Sayuri Herrera Román

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el amparo presentado por Jorge Luis González Hernández, con el que buscaba obtener su libertad por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por lo que será investigado como autor material del feminicidio.

El 25 de octubre el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal del CJF rechazó el recurso de amparo que Jorge González presentó el pasado 31 de julio y donde argumentó que el juez de control a cargo del caso, Christian Franco Reyes, violó sus derechos al vincularlo a proceso por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio “sin pruebas suficientes”.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrera Román, afirmó que la instancia negó el amparo gracias “al fallo favorable” de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) en el que ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y al TSJDF investigar como feminicidio y no como homicidio simple culposo, como primero se acusó a Jorge González por no impedir el “suicidio” de Lesvy cometido el 3 de mayo.

Esta semana la familia Rivera Osorio y su defensa legal tendrán una audiencia en la Sexta Unidad de Gestión Judicial donde solicitarán al poder judicial ampliar hasta enero el plazo que tienen para recabar pruebas que demuestren que el ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Hernández, asesinó a Lesvy.

En la audiencia, anunció la abogada Herrera Román, argumentarán que la familia de Lesvy “ha estado en desventaja” pues la PGJDF les negó por más de dos meses el acceso completo a la carpeta de investigación. Y aseguró que el plazo debe ampliarse para “privilegiar el derecho fundamental de las víctimas a acceder a la verdad”.

Desde el 10 de julio, durante la audiencia en la que se vinculó a Jorge González por homicidio, los abogados de la familia de Lesvy solicitaron al juez Franco Reyes los seis meses que el nuevo sistema de justicia penal otorga a las víctimas y a los inculpados como periodo máximo para recabar pruebas, sin embargo, el juez les concedió únicamente cuatro meses, los cuales concluirán el próximo 10 de noviembre.

La familia de Lesvy busca que el periodo de investigación se amplié pues, apoyadas por colectivas feministas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han buscado a peritos reconocidos internacionalmente para que abonen a desmontar la teoría del suicidio, pero a las y los expertos les tomará tiempo dar su análisis.

La justicia para Lesvy aún tardará más de un año en llegar. La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que representa a la familia Rivera Osorio, explicó que una vez concluido el periodo de investigación, el caso pasará a la etapa intermedia donde un juez estudiará si admite las pruebas presentadas por la familia Rivera Osorio, las aportadas por su agresor, Jorge González; y las que hasta ese momento recabe la PGJDF.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el acusado y las víctimas serán escuchadas y expondrán nuevamente sus pruebas con las que se dictará o no una sentencia.

Mientras tanto cientos de estudiantes y organizaciones siguen solidarizándose con la familia Rivera Osorio y se suman a la exigencia de justicia pues, según ha expuesto en actos públicos la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, el feminicidio representó la violencia y revictimización que viven las mujeres de la Ciudad de México.

17/MMAE/LGL

La Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó reclasificar el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio de homicidio simple culposo a feminicidio agravado, con lo que obligó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) a investigar el crimen bajo esta línea y al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, a cambiar la autovinculación a proceso del principal sospechoso del asesinato.

La magistrada Celia Marín Sasaki y el magistrado Arturo Eduardo García Salcedo aceptaron hoy el recurso de apelación que interpuso la familia de Lesvy, hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo, para reclasificar el delito por el que, en julio, se vinculó a proceso a la pareja de Lesvy, Jorge Luis Hernández González,  acusado de no impedir el supuesto suicidio de la joven aunque las pruebas apuntan a un feminicidio y a él como principal sospechoso.

Con la resolución, la magistrada presidenta de la Quinta Sala, Celia Marín, solicitó al juez Franco Reyes que ordene a la PGJDF continuar la investigación complementaria –etapa en la que se encuentra el caso- bajo el tipo penal de feminicidio agravado, ya que debe tomar en cuenta “la relación sentimental” que existía entre ambos.

En el escrito, al que esta agencia tuvo acceso, donde dos de las tres personas magistradas aceptaron la reclasificación, el único voto en contra fue del magistrado Salvador Ávalos Sandoval.

El fallo reconoció que el juez Franco Reyes “invisibilizó los hechos al dejar de reconocerlos a través de la perspectiva de género y con ello violentó gravemente el deber que tiene de apegarse a la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres”.

Asimismo reconoció que la autovinculación por homicidio violentó “el conocimiento de la verdad de los hechos, el acceso a la justicia de las víctimas y su reparación integral del daño”.

En la resolución de 47 páginas, el TSJDF afirmó que las razones otorgadas por la familia de Lesvy y su defensa legal para reclasificar el delito estaban “esencialmente fundadas”, porque al vincular por homicidio a Jorge González el juez incumplió los compromisos del Estado mexicano adquiridos al suscribir instrumentos internacionales que defienden los derechos de las mujeres para garantizarles el acceso a la justicia y que lo obligan a investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio.

La y los magistrados también destacaron que tanto la PGJDF como el juez a cargo del caso ignoraron las cicatrices que Lesvy tenía en el rostro, las cuales, aunque no eran recientes, sí podrían apuntar que vivió en un contexto violento previo a su muerte; así como los antecedentes de violencia de los que fue víctima por parte de su pareja.

En entrevista con esta agencia la abogada de la familia Rivera Osorio e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román, calificó de “justa” la reclasificación del delito y, dijo, significa un precedente para que las autoridades capitalinas cuestionen cómo están juzgando e incorporen a las investigaciones la perspectiva de género. Recordó que el caso sigue abierto por lo que seguirán aportando pruebas del feminicidio.

APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL, CDHDF OMISA

El recurso de reclasificación fue interpuesto por la defensa legal de la familia de Lesvy el pasado 13 de julio, desde entonces académicas, organizaciones civiles y colectivas feministas recabaron más de 2 mil firmas y entregaron aproximadamente 100 cartas dirigidas a la Quinta Sala del TSJDF donde solicitaron mirar el caso desde la perspectiva de género.

También destacó el análisis independiente, llamado “amicus curiae”, que la organización experta en litigio I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, presentó a la Quinta Sala del TSJDF desde el pasado 14 de septiembre para que las personas magistradas consideraran reclasificar el delito.

Por su parte y aun cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja de oficio en la Cuarta Visitaduría por la violación a los derechos de las víctimas por parte de la PGJDF hacia la familia de Lesvy al dilatar la entrega completa de la carpeta de investigación, el órgano defensor de los Derechos Humanos no respondió a la solicitud de la abogada de Lesvy para presentar un “amicus curiae” ante la Quinta Sala Penal del TSJDF.

La abogada Herrera Román denunció que la CDHDF ha sido omisa y mencionó que a días para que la titular Perla Gómez Gallardo deje su cargo, el próximo 31 de octubre, la Comisión sigue sin emitir una recomendación la cual, dijo, “es necesaria para evidenciar la pésima actuación de la PGJDF en la investigación del caso”.

17/MMAE/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) a reclasificar el delito de homicidio simple, a feminicidio, el caso de Lesvy, con lo que marcará “un precedente histórico” para el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia.

En un comunicado emitido la víspera del fallo, el OCNF, integrado por 40 organizaciones civiles de todo el país, exigió a la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, de la Quinta Sala Penal del TSJDF –quienes definirán la reclasificación- cumplir con lo que la Suprema Corte de la Nación estableció desde 2015 a raíz del feminicidio de Mariana Lima Buendía, que obliga a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio.

El feminicida de Lesvy Berlín Osorio -asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo- Jorge Luis González Hernández, está vinculado a proceso por homicidio simple por omisión. Se le acusa de no impedir el supuesto suicidio de su pareja, Lesvy, aún cuando las pruebas recabadas por la Procuraduría capitalina apuntan a un feminicidio y lo señalan como el principal sospechoso.

Aunque mañana termina el plazo para que las personas magistradas analicen la reclasificación del delito, la defensa legal de la familia de Lesvy conocerá la decisión durante esta semana, luego de que el TSJDF les notifique vía escrito.

En entrevista con esta agencia, la abogada del OCNF, que junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria llevan la defensa legal de la familia de Lesvy, Ana Yeli Pérez Garrido, explicó que el viernes pasado inició el plazo de tres días hábiles para que el TSJDF resolviera el recurso de apelación. En esa ocasión la defensa legal de la familia Rivera Osorio solicitó una audiencia aclaratoria para exponer por qué debe reclasificarse el delito, por lo que la notificación será vía escrito.

La abogada Pérez Garrido recalcó que la reclasificación del delito le garantizaría a la familia de Lesvy el derecho al acceso a la justicia el cual, dijo, “debe cumplirse porque está íntimamente ligado con el derecho a la verdad y al de la reparación integral del daño”. De no aprobarse, informó, solicitarán un amparo ante un tribunal federal de justicia.

Explicó que el caso se encuentra en periodo de  investigación formalizada, lo que significa que la defensa del acusado, de la víctima y la PGJDF, continúan recabando pruebas para comprobar o descartar un delito, el cual concluye el próximo 10 de noviembre.

Sin embargo, la defensa legal de la familia Lesvy analiza la posibilidad de solicitar al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, que amplíe hasta dos meses el periodo de investigación pues, dijo Pérez Garrido, eso obligaría a la Procuraduría a recabar más pruebas que acrediten un feminicidio “aunque éstas ya están en la carpeta de investigación, pero no las interpretaron de esa forma”, mencionó.

Agregó que un argumento más para solicitar la ampliación será que la PGJDF negó a la familia e Lesvy y a su defensa legal el acceso completo a la carpeta de investigación durante más de dos meses.

17/MMAE/LGL

Sin mirar a los familiares de Lesvy Berlín y aun cuando las pruebas señalan al ex trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pareja de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, como autor del feminicidio de la joven, hoy, durante la audiencia para definir si el delito de homicidio culposo por el que se le acusa se reclasificaba por feminicidio, recalcó: “No soy culpable ni pienso pagar por algo que no hice”.

La seriedad de González Hernández contrastó con el llanto y la voz cortada con la que la mamá de Lesvy Berlín Rivera Osorio, Araceli Osorio Martínez, expuso ante la magistrada y los dos magistrados de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF): “Queremos saber qué pasó el 3 de mayo, queremos que se investigue como feminicidio, así la Sala daría un mensaje institucional a favor de la justicia y serviría como antecedente para que no se vuelva a repetir”.

Tras media hora de la audiencia a la que Cimacnoticias tuvo acceso, la magistrada Celia Marín Sasaki y los magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo decidieron ampliar a tres días el plazo para resolver la apelación, por lo que será hasta el próximo miércoles 18 de octubre que la familia Rivera Osorio y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conocerán vía escrito el fallo.

Desde las 13:30 horas las abogadas Sayuri Herrera Román y Ana Yeli Pérez Garrido argumentaron por qué debía reclasificarse el delito. Por su parte los dos abogados de oficio de González Hernández, José de Jesús Sánchez y Miguel Ricardo Calderón, este último insistió: “de aceptarse se estarían cambiando los hechos”.

Actualmente González Hernández es investigado por el delito de homicidio culposo por omisión, basado en los dictámenes de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), por no impedir el supuesto suicidio el cual, de acuerdo a la PGJDF, efectuó Lesvy con el cable de una cabina telefónica. De aceptarse, el juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, tendría que tomar en cuenta la violencia que Jorge ejerció hacia Lesvy previo a su muerte, misma que acredita un feminicidio.

Durante la audiencia en diversas ocasiones el magistrado Salvador Ávalos Sandoval, se separó de la mesa en la que estaba sentado y cerró los ojos por varios segundos en más de una ocasión, como si se negara a escuchar. A las abogadas de la familia Rivera Osorio no le sorprendió, afirmaron que cuando interpusieron el recuso para reclasificar el delito él afirmó que no podían aceptarlo bajo el argumento de que en su calidad de víctimas, la familia de Lesvy no podía solicitarlo.

Indiferente, sin bajar en ningún momento la vista González Hernández aseguró ser inocente. “Desde el principio se sintió cobijado por las autoridades, si alguna vez pensó en decir la verdad sobre lo que sucedió, seguro perdió la intención cuando vio que desde el principio de la investigación las autoridades se empeñaron en culpar a la propia Lesvy por su muerte”, comentó respecto a su actitud la abogada Herrera Román.

En cambio, la familia de Lesvy ha encontrado el apoyo de otro sector: el de las más de 2 mil estudiantes, académicas, madres, organizaciones y colectivas feministas que firmaron más de 100 cartas dirigidas a las personas magistradas y que fueron entregadas hoy, en donde les pidieron interpretar las pruebas desde la perspectiva de género, es decir, contemplar que Lesvy fue asesinada en un lugar público, asfixiada y que su pareja ya había ejercido violencia contra ella durante su relación y previo a su asesinato.

“¡No estás sola, no estás sola!”, repitieron a Araceli Osorio las más de 30 mujeres representantes de colectivas y estudiantes que esperaron a fuera del TSJDF la respuesta de las personas magistradas y con el mismo grito la recibieron al salir.

En un mitin organizado al término de la audiencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido recordó que las autoridades de la Ciudad de México deben sancionar también a las y los funcionarios públicos que desde el 3 de mayo han violentado los Derecho Humanos de la familia de Lesvy como víctimas indirectas y dijo el caso “debe investigarse y juzgar como feminicidio para garantizar que tengan acceso a la justicia y la reparación del daño”.

En entrevista con esta agencia la abogada Sayuri Herrera informó que el pasado 25 de agosto interpusieron una denuncia a la Fiscalía Central de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por el delito del ejercicio ilegal del servicio público en contra de la titular de la Fiscalía Desconcentrada COY-1 –donde se inició la investigación-, Claudia Elizabeth Cañizo Vera.

La denuncia también incluye a la entonces directora de Comunicación Social de la PGJDF, Elena Cárdenas Rodríguez, por que filtró  información de Lesvy a través de la cuenta de Twitter de la instancia de justicia.

Además, advirtió que extenderán la demanda hacia otras autoridades que también actuaron de manera omisa durante la investigación y revictimizaron a la familia Rivera Osorio. En tanto, el próximo 25 de octubre el TSJDF responderá si procede o no el  amparo que González Hernández presentó el 31 de julio porque, dijo, el juez Franco Reyes violentó sus derechos al vincularlo a proceso “sin pruebas suficientes”.

17/MMAE

Mañana el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) definirá si reclasifica de homicidio culposo a feminicidio el delito por el que se investiga a la pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo, Jorge Luis González Hernández.

En una audiencia que tendrá lugar en la Quinta Sala en Materia Penal del TSJDF a las 13:30 horas, la magistrada Celia Marín Sasaki, y los magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo responderán al recurso de apelación que la familia de Lesvy y su defensa legal interpusieron el pasado 13 de julio y dónde solicitaron la reclasificación del delito porque, afirmaron, las pruebas señalan que González Hernández ejerció violencia hacia Lesvy previo a su asesinato, lo que acredita un feminicidio.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrara Román, explicó que en la audiencia de mañana no presentará pruebas o peritajes diferentes a los que contenía la carpeta de investigación hasta el pasado 7 de julio, fecha en la que se imputó a Jorge por el delito de homicidio culposo por omisión por no impedir el supuesto suicidio de Lesvy aun cuando, en los videos de vigilancia de la UNAM, se le observa violentando a la joven previo a su muerte.

En cambio, la defensa legal, a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, argumentará a las personas magistradas que las pruebas que hasta esa fecha se tenían sí apuntan a un feminicidio, pero ni la Procuraduría capitalina ni el juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, las interpretaron con perspectiva de género.

Una vez definido el delito por el que se investigará al ex trabajador de la UNAM continuará el proceso penal en su contra y hasta noviembre concluirá el periodo de investigación complementaria –momento en el que actualmente se encuentra la investigación-, y donde ambas partes pueden seguir aportando pruebas.

En caso de no tener una respuesta al recurso de apelación al término de la audiencia de mañana la y los magistrados podrían pedir un plazo de tres días más para decidir si reclasifican el delito, mencionó la abogada Herrera Román.

ESPERAN RECOMEDACIÓN DE LA CDHDF

La abogada Herrera Román instó a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a emitir una Recomendación hacia las autoridades de justicia capitalinas por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de la familia de Lesvy antes del próximo 31 de octubre, cuando la actual presidenta del organismo defensor, Perla Gómez, dejará el cargo.

Desde que el cuerpo de Lesvy fue encontrado en el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria con el cable de una cabina telefónica enredado en su cuello, las autoridades capitalinas violentaron los derechos humanos de la familia de  Lesvy, lo que llevó a la CDHDF a interponer dos quejas de oficio ante la Cuarta y Primera Visitaduría contra la PGJDF, mismas que aún no concluyen en una  Recomendación.

Cimacnoticias preguntó a la CDHDF si emitirán una Recomendación antes del 31 de octubre, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

En entrevista con esta agencia el abogado del Centro Fray Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, recordó que han mantenido comunicación con la CDHDF, quien determinó que peritajes como el de criminalística de campo y la necropsia hecha por la PGJDF no se apegaron a las normativas internacionales, por ello, dijo, el órgano defensor “tiene los elementos suficientes para emitir una Recomendación”.

La CDHDF interpuso la queja en la Cuarta Visitaduría para que la PGJDF informara si se apegó al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación. Mientras que la queja en la Primera Visitaduría obedece a la filtración que la PGJDF hizo, a través su cuenta de Twitter, de información que estigmatizó y culpó a la joven por su muerte.

17/MMAE

Con el argumento de que el juez Christian Franco Reyes violentó sus derechos al vincularlo a proceso “sin pruebas suficientes” por el asesinato de Lesvy, víctima de feminicidio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su pareja, Jorge Luis González Hernández, solicitó un recurso de amparo que de ser admitido, podría dejarlo en libertad.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada del caso e integrante de la organización acompañante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román, informó que el pasado 31 de julio se presentó el recurso de amparo por los dos abogados de oficio de González Hernández; sin embargo, precisó que la familia de Lesvy fue notificada hasta el pasado 5 de septiembre.

De acuerdo con lo explicado por la abogada de la familia Osorio, el presunto feminicida de Lesvy solicitó el amparo (el cual se desahoga en el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal) para apelar la decisión del juez de control del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) Christian Franco, con la que vinculó a Jorge Luis González a proceso por el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que no impidió el supuesto suicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

La abogada informó que de ser admitido, la investigación en contra de Jorge se daría por terminada, el riesgo es latente porque desde que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) atrajo el caso, no aplicó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio que la obliga a recolectar evidencias desde la perspectiva de género, con lo que la investigación quedó mal integrada.

También podría desecharse la prueba de ADN que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México hizo a González Hernández y con la que se comprobó que Lesvy tenía en sus uñas material genético de su pareja. Con ella, dijo Herrera Román, “se refuta la mecánica de suicidio porque corresponde a maniobras de defensa y forcejeo”.

En ese sentido, la defensa de Jorge Luis González Hernández, argumentó que la instancia de justicia primero lo trató como testigo, no como sospechoso, por lo que las pruebas de ADN que le fueron realizadas se le tomaron en esta condición.

Otra muestra de que la  PGJDF no aplicó el Protocolo de Investigación de Feminicidio fue que ignoró la evidencia que arrojaron las entrevistas hechas a conocidos de la joven, testigos de que Jorge violentaba a Lesvy la cual permitía investigarlo como sospechoso de feminicidio

Ante el riesgo de que el amparo proceda, esta semana la defensa de Lesvy presentará su respuesta ante el Juzgado 14, para lo cual recurrirá a los videos de seguridad de la UNAM a los que esta agencia tuvo acceso y que muestran a  Jorge Luis violentando físicamente a Lesvy momentos antes de su asesinato y lo exponen en el lugar de los hechos.

El cuerpo de Lesvy fue encontrado el 3 de mayo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el cable de una cabina telefónica atado a su cuello y con signos de violencia que acreditan un feminicidio, pero el crimen no fue investigado como tal por la Procuraduría capitalina, por lo que también está en proceso un recurso de apelación que la familia Rivera Osorio interpuso en la Quinta Sala Penal del TSJDF para que se reclasifique el delito por el que se investiga a Jorge.

La abogada Herrera Román señaló que el caso sigue abierto. A la par del recurso de amparo interpuesto por Jorge y el de apelación de la familia de Lesvy corre un plazo de investigación complementaria, el cual permite a ambas partes recabar pruebas para sustentar o derogar el feminicidio de la estudiante de la UNAM de 22 años.

El plazo termina el próximo 10 de noviembre, mientras tanto la defensa de la familia Osorio y la organización coadyuvante en el caso, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), han recabado pruebas que desmontan la versión del suicidio de Lesvy, refuerzan que se trató de un feminicidio e  inculpan a su pareja, esto a través de la consulta con peritos independientes.

En cuanto a la actuación de la UNAM Herrera Román recordó que la familia de Lesvy está en espera de la solicitud que hizo el 30 de agosto al Consejo Universitario a través de una carta, con la que pidió preservar el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Lesvy “como un sitio de memoria” que garantice la no repetición de casos de feminicidio en la universidad, así como de la violencia de género y en la cual reiteraron su exigencia para que las autoridades universitarias se pronuncien por justicia.

17/MMAE

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
17/MMAE/GG
 

El Grupo de académicas expertas en perspectiva de género propuesto por la UNAM para investigar el caso de Lesvy, encontrada asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo, se pronunció por primera vez desde su conformación para exigir a la Procuraduría capitalina que investigue el hecho como feminicidio y que permita a la familia de la joven y a su representante legal el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
A más de un mes y medio de creación, a través de un comunicado, las académicas expresaron su “indignación” por el trato que las autoridades de la Procuraduría local (PGJDF) ha tenido con la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, “estudiante y parte de la comunidad universitaria”,  y su representación legal al proporcionarles “a cuentagotas” información sobre las primeras diligencias realizadas.
 
Esto, aseguraron, “obstaculiza que se realice de manera oportuna y eficaz su coadyuvancia en las investigaciones, derecho que como víctimas, por mandato de la Constitución, debe ser respetado y garantizado por parte del Ministerio Público”.
 
El Grupo interdisciplinario está integrado por la directora del Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG), Ana Buquet Corleto; la coordinadora de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM y reconocida por el Senado de la República con el premio “Elvia Carrillo Puerto 2017”, Gloria Ramírez Hernández; así como por la abogada penalista e investigadora del CIEG, Lucía Núñez Rebolledo.
 
También forman parte del Grupo la coordinadora de la investigación diagnóstica para la elaboración de un “modelo de UNAM segura”, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Martha Patricia Castañeda Salgado; la  investigadora del CIEG, Lourdes Enríquez Rosas; la integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, Ydalia Pérez Fernández Ceja, y por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano Soriano.
 
El grupo interdisciplinario fue convocado por la Oficina de la Abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, el pasado 11 de mayo para “brindar mayor transparencia y certidumbre a las averiguaciones de los hechos”. 
 
La integración del Grupo fue anunciada por la autoridad universitaria días después de que la joven fue encontrada asesinada en el campus, pero  sin tener certeza de cuáles serían específicamente sus funciones. Y  el contacto con la familia de Lesvy, señaló la madre de la joven, Araceli Osorio Martínez, y con su abogada, Sayuri Herrera Román, ocurrió apenas este mes.
 
La abogada señaló como esencial para favorecer un proceso justo y para el esclarecimiento del caso que el Grupo de expertas, a través de su palabra “colectiva y constante”, se vinculara inmediatamente con la familia de la joven, además de “reivindicar la memoria de Lesvy por medio actos dentro de la UNAM”.
 
CUATRO ACCIONES DEL GRUPO
 
El Grupo de expertas proponen cuatro acciones, con incidencia a mediano y largo plazo en el caso y para “enfrentar las problemáticas relacionadas con las violencias de género”, señala el comunicado.
 
En conjunto con las autoridades universitarias, darán seguimiento a las mesas de discusión del Protocolo para la Atención de casos de violencia de género en la UNAM para que se mejoren “los mecanismos ya establecidos para la prevención y sanción” de este tipo de violencia.
 
Buscarán también la elaboración de protocolos con perspectiva de género para el personal de seguridad universitario.
 
También promoverán que en la licenciatura en Ciencia Forense se imparta una materia de elaboración de periciales con perspectiva de género y se realicen foros para reflexionar sobre estos peritajes en casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Además, las académicas organizarán foros, seminarios, cursos y campañas de información para prevenir la violencia de género.
 
17/MMAE/GG

El peritaje antropológico social que prometió la Procuraduría capitalina, con apoyo de la UNAM,  para investigar el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria, “apunta a que la ella es la culpable de su propia muerte”, a partir de preguntas que condicionan el resultado.
 
Esto denunció la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román, en entrevista con Cimacnoticias, quien adelantó que la familia de la joven, como su defensa legal, rechazan la pretensión de que el caso concluya en suicidio. 
 
Explicó la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que el peritaje está conformado por preguntas que “condicionan el objetivo de la investigación porque ya traen un sesgo de género, son preguntas estigmatizantes. Están dirigidas a estudiar la vida sexual de Lesvy, sus relaciones familiares y sus actitudes que más que aportar para encontrar al probable feminicida la enjuician moralmente”.
 
Recordó que el 24 de mayo el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, anunció en conferencia de prensa la “coordinación interinstitucional” entre la instancia de justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un peritaje antropológico social que la institución educativa  realizaría.
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJDF), explicó Herrera Román, pidió a la UNAM que aportara una persona experta en antropología social para realizar el peritaje.
 
CUESTIONADA SU VALIDEZ
 
Desde el 6 de junio, cuando la familia de Lesvy y su defensa legal conocieron el peritaje propuesto, lo impugnaron a través de un “extrañamiento” que quedó asentado en el expediente. Y aunque aún así la PGJDF puede realizarlo, sus familiares aseguran que “sería cuestionable su validez” porque no incluirá entrevistas con el núcleo cercano de Lesvy como sus padres y amigos.
 
 “No vamos a cooperar con la autoridad en ninguna diligencia hasta que nos informen cómo realizaron las primeras diligencias y tengamos acceso a la primera parte de la carpeta de investigación -que incluye esa información- porque, de lo contrario, podríamos incluso aportar a  una línea de investigación como la que tememos que estén siguiendo: el suicidio”, precisó Herrera Román.
 
El peritaje también fue rechazado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que ya solicitó a la Procuraduría la coadyuvancia institucional en el caso, comentó la abogada, porque “sabemos que en reiteradas ocasiones la PGJDF las aplica en otros casos y  conducen siempre a criminalizar y revictimizar a la víctima”. ​
 
ACERCAMIENTO CON LA UNAM, INSUFICIENTE
 
La familia de Lesvy considera que aportar a un perito no es suficiente para la investigación del caso, por ello Herrera Román urgió “al rector de la UNAM, Enrique Graue, al grupo de expertas  en violencia de género propuesto por él, para que aportará en el esclarecimiento del hecho y a la comunidad universitaria sumarse a exigir a la procuraduría capitalina que transparente su trabajo”.
 
La abogada General de la UNAM, Mónica Mónica González Contró, y el grupo de expertas en violencia de género ya tuvieron un primer acercamiento con la mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez. Sin embargo, sigue sin haber certeza de cómo podrían aportar las expertas.
 
Herrera Román reconoce que, más allá de intervenir en materia legal, las expertas podrían ser “un canal de vinculación con las autoridades y nos abran puertas en la UNAM”, además de aportar en la “reivindicación de la memoria de Lesvy, que fue estigmatizada por la misma PGJDF desde los primeros días de la investigación”, esto último a través de la cuenta de la instancia de justicia donde difundieron información de la vida personal de la joven.
 
“Desde el principio de la investigación se estigmatizó a mi hija por ser joven, tomar decisiones, por ser mujer y por estar viva. La PGJDF hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy atribuyendoles veracidad y revictimizando a ella y a su familia”, denunció el pasado 17 de junio Araceli Osorio, durante un foro político cultural.
 
La familia de Lesvy su defensa legal están en espera de la respuesta que la PGJDF dará en cuanto al peritaje antropológico social que impugnaron y continúan exigiendo el acceso a la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes, esenciales para conocer la línea de investigación que actualmente se sigue, señala la abogada.

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