Angélica de la Peña

NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Foro Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces
Sin recursos, instituciones para proteger a las periodistas no pueden actuar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/05/2017

Con críticas a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su fracaso e imposibilidad de detener las agresiones contra este gremio, dio inicio este mediodía el Foro “Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces”, en el Centro Cultural España, convocado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). 
 
El foro, organizado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Embajada Británica y la Embajada de Suecia, dio inicio en el Centro Cultural España con un minuto de aplausos por las periodistas asesinadas, “porque no queremos el silencio, nos queremos vivas e informando”.
 
Ahí, la senadora perredista Angélica de la Peña; la directora de CIMAC, Lucía Lagunes; el presidente de la CNDH, y el representante en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, coincidieron en que los mecanismos creados para evitar la violencia contra las periodistas, que no en pocas ocasiones han concluido en muertes, han fracasado y requieren recursos, que le fueron negados en el Ejercicio Fiscal 2017.
 
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que la sociedad tiene que condenar esta violencia, pero tiene también que asegurar que haya seguridad para las periodistas.
 
Recordó que el Mecanismo de Protección ha brindado apoyos a 173 periodistas, desde 2012, pero estas medidas no son suficientes y de ello está consciente la oficina que representa, como lo está de la  enorme tarea y retos que esto significa.
 
Estamos comprometidos, dijo, a apoyar al mecanismo en su fortalecimiento.
 

Representante en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab | CIMACFoto: César Martínez López

Reconoció que el Mecanismo de Protección enfrenta hoy una difícil situación presupuestaria, porque en este ejercicio fiscal 2017 no se le asignaron recursos y de ahí provienen los fondos con que trabaja. Y se unió al llamado del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para que se haga una adecuada asignación de recursos para 2018.
 
Todas las medidas de protección, afirmó,  permanecerán  insuficientes si no se logra romper el círculo vicioso de la violencia. Las y los periodistas pueden acercarse a denunciar con confianza.  
 
EL FORO, ACTO DE JUSTICIA
 
En su participación, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, dijo que no debe quedar invisibilizada la violencia contra las mujeres y destacó la gravedad de la violencia que enfrentan las comunicadoras en todo el territorio nacional.
 
Nos faltan las periodistas, afirmó que están en el exilio, lo que nos habla de la vulnerabilidad de la democracia mexicana y de nuestro derecho a estar informados. Calificó el foro como “un acto de justicia.
 
Y aseguró que las instancias creadas para investigar atentados a la libertad de expresión han fracasado, al dejar en impunidad prácticamente todos los casos de violencia contra las periodistas.
 

Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC | CIMACFoto: César Martínez López

Criticó asimismo los estereotipos sexistas que las alejan de la justicia, que hacen de dichas agresiones un tema de vida privada y no un atentado a la libertad de expresión. Y con esto, advirtió, se deja abierta la puerta a la repetición. Incorporar la perspectiva de género, aseguró, implica reconocer las aportaciones de las periodistas. 
 
FISCALÍA Y MECANISMO, CON PROBLEMAS
 
La senadora Angélica de la Peña coincidió en que la Fiscalía Especializada y el mecanismo –sobre el que han estado poniendo atención y con el que han participado- ha pasado por diferentes problemas, que poco a poco han sido resueltos, aunque hay otros pendientes como la falta de presupuesto, que va a impedir que quienes hoy están siendo protegidos por el mecanismo puedan continuar estándolo en los últimos tres meses del año, pues no existen las condiciones económicas para seguir sosteniendo las medidas de protección de que hoy gozan. 
 
Señaló también los problemas en ámbitos locales, donde la impunidad es “patética”, aunque reconoció que no hay una sola mujer periodista que no sea recibida por el Mecanismo.
 
“Tenemos una Fiscalía a la que le dimos diferentes facultades expresas, pero hoy por desgracia no están funcionando como es debido. No está aplicando las distintas facultades que le mandatamos con la ley y que son producto de las instituciones que trabajamos en ello”, agregó.

Senadora perredista Angélica de la Peña | CIMACFoto: César Martínez López

En el acto, donde no estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  Roberto Campa Cifrián, quien se encontraba en una reunión con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, el consejero cultural y director del Centro Cultural de España en México, Carlos Ruiz González, afirmó que seguirá apoyando con la visibilización de la violencia contra las mujeres. Ninguna mujer, por el hecho de serlo, ni por su trabajo debe sufrir la violación a sus Derechos Humanos, dijo. Y rescató los valores de convivencia.
 
“Estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para la democracia y para el avance de una ciudanía crítica”. Y llamó  a las periodistas a seguir luchando por la libertad de expresión. 
 
VISIBILIZAR, APLICANDO PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, criticó que, ante la incapacidad de investigaciones profesionales en casos de agresiones a periodistas, se intenta victimizar a la periodista, se resalta su vida privada, su entrono privado, en vez de investigar como primer punto el entorno de lo que publicaron, a quién molesta, en entorno público.
 
Subsisten prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias que intentan descalificar su capacidad.
 
El hecho de ser mujeres se vuelve también determinante, porque a los riesgos que implica la labor periodística, se suman otros como  casos de acoso, hostigamiento, ataques sexuales, amenazas a su integridad física y a su vida, por lo que es necesario, dijo, replantear los mecanismos de protección a periodistas que visibilicen esta violencia, aplicando  la perspectiva de género, 
 
Pidió que no permanezcan ocultos los delitos contra las mujeres periodistas y exhortó a las autoridades a que se aceleren las investigaciones y haya sanciones. “La impunidad es el círculo vicioso que propicia que no haya temor de atentar contra ellas, porque el agresor estás seguro que no será sancionado”, sentenció.
 
RESPONSABILIDAD LOCAL
 
Del año 2000 a la fecha, dijo el Ombudsman, se han registrado en la CNDH 125 homicidios contra periodistas, así como 51 atentados contra medios de comunicación desde 2016. La mayoría de estos casos no han sido aclarados ni los responsables sancionados. Y 13 homicidios han sido contra mujeres, lo que equivale a 10.4 por ciento del total de casos. “Una sola agresión es suficiente para que levantemos la voz y no permitamos que se  busque silenciar la libertad de expresión.

Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez | CIMACFoto: César Martínez López

Reconoció la labor de CIMAC en favor de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Libertad de Expresión, y coincidió también los problemas que enfrenta la Fiscalía Especializada y el Mecanismo de Protección. Reiteró el exhorto a la Secretaría de Hacienda para que se sensibilice de la importancia que tiene dotar de recursos a estas instituciones y pidió voluntad a los gobiernos locales para investigar, así como asumir su responsabilidad ya que muchas de las situaciones que enfrentan las periodistas se dan en lo local y esos gobiernos tienen que responder con lo que prometieron al asumir el cargo.
 
17/GG








NACIONAL
SALUD
   Analiza calidad y seguridad de todas
Solo una empresa tiene registro sanitario para copa menstrual: Cofepris
Imagen retomada de You tube
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/02/2017

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó a la Cámara de Diputados que en México sólo hay una empresa con registro sanitario para vender copas menstruales y que, para catalogarlas, se solicitará analizar si se trata de un dispositivo médico y de qué clase. 
 
El 3 de febrero de 2016, la Cofepris emitió una alerta sanitaria para recomendar no adquirir ni utilizar las copas menstruales –una alternativa para las toallas sanitarias y los tampones– porque ninguno de estos productos, considerados dispositivos médicos, contaba con registro sanitario vigente.
 
A un año de esta alerta, el pasado 11 de enero, la Comisión Permanente del Congreso exhortó al organismo encargado del control sanitario realizar una investigación científica sobre estos productos sin registro y de su entrada al país, toda vez que se venden principalmente a través de internet. 
 
En respuesta a este llamado, el organismo informó que a la fecha sólo la marca The Diva Cup, de la empresa Emergo, cuenta con registro sanitario para vender la copa menstrual y que se solicitará a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que establezcan los requisitos necesarios de calidad, seguridad y eficacia del producto, lo que estará listo en próximos meses.

De igual forma, la Cofepris dijo que propondrá solicitar al Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea que analice si se trata de un dispositivo médico y de qué clase porque, de clasificarse como un dispositivo médico, se deberá detallar sus especificaciones.
 
ALTERNATIVA
 
En diciembre pasado, la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, dijo que la alerta de la Cofepris sólo causaba la “estigmatización” de productos alternativos a las toallas sanitarias y a los tampones, ya que estos productos cuentan con certificaciones sanitarias en sus países de origen como la Food and Drug Administration en Estados Unidos.
 
La diputada, quien originalmente propuso a la Cofepris promover una campaña para el registro de estos productos e informar sobre sus beneficios, indicó que las copas menstruales son una alternativa más económica y compatible con el ambiente y con mejores beneficios higiénicos para la salud de las mujeres.
 
En un documento que presentó al Congreso, la diputada recordó que este tipo de productos alternativos, que se fabrican  generalmente con silicón quirúrgico, puede tener un precio entre los 400 hasta los 700 pesos, y puede durar hasta diez años, mientras que una mujer adquiere, de los 13 hasta los 50 años de edad unas 13 mil toallas sanitarias o tampones desechables, por más de 26 mil pesos (dos pesos por unidad, en promedio)
 
Sobre este tema en abril de 2016 la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, pidió que se exhortara al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desgravar las toallas sanitarias y tampones, y reconoció que las copas menstruales eran una alternativa amigable con el medio ambiente.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   Obligación del Estado, desde hace una década
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017
Hace 10 años, el movimiento feminista hizo alianza con las legisladoras para impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia, un proyecto que cambió la mirada de las instituciones sobre la violencia contra las mujeres y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificado por el Senado en diciembre del mismo año. 
 
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
 
La Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos. 
 
Se reconoció así en el país el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades, mientras que el Estado está obligado a implementar un Programa Integral y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
 
CAMBIO DE PARADIGMA
 
La LGAMVLV significó un cambio de paradigma, pues aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
 
Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, explica que estas leyes contra la violencia intrafamiliar o doméstica generaron que los países implementaran procesos de mediación para que las mujeres se mantuvieran dentro de la familia.  
 
Las investigaciones, dice Mejía Guerrero, encontraron que persuadir a las mujeres víctimas de violencia a firmar un acuerdo con sus parejas para que ambos se respetaran, era una política que ponía en peligro a las que denunciaban e incrementaba la violencia, lo que provocaba desconfianza en el sistema de administración de justicia.
 
Tras estos hallazgos, los países de la región se encaminaron a implementar acciones de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Y en esta lógica, el movimiento feminista de México y legisladoras impulsaron el proyecto de ley que reconocía el derecho de esta población a vivir una vida libre de violencia.
 
AVANCES
 
Entre las impulsoras de la Ley General de Acceso estuvieron la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la antropóloga y legisladora perredista, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio; y la también perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
 
La antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
 
La propuesta de norma fue criticada porque estaba dirigida sólo a las mujeres, pero cuando se aprobó, dice la feminista, rompió esquemas, fue una ley transgresora y vanguardista porque colocó a las mexicanas como sujetas y porque en el fondo colocó la misoginia y el patriarcado como fundamentos. Se logró acreditar el feminismo, sostiene Lagarde.
 
Las legisladoras consiguieron que en la ley se reconociera el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que se crearan mecanismos innovadores como las órdenes de protección para brindar seguridad a mujeres en situación de violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para implementar acciones de protección en un territorio determinado.
 
La actual senadora perredista Angélica de la Peña destaca que esta ley sacó el problema de la violencia del ámbito privado y lo llevó a lo público; se redactó con base en la Convención Belém do Pará, y señaló tipos y modalidades de la violencia que constituye una violación a todos los Derechos Humanos de las mujeres, lo que  causa la desigualdad de género.
 
“El balance que hacemos es que si bien hay situaciones que afectan los derechos culturales, sociales o los derechos políticos de las mujeres, la violencia contra las mujeres afecta todos los derechos”, dice De la Peña.
 
Uno de los avances que enumeró es que, posterior a la promulgación de la norma, se hizo una revisión de Códigos Penales y Civiles y se incidió en la reforma de muchos preceptos que discriminaban a las mujeres.
 
Una década después de esta ley, la ex diputada federal Martha Lucía Mícher Camarena, quien también participó en este proceso, asegura que la ley fue un avance, una norma revolucionaria y un éxito del feminismo y de legisladores que, no siendo feministas, se convencieron de que existía un problema a atender.
 
Malú Micher, como se le conoce, dice que esta ley incorporó temas que rompían los esquemas de las propias legisladoras, de académicas y medios de comunicación, fue de avanzada, dice. 
 
Además, asegura que este tema es importante, porque las leyes son un marco jurídico que ayuda, pues si no se invoca una ley es muy complicado defender los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Desde la visión de las instituciones, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandra Negrete Morayta, esta ley era absolutamente necesaria e insoslayable, y dio respuesta a una exigencia histórica, visibilizó tipos y modalidades de la violencia, otorgó una protección diferenciada a las mujeres y estableció las bases adecuadas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.
 
Al hacer un repaso de esta década, la Comisionada precisa que no se puede hacer un balance en blanco y negro, pero reconoce que aún ocurren casos de violencia contra las mujeres por la falta de implementación adecuada de las obligaciones estatales, sobre todo a nivel local y municipal. Por ejemplo, la falta de acceso adecuado a la justicia, de políticas de prevención, violencia institucional, falta de medidas de protección, de sanción y de un trabajo integral con los agresores, entre otras.
 
El problema que enfrentamos, expone la Comisionada, es de la mayor complejidad, pues, pese a su gravedad, había permanecido invisible y aceptado. Por ello, dice que el trabajo realizado a partir de la ley se medirá en el mediano y largo plazo, pues la conciencia de corresponsabilidad absoluta de todas y todos, y el cambio de estructuras sociales con décadas de arraigo, requieren de mucho trabajo.
 
RETOS
 
Para Malú Micher, “sigue habiendo ceguera de género en los gobiernos”, pese a que después de la ley, en 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, en 2013, la Suprema Corte creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; desde 2008 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto etiquetado para la igualdad y se han creado protocolos para investigar estos delitos. 
 
Es por ello que Micher Camarena propuso una amplia reforma a la Ley para que se nombre la violencia obstétrica, cibernética, económica, política; se cambien los tiempos de las órdenes de protección y se explique el procedimiento para decretar la Alerta. Sin embargo, no fue aprobada. 
 
Angélica de la Peña Gómez también considera que aún quedan pendientes por revisar, sobre todo en los ámbitos local y municipal. Por ejemplo, la creación de un Diagnóstico Nacional para conocer las causas de la violencia contra las mujeres y la implementación del Banco Nacional de Violencias contra las Mujeres, que se ordena en la ley.
 
Para la legisladora, es importante que dos obligaciones se pongan en marcha y ahí derivarían políticas públicas y acciones gubernamentales para poder lograr realmente una prevención, atención y erradicación de la violencia de género.
 
Respecto a la Alerta de Violencia de Género, De la Peña dice que el reto es “no prejuiciarse” frente a la exigencia de una declaración, sino hacer investigaciones profundas, metodológicas, que esclarezcan cuáles son las causas que derivaron en esa violencia en ese lugar o territorio y establecer acciones para atender el problema.
 
A su vez la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, explica que una vez que la Ley General de Acceso entró en vigor, los estados estuvieron obligados a adoptar sus propias leyes locales con sus respectivos mecanismos de prevención; pero en cada estado se legisló como se quiso y atendiendo a su contexto local.
 
La activistas señala que las organizaciones civiles se han enfocado en dar seguimiento a dos mecanismos: las órdenes de protección y la AVG, donde han visto obstáculos para implementarlos. Por ejemplo, en el caso de la Alerta hay un proceso burocrático para determinar si es necesario decretarla o no.
 
La sociedad civil también ha señalado la deficiencia de tener un  Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conformado por nueve Secretarías de Estado y dependencias que, al ser un gran sistema, no logran implementar modelos o instrumentos a favor de una vida digna.
 
Además, Estrada destaca que una ley sin recursos no sirve y señala que es necesario que se promueva una reforma a la Ley General de Acceso que agilice y amplié la vigencia de las órdenes de protección, y que modifique el actual proceso para decretar la AVG a fin de que un grupo experto haga la evaluación de la procedencia del mecanismo.
 
Al respecto Marcela Lagarde critica que el movimiento de mujeres sólo se enfoque en exigir la implementación de la alerta y no se vea que esta norma es integral y requiere de una política integral de Estado.
 
Señala, además, que si en 2007 no se aceptó que la inclusión del concepto de feminicidio, hoy es oportunidad de hacerlo. Coincide en la necesidad de incorporar términos que no existen, como violencia política y obstétrica. Pese a esto que le falta, reafirma Lagarde, es una ley maravillosa y en el país “está en construcción la política que contiene esa ley”.
 
17/AGM/LGL/GGQ







TRANSGRESORAS
FEMINISMO
   TRANSGRESORAS
   Segunda parte
Marcela Lagarde, a 10 años de la LGAMVLV
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017

Hace 10 años, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, junto con la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, logró la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sustentada en el trabajo científico de 60 investigadoras.
 
Marcela cuenta que pudo aprobarse la ley porque “donde pone el ojo, pone el hacer”, porque logró acuerdos con la Comisión, encabezada por Diva Gastelum y con partidos; por la experiencia de sus compañeras diputadas, como Angélica de la Peña y porque, como ella le aconsejó, habló “hasta con el diablo” sobre la urgencia de una ley que no sólo castigara.
 
Todo se volvió creíble, recuerda, porque fue público y  dialogado, y se votó “palabra por palabra”, pero lamenta que a 10 años de la LGAMVLV lo que más haya pegado “como moda” sea la Alerta de Violencia de Género, y las otras partes de esta ley integral no se vea. Critica también la descoordinación y enredos de las instituciones que surgieron a partir de la ley.  
 
ERRADICAR, NO SOLO DENUNCIAR
 
Lucía Lagunes (LLH): ¿Cómo surgió la LGAMVLV?
 
Marcela Lagarde (MLR): La ley surgió porque entendí que no solo estás ahí, en la Cámara de Diputados, denunciado, ya eres parte de las instituciones del Estado y no puedes ponerte solo a denunciar.   Y porque Alma Vucovich, ex diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) me habló y me dijo “tú has venido mucho a Ciudad Juárez,  sabes lo que pasa aquí, ven a explicarnos por qué los hombres matan a las mujeres.
 

Marcela Lagarde habla sobre feminicidio: Mi agenda política era lograr la tipificación del delito de feminicidio. CIMACFoto: César Martínez López

 
Eso me cambió la vida porque tuve que asumir una  posición propositiva, investigativa, teórica y política para explicarlo, ya no para denunciarlo y me encontré con un libro maravilloso de Diana Rossel y Jean Ralsfo que se llama  “El feminicidio, una política del asesinato de las mujeres”, que es una antología sobre el feminicidio, que contiene una incipiente teoría del feminicidio.
 
Mi agenda política era lograr la tipificación del delito de feminicidio, no sabía nada, no entendía. Había trabajado por la tipificación, ya tenía una visión, se llamaba feminicidio. Establecí la Comisión de Feminicidio y la Cámara asumió el concepto. 
 
La gente no se da cuenta, pero vas creando una jurisprudencia, que se nombren las cosas como nosotras las nombramos, desde la perspectiva feminista de género. Fue un gane, sin pelearnos, siendo minoría numérica, las mujeres en la Cámara éramos 22 por ciento y éramos minoría ideológica, filosófica, 4 autodefinidas feministas.
 
Abrimos la Comisión, reunimos muchos puntos de vista porque era la lógica de la política dialógica. Yo pertenecía al movimiento, no dejas de pertenecer al movimiento porque eres legisladora, eres una legisladora feminista y tienes una base.
 
Pero llegó un momento en que dije: con la tipificación del delito no vamos a enfrentar el problema, esa es una parte mínima, vamos a poder construir una parte del acceso de las mujeres a la justicia, porque vamos a tener un delito en el Código Penal, y eso nos va a permitir perseguirlo y castigarlo, pero lo que queremos es erradicar la violencia contra las mujeres.
 
DE LA IDEA A LA LETRA
 
MLR: Un día me levanté y dije, necesitamos una ley que dicte una política de Estado como dice la CEDAW (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer). Entonces nos juntamos e hicimos la ley entre muy poquitas diputadas, nos pusimos a estudiar técnica jurídica, porque no sabíamos ni cómo se redactaba.
 
Trabajamos en la ley, constantemente, dos diputadas y la presidenta de la Comisión  de Equidad y Género, Diva Gastelum. Hicimos una alianza trans-partidista, con perredistas, priistas, hasta un cuate de Convergencia, Jesús González Schmal. Después, a defender Comisión por Comisión. Es terrible, se va votando casi palabra por palabra, pero tienes un texto que tiene coherencia y pueden hacer un cicirisco de un texto. Me pasó eso con la definición de la Alerta de Género.  
 
RUPTURAS, PACTOS Y AVANCES
 
LLH: En ese momento, te toca un momento muy fuerte: la ruptura del PRD con Rosario Robles. 
 
MLR: La ruptura… yo no, pero sí el partido. Las personas no son idénticas siempre, evolucionan, cambian, dan virajes, tienen crisis, hitos en su vida.  Rosario, siempre fue una mujer de izquierda, la conocí en el sindicato en la UNAM, en la Facultad de Economía, participó en todo y luego gobernó esta ciudad e hizo cosas fenomenales, reconocida por la gente, era una cosa impresionante.
 

Marcela Lagarde dice: Mi reacción era empoderarnos con un orgullo feminista. CIMACFoto: César Martínez López

 
LLH: Reconocida entonces por algunas feministas como la próxima presidenta…
 
MLR: No solo por algunas feministas, creo que en el cuadro político, eso tuvo que ver, y se la poncharon, entre otras cosas por eso, porque se acercó demasiado a la posibilidad de ser la primera presidenta de este país.
 
LLH: Y en ese ambiente, no solo contra Rosario, sino contra el feminismo, lograste sacar una ley…
 
MLR: No sólo una ley: logramos acreditar al feminismo, tuvo autoridad. Mi reacción era empoderarnos con un orgullo feminista. Caminábamos por la Cámara,  a nosotras no nos van a enjuiciar junto a Rosario, estábamos haciendo una ley. Con mi Comisión y 60 investigadoras hicimos la investigación más importante que se ha hecho en México sobre violencia feminicida. Todo eso logró callar la boca a todo el mundo en torno a nosotras, pero también se fue diluyendo el tema de Rosario y fue prevaleciendo el aporte positivo que hacíamos las diputadas feministas, además aliadas con todo el mundo.
 
LLH: ¿Pactaste?
 
MLR: Pactamos. Todo lo que fui elaborando lo pude poner en práctica, la sororidad con principio político de relación con las demás. Y mira que me serrucharon el piso, juntaron firmas para sacarme de la Comisión de Feminicidio, hicieron cosas terribles y la persona que lo hizo sabe que lo hizo.
 
Mi ética política es otra, no contexto con destrucción, sigo adelante. Nosotras hicimos el dictamen de la ley, pasó por tres comisiones, y elaboramos los tres dictámenes. Nos quitaron de la ley el delito de feminicidio, por técnica jurídica y penal. Entonces dijeron “hagamos una negociación, ustedes quitan el delito de feminicidio y aprobamos la ley”. Así fue la negociación.
 
Desconsideraban la ley, les parecía anodina. Nos la objetaron porque estaba dirigida solo a las mujeres. El sujeto de la ley son las mujeres y eso rompe con todo el marco jurídico mexicano. Es transgresora, es vanguardista en el mundo, porque tiene como sujeto a las mujeres. Además, porque consideramos la violencia misoginia concentrada, contiene todo el argumento de cómo el patriarcado violenta a las mujeres. No es que los hombres, unos poquitos estén enfermos, no es que las mujeres se peleen con todo el mundo. Es que hay cinco tipos de violencia y cinco modalidades.
 
Nos faltó la violencia política, que ahora vamos a introducir en una reforma y ojalá se haga pronto. Tampoco incluimos la violencia obstétrica, que se introdujo en Veracruz. Sigue siendo una ley maravillosa, la política que contiene esa ley está en construcción.
 
FUI DERECHO, NO ME QUITÉ
 
LLH: ¿Cuáles fueron las claves que te permitieron sacar esta ley?
 
MLR: Cuando pongo el ojo, pongo el hacer, fui derecho y no me quité. Además con Diva Gastelum, quien estuvo de acuerdo, que asumió, pues esa era la Comisión Legislativa. Y luego Angélica de la Peña, quien tiene una experiencia legislativa de lujo y me enseñó que hay que hablar hasta con el diablo.
 
Y lo hice, hablé con procuradores en todo el país, con defensores de derechos humanos, con quienes estaban acusando, con quienes exigían. Eso nos permitió hacer la ley. Y a mí, con un equipo científico, hacer la investigación diagnóstica. En mi cabeza la investigación justificaba la ley: no sólo íbamos a castigar.
 
Ese fue un debate con muchas compañeras feministas, que querían únicamente la penalización. Con todas fui a discutir, todo lo hicimos público, dialogado, se volvió creíble.
 
También hubo problemas con compañeras de Ciudad Juárez, porque cuando les llevamos la investigación diagnóstica sobre el feminicidio en México me dijeron que le dábamos en la torre al trabajo que venían haciendo desde años, al decir que había feminicidio en otros lados del país,  cuando el argumento de ellas era la excepcionalidad del feminicidio.
 
MÁS QUE ALERTAS
 
LLH: Todavía no se logra aplicar la ley…
MLR: La gente me dice “siguen matando a las mujeres”, y lo dicen con orgullo, que “hay muertas”. Existe una cantidad de morbo en torno a la violencia contra las mujeres terrible. He visto, por ejemplo, en el debate sobre hacer las leyes o no hacerlas, a grupos de compañeras de movimiento de mujeres que parecía que estaban esperando a la siguiente, para demostrar que matan mujeres.
 
Acabé asqueada de esa incapacidad de empatía con las mujeres, y en contraste, del uso de las mujeres y la problemática de las mujeres para hacer activismo, para denunciar, para exigir. Al extremo de que, lo que más pegó como moda en el movimiento amplio de mujeres fue la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Y de lo demás de la ley nadie se ocupa, no les importa, no les interesa, no entienden que es una ley integral, que requiere una política integral del Estado. Solo exigen que se cumpla la AVG porque esa, yo lo entiendo, permitía denunciar, exhibir, exigir enfrentar con el discurso la impunidad terrible que hay.
 
EL TRAMPOSO ENREDO
 
LLH: La alerta ha sido un instrumento también para las instituciones del estado, se volvió un “toma y daca”...
 
MLR: Ahí hubo un cambio importante, pasamos los primeros años en algo muy atrapante, muy terrible, que estaba en la ley: ese famoso Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias de las Mujeres en México, que lleva el título completo porque lo tomamos de la Convención Belém do Pará. Se llama así para hacer todo eso y porque era el encargado de aprobar todas las políticas ligadas a la violencia.
 
Luego surgió la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), porque no había organismo en la Secretaría de Gobernación, que preside al Sistema, para encargarse del asunto. Se crea también la Fiscalía Especial para Atender Delitos de Violencia contra las Mujeres. Eran ya varias instancias, cada una trabajando cosas sin entender bien la ley, para empezar.
 
Luego, rápidamente a la Fiscalía Especial le aumentaron “y la Trata de Personas”, lo que la desvirtuó totalmente. Estaba imponiéndose en toda América Latina la Ley de Trata, fue una movilización latinoamericana y europea. Estaban definiendo qué es la trata, digamos para acotar los mercados de mujeres. Para mí fue clarísimo: para eso se legisló. 
 
CAMINO DE LEYES
 
LLH: ¿Cómo ha sido tu experiencia como legisladora?
 
MLR: La Cámara de Diputados se conecta con lo de ahora, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde soy presidenta de la Comisión Carta de Derechos. He sido militante inscrita con credencial en los partidos de izquierda: pasé del Partido comunista (PCM) al PSUM (Partido Socialista Unificado de México, al PMS (Partido Mexicano Socialista), al Frente Democrático Nacional y al PRD.
 
En el PRD no me gustó el tratamiento que hicieron en el proceso para las candidaturas a la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1988), y no volví durante 10 años.  Después me pidieron que fuera candidata a diputada, en la LIX Legislatura, cuando Rosario Robles era la presidenta del PRD.  Su nombre ha quedado en una reforma legal que tiene que ver con el aborto. Es la única ley que lleva el nombre de una mujer: la Ley Robles.
 

Fui una “mujer cuota”, 4 cuotas que habíamos ganado en los ayeres en otros partidos y que heredó el PRD: la cuota externa, intelectual y ser feminista. CIMACFoto: César Martínez López.

 
Decidieron abrir en el PRD 20 candidaturas ciudadanas y me dije “ustedes no han cambiado”. Una semana me estuvieron presionando, fui a dos reuniones a casa de amigos, donde estaba Rosario, y ahí nos propuso que fuéramos con el PRD y todos muy críticos. Yo muy atravesada por una contradicción: “están convocando a que las mujeres hagamos política y tienes que ir a través de los partidos”, porque no habían esos fenómenos de las  y los independientes. Tenía 50 años, llena de vida y muy apasionada, pensé “esto me permite aprender algo nuevo”.
 
Fui una “mujer cuota”, 4 cuotas que habíamos ganado en los ayeres en otros partidos y que heredó el PRD: la cuota externa, intelectual y ser feminista.
 
LLH: ¿Qué te significó recibir la medalla Elvira Carrillo?
 
MLR: ¡Uf!, me significó mucho gusto, por el reconocimiento que el Senado me hacía, siendo una feminista y porque, por tanto, estaba reconociendo al feminismo. Nosotras, que somos rebeldes, subversivas, transgresoras, que hemos estado a veces en la esquina de la política, que hemos sido vistas como peligrosas al orden social, casquivanas, todo lo que está en el imaginario de la derecha sobre el feminismo, ésas estamos siendo reconocidas en una institución muy importante del Estado mexicano.
 
Para mí los cambios pasan por el Estado, para que haya derechos humanos tiene que haber Estado, si no hay Estado que garantice no hay derechos. Soy una crítica del Estado contemporáneo, como todas las feministas de todos los tiempos, pero al mismo tiempo pues ser una teórica del Estado feminista.
 
Nosotras ya vivimos en un Estado reformado, desde el punto de vista de género, pero nosotras le hemos dado un empuje enorme en la segunda mitad del siglo XX.
 
Son 15 años de reformas impresionantes en el mundo global, en las instituciones internacionales de derechos humanos, y todo eso es un impacto en el mundo occidental enorme, la Conferencia Mundial de Pekín, la Cumbre de Viena, Belém do Pará… Son un conjunto de movimientos feministas que cuajan  en declaraciones vinculantes, en tratados, en los que nos apoyamos las locales para llevar en nuestros países.
 
17/LLH/GGQ








NACIONAL
POLÍTICA
   Senadora Angélica de la Peña presentará punto de acuerdo
Necesario legislar para garantizar más espacios femeninos en Poder Judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/09/2016

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, presentará este martes ante el pleno, un punto de acuerdo para asegurar más espacios para mujeres en los siguientes procesos de selección de candidaturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
En entrevista con Cimacnoticias, de la Peña Gómez explicó que el objetivo del punto de acuerdo es dejar un antecedente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien es la encargada de conformar las ternas de candidaturas para el cargo de magistrado, integre a más mujeres y conforme ternas mixtas.
 
Cabe recordar que las candidaturas para ocupar un cargo de magistrado se dieron a conocer el 5 de agosto de 2016. Era una lista de 126 personas, entre ellas 20 mujeres, que reunían los requisitos de la convocatoria. Después el grupo se redujo a 42 finalistas, donde quedaron 10 mujeres.
 
Tras  las comparecencias que se celebraron este 22 y 23 de agosto, la Suprema Corte redujo la lista a 21 aspirantes, incluidas seis mujeres que cumplieron con los méritos curriculares y el perfil para desempeñar el cargo.
 
El pasado 29 de agosto, el alto tribunal propuso 7 ternas para la elección de igual número de integrantes de la Sala Superior del TEPJF de las cuales, dos son integradas exclusivamente por mujeres.
 
Actualmente el Senado se encuentra en etapa de revisión y análisis curricular de las candidaturas. Después, quienes aspiran a pertenecer a la Sala Superior del TEPJF, presentarán un ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado, quien les realizará una entrevista y serán sometidos nuevamente a una elección de sus trayectorias y desempeño, explicó Angélica de la Peña.  
 
La legisladora agregó que aunque este punto de acuerdo ya no beneficiará a las candidatas que participan en el actual proceso, sí representa un antecedente para los siguientes y es, además, un “asunto de justicia”, ya que dijo, “es derecho de las mujeres ocupar un cargo de representación y con poder para la toma de decisiones”.
 
Indicó que así como en el Artículo 41 de la Constitución Mexicana las legisladoras incorporaron el principio de paridad para que las mujeres tengan el derecho de participar en la política asegurando el 50 por ciento de espacios en las candidaturas de las planillas electorales, así se debe legislar para que la SCJN asigne espacios a las mujeres no por voluntad política, sino en obediencia a un mecanismo que procure los derechos políticos de las mujeres.
 
16/GVV/LGL
 








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