mortalidad materna
Mortalidad Materna
Sexto Informe de Gobierno revela pendientes en salud
Cifras de muerte materna y embarazo adolescente se mantienen

Las mexicanas siguen sin acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, las cifras de muertes maternas y embarazo adolescente se mantienen y no se alcanza la cobertura mínima en la detección de cáncer de mama y cervicouterino, revela el sexto y último Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto (2017-2018).
El sexto Informe de Gobierno que entregó Peña Nieto el pasado 3 de septiembre y que marca el fin de su sexenio (2012-2018), dejó ver que los problemas trascendentales para las mujeres como es la salud, siguen sin tener cambios.
Un ejemplo de ello es que la Razón de Mortalidad Materna (RMM) no tuvo una reducción significativa en este sexenio, en 2016 se ubicó en 36.7 defunciones maternas por cada mil nacidos vivos, significa una disminución de apenas 1.4 puntos respecto a la RMM registrada en 2013, la cual se calculó en 38.1.
Asimismo tampoco se logró la cobertura total en la atención médica a las mujeres que presentaron un embarazo. De acuerdo con el informe que revisó Cimacnoticias el porcentaje de atención durante el primer trimestre de gestación fue de 54.4 por ciento, es decir solo cinco de cada 10 embarazadas tuvieron una primera consulta en ese periodo de gestación. En tanto, el promedio de atenciones prenatales por cada mujer embaraza fue de 6.7 consultas.
Lo mismo ocurre en el abastecimiento de métodos anticonceptivos, el informe precisa que la cobertura en las mujeres casadas o unidas entre los 15 a 49 años de edad fue del 50.9 por ciento, esto equivale a 4.5 millones de usuarias activas de algún anticonceptivo al cierre de 2017.
Y representa un incremento de 20 por ciento de usuarias en comparación con las que se tenían registradas en 2012 cuando inició el sexenio que eran 774 mil.
Asimismo se informa que la Secretaría de Salud de 2014 a 2018 hizo una inversión de 4 mil millones de pesos en la compra centralizada de anticonceptivos para el suministro de los centros de salud, con lo que hasta ahora se tienen disponibles 14 tipos de anticonceptivos de forma gratuita.
A pesar de estos avances los índices de embarazo adolescente continúan en el país, la proporción de adolescentes embarazadas en 2017 alcanzó 10.6 por ciento de dicha población, el mismo informe menciona que se trató de un “desempeñó medio”.
No obstante que una de las políticas que Peña Nieto impulsó en 2016 fue la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), de la cual, en el informe, sólo se hace referencia en una ocasión, al citar la difusión de una “campaña sobre educación sexual”.
En el rubro de salud también se destaca en el informe el “fortalecimiento de los programas de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino”, de 2013 a junio de 2018 se realizaron 12 millones de mastografías a mujeres entre 40 a 69 años de edad y 30 millones de citologías a mujeres entre 25 a 64 años de edad.
Sin embargo no transparenta lo que estas cifras significaron en cobertura de estos servicios para las mexicanas, en contraste en 2015 la Secretaría de Salud publicó en su “informe sobre la salud de los mexicanos” que la cobertura nacional de mastografías en mujeres de 40 a 69 años de edad fue apenas de 14.8 por ciento.
Respecto al cáncer en mujeres el informe precisa que el Instituto Nacional de Cancerología amplio sus programas en cáncer de ovario, investigación de cáncer de mama y biomarcadores, cáncer de pulmón en mujeres no asociado al tabaquismo, y el cáncer cervicouterino.
18/HZM
Aborto
Organizaciones piden reabrir debate legislativo
Entregan firmas a Asamblea Legislativa de El Salvador para despenalizar aborto

La “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto.
Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer” y que pide la despenalización por 4 causales.
La segunda iniciativa solicita reformar el CP, con base en los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país, donde se “refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.
La primera iniciativa – presentada por la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), Lorena Peña- plantea anexar al artículo 133 del Código Penal un apartado “A”, el cual permita legalizar el aborto con el consentimiento de las mujeres en cuatro causales:
cuando corra riesgo su vida (para este efecto deberá presentarse un dictamen médico con el consentimiento de la mujer); cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en el caso de menores de edad, por violación y estupro, el cual podrá ser realizado con consentimiento de la menor de edad con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
La segunda iniciativa –presentada por el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA) Johnny Wright- propone reformar el texto del artículo 133, de la siguiente forma: “El que provocare un aborto con el consentimiento de la madre o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de treinta a cincuenta años”.
Al artículo 139 del CP, se añada que de las “lesiones descritas” en el Art. 133 cuando estas “se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de seis meses a dos años” se excluya de la penalización a las mujeres en gestación.
La propuesta también propone reformar los artículos 373 y 374 del CP para sancionar a las personas que de manera ilegal vendan o suministren sustancias o productos que provoquen la interrupción del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión.
En el caso de las personas que anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar aborto no serán multados económicamente, sino sancionados con prisión de 6 meses a 2 años.
Las dos inactivas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para que entren en vigor ocho días después en el Diario Oficial.
PROHIBICIÓN TOTAL IGUAL A MUERTE MATERNA
La defensora Moreno Herrera dijo que la prohibición absoluta del aborto ha conllevado a un aumento en los números de mortalidad materna. “Cuando el embarazo es producto de una violación el Estado obliga a las mujeres a seguir con el embarazo. El envenenamiento y el suicidio son las primeras causas indirectas de muerte materna en adolescentes”.
Cabe recordar que el aborto en este país estaba permitido hasta 1998 (cuando se reformó el Código Penal para penalizarlo) por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.
A la par, en 1999, se reformó el artículo 1º de la Constitución salvadoreña para reconocer “a la persona humana desde la concepción.”
En 2016, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil del país, se recibieron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales: 47 fueron por violaciones, la mayoría de ellas correspondían a menores de15 años de edad.
Morena Herrera señaló que la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y vida de las Mujeres -agrupación de médicos y médicas de diversas especialidades- se ha incorporado a la labor de generar y difundir información científica que explique el impacto de la penalización absoluta del aborto y la necesidad de cambiar la Ley.
Esta Unión Médica, dijo, ha realizado conversatorios con profesionales de la salud -nacionales e internacionales- para exigir crear leyes que garanticen la seguridad jurídica de su profesión. De acuerdo con el Artículo 135 del CP se penaliza de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación de sus facultades al médico o personas auxiliares que realicen un aborto.
La Agrupación Ciudadana exigió al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.
RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS
La organización internacional Amnistía Internacional estima que al menos 27 mujeres continúan encarceladas por tener un aborto. “Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia”.
La organización explicó que las mujeres con abortos espontáneos o por complicaciones son “habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto. Los fiscales suelen acusarlas de homicidio u homicidio agravado”, delitos con pena de prisión de hasta 50 años.
La investigación “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: Impacto de la criminalización del aborto en El Salvador” realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” evidenció que de 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, 88 tenía entre 18 y 25 años.
De los 129 casos, la mayoría de las denuncias provenían de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con 74; 13 por vecinos; 11 por la familia directa y 6 por anónimos.
La investigación revela cómo la criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres y violaciones a sus Derechos Humanos en tres niveles: el sector de salud, judicial y penitenciario. “El estigma que existe alrededor del aborto ha hecho que deje de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos”.
Al ser considerara una práctica ilegal, no se tienen registros del número de muertes por complicaciones en el embarazo o abortos, señala el estudio.
18/AEG/LGL
Aborto
Por séptima ocasión presentan ante Congreso proyecto de IVE
Argentinas marcharán por despenalización del aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, presentó el día de ayer, ante la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), iniciativa que busca despenalizar el aborto sin importar las condiciones bajo las cuales se produzca el embarazo.
En un comunicado emitido por la Campaña, las organizaciones de mujeres presentaron por séptima ocasión el Proyecto y pidieron que el Estado argentino legalice el derecho de decisión voluntaria al aborto en condiciones sanitarias “adecuadas”.
El Proyecto cuenta con 13 artículos encaminados a eliminar las “trabas médicas y judiciales que niegan o demoran en numerosas ocasiones” la posibilidad de llevar cabo un aborto seguro. Propone reformar los artículos 85, índice 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación, que niegan a las mujeres el derecho a un aborto legal, aún cuando la vida de éstas corra peligro.
Actualmente el Código argentino penaliza de 1 a 4 años de prisión a quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer y con un máximo de 6 años a quien lo realiza si la mujer muere durante el procedimiento. También contempla sanciones de inhabilitación y el doble de condena para el personal de salud que lo realice.
En Argentina el aborto sólo es permitido por violación y por peligro a la vida o la salud.
Ante ello el Proyecto de Ley propone derogar el índice 2, del artículo 86 que establece “que si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” deberá pedir el permiso legal de su representante o tutor.
La propuesta también plantea que la interrupción del embarazo se realice dentro de las primeras 14 semanas de gestación, y que se incluyan las causales de “malformaciones fetales graves y el riesgo psíquico o social de la mujer.”
El Proyecto IVE exige que el Código Civil y Comercial de la Nación analice la interpretación del artículo 26, referente a los “tratamientos invasivos” y “tratamientos no invasivos” en el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años de edad.
Con este Proyecto las organizaciones buscan reducir la mortalidad materna de las mujeres y adolescentes así como ser parte de los países donde el aborto inducido está permitido como Puerto Rico, Cuba, Uruguay, México, entre otros. Resaltaron que la “prohibición no evita que las mujeres se realicen abortos, sino que los convierte en una práctica de mayor vulnerabilidad”.
A pesar de que Argentina cuenta con el Protocolo de Atención Integral para las personas con derecho a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las organizaciones mencionaron que éste no es acatado en todos los hospitales y centros de salud del país, lo cual dificulta el acceso de las mujeres a un aborto seguro.
De acuerdo con datos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en este país se realizan entre 370 mil y 520 mil abortos al año, muchos de ellos en condiciones inseguras. De éstos, se estima que 49 mil mujeres son hospitalizadas debido a complicaciones por abortos realizados en estas condiciones.
El Proyecto IVE con número de expediente 4161-D-2016 está firmado por más de 40 diputados y diputadas de diversos bloques políticos, encabezado por las diputadas: Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical (URC), Mónica Mancha de la Coalición del Frente para la Victoria, (Fp-V-PJ) y Romina de Plá del Partido Obrero/Frente de Izquierda de los Trabajadores (PO/FIT).
SUMARÁN ESFUERZOS EN MARCHA POR EL 8 DE MARZO
Como parte de las acciones para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las feministas que integran la Campaña Nacional convocaron a la marcha que se realizará este jueves cuya consigna será “Educación sexual para decidir, Aborto legal para no morir y Anticonceptivos para no abortar”. Al final de ésta realizarán una Asamblea en la que darán lectura al consenso de todas las organizaciones sobre el aborto y otros temas.
Cabe recordar que en febrero de este año se llevaron a cabo otras movilizaciones como el “Pañuelazo” y “Tuitazo” con el hashtag #AbortoLegalYa, para promover la aprobación del Proyecto de Ley, expresó la integrante de la Campaña, Patricia Lourdes.
18/AEG/LGL
SALUD
En México Médicos desconocen el sulfato de magnesio: Population Council
Escaso uso de fármaco especializado para prevenir muertes maternas

Los servicios médicos de México desconocen sobre el uso de medicamentos como el sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia y preeclampsia (hipertensión arterial) durante el embarazo, indica un estudio del Population Council.
De acuerdo con una publicación de 2013 del centro estadounidense de investigaciones biomédicas sobre el uso de sulfato de magnesio para prevenir trastornos hipertensivos durante el embarazo, a menos de la mitad de las mexicanas que fallecieron por esta causa se les administró el medicamento como parte del tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que los Estados pueden prevenir la eclampsia y preeclampsia asegurando la distribución del sulfato de magnesio en los servicios médicos, ya que estos trastornos son la segunda causa de muerte materna en el mundo.
Se ha demostrado que el sulfato de magnesio tiene efectos benéficos para las mujeres gestantes: reduce el riesgo de fallas renales, accidentes cerebrovasculares, falla hepática y mejora el control de presión sanguínea. También tiene beneficios para los recién nacidos y reduce el riesgo de parálisis cerebral para los que nacen con bajo peso.
Como parte de la investigación, el Population Council revisó el historial clínico de mexicanas que fallecieron en 2005 como consecuencia de trastornos hipertensivos durante el embarazo. Encontraron que 38 por ciento de las mujeres con preeclampsia severa y 48 por ciento con eclampsia no fueron tratadas con sulfato de magnesio.
Tras entrevistar al personal médico para conocer las razones por las cuales no utilizan este fármaco, detectaron cuatro posibles barreras: la falta de conocimiento sobre este tratamiento; miedo a los efectos adversos o administrarlo de forma correcta; el monitoreo o supervisión inadecuada; y la resistencia a los cambios de regímenes, arrojó la investigación.
Además de este análisis a nivel nacional, el grupo de investigadores de la organización analizaron el uso de sulfato de magnesio en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México.
En el caso de la capital del país examinaron los expedientes médicos de 91 mujeres que murieron por eclampsia de 2005 a 2017. De ellas, el sulfato de magnesio sólo se prescribió a poco más de la mitad (51 por ciento) y en 15 por ciento de los historiales clínicos no se especificó el tipo de tratamiento.
En Oaxaca se revisaron los registros médicos de 493 mujeres con preclamsia y eclampsia que fueron tratadas en hospitales públicos y sobrevivieron, asimismo de 13 mujeres que fallecieron.
En la averiguación observaron que 50 por ciento de las mujeres sobrevivientes con preeclampsia y 82 por ciento de las que padecían eclampsia, si bien recibieron medicación adecuada, el uso de sulfato de magnesio no era utilizado.
Nuevamente a partir de pláticas con el personal de los servicios sanitarios de Oaxaca, las y los expertos hallaron que hay una tendencia por utilizar prácticas “basadas en la experiencia”, en lugar de prácticas médicas seguras recomendados por los altos estándares debido a su eficiencia.
A ello el estudio precisa que en Oaxaca, al ser una de las zonas con mayor pobreza en México, hay escasez de recursos humanos y materiales disponibles en los niveles de atención primaria.
Tan solo en 2015 el Observatorio de Mortalidad Materna en México registró 778 muertes maternas; 21 por ciento a causa de enfermedades hipertensivas, siendo la segunda razón de estas defunciones.
OTROS PAÍSES
Además de México, el Population Council analizó la implementación del sulfato de magnesio para prevenir la muerte materna en Nigeria y Bangladesh.
Para Nigeria, país ubicado al occidente de África, el Population Council analizó la aceptación del sulfato de magnesio entre el equipo médico de hospitales y desarrolló un plan para que los proveedores de los servicios de salud lo prescribieran. Según el reporte los resultados fueron positivos, en los 10 lugares donde se llevó a cabo el proyecto, hubo una reducción del 40 por ciento de la mortalidad materna y bajo 68 por ciento la eclampsia.
Con ello se distribuyó en 40 hospitales de atención primaria el fármaco y se creó un manual de capacitación sobre el cuidado de las mujeres embarazadas con eclampsia.
Mientras en el país asiático, Bangladesh, se capacitó a personas que brindan servicios de salud en las comunidades del uso de sulfato de magnesio para que recomienden dosis a las mujeres gestantes con hipertensión y después las canalicen a los servicios médicos de este país.
17/HZM
OMM presenta numeralia
Muerte Materna en México se ubicó en 36.4 defunciones en 2015

En 2015 ocurrieron 778 muertes maternas (MM) en México, la principal razón de estas defunciones fueron las causas obstétricas indirectas seguidas de las enfermedades hipertensivas y hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio.
Esto, de acuerdo con datos de la “Numeralia 2015” que presentó este mes el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), con lo que calcula que la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 36.4 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos en 2015, dos puntos abajo en comparación con el año anterior que fue de 38.9.
El OMM realiza esta síntesis informativa con el fin de visibilizar las particularidades que tienen las muertes maternas en el país, el reporte muestra que 39 por ciento se concentran en las siguientes entidades: Estado de México (94 defunciones), Chiapas (77), Ciudad de México (56), Veracruz (42) y Puebla (40 defunciones).
No menos alarmante otros estados también cuentan con un alto número de muertes maternas, como Oaxaca con 39 casos, en Guanajuato, Guerrero y Jalisco, ocurrieron 36 respectivamente, y 30 en Chihuahua.
Además, 11 por ciento de las MM eran adolescentes menores de 19 años de edad, es decir, 85 casos; y 24 por ciento tenían entre 19 y 24 años.
Estas cifras fueron obtenidas por la organización a través de solicitudes hechas a la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud. Se retoma de forma tardía el año 2015 porque son variables apenas disponibles, precisa el reporte.
DE QUÉ FALLECEN
De acuerdo con el OMM, del total de muertes maternas, 230 fueron por causas obstétricas indirectas (enfermedades existentes desde antes del embarazo o que evoluciona durante el mismo); 164 mujeres fallecieron por enfermedades hipertensivas (preeclampsia y eclampsia); 105 decesos fueron producto de un hemorragia y 72 por someterse a un aborto inseguro.
Destaca que en el Edomex y Veracruz, la tercera razón de los decesos fue por aborto inseguro: mientras en el primero de las 95 defunciones 16 por ciento fueron por esta causa, en el segundo, de las 42 muertes, 17 por ciento fue por la misma razón.
Cabe mencionar que en el territorio nacional, con excepción de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Querétaro, se puede interrumpir el embarazo si la mujer está en riesgo de muerte.
Y sólo en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, cuando el embarazo derive en daño a la salud de la mujer. En todo el país, cuando es producto de una violación sin necesidad de presentar una denuncia.
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
Respecto a la atención médica, el informe del Observatorio indica que un 19 por ciento de las 778 mujeres que fallecieron por razones maternas no tuvo control prenatal durante el embarazo y 11 por ciento no contaba con seguridad social o alguna protección a la salud (89 mujeres).
Aunque contar con derechohabiencia tampoco reduce los riesgos de MM, las mujeres que fallecieron por estos motivos representan más del 70 por ciento de los decesos, la mitad (54 por ciento) tenía Seguro Popular y el resto (24 por ciento) estaba inscrita a los servicios de salud del IMSS, ISSTE, Pemex, Sedena o Semar.
Sin embargo un 30 por ciento de las mujeres vivía en municipios con alto o muy alto grado de marginación y pobreza. En tanto, 92 mujeres fallecieron en su hogar y 429 en servicios estatales y federales de salud.
MUERTES TARDÍAS
Como parte de las secuelas obstétricas, en 2015 se registraron 157 muertes maternas tardías (defunciones ocurridas después de los 42 días del parto), 17 más que en 2014, subraya el informe.
17/HZM/LGL
Gritos, regaños e imposición de métodos anticonceptivos la constante
En cinco años, 2.9 millones de mexicanas vivieron violencia obstétrica

En los últimos cinco años en México 2.9 millones de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte del personal médico que las atendió, reportó la Encuesta Nacional sobre Dinámicas en las Relaciones sobre los Hogares 2016 (Endireh).
Por primera vez, la encuesta quinquenal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó la violencia obstétrica (abusos de los médicos de servicios sanitarios durante el embarazo, parto y puerperio) como parte de los indicadores de las formas de violencia contra de las mujeres donde destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, con más incidencia de casos.
El Edomex fue el que registró más número de nacimientos y denuncias de maltrato en la atención obstétrica. De los más de un millón de mujeres que tuvieron un parto de 2011 a 2016; 39.5 por ciento denunció algún agravio por parte del personal de los servicios de salud.
En el país las embarazadas en labor de parto fueron víctimas de gritos, regaños y falta de atención inmediata durante el parto: 21.5 por ciento del total, indica la Endireh.
La violencia obstétrica también contempla como abuso a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, aplicar anticonceptivos o esterilización sin el consentimiento de las pacientes. De acuerdo con Inegi, 4 de cada 100 mujeres dijo que les fue colocado por personal médico un método anticonceptivo sin preguntarles y 9 de cada 100 señaló que la presionaron a aceptar la operación para ya no tener más hijos o hijas.
De los abusos reportados por las 2.9 millones de mujeres, 40.8 por ciento indicó que se cometieron en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 38.7 por ciento en clínicas públicas locales y un 29.8 por ciento en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Esto, a pesar de que desde 2016 se reformó la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016) “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, y obliga al personal médico a atenderlas con un sentido ético, de calidad y respeto a sus DH, así como tener el consentimiento informado de las mujeres.
Sin embargo a lo largo de la República sólo 11 de las 32 entidades federativas cuenta en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la definición de la violencia obstétrica como delito (Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México).
CÉSAREAS INNECESARIAS Y FORZADAS
La Endireh 2016 destaca que en cinco años, a 43 de cada 100 mujeres les fue practicada una cesárea, situación que triplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10 y 15 por ciento) porque en comparación con un parto vaginal, aumenta tres veces el riesgo de que las mujeres mueran, se enfermen o que el producto tenga problemas respiratorios al nacer.
La preocupación radica también, que al 10 por ciento de las 3.7 millones mujeres que tuvieron un parto por cesáreas no les fue informada la razón médica por las que fue practicada, y a 9 de cada 100 mujeres ni siquiera les pudieron su autorización para realizarla.
17/HZM
SALUD
LA VOZ DE LA COALICIÓN
A ocho años del Convenio para atender emergencias obstétricas

2009 fue un año en que México contempló diversas estrategias para alcanzar las metas señaladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Fue el caso del Quinto Objetivo (ODM5), que perseguía reducir la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en un 75 por ciento durante el periodo 2000-2015, partiendo de las cifras de 1990 (88 por cada 100 mil nacidos vivos, lo que correspondería a una RMM de 22 por cada cien mil nacidos vivos para conseguir la meta del Milenio).
En mayo del 2009 se firmó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas (Convenio), con la finalidad de coadyuvar en la reducción de la mortalidad materna. En esa misma línea, surgió el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), con apoyo del Grupo Interagencial de Naciones Unidas, con la idea de fungir como instancia independiente conformada por sociedad, academia y gobierno con el propósito de unir esfuerzos para el logro de los compromisos establecidos en el ODM 5.
La estrategia del Convenio marca un hito histórico en el Sistema de Salud Mexicano, puesto que es la primera política pública que provee de acceso universal de la atención de las emergencias obstétricas a las mujeres y sus recién nacidos, independiente de su afiliación y de manera gratuita.
El Convenio plantea remontar dificultades en el acceso a los servicios de salud por cuestiones de índole geográfica, financiera, de afiliación. Y asegurarán la atención de las urgencias las principales instituciones públicas: Secretaría de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Prospera).
Se trata de aprovechar la infraestructura existente por medio de la colaboración interinstitucional, evitando demoras y garantizando el beneficio de la provisión de los servicios. Cabe señalar que cuando se planteó el Convenio no se consideraron indicadores de evaluación de procesos ni resultados y hasta el momento no existen evaluaciones internas con fines de analizar el impacto de esta iniciativa para reducir la mortalidad materna.
LA REALIDAD
El OMM ha monitoreado este Convenio desde el 2011 hasta 2015. Y de la experiencia de los resultados de tres monitoreos se destaca:
1. Las usuarias de los servicios de salud desconocen el beneficio potencial que puede proveer esta política pública. En promedio cada año se benefician poco menos de mil mujeres a través del Convenio. Cada año existen aproximadamente 750 mil emergencias obstétricas, las cuales son atendidas en los 1221 hospitales públicos del territorio nacional. Solo 467 establecimientos cuentan con acreditación expedida por la SS para la atención de las emergencias obstétricas.
2. Si bien se identificó que todas las mujeres son atendidas ante una urgencia, las distintas instituciones otorgan la atención privilegiando sus propias redes de servicios, sin colaborar ni aprovechar los recursos e infraestructura de las otras instituciones, y muy posiblemente demorando la atención.
3. En las zonas de acceso remoto y en aquellos establecimientos que no disponen de servicio de ambulancia, durante la búsqueda de la atención las mujeres incurren en gastos catastróficos que llegan a ascender hasta por cinco mil pesos. En su mayoría son mujeres de escasos recursos que viven en municipios con alto índice de marginación y donde existen también elevados niveles de inseguridad y violencia. Se identificaron casos en donde las mujeres realizaban trayectos entre distintos hospitales en distintas entidades federativas hasta por lo menos en cinco establecimientos diferentes.
RECOMENDACIONES PARA EL CONVENIO
Por todo lo anterior, el OMM recomienda difundir este Convenio que es de observancia obligatoria, al convertirse en ley a partir de noviembre del 2015. Esta obligatoriedad implica que se deberá atender a las mujeres durante una emergencia obstétrica en cualquier establecimiento, es decir, no se limita a los 467 hospitales donde opera el Convenio.
Para conseguir el acceso universal, es importante que las distintas instituciones configuren redes de servicios con un enfoque interinstitucional, con el objetivo de asegurar la provisión a todas aquellas mujeres que así lo requieran.
La formalización de redes interinstitucionales para la atención de emergencias obstétricas posibilitaría una ruta de entrada más eficiente al sistema de salud, y coadyuvaría en la atención de cualquier tipo de padecimiento, tanto agudo como crónico.
Es urgente acreditar a la totalidad de establecimientos hospitalarios en la atención de emergencias obstétricas, sobre todo aquellos que otorgan este servicio de manera rutinaria. Con ello los hospitales se comprometen a disponer de la suficiencia de recursos humanos, insumos, tecnológicos e infraestructura para otorgar la atención las 24 horas los 365 días del año según las necesidades de las mujeres y los recién nacidos.
El OMM recomienda que los proveedores de servicios de salud desarrollen habilidades y competencias gerenciales, que permitan maximizar la utilización de recursos de la red interinstitucional, a partir de difundir el enfoque de colaboración interinstitucional entre el Cuerpo de Gobierno y personal de salud involucrado en la atención de las emergencias obstétricas.
*Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México
**Profesora investigadora del CIESAS-Sureste
***El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
17/MGRR/MGFE/GG
SALUD
LA VOZ DE LA COALICIÓN
Modificaciones a la Ley General de Salud para disminuir la mortalidad materna

El 19 de diciembre del 2016 se publicó el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Estas modificaciones resultan relevantes en un contexto en el que la violencia obstétrica y las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres siguen siendo un reto.
El decreto menciona en su Artículo 115 Bis 1 que la “Atención a la Urgencia Obstétrica” se refiere a “Los servicios de atención médica que deben brindarse a la mujer que presente una Urgencia Obstétrica, por el personal médico de las Unidades Hospitalarias. Dichos servicios deberán prestarse de manera inmediata, continua y de calidad, las veinticuatro horas del día, todos los días del año…”
El Artículo tiene gran relevancia debido a los múltiples eventos de violencia obstétrica que se han materializado en casos de mujeres que parieron afuera de hospitales públicos o en la sala de espera.
Los sensibles casos de muertes maternas y de neonatos muestran las consecuencias más graves de la falta de mecanismos claros y efectivos para la referencia, contra-referencia e ingreso inmediato de las mujeres con complicaciones en el embarazo.
Este decreto deja en claro la importancia de la Atención a la Urgencia Obstétrica, la cual “se debe brindar a las mujeres que presenten una Urgencia Obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la Referencia que realice una Unidad Médica Receptora, en las Unidades Hospitalarias, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento”.
El índice de mortalidad materna ha sido uno de los principales indicadores de desarrollo, debido a que ocurre en contextos de pobreza, desigualdad y de falta de acceso a los servicios de salud de calidad, por lo que estas modificaciones a la Ley General de Salud pretenden responder a esta sensible situación en la que se encuentran los servicios de salud en México.
Uno de los múltiples casos de violencia obstétrica en el país ocurrió en 2013, en un hospital rural de Ocosingo, Chiapas, donde murieron la paciente de 32 años y su hijo recién nacido. La responsabilidad en este caso fue del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, no fue sino hasta el 2016, tres años después, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación.
A este panorama se suman los casos de mujeres que han tenido que enfrentarse a negligencia médica, violencia en los servicios o negación en la atención. Uno de estos casos se presentó a escasas semanas de haber iniciado el año, donde una recién nacida fue lesionada durante el parto, por lo que se presentó una denuncia de Violencia Obstétrica contra el Hospital Galenia de Cancún.
La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, apunta en el mismo sentido de ampliar el acceso a la salud reproductiva de las mujeres. En su reciente publicación, esta norma tiene gran relevancia por considerar como un factor de riesgo de mortalidad materna los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres en los servicios de salud, en el ámbito familiar o en la comunidad.
Sin duda, estos instrumentos legales y normativos representan un panorama de posibilidad para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contemplan la reducción de la mortalidad materna, la erradicación los casos de violencia obstétrica, el fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niñez menor de 5 años.
Sin embargo, nuestro país se enfrenta a un sistema de salud que ha sido denunciado públicamente por la escasez de recursos, el desabasto de medicamentos, la falta de insumos para la atención y personal de salud insuficiente para atender en los centros de primer nivel (Cruz Martínez Ángeles, 28 de junio del 2016, Cambios en procedimientos y desabasto motivaron protestas en el sector salud, La Jornada; Juárez Blanca, 15 julio 2014, Desabasto de medicinas, principal problema en centros de salud: UNAM, La Jornada).
Indudablemente, esta serie de factores también impactan en el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres, entre los que se encuentra el derecho a la salud.
*Líder de Proyectos en Salud Integral para la Mujer A.C. SIPAM
**SIPAM es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
17/SMG/GGQ
SALUD
Hay escasez de mastógrafos y especialistas médicos
Insuficientes servicios de salud para las mexicanas en 2015

La Secretaría de Salud (Ss) reconoció que en el país los servicios de atención a la salud de las mujeres son insuficientes, especialmente en temas como: cobertura de mastografías y salud materna.
La Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) de la Ss, presentó el reporte estadístico “Informe sobre la salud de los mexicanos 2016”, donde identifica las principales problemáticas que enfrenta el país en materia de salud, para efectuar un análisis del financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios.
COBERTURA DE MASTOGRAFÍAS EN MÉXICO
En 2015 la cobertura nacional de mastografías en mujeres de 40 a 69 años de edad fue apenas de 14.8 por ciento; mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la cobertura de mastografías para la detección temprana de cáncer de mama (CaMa) en la población de riesgo, debe alcanzar por lo menos 70 por ciento.
El informe enfatiza que estos datos explican por qué el CaMa se mantiene como una de las primeras causas de muerte para las mexicanas, cobra 15 vidas diarias.
Según la Ss las entidades con mayor mortalidad por CaMa son: Chihuahua (29.9), Nuevo León (25.6), Colima (24.1), la Ciudad de México (24), Sonora (22.6), Jalisco (21.8), Coahuila (21.3) y Tamaulipas (20.5).
El caso de Chiapas es preocupante, en 2015 apenas alcanzó 1 por ciento de cobertura en mastografías, es decir, solo se realizaron dos mil 182. A lo largo del informe se puede constatar que los servicios de salud en esta entidad siguen siendo sumamente escasos y deficientes.
A pesar de que la Norma Oficial Mexicana (NOM-041) establece que todas las mujeres de 40 a 69 años de edad deben de realizarse por lo menos una mastografía cada año -como prevención- el acceso a este servicio es escaso en todo el país.
El reporte señala que entre los estados con menor cobertura también se encuentran: Veracruz (4.48 por ciento), Sonora (8.20 por ciento), Nayarit (8.21 por ciento), Tabasco (10.5 por ciento), Oaxaca (11 por ciento) y Guerrero con 11 por ciento.
El informe arroja que este año a nivel nacional sólo se cuenta con mil 406 mastógrafos, de los cuales 556 corresponden al sector privado, un servicio poco accesible para las mexicanas.
Otro factor que se agrega al problema es que la distribución de los equipos no es equitativa a lo largo del país, la Ciudad de México cuenta con la mayoría de los mastógrafos (259), seguida de Guanajuato (118), el Estado de México (103) y Veracruz (71).
ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS
En el informe se observa que los servicios de atención a salud materna deben seguir mejorando, pues en este año la Razón de Mortalidad Materna (RMM) fue de 34.8 por cada 10 mil nacidos vivos.
Por ello, el control prenatal tiene como objetivo principal disminuir la MM, según la NOM-007-SSA3-2016 “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, se debe garantizar que las mujeres embarazadas reciban como mínimo cinco consultas prenatales e inicien de preferencia en las ocho primeras semanas de gestación.
La Ss registró durante el último año 713 defunciones maternas, del total de los casos y causas principales fueron: enfermedades hipertensivas y preeclampsia (27.3 por ciento), hemorragia obstétrica (22.4 por ciento) y el aborto inseguro que se contabilizó en 6.5 por ciento de los casos.
El Estado de México es la entidad que notificó el mayor número de defunciones maternas, 127 en total, luego le sigue Chiapas con 54 defunciones, seguida de Puebla con 44, Veracruz (40) y Guanajuato (38).
La atención temprana del embarazo con intervenciones integrales y preventivas permite detectar riesgos de salud fetal y materno, el reporte indica que en el 2015 el porcentaje de mujeres que recibió su primera consulta prenatal en el primer trimestre de gestación en el país fue de 77 por ciento.
Sin embargo, la Ss recomienda que las consultas de control prenatal se deben garantizar al 100 por ciento de las mujeres embarazadas.
NACIMIENTOS POR CESÁREA
De acuerdo con el informe de salud de las y los mexicanos, los nacimientos por cesárea son una práctica quirúrgica que se realiza en la mayoría de los casos sin que existan indicaciones médicas que la justifiquen.
La OMS no recomienda la práctica de nacimientos por cesárea a menos de que sea la necesidad de las pacientes, pues señala que esta cirugía pone en riesgo la salud de las mujeres y sus hijos o hijas.
La organización considera que la tasa ideal de cesáreas se encuentra entre 10 por ciento y 15 por ciento, pues estudios revelan que el número de muertes maternas y neonatales disminuye cuando dicha tasa se acerca a 10 por ciento. Sin embargo, en México en promedio todas las entidades federativas tienen una tasa mayor al 30 por ciento.
Además de 2008 a 2014 el número de nacimientos por cesárea incremento en el país, el informe refiere que en 2014 se registraron poco más de un millón 14 mil nacimientos por medio de esta práctica.
En el documento se observa que las instituciones privadas de salud son las principales en ejecutar esta cirugía, de 2008 a 2014, 77 por cierto de los casos se realizaron en ellas.
Las principales causas por las que las mujeres acceden a la cesárea es la recomendación de los médicos, la decisión de las mujeres para evitar el dolor del parto, o bien, programar una fecha de nacimiento específica, de acuerdo con el informe.
16/HZM/KVR/LGL
Aborto
DESENREDO
Debate necesario

Urge el intercambio de ideas ecuánime, en lugar de repetir esquemas de la Inquisición.
La problemática social que existe en Guatemala a raíz del elevado número de embarazos no deseados que ocurre, plantea la necesidad de reflexionar acerca del aborto. Piensen por un lado en el hombre que fue condenado recientemente en Quiché por abusar sexualmente de sus dos nietas (una de 14 y otra de 10, la primera tuvo un hijo), sin duda que él merece una sentencia, pero y ellas… cómo será posible que tengan una reparación digna.
Por otro, nadie puede negar que en este país las interrupciones de embarazos se realizan todos los días, mujeres de todos los estratos sociales recurren a esta respuesta; obviamente quienes son pobres enfrentan los mayores peligros.
Según el Ministerio de Salud y Seguridad Social de Guatemala, en 2015 registró 4 mil 431 embarazos en mujeres de 10 a 14 años de edad, los que de acuerdo al ordenamiento legal de este país fueron producto de violaciones sexuales.
Después de ver un programa televisivo que condena el aborto, imposible dejar de señalar que si bien cualquier medio puede sumarse a esa posición porque ello está respaldado por la libertad de expresión, es anti-ético recurrir a la mentira como argumento o a los recursos amarillistas para ganar adeptos. Si pretenden desalentar a quienes recurren al aborto mediante ese tipo de mensajes, lo que hacen es replicar las prácticas de aquellos retrógradas que condenaron a la hoguera a personas que pensaban diferente.
Hay que utilizar los medios para dar a conocer diferentes opiniones para que el público usuario tenga elementos para tomar sus propias decisiones. En nada contribuye al libre intercambio de ideas cuando se asegura de manera tajante que quienes interrumpen el embarazo irremediablemente tendrán secuelas nefastas o ignorar que esa práctica es legal en otros países, donde se efectúa de manera segura ya que los Estados proporcionan los servicios de salud necesarios.
Con la idea de contribuir al debate, vale conocer lo dicho por la antropóloga mexicana, Marta Lamas, quien explica que el aborto es una respuesta universal ante un embarazo no deseado, y distingue tres causas: a) fallas de los métodos anticonceptivos; b) las que tienen que ver con carencias sociales; c) las que se relacionan con la condición humana: irresponsabilidad, “descuidos” y violaciones sexuales.
Asegura que si una mujer aborta no afecta los derechos de nadie, “los derechos de una mujer nacida no son equiparables con los derechos de un embrión (y esto no quiere decir que los embriones no deban ser protegidos cuando las mujeres quieran llevar a término un embarazo, sino eso: que no son equiparables).”
Al hablar del tema es evidente que aumenta la masa crítica que defiende la libertad y la importancia de los derechos, ya que quienes consideran válido el aborto NO pretenden que sea una obligación para nadie, por ello reclaman que quienes están en contra, tampoco quieran imponer sus creencias. El aborto es un tema polémico que requiere reflexiones colectivas con ecuanimidad y respeto, igual hay otras problemáticas como la anticoncepción, la violencia obstétrica, la mortalidad materna. Se bienvenido el Foro Parlamentario de Mujeres, presidido por la diputada feminista Sandra Morán, quien seguramente promoverá el debate entre mujeres que piensan diferente sobre los aspectos mencionados.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
16/RHA/LGL
