctor Hugo Aboites Aguilar, marcharon de las instalaciones de la Universidad hacia la Procuraduría de Justicia capitalina para exigir que acelerara el proceso de búsqueda de la estudiante y le entregaron datos que recabaron ellos mismos en las brigadas de búsqueda que hicieron dos semanas antes.
 
Esta mañana durante una conferencia de prensa, el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, anunció el hallazgo con vida de Belén, pero no dio más información, “por respeto a su privacidad” argumentó.
 
En la reunión de esta tarde también estuvo presente por parte de la UACM, el abogado Rodolfo Jiménez Hernández, quien dijo a esta agencia que acompañará a la familia en caso de necesitarlo más adelante, pues afirmó que no asumió el cargo como representante legal de la familia.
 
17/MAE/LGL