TEPJF

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a comprometerse más con la paridad de género porque aseguró que las instituciones electorales ya hacen lo que les toca para garantizar la participación política de las mujeres.

A propósito del 64 aniversario del sufragio femenino que se consiguió el 17 de octubre de 1953, el consejero señaló que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de las barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural, integrarse a los órganos de representación política.

Durante su participación en el seminario “La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural”, que se realizó esta mañana en la antigua sede del Senado, el funcionario dijo que el bajo porcentaje de mujeres en puestos de decisión y poder no es por falta de interés o de capacidades, sino por las formas tradicionales de hacer política.

“Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de estas barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural a integrarse a los órganos de representación política”, señaló.

La presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres en México, dijo, es más grave todavía en el medio rural, aunque ello no significa que no hayamos avanzado en el objetivo de construir una nación igualitaria y una democracia paritaria, “sin duda hemos avanzado en ese sentido”, afirmó.

El consejero agregó que las reformas electorales desde 1953 hasta la de 2014 que legisló la paridad (50-50) han impulsado cambios institucionales para contribuir gradualmente a la igualdad del sufragio entre hombres y mujeres. “Han sido décadas en las cuales se han diseñado procesos que han eslabonado una gran cadena de confianza que ha contribuido a nuestra transición a la democracia”, dijo.

En el acto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, subrayó la importancia de impulsar los derechos político- electorales de las mujeres, vistos no sólo como el derecho a votar, sino de mayor participación en los espacios de deliberación y de toma de decisiones para que sean parte del proceso que lleva a transformar la realidad.

La magistrada presidenta del TEPJF indicó que, sin duda, de 1953 al día de hoy se ha hecho mucho por avanzar. Sin embargo, destacó que el proceso no está completo y prueba de ello es lo que ocurre en las zonas rurales donde al parecer los derechos de las mujeres rurales se han materializado plenamente.

En este sentido, recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general 34, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles, además de que se ven afectadas con mayor frecuencia y medida por la violencia de género y la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces.

Agregó que el Comité señala también que no debe ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. “Cuando todo ello se ignora, señala el propio Comité, los Estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda”.

Tomando en cuenta que a partir de la reforma de 2016 la Ley Agraria prevé que las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de un 60 por ciento del mismo sexo, destacó la presidenta, resultan aplicables los criterios que en materia de cuotas han establecido los órganos electorales.

17/AGM/LGL

Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los organismos informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para abordar los casos de  violencia política contra las mujeres, en donde los organismos ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas puedan ejercer el cargo.

La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.

“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y  desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.

Sin embargo, “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”.

La consejera electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.

“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.

En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.

Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales”, señaló.

Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.

El público objetivo, dijo la magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.  

Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento, respectivamente. 

A la reunión también asistieron el titular de la Fepade, Santiago Nieto; la presidenta de la AMCEE, Gabriela Williams; la directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Soto;  representantes de la CEAV y de la Conavim así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.

17/AGM/GGQ

Las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, una vez en el cargo se enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado históricamente por los hombres.
 
De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca” de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de las mujeres de Oaxaca en la política se encuentra condicionada por su género.
 
La lucha por la participación de las mujeres en la política de Oaxaca es una demanda histórica, pero la cantidad de mujeres en puestos gubernamentales de la entidad es muestra aún de la problemática.
 
Actualmente sólo 10 por ciento de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres. A pesar de no ser suficiente la participación de las oaxaqueñas en la política en los últimos años se presentó un avance significativo; de acuerdo con Margarita Dalton para el 2001 apenas 10 mujeres fueron presidentas municipales, es decir, representaron el 1.7 por ciento de todos los municipios de la entidad.
 
Una vez que las mujeres están en el cargo enfrentan diversos conflictos, sufren hostigamientos, son violentadas e incluso son amenazadas de muerte. La autora retomó diversos casos y testimonios de violencia política hacía las mujeres en Oaxaca que datan desde 1970 hasta 2005.
 
Los casos continúan, recientemente las representantes electas del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, fueron amenazadas de muerte si no renunciaban a sus puestos.
 
La síndica municipal, Yareli Cariño fue removida de su cargo 24 horas después de haber tomado protesta, acto presuntamente ordenado por el diputado local del PAN-PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que “si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica”.

Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la violencia, de acuerdo con datos presentados por el director de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillos. En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de violencia política hacía las mujeres.
 
Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda, quien al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, fue quemada juntos con sus bienes, su hermano también fue asesinado el mismo día.
 
Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, hasta el momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres.
 
La especialista observó que la destitución de las mujeres para desempeñar cargos en diversos municipios de Oaxaca es en su mayoría decisión de los hombres dentro de los grupos políticos, por no considerarlas capaces de desempeñar los puestos, o bien, no querer perder el poder político que detentan.
 
Las mujeres que logran tomar posición de sus cargos se enfrentan también a políticas masculinas muy arraigadas. La escritora Margarita Dalton mencionó que muchas de ellas se ven presionadas por los políticos establecidos para continuar con estas prácticas. Las que tengan la oportunidad lograran proponer un cambio radical en sus formas de hacer política.
 
Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto político.
 
La autora apuntó que los hombres sólo informan a sus familiares de la decisión, mientras que las mujeres negocian, expresan su deseo de contribuir a la política y luego piden permiso.
 
Cabe destacar que en febrero de 2016 en Oaxaca se tipificó la violencia política de género. Además de esta entidad, hasta marzo de 2016, Veracruz, Jalisco y Campeche tipificaron este delito, según información de las autoridades electorales que publicaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
 
17/HZM/KVR

Soy una ciudadana común. Común como las miles que no estamos cómodas con la incompleta ciudadanía que tenemos. Común como las cientos que trabajamos en distintos ámbitos para que todas las mujeres gocen y ejerzan una ciudadanía plena. Y desde mi común ciudadanía hoy quiero aplaudir de pie a otra ciudadana común y ejemplar.
 
Hace casi 20 años la teoría feminista me permitió comprender el sinsentido que implica que a las mujeres, sólo por nacer mujeres, se nos suprima o se nos regateen los espacios de poder. Y elegí la acción para cambiar y no la abnegación para soportar.
 
En esa ruta he conocido y admirado a varias ciudadanas. Una de ellas, María del Carmen Alanis Figueroa, recién termina su gestión al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
Cuando en la década de los 70 se apostaba a que mientras más mujeres entraran al poder más pronto se cambiaría la condición y posición social de las mujeres, la realidad de los 90 demostraba ya que ni era tan fácil, ni era tan simple.
 
Entonces el debate fue (es): ¿sólo más mujeres o sólo mujeres feministas? Mi postura es: más mujeres. Punto. Porque defiendo el Derecho Humano de las mujeres a la mitad del poder. Pero en el camino apoyaré y reconoceré a las mujeres que hagan realidad el sueño feminista de la igualdad.
 
La inteligencia, trabajo, talento argumentativo, mirada estratégica, capacidad para forjar alianzas, firmeza, aunado al compromiso y entrega de María del Carmen Alanis mostraron, una vez más, que mujeres comprometidas con la igualdad cambian la historia de muchas mujeres.
 
Fue magistrada del TEPJF 10 años, de los cuales, cinco fue la presidenta. Y en esa década fue la única mujer entre seis hombres. Remar contracorriente seguro fue la constante más que la excepción.
 
Pudo formar un gran equipo de trabajo. Lo ha reconocido siempre.

Y también ha reconocido el importante papel que para construir paridad ha jugado la Red Nacional Mujeres en Plural, a la que pertenecemos. Pero esos ingredientes, sin su particular claridad, persistencia y resistencia no hubieran dado los resultados que hoy tenemos.
 
¿Y qué tenemos? En materia de derechos políticos tenemos los avances más significativos en seis décadas. Tenemos un nuevo horizonte y una nueva página en cuyo encabezado se lee: Paridad.
 
La contribución de María del Carmen Alanis fue esencial para comenzar a escribir esa página y deja buenos cimientos para seguir escribiendo.
 
Por si eso fuera poco, dejó abierta la puerta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Siempre ha existido, pero ella fue fundamental para conceptualizarla y unir fuerzas institucionales para empezar a poner diques al respecto.
 
Dos mujeres conforman hoy la Sala Superior del TEPJF: Janine Otalora Malassis y Mónica Soto Fregoso. Y sin duda escribiremos más páginas de paridad, pues ambas están comprometidas con la igualdad. Pero ya hay ruta marcada. Y eso es mérito de María del Carmen Alanis.
 
Por eso ahora que terminó su gestión como magistrada, deseo hacerle un profundo reconocimiento. Mi ciudadanía, mi común ciudadanía, luce esperanzadoramente maravillosa en buena medida gracias a su trabajo. De modo que: Aplaudo de pie largamente.
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
16/CLT/LGL

Por unanimidad de siete votos, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis fue electa como presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por un periodo de 4 años.
 
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzáles, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, decidieron que Otálora Malassis sea la encargada de coordinar las tareas institucionales del organismo.
 
Al ser electa como nueva magistrada presidenta, la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona de París, dijo que el Tribunal Electoral será una instancia abierta a todos los actores políticos y a la ciudadanía que acuda a dirimir conflictos electorales.
 
En su discurso aseguró que las y los magistrados se comprometen a entregar cuentas claras de los recursos destinados al TEPJF y a brindar estabilidad y racionalidad al sistema democrático al resolver las controversias con criterios jurídicos.
 
De noviembre de 2006 a marzo de 2013 Otálora Malassis fue secretaria instructora del entonces magistrado Manuel González Oropeza en la Sala Superior del Tribunal Electoral; en febrero de 2013 fue designada por el Senado magistrada de la Sala Regional Distrito Federal y ahora fue electa magistrada presidenta de la Sala Superior.
 
Luego de que esta semana el Senado y la Cámara de Diputados avalaran reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar el periodo de cuatro de los siete nuevos magistrados, la presidenta dijo que los funcionarios asumirán su compromiso con los derechos políticos y la justicia.
 
Las magistradas Otálora Malassis, Soto Fregoso y el magistrado De la Mata Pizaña fueron los tres funcionarios electos para ejercer el cargo por 9 años.
 
Sin embargo con la reforma aprobada los cuatro magistrados restantes durarán más tiempo en el cargo (dos hasta 2023 y dos más hasta 2024) con lo cual esta integración de la Sala Superior deberá resolver las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.
 
La magistrada presidenta, que dirigirá la Sala Superior por 4 años y dijo que el objetivo de la institución será resolver controversias de manera justa, legal, con mesura y sentido común así como dictar sentencias accesibles a todos.
 
Es la primera vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral está conformada por dos magistradas. Hasta julio de 2016 las siete Salas que conforman el TEPJF tenían un total de 25 magistrados electorales, de los cuales siete eran mujeres, es decir, 28 por ciento del total.
 
Desde 1996, cuando se fortaleció la estructura orgánica y las facultades del Tribunal Electoral, sólo dos mujeres ocuparon el cargo de magistradas: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y María del Carmen Alanís Figueroa que concluyó el cargo este 3 de noviembre.
 
16/AGM/LGL

Tras reconocer que la violencia política es “la manifestación más potente” de la intolerancia al reconocimiento a la igualdad en candidaturas a cargos legislativos reconocida desde 2014 en la Constitución federal, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, dijo que uno de los retos es impulsar las candidaturas independientes.
 
Al participar en el informe del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el magistrado, quien en noviembre concluye su cargo junto con el resto de sus cinco compañeros, dijo que esta instancia no puede permitir que la violencia política de género contra candidatas y mujeres electas detenga los espacios que de manera legítima han ganado.  
 
Agregó que la violencia contra las mujeres en este ámbito desalienta e impide su inclusión en los procesos políticos del país y aseguró que estos “actos de violencia política personifican uno de los perores atentados contra la dignidad humana” por lo que llamó a tomar acciones al respecto.
 
Ante este panorama señaló que es necesario implementar políticas a favor de las mujeres para construir una nueva forma de hacer política y destacó que uno de los retos es fomentar las candidaturas independientes porque hasta ahora los hombres ocupan 90 por ciento de estas postulaciones. 
 
Considerando que el próximo 4 de noviembre entrarán en funciones siete nuevos magistrados, entre ellos las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis, el actual funcionario dijo que hay que seguir trabajando y reforzando este Observatorio para que funcione más allá de las personas que integran los órganos que allí participan.
 
Carrasco Daza explicó que el TEPJF, el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional Electoral (INE) deben continuar trabajando de manera coordinada para monitorear la igualdad política.
 
Entre las tareas que las instancias tienen está entregar información eficaz antes, durante y después de los procesos electorales; analizar el desempeño de la función pública para vigilar el cumplimiento de las propuestas de campaña en materia de paridad; vigilar que las mujeres electas puedan gobernar; e incentivar propuestas de políticas públicas de género.
 
El magistrado expuso que en el caso del Tribunal Electoral las  decisiones judiciales deben ir más allá del caso concreto de una mujer y extenderse a favor de grandes segmentos como ya lo ha hecho en sentencias para promover la participación política de las mexicanas.  
 
El magistrado presidente del TEPJF firmó un Convenio de Apoyo y Cooperación Interinstitucional con Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres y entregó los premios del concurso de ensayo sobre participación de la población femenina en el ámbito político.
 
16/AGM/LGL

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió dos sentencias, una para proteger los derechos político-electorales de la alcaldesa del municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, Felicitas Muñoz Gómez; y otra a favor de la consejera electoral de Jalisco, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, informó en un comunicado.
 
A casi dos semanas de que la magistrada y los magistrados dejen el cargo, el pasado 19 de octubre emitieron un fallo que acredita la violencia política de género que ejerció el síndico Benito Sánchez Ayala, las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como el regidor Humberto Palacios Celino, en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
 
En su resolución, la Sala Superior ordenó a todos los funcionarios locales abstenerse de afectar el pleno ejercicio del cargo de la presidenta municipal quien denunció que ha recibido amenazas de muerte, allanamientos y disparos de arma de fuego, robo de bienes muebles, obstrucción de obras, quema de vehículos propiedad del municipio y toma de carreteras, actos orquestados por los ediles que tratan de “presionarla” para que deje su cargo.
 
En este caso la Sala Superior vinculó a las autoridades estatales, a fin de que coadyuven en el cabal cumplimiento del fallo y dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como al Fiscal General del estado de Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que proceda.
 
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa señaló que los elementos aportados por la alcaldesa acreditan la violencia apolítica de género porque desde el inicio de su campaña, se han gestado acciones encaminadas a agredirla y denostarla como mujer, las cuales cobraron mayor fuerza en el ejercicio del cargo.
 
En otro asunto, la Sala Superior del TEPJF dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que analice la actuación de funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, por no entregar información o hacerla llegar de manera tardía a la consejera electoral, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, lo que impedía el ejercicio de sus funciones.
 
Al conocer el caso, la magistrada y los magistrados estimaron procedente dar vista al Consejo General del INE, a efecto de que analice el actuar profesional de los integrantes del Instituto Electoral para que en ejercicio de sus funciones determine lo que corresponda.
 
La magistrada Alanís Figueroa votó a favor del proyecto, aunque emitió un voto concurrente dado que consideró que este caso constituye acoso y violencia laboral, en el sentido de que son fundados los agravios de que no se le entrega la información a la consejera y no se le permite formar parte de las Comisiones, lo que en su criterio es acoso laboral.
 
La magistrada se pronunció por la creación de una vía administrativa que permita sancionar este tipo de conductas, lo cual se podría realizar a través de la emisión de un reglamento que inhiba el acoso y actos de intimidación hacia las consejeras.
 
El magistrado Salvador Nava Gomar señaló que no deja de llamar la atención que el órgano que organiza los comicios, los debates, el diálogo con la sociedad, el respeto entre los contrincantes, el debate vigoroso, no pueda llevar un colectivo de sus órganos pares.
 
“Que un integrante de un órgano electoral o de un órgano colegiado tenga que venir aquí para tutelar su derecho a la información, de información necesaria para poder ejercer con su encargo, me parece muy grave”
 
El magistrado Pedro Esteban Penagos López destacó que la información solicitada por la consejera era para poder intervenir en las discusiones y en la votación de los plenos, por lo que la negación afecta el desempeño del cargo y la seguridad y certeza jurídica que deben tener los ciudadanos en sus órganos locales en materia electoral.
 
El magistrado Flavio Galván Rivera dijo que el Consejo General del INE tiene facultad de remoción y de vigilancia del adecuado funcionamiento de los consejeros. “El que designa puede remover y el que puede remover puede vigilar y tomar las medidas precautorias necesarias para evitar que un órgano colegiado no funcione adecuadamente, son funciones del Estado, somos servidores públicos y estamos para el servicio público no para los pleitos internos”, recalcó.
 
El magistrado Constancio Carrasco Daza indicó que la lógica en darle vista al INE es que conozca de los hechos denunciados por Ruvalcaba Corral, para que sean investigados y, después de una investigación, determinar las responsabilidades de los involucrados.
 
16/AGM/LGL

Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis, fueron electas por el Senado para ser magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir del 4 de noviembre y durante los próximos 9 años.
 
En la sesión de este jueves el Senado aprobó la designación de las dos mujeres y cinco hombres: José Luis Vargas Valdez, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón para ocupar los cargos.
 
Las dos mujeres electas, Soto Fragoso, Otálora Malassis, junto con De la Mata Pizaña son los tres magistrados que tendrán cargos por 9 años; otros dos magistrados concluirán el cargo el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022.
 
Con esta integración las magistradas serán parte del TEPJF que calificará dos elecciones presidenciales, primero la de 2018 y después la de 2024; además resolverán impugnaciones a elecciones federales y locales, y deberán resolver controversias entre militantes y partidos políticos.
 
Esta será la primera vez que Sala Superior del Tribunal Electoral esté conformada por dos magistradas quienes fueron electas prácticamente por unanimidad (Soto Fragoso con 97 votos y Otálora Malassis con 96 de 100).
 
Hasta julio de 2016 las siete Salas que conforman el Tribunal Electoral tenían un total de 25 magistrados electorales, de los cuales siete eran mujeres, es decir, 28 por ciento del total.
 
Desde 1996, cuando se fortaleció la estructura orgánica y las facultades del Tribunal Electoral, sólo dos mujeres han sido magistradas: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y María del Carmen Alanís Figueroa.
 
En agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la lista de 126 aspirantes, entre ellos 20 mujeres; después la lista se depuró a 42 personas de las cuales 10 eran mujeres; y más tarde los nombres se redujeron a 21 entre los que se incluyeron seis candidatas quienes se integraron en dos ternas para comparecer ante el Senado.
 
La primera terna fue integrada con la magistrada de Circuito, Claudia Mavel Curiel López; la presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del TEPJF, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y quien fuera la primera magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del mismo organismo, Mónica Aralí Soto Fregoso.
 
La segunda se conformó con la ex secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, Berenice García Huante; la entonces titular de la Defensoría Electoral Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, Janine Madeline Otálora Malassis y la magistrada de Circuito, María del Pilar Parra Parra.
 
La magistrada Soto Fragoso es licenciada en Derecho, tiene 22 años de experiencia en materia electoral, laboró en el Instituto Federal Electoral de 1994 a 2007 y en 2013 fue nombrada por el Senado magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, cargo que dejó para competir por el cargo en la Sala Superior.
 
La magistrada Otálora Malassis es licenciada en Derecho, fue secretaria legislativa y Coordinadora de Secretarios en el Senado francés, laboró en el Poder Judicial de la Federación; en 2013 fue designada por el Senado como magistrada de la Sala Regional Ciudad de México y fue titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, cargo que también dejó para buscar esta magistratura.
 
16/AGM/LGL

Las instituciones electorales de México se comprometieron a acelerar el empoderamiento, el liderazgo y la plena participación política de las mujeres en los procesos electorales, de toma de decisiones y en los mecanismos de representación social y política.
 
Así lo dijeron representantes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el foro “Llamado a la Acción para la Democracia Paritaria en México” que se realiza hoy y mañana en la Ciudad de México.
 
A propósito del 63 aniversario del sufragio femenino que se conmemora el 17 de octubre, los organismos electorales así como  ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dialogaron sobre la adopción de reformas legislativas, institucionales y partidarias para contribuir a la consolidación de la democracia paritaria.
 
Al respecto la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos; Carmen Moreno Toscano, dijo que la paridad es la mejor estrategia para aumentar la representación femenina en los parlamentos pero advirtió que las políticas al respecto también deben abordar las dificultades para hacer campañas en medios o para conciliar la vida pública y privada, entre otros temas.
 
Moreno Toscano adelantó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) se reunirá este martes en México para trabajar en una ley modelo sobre violencia política contra las mujeres que sea referente para todos los países de América que no tengan una regulación para contrarrestar este problema.
 
El titular de la FEPADE -instancia que depende de la Procuraduría General de la República- Santiago Nieto Castillo, expuso que actualmente las mexicanas que participan en política se enfrentan a guerra sucia en campañas, presión para renunciar cuando son electas, actos de violencia física durante los procesos electorales, congelación de salarios si son funcionarias, o acciones para obstaculizar tareas de funcionarias electorales.
 
Con estos antecedentes el fiscal destacó que cada quien, desde sus trincheras, debe insistir en la necesidad de tipificar la violencia política de género, porque muchas veces las agresiones contra las mujeres son actos para restringir sus derechos políticos-electorales y también para menoscabar su dignidad, un fenómeno que debe legislarse para realmente llegar a la paridad de género.  
 
Sobre la democracia, la secretaria ejecutiva del Inmujeres; Marcela Eternod Arámburu, dijo que es vergonzoso que a estas alturas se tenga que defender la laicidad o que las mujeres tengan que pedir de favor que se respeten los derechos, por ello aseguró que no es posible seguir avanzando “a paso de caracol” para consolidar la igualdad cuando existen las condiciones para lograr las grandes trasformaciones.
 
El presidente de la Sala Superior del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, explicó que no se puede permitir un aletargamiento de la democracia paritaria, por eso destacó que un siguiente paso sería fomentar la participación de mujeres como candidatas independientes a cargos de elección, para lo cual se necesita, dijo, implementar un modelo de financiamiento más flexible y ampliar los plazos de firmas y registro de candidaturas.
 
En su turno el consejero presidente del INE,  Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que en los órganos que integran el Sistema Nacional de Elecciones se toma en serio la lógica de la paridad, razón por la cual de manera paulatina ha aumentado la proporción de mujeres en los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, desde donde se vigila el cumplimiento de la obligación de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres en las elecciones.
 
El funcionario destacó que falta mucho por hacer y acotó que la participación política de las mujeres es un desafío normativo, programático y cultural, y por ello este tema tendrá que formar parte de unos de los ejes vertebrales de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que se aprobará esta semana.
 
DEMOCRACIA PARITARIA
 
En el mundo, las mujeres representan 27 por ciento de los parlamentos. Por ello, y con el objetivo de llegar a la meta de un “planeta 50-50” para que las mujeres ocupen la mitad de los cargos legislativos, en noviembre pasado el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria.
 
Este documento elaborado por el órgano que congrega a los parlamentos de la región, se presentó este día durante el foro y servirá como guía para que los países miembros promuevan reformas legislativas en materia de paridad y lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, no sólo en los Congresos. 
 
La Norma Marco indica que la paridad es una medida democratizadora en los poderes públicos pero también establece que debería implementarse en el sector privado, en la academia y en la sociedad civil.
 
De acuerdo con esta ley modelo hay tres ejes que se deben considerar; un Estado que asuma su responsabilidad con la igualdad de género; la paridad debe estar en todos los poderes y estructuras del Estado; y que los partidos y organizaciones políticas transformen sus relaciones y dinámicas de poder.
 
16/AGM/LGL

La senadora Angélica de la Peña Gómez lamentó que en las ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se tuviera la oportunidad de tener por lo menos a tres mujeres y cuatro hombres candidatos.
 
Durante la reunión de esta Comisión de Justicia del Senado para discutir la elegibilidad de las y los 21 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del TEPJF, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el senador Benjamín Robles Montoya, destacaron evitar decisiones premeditadas o poner al frente a personas sin la capacidad necesaria.
 
Sobre la composición de la Sala Superior la cual quedará conformada por dos mujeres y cinco hombres De la Peña aclaró que esta decisión no fue del Senado de la República sino de la Suprema Corte que fue el órgano que encabezó la primera parte del proceso y quien a la hora de distribuir los 21 nombres de los candidatos en siete ternas, reunió a las seis mujeres en dos ternas.
 
Las candidatas a magistradas son Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Fregoso, quienes conforman una de las ternas, lo que significa es que sólo una de ellas podrá ocupar el cargo. La otra terna de mujeres está integrada por Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante.
 
A su vez el senador Benjamín Robles destacó que es importante que la decisión sea responsable y con el compromiso de fortalecer a la institución. “Nuestro voto creo que no debe responder –lo quiero subrayar– a intereses de grupos parlamentarios, no debe de atender influyentismos ni que alguien se sienta que ya está beneficiado por una designación previa”, destacó.
 
Asimismo, refirió que la capacidad de los candidatos no es del todo óptima. “A pesar de que todos reúnen los requisitos de ley, a mí sí me parece que algunos no reúnen el perfil profesional, o sea, no están preparados en materia electoral para esta enorme responsabilidad y por eso yo conmino a que todos hagamos un voto de verdad muy responsable, muy comprometido con el país”, manifestó.
 
La conformación actual del organismo jurisdiccional es de cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
 
El senado deberá elegir a más tardar el 30 de octubre, a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
 
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