CATWLAC

El miércoles pasado asistí a las supuestas mesas de diálogo convocadas desde la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de la que forma parte el diputado perredista Víctor Hugo Romo, también integrante de la corriente Nuevo Sol que encabeza Amalia García.
 
Estas mesas de diálogo se dieron bajo el esquema de parlamento abierto para promover políticas públicas sobre “trabajo sexual”, pero me di cuenta que no hay intención de debatir, que todo está bien preparado y fue poco lo que nos permitieron aportar a la discusión.
 
Además de Marta Lamas, tuvieron a una investigadora que habló por videoconferencia desde la Universidad de Harvard, hasta donde entendí tiene alguna vinculación con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), para hablar sobre los derechos laborales y el “trabajo sexual”.
 
¿De qué derechos hablan? Si el propósito de las mesas es generar políticas públicas, deberían partir de no mentir, de no engañar. La Organización Internacional del Trabajo define como “trabajo digno o decente”, aquél que conlleva la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
 
Y yo me pregunto ¿cuál de estas características tiene la prostitución para adquirir la categoría de trabajo? ¿quién en situación de prostitución cuenta con un ingreso justo, o tiene seguridad en el lugar de trabajo? ¿Quién paga la protección social para las familias, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, fondo de retiro, vivienda o salud? ¿Quién? ¿los clientes? No, porque se encarece el servicio. ¿El gobierno en quiebra o quién? en todo caso, estamos hablando de un modo marginal de sobrevivencia.
 
La próxima mesa es el miércoles 26 de octubre en Gante número 15, en el Centro Histórico, y esta vez será sobre trata y “trabajo sexual”. ¿Y si exigimos participación paritaria de las posturas que se debaten? porque existe una gran confusión entre las personas que participan en estos conversatorios, sobre trata y prostitución y si tienen vínculos o no.
 
Lo más triste fue ver que no escucharon a las sobrevivientes o a las personas en situación de prostitución; todas hablaron de que no tuvieron otra oportunidad o medio de sobrevivencia más que estar en la prostitución, que están buscando opciones de salida, que el Gobierno de la Ciudad de México no ha sido capaz, ni se ha interesado en ofrecerles otras oportunidades y que hay días que no tienen ni para comer.
 
Fue muy triste escucharlas hablar sobre las víctimas de delitos de transfobia y lo poco que una credencial que las reconoce como “trabajadoras no asalariadas” les puede garantizar; o de cómo son extorsionadas por la policía o los inspectores, por decir lo menos. Finalmente, detrás de la puerta, están solas frente al riesgo y la violencia.
 
Preocupantes las posturas de un colectivo de homosexuales que sostienen que “el género vino a complicar todo el negocio”, un discurso muy similar al de derecha. O el de un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabaja en el Programa contra el VIH, que se atrevió a asegurarme que la CNDH es reglamentarista -cosa difícil de creer- y que hace una clara distinción entre trata y prostitución.
 
Ninguno toma en cuenta que el “trabajo sexual” enmascara la trata y la explotación sexual infantil que se encuentran unidos por la demanda en el sistema prostitucional; que reglamentar no controla la industria del sexo, por el contrario, la expande y convierte a los tratantes y a los proxenetas o lenones en “hombres de negocios o empresarios”.
 
Reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, como se pretende hacer en la Constitución de la Ciudad de México, tampoco las libra del estigma y la discriminación.  Una credencial no es garantía de nada, ni las defiende o ayuda frente a su familia, a su comunidad o a la sociedad entera, que sigue siendo profundamente patriarcal y discriminatoria.
 
Al mismo tiempo, en la ALDF una diputada del Partido Revolucionario Institucional, integrante del Movimiento Territorial, el que dirige Tonatiuh González y Gutiérrez de la Torre, presentó una iniciativa para reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, en la que propone establecer zonas de tolerancia y multas a quienes se salgan de las zonas determinadas, que pueden ir de 20 a 50 días de unidad (salario mínimo). Sabemos que ya existen zonas donde se les cobra derecho de piso, y seguramente la siguiente medida será cobrarles impuestos como en Holanda y Alemania, “trabajen” o no.
 
Qué ventaja puede darles la reglamentación, cuando el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por México en 1951, establece que:
 
…Artículo 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.
 
Escuché a Marta Lamas decir que la prostitución o “trabajo sexual” -como dice ella- es una actividad precarizada y un comercio nocivo. Me di a la tarea de tratar de entender qué es un mercado o comercio nocivo y encontré que Satz dice que … “el mercado puede considerarse "nocivo" por su origen: limitamos la libertad de disponer y contratar cuando los que contratan y disponen de los bienes no lo hacen por cuenta propia y hay razones para pensar que los titulares del interés objeto de disposición sufren elevados costes de agencia o son, en general, vulnerables. La segunda, cuando el mercado produce resultados "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Aquí tendríamos que preguntarnos por qué se prohíbe a una persona disponer libremente de sus derechos (contratos usurarios, contratos de esclavitud, compromisos de no contraer matrimonio) o por qué determinadas transacciones no pueden implicar contraprestación (donación de sangre o de órganos) o por qué uno no puede obligarse por un tiempo demasiado largo (contratos "para toda la vida") es un tema muy atractivo porque nos coloca en el centro de discusiones que se suponen socialmente importantes. 
 
Este es el caso de la prostitución, el tráfico de órganos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, entre otros, y la respuesta es muy sencilla, la dignidad, la integridad, la seguridad y la vida no son bienes jurídicos que estén disponibles, y por lo tanto nadie puede consentir su propia explotación.
 
Además y, en suma, la libertad individual está limitada por la libertad de las demás personas, porque produce efectos "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Estamos promoviendo una iniciativa que hemos presentado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y esperamos que todas y todos los lectores de “Mujeres Cautivas”, nos puedan apoyar con su firma. La iniciativa está en el siguiente link:  https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog.
 
Habla, opina, no te quedes callada.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) enviará a la Asamblea Constituyente una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna local para no reconocer a la prostitución como un trabajo sino como “un sistema de explotación y violencia patriarcal”.
 
En una carta pública disponible en la plataforma Change.org esta organización internacional que en México apoya y litiga casos de mujeres víctimas de desaparición, feminicidio y explotación sexual, rechazó categóricamente el reconocimiento de la “prostitución como trabajo no asalariado (o asalariado)” en la Carta Magna capitalina.
 
De acuerdo con el escrito, la “prostitución” legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, las y los adolescentes, las niñas y los niños, son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar bajo el neoliberalismo salvaje impuesto por el capitalismo y la globalización de la industria del sexo.
 
La agrupación argumenta que en México el artículo 1 de la Constitución federal dice que en el país se deben aplicar los tratados internacionales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Convención del 49 ratificada en 1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (ratificado en diciembre de 2003).
 
En este sentido la CATWLAC asegura que todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos; además reitera que el Estado mexicano y la Ciudad de México, tienen la obligación de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual.
 
Si bien hay colectivos de mujeres que apoyan el reconocimiento del “trabajo sexual” y mencionan que es una actividad que ya se ha reconocido en otros países, la CATWLAC asegura que no existe en el mundo una constitución que incluya el reconocimiento de la prostitución como “trabajo sexual”, ni siquiera en aquellos que la legalizaron.
 
Respecto a la posición de legisladores de la Asamblea Legislativa que promueven esta actividad tras el argumento de que será un “trabajo” siempre y cuando se realice con el “consentimiento” de las mujeres o sólo si es “una decisión personal” la agrupación señala que esta idea se basa en una visión liberal de los Derechos Humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos y de toda noción de bien común.
 
En esta carta se agrega además que el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito de trata de personas y en general afirma que no se puede hacer una distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
 
Hasta ahora las propuestas legislativas y el borrador de Carta Magna para la capital del país se sustentan en la sentencia de amparo que en enero de 2014 emitió el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que resolvió que sancionar el “trabajo sexual” es “inconstitucional” y ordenó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorgar credenciales a las “personas sexoservidoras”.
 
Sin embargo la agrupación presidida por la activista Teresa Ulloa asegura que dicha sentencia de amparo es una tesis aislada y no una tesis jurisprudencial, ya que para que esto ocurra se necesitan cinco sentencias en el mismo sentido para que los efectos del fallo sean generales, por tanto, la resolución no puede constituirse en una norma en sí misma y sólo aplica para quienes solicitaron el amparo.
 
Por otro lado, la CATWLAC pone sobre la mesa que la tendencia mundial en relación con la prostitución está encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de ésta con una amplia gama de apoyos a las víctimas, despenalizando esta actividad, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual. Así pasa en Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Guatemala y El Salvador, agrega.
 
En abril de 2016 la Asamblea Nacional Francesa adoptó una “ley contra el sistema prostitucional”, a favor del acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y la prohibición de la compra de cualquier acto sexual.
 
En este contexto, en la carta –abierta a firmas ciudadanas– se solicita una audiencia con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para presentar una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna, el cual busca dar garantías laborales al “trabajo sexual”.
 
La CATWLAC propone que en lugar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cree un fondo de pensiones y prestaciones para “trabajadoras sexuales”, cree mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos laborales y que todas las personas que obtengan un ingreso hasta de 150 mil pesos al año, se reconozcan como trabajadoras y trabajadores no asalariados y gocen de todos los derechos.
 
16/AGM/LGL

En días pasados, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó una resolución por mayoría de votos, en la que determinó no sancionar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ni al Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal (PRI-DF), y no precisamente porque lo estuviera exonerando, sino porque no contaron, a pesar de casi 300 diligencias y 7 líneas de investigación, con elementos que les permitieran fiscalizar y dictar una sanción. 
 
¿Qué quiere decir esto? que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) se negó a entregarles copia de las Averiguaciones Previas, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tampoco les entregó copia de la investigación que tienen abierta contra la PGJ por haber violado el resguardo de la identidad de las víctimas y por no haber actuado con la debida diligencia en la investigación de los hechos que denunciaron, ni tampoco la Comisión de Justicia Partidaria del PRI quiso entregarles copia de su investigación.
 
Así mismo, intentaron localizar a 28 mujeres adscritas a la entonces presidencia del PRI-DF, y sólo ubicaron a 8, de las cuales sólo pudieron entrevistar a 3.  Tampoco pudieron ubicar a Marisol Martínez González, una de las responsables de la contratación de los anuncios en El Universal y hermana de Claudia Priscila Martínez González, una de las principales enganchadoras de Gutiérrez de la Torre, quien declaró con falsedad y sigue impune.
 
Además del tremendo ridículo que hizo el IEDF, nos quedó clarísimo que no tiene dientes, que las autoridades pueden negarse a entregarle la información y no tiene cómo forzarlas y que no tienen a quien acudir, para que la Policía Federal o cualquier policía les ayude a localizar personas, incluso ni el Instituto Electoral del Estado de México, ya que varias de las personas que trataron de localizar tenían sus domicilios en esa entidad.
 
El IEDF tampoco pudo siquiera sancionar al PRI por negarles la información que le requirieron.
 
Pero también el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un gran ridículo, ya que aún cuando fue el instituto político que presentó la queja en el IEDF, ahora votó a favor de la resolución con un pronunciamiento especial que solicitó, se registrara, para dejar constancia de que se estaba manifestando en apoyo a la resolución adoptada.
 
Después de 2 años y medio, tres denuncias ante la PGR, mismas que fueron remitidas a la PGJDF, y luego acumuladas en un solo expediente; un recurso contra el No Ejercicio de la Acción Penal, un recurso de reclamación, tres amparos, tres recursos de revisión y dos solicitudes de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las víctimas siguen esperando justicia y los hechos ni siquiera se han investigado.
 
Lo que es evidente es que en este caso la debida diligencia y el derecho a la justicia para las víctimas no ha sido garantizado por las autoridades ni federales, ni de la Ciudad de México.
 
Mientras tanto, Gutiérrez de la Torre, acompañado de su abogado personal Ciro Gómez Leyva, se presentó en días pasados en un noticiero de Radio Fórmula como la víctima inocente a quien hay que pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué?  el IEDF no lo exoneró, reconoció que no se pudo allegar los elementos para sancionarlo. Esto no quiere decir que sea inocente. 
 
Cómo decirles a las víctimas que denuncien, cómo pedirles que no tengan miedo, que no se callen… En el caso Gutiérrez de la Torre se ha hecho evidente cómo se tienen que enfrentar a la absurda impunidad rampante y a un manto de poder y corrupción que se ha tendido para impedir que ellas, las víctimas, logren el acceso a la justicia.
 
Lo que es innegable es que las instituciones y sus funcionarios han fallado, les han fallado a las víctimas cuando su seguridad e integridad está en riesgo, cuando no podemos entender ¿qué mueve al Procurador de la Ciudad de México? ¿qué vínculos políticos unen al Gobierno de la Ciudad y su partido con el grupo delictivo de Gutiérrez de la Torre? ¿qué le deben?…
 
Aún más, el mismo Juez 14 de Distrito en materia de Amparo Penal que le otorgó el amparo a Gutiérrez de la Torre para que la PGJ determinara su Averiguación Previa -o sea amparó al presunto criminal- les negó el amparo a las víctimas, sin siquiera haber entrado al fondo del mismo por un tecnicismo de forma y no de fondo que se está combatiendo por medio de un recurso de revisión.
 
El caso no está concluido, el punto final de la historia no se ha escrito, y si es necesario llegaremos a las instancias internacionales.  Cuando las instituciones fallan, sólo nos queda la movilización y la organización feminista.
 
¡Es por ti, por ellas, por todas!
¡Ni una más víctima de las redes de trata y prostitución!
¡Ni una menos víctima de desaparición o feminicidio!
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL