Ana Yeli Pérez Garrido

Para cumplir “la deuda” que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene con las mujeres y las personas defensoras de Derechos Humanos, la nueva presidencia encabezada por Nashieli Ramírez Hernández debe impedir que las autoridades sigan obstaculizando el acceso a la justicia, velar por los derechos de las víctimas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil, afirmaron organizaciones.

Entrevistados por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ana Yeli Pérez Garroido y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Quetzalcóatl Fontanot, coincidieron en que durante el periodo de Perla Gómez Gallardo –de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– la CDHDF adquirió “una deuda” con las capitalinas y las personas defensoras, pues no se pronunció de forma enfática contra las instancias gubernamentales que en lugar de garantizarles el acceso a la justicia ejercieron violencia contra ellas, por ejemplo al revictimizarlas.

Además, afirmó Quetzalcóatl Fontanot, a diferencia de su antecesora, la nueva ombudsperson que ejercerá durante los próximos cuatro años tendrá que “ponerse de lado de las víctimas” y no de las instituciones gubernamentales, particularmente en los casos donde los agresores sean autores del Estado.

ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA

En los casos de violencia hacia las mujeres la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recalcó que durante los próximos años la CDHDF debe señalar cuando las instancias de procuración e impartición de justicia, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) incurran en violaciones a Derechos Humanos.

En la Ciudad de México la violencia institucional hacia las mujeres que buscan acceder a la justicia dijo, es “más sofisticada” que en otros estados, pues las autoridades suelen integrar las carpetas de investigación con todos los peritajes necesarios, sin embargo, se empeñan en interpretar esos elementos “para hacer parecer que la  violencia por razones de género no existe en la capital”, denunció la abogada quien recordó que por esta razón solicitaron junto con otras organizaciones la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por ello, expresó Pérez Garrido, la instancia se enfrentará al reto de no sólo recibir las quejas hacia violaciones de DH sino a acompañarlas y emitir recomendaciones en las que visibilicen la violencia institucional en contra de las víctimas, además de analizar todos los casos desde la perspectiva de género para “dar cuenta de que en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres “es un problema estructural”.

DEFENSA DE DH DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Para las más de 80 organizaciones que integran la Red TDT, mencionó Quetzalcóatl Fontanot, el nombramiento de Nashieli Ramírez “es alentador” toda vez que ella ha defendido los últimos 25 años los derechos de la infancia, por lo que como sociedad civil organizada esperan trabajar en conjunto con la CDHDF.

El defensor señaló que a la CDHDF le urge resarcir el daño que generó distanciarse de las organizaciones civiles, mismo que derivó en la poca atención a las víctimas y pasar a segundo plano la garantía de sus derechos, como en el caso de las mujeres defensoras.

Fontanot llamó a la CDHDF a velar por los derechos de las víctimas y no responder a los intereses gubernamentales particularmente en el contexto electoral que se avecina en 2018.

17/MMAE/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) a reclasificar el delito de homicidio simple, a feminicidio, el caso de Lesvy, con lo que marcará “un precedente histórico” para el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia.

En un comunicado emitido la víspera del fallo, el OCNF, integrado por 40 organizaciones civiles de todo el país, exigió a la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, de la Quinta Sala Penal del TSJDF –quienes definirán la reclasificación- cumplir con lo que la Suprema Corte de la Nación estableció desde 2015 a raíz del feminicidio de Mariana Lima Buendía, que obliga a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio.

El feminicida de Lesvy Berlín Osorio -asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo- Jorge Luis González Hernández, está vinculado a proceso por homicidio simple por omisión. Se le acusa de no impedir el supuesto suicidio de su pareja, Lesvy, aún cuando las pruebas recabadas por la Procuraduría capitalina apuntan a un feminicidio y lo señalan como el principal sospechoso.

Aunque mañana termina el plazo para que las personas magistradas analicen la reclasificación del delito, la defensa legal de la familia de Lesvy conocerá la decisión durante esta semana, luego de que el TSJDF les notifique vía escrito.

En entrevista con esta agencia, la abogada del OCNF, que junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria llevan la defensa legal de la familia de Lesvy, Ana Yeli Pérez Garrido, explicó que el viernes pasado inició el plazo de tres días hábiles para que el TSJDF resolviera el recurso de apelación. En esa ocasión la defensa legal de la familia Rivera Osorio solicitó una audiencia aclaratoria para exponer por qué debe reclasificarse el delito, por lo que la notificación será vía escrito.

La abogada Pérez Garrido recalcó que la reclasificación del delito le garantizaría a la familia de Lesvy el derecho al acceso a la justicia el cual, dijo, “debe cumplirse porque está íntimamente ligado con el derecho a la verdad y al de la reparación integral del daño”. De no aprobarse, informó, solicitarán un amparo ante un tribunal federal de justicia.

Explicó que el caso se encuentra en periodo de  investigación formalizada, lo que significa que la defensa del acusado, de la víctima y la PGJDF, continúan recabando pruebas para comprobar o descartar un delito, el cual concluye el próximo 10 de noviembre.

Sin embargo, la defensa legal de la familia Lesvy analiza la posibilidad de solicitar al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, que amplíe hasta dos meses el periodo de investigación pues, dijo Pérez Garrido, eso obligaría a la Procuraduría a recabar más pruebas que acrediten un feminicidio “aunque éstas ya están en la carpeta de investigación, pero no las interpretaron de esa forma”, mencionó.

Agregó que un argumento más para solicitar la ampliación será que la PGJDF negó a la familia e Lesvy y a su defensa legal el acceso completo a la carpeta de investigación durante más de dos meses.

17/MMAE/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó a los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México a proponer y, en caso de ser electos, a implementar acciones serias y eficaces para atender las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, que suman 626  de enero de 2015 a diciembre de 2016 .
 
Al presentar un balance sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad –decretada por el 28 de julio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)– el Observatorio señaló que a casi dos años de que se emitiera este mecanismo, los avances para cumplir las recomendaciones han sido mínimos.
 
Ahora que el feminicidio se ha recrudeció en la entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada; la abogada de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, y la activista Irinea Buendía, ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Toluca para llamar a las y los candidatos a decir cómo van a continuar con la implementación de la AVG.
 
¿SIN PROPUESTAS ANTE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Luz Estrada, quien siguió el proceso de solicitud del mecanismo en diciembre de 2010, sugirió a los políticos que revisen cuáles son las recomendaciones que se desprenden de la AVG, cuáles son las que se están implementado, qué hace falta y qué es lo que no sirve porque, dijo, hasta ahora en las campañas que finalizan el 31 de mayo no se han expuesto políticas de prevención, atención ni sanción de la violencia de género.
 
De acuerdo con la experta, la violencia de género ha sido un tema ignorado y no ha sido tomado en serio: “No he escuchado para nada el tema de desaparecidas en un estado que fue reconocido por un problema de desaparición”.

Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la organización Justicia Pro Persona | CIMACFoto: César Martínez López

 
En opinión de la abogada Pérez Garrido, las y los aspirantes a gubernatura deben establecer en sus planes de gobierno cómo darán continuidad a las recomendaciones emitidas por la Conavim para garantizar seguridad a las mujeres y una vida libre de violencia, porque aseguró que estas medidas son la base para erradicar la violencia feminicida en la entidad.
 
Las defensoras coincidieron en señalar que las y los políticos tienen una deuda con las mexiquenses y, como ejemplo, señalaron que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales 296 fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia estatal.
 
Además, señalaron que en 2016 se denunciaron 2 mil 148 casos de violación sexual y de enero a febrero de 2017 se han denunciado 302 casos más; por otra parte, de 2005 a 2014 se reportaron 4 mil 281 desapariciones de mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 727 fueron localizadas (95 de ellas sin vida), según datos de la Fiscalía estatal y retomados por el Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de AVG.
 
ASPIRANTE, NO ENTIENDEN NI LEEN
 
Con este termómetro de la violencia contra las mujeres, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota; la de Morena, Delfina Gómez, del PRI, Alfredo del Mazo; del PT, Oscar González Yáñez; del PRD, Juan Zepeda; y la independiente, Teresa Castell, han propuesto acciones como “ampliar la Alerta a los 125 municipios”, una “policía de género”, “salario rosa”, y hasta pena de muerte para los feminicidas.
 
A decir de Luz Estrada, estas promesas de campaña sólo muestran que los abanderados “siguen sin entender y sin leer”, porque aunque la AVG ubica a once municipios como los lugares con más delitos de género, el mecanismo se debe aplicar en todo el estado; no hay evidencia de que una policía de género funcione; y por otro lado la propuesta de una política “rosa” parece más basada en estereotipos que en objetivos.
 
“No somos campaña, hoy nos dicen, hoy nos prometen y mañana seguimos contando más feminicidios y desapariciones”, declaró la activista.
 
12 MEDIDAS, PARA QUE LEAN
 
Ante una nula oferta electoral que garantice los derechos humanos de las mexiquenses y a fin de ofrecer información sobre la violencia de género en la entidad, el OCNF y Justicia Pro Personas ayer enviaron a cada candidata y candidato un documento donde resumen 12 medidas de seguridad, justicia y prevención que se desprenden de la AVG y detalla sus avances y retos pendientes.
 
Entre estas medidas están la conformación de un grupo de especialistas de la Procuraduría Estatal que ha revisado 258 averiguaciones previas de un total de 569 expedientes archivados de enero de 2005 a julio de 2015; y la conformación de un grupo especializado para atender casos de feminicidio de alto impacto, el cual está revisando dos casos acompañados por la sociedad civil.
 

Irinea Buendía Cortes, madre de víctima de feminicidio | CIMACFoto: César Martínez López

 
Sobre este tema la activista Irinea Buendía, madre de Mariana Lima –asesinada en 2010 y cuyo caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación– dijo que hay pendientes para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, por lo que la persona que asuma la nueva administración en el Estado de México debe reforzar las investigaciones, fortalecer la policía investigadora y reformar el protocolo para investigar el feminicidio.
 
17/AGM/GG