Senado de la República

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud para que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud pueda negarse a realizar prácticas médicas que van en contra de sus creencias religiosas o éticas, por ejemplo, la interrupción del embarazo no deseado cuando una mujer solicite ejercer este derecho.

A más de dos años de que el Partido Encuentro Social (PES) presentó la propuesta, este jueves 22 de marzo el Senado aprobó la reforma, previamente avalada por la Cámara de Diputados en octubre de 2017, para que el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud establezca que los profesionales de la salud puedan “ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”.

El Artículo reformado señala que “cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no se podrá invocar este principio”.

Durante el debate los senadores Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Martha Tagle, Angélica de la Peña, Fernando Mayans y Luis Sánchez, pidieron una moción suspensiva al considerar que esta modificación era un retroceso en materia de Derechos Humanos y contravenía el artículo 40 constitucional, pues vulnera el carácter de Estado Laico pero además porque busca evitar que las mujeres ejerzan su derecho a la maternidad libre y voluntaria.

La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, destacó que este dictamen se basó en las legislaciones de Estados Unidos, Francia y Alemania donde la objeción de conciencia se estableció para que nadie sea “obligado a participar en una interrupción del embarazo. “No nos hagamos tontas y tontos, esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo”, dijo.

La moción suspensiva fue rechazada a pesar de que el 18 de febrero de 2016 la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud (Ss) emitió una opinión jurídica sobre esta minuta donde explicó que la ley protege el derecho a la libertad de conciencia pero no se puede regular especialmente la misma toda vez que se trata de un concepto subjetivo.

De acuerdo con la dependencia, el uso indiscriminado y mal entendido de la objeción de conciencia aleja a la medicina de sus objetivos primordiales y abre la puerta a una medicina basada en valoraciones morales y subjetivas para transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada de prejuicios, intolerante y discriminatoria.

La Ss además alertó que se podría generar una práctica donde el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus servicios.

Para los senadores, la objeción de conciencia afecta particularmente a personas que sufren diversas formas de discriminación por cuestiones de género, edad, raza, discapacidad, situación económica o preferencias sexuales.

Por ejemplo, con este concepto, los médicos podrían negarse a atender a mujeres víctimas de violación sexual, negarles la anticoncepción de emergencia o en su caso a practicarles un aborto y negarse a actuar en todo lo relacionado con la reproducción humana como la esterilización y la reproducción asistida.

Sin embargo, desde 2009 la Norma Oficial Mexicana “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, que regula el aborto en casos de violación sexual, contempla la objeción de conciencia e indica que las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia.

En el mismo sentido, este principio está regulado en la Ley de Salud de la Ciudad de México, una entidad donde una mujer puede acceder por voluntad al aborto hasta las 12 semanas de gestación; esta ley además señala que cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo (ILE) para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia.

Esta redacción, que permite la objeción de conciencia pero obliga a tener personal médico para practicar la ILE, se retoma en los Lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción del embarazo en la capital del país.

A favor del proyecto se expresaron los senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez y Víctor Hermosillo y Celada, del Partido Acción Nacional (PAN); así como el ex panista y ahora simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José María Martínez Martínez, quien ha sido un promotor de la familia tradicional y de la “protección de la vida desde la concepción/fecundación”.

Este grupo de senadores afirmó que se pretende garantizar el derecho de los trabajadores de la salud y que no estaba a discusión el derecho al aborto o la eutanasia.

La senadora Angélica de la Peña presentó una reserva porque en su opinión la reforma debe decir que aplica la objeción de conciencia “siempre y cuando ello no se contraponga con el ejercicio de otros derechos”. No obstante la reforma fue aprobada con 53 votos a favor, 15 en contra y una abstención y sólo falta que sea publicada por el Ejecutivo federal.

18/AGM/LGL

Legisladoras del Senado de la República propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de estipular claramente las condiciones laborales formales para las trabajadoras del hogar y garantizarles las prestaciones que por ley tienen derecho.

La propuesta impulsada por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert; busca derogar el régimen discriminatorio que establece la LFT para las trabajadoras del hogar y garantizarles el acceso a vacaciones, aguinaldo, seguridad social y un contrato laboral.

Actualmente el Capítulo XIII, título sexto “Trabajos Especiales” de la LFT, es el que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo, permite una jornada excesiva de trabajo de 12 horas y no estipula la obligatoriedad de afiliar a las empleadas del hogar a la seguridad social.

Asimismo el Artículo 334 reconoce que hasta 50 por ciento de la retribución para las trabajadoras del hogar puede ser en especie (alimentos o habitaciones), una medida excesiva en comparación con las recomendaciones de los instrumentos internacionales que es del 33 por ciento.

En este apartado también se indica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar pero hasta el momento no lo ha establecido.

Por lo tanto el proyecto de las senadoras plantea añadir un Artículo 331 Ter a la Ley del Trabajo para determinar mediante un contrato escrito la remuneración económica para este sector (no menor a dos salarios mínimos), el horario de trabajo, las vacaciones anuales pagadas, los periodos de descanso y la inscripción al seguro social.

La iniciativa también reconoce y regula el pago de las tres modalidades del trabajo del hogar: quienes residen en el domicilio donde laboran, las que trabajan con un sólo empleador, o bien, varios.

Otras de las reformas que se plantean es la indemnización de las trabajadoras y abolir el trabajo infantil al prohibir la contratación de menores de 15 años de edad para esta tarea.

Finalmente quienes se encargarían de verificar que las y los empleadores cumplan con la ley serían los “Inspectores del Trabajo”, la propuesta indica que ellos visitarían las empresas, hogares y establecimiento donde fueron contratadas las empleadas periódicamente, con especial atención para las trabajadoras migrantes e indígenas.

SINACTRAHO EXIGE DERECHOS LABORALES

En el proyecto las senadoras argumentaron que el trabajo del hogar es una tarea fundamental para la población mexicana; cerca de 2 millones de hogares contratan servicios del hogar, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014).

En estos hogares viven 4 millones 854 mil personas, quienes se benefician de las tareas que realizan las empleadas del hogar, sin embargo, la mayoría sólo cobra dos salarios mínimos de 70.10 pesos diarios –o menos- según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Conapred también precisa que 97 por ciento no tiene seguridad social y muchas de ellas viven situaciones de discriminación, maltratos, jornadas excesivas de trabajo sin remuneración e incluso violencia sexual.

Por ello las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) se manifestaron el 23 de noviembre frente al Senado para exigir a los y las legisladoras que apoyen y agilicen esta iniciativa, pues podría permitir que las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país –según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía- gocen de sus derechos laborales.

El gremio también urgió al Senado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que sigue sin ser ratificado por el gobierno y que supondría la obligación inmediata de regular el trabajo del hogar en México.

Por el momento el proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Precisión Social y de Estudios Legislativos donde será discutido.

17/HZM/LGL

Ante la falta de estadística sobre la situación de las mujeres en diferentes ámbitos, desde 1995 se trabajó en la creación de un “Atlas de Género” que contiene las diferencias sociales entre mujeres y hombres y que permitirá hacer más visibles estas diferencias, dijo la senadora y la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la priista Diva Hadamira Gastélum.
 
Durante la presentación realizada esta mañana en la Casona de Xicoténcatl, la senadora explicó que este Atlas de género se empezó a trabajar como una idea  desde el año 1995, cuando se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, y se percatan de que hacen falta más datos sobre la condición social de las mujeres.
 
Las presentadoras entre quienes se encontraban la senadora Angélica de la Peña Gómez, la vicepresidenta del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Paloma Merodio Gómez, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez y la especialista de Programas de ONU Mujeres en México, Juliette Bonnafé, coincidieron que en América Latina y en particular en México, existe un amplio desarrollo de información estadística con perspectiva de género por lo que este instrumento estadístico permitirá conocer más a detalle las desigualdades.
 
El objetivo de este Atlas elaborado por el Inegi, Inmujere, ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es dar visibilidad a los problemas sociales, económicos y demográficos de las mujeres, por lo que es de esperar, señalaron las panelistas, que estos datos se utilicen para introducir cambios en la forma en que las mujeres son tratadas y mejoren las políticas públicas.
 
Durante la presentación se hizo un recorrido virtual del Atlas a través de una pantalla, donde se mostró un tutorial de cómo navegar por el sitio, el cual cuenta con 10 temas y 85 indicadores como: población nacional, educación, salud, trabajo, toma de decisiones, uso del tiempo, pobreza, emprendimiento, violencia y población indígena.
 
Dependiendo cuál sea la información de interés, se puede ir desplegando un menú con estadísticas para cada uno de los temas y además tiene un listado por estado.
 
Si desea conocer el Atlas puede consultarse en: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/
 
EA/17

La académica, investigadora y defensora de los derechos humanos, Gloria Ramírez Hernández, recibirá del Senado de la República el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Comisión para la Igualdad de Género reconocerá a la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Francia  por vincular su trabajo en instituciones académicas con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres al colaborar con la sociedad civil, los movimientos feministas y el Estado.

Gloria Ramírez coordina  desde 1996 la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres inició desde que era estudiante.

A finales de la década de 1970, durante sus estudios de posgrado, se unió al movimiento de mujeres latinoamericanas en París, Francia, donde se pronunció a favor de la lucha política por la democracia y la interrupción legal del embarazo.

A través de su trabajo como docente e investigadora, comparte y aplica sus conocimientos teóricos sobre la inclusión de la perspectiva de género, derechos políticos, violencia hacia las mujeres y feminicidio, con organizaciones civiles y organismos públicos.

Muestra de ello es que fue presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y actualmente dirige la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia.

Asesora en temas de derechos de las mujeres y educación en derechos humanos a organizaciones nacionales e internacionales. Como académica ha sido integrante del grupo asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres México y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

También ha trabajado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la coordinación del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (2010-2012)

PREMIOS Y OBSERVATORIOS

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio UNESCO de Derechos Humanos (1996), el Premio Universidad Nacional (2012) en docencia en Ciencias Sociales y, en 2013, la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó la medalla “Hermila Galindo”.

Ramírez Hernández fue de las primeras personas en realizar observatorios ciudadanos para investigar el cumplimiento del Gobierno mexicano de los compromisos internacionales que asume, principalmente ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a nivel nacional, en Sinaloa y en Ciudad Juárez.

Desde 2006, la investigadora Ramírez Hernández da seguimiento a las recomendaciones que el Comité CEDAW hizo para Ciudad Juárez. Y, ese sentido, presentó ante dicho Comité, en julio de ese año y con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un informe sombra elaborado por la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), que ella coordinó, sobre el cumplimiento de las recomendaciones

Varias organizaciones del país lograron que en ese informe sombra  se incluyera una sugerencia al gobierno para atender la violencia de género en todos los niveles educativos y se retomaran las propuestas sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Los proyectos y acciones de Ramírez Hernández, traducidos en el diseño de  metodologías, materiales y propuestas educativas, han estado enfocados en incidir en la creación de políticas públicas que incluyan la perspectiva de género.

El 9 de marzo, en el Senado de la República, Gloria Ramírez Hernández recibirá el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” otorgado a mexicanas destacadas por su labor en el ámbito social, cultural, político y económico en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Las candidatas a recibir el reconocimiento son propuestas cada año por los organismos públicos que promueven y defienden los derechos de las mujeres y la igualdad de género, también por la Cámara de Diputados y organizaciones de la sociedad civil.

Gloria Ramírez Hernández será la cuarta mujer galardonada, pues ya se reconoció a la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de Los Ríos en 2014, a la embajadora Carmen Moreno Toscano en 2015 y, en 2016 a Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos.

17/MMAE/GG

La semana pasada nuevamente salió a la luz pública la doble moral de dos senadores. Creyéndose resguardados por la complicidad entre ellos, sin proponérselo, revelaron sus creencias y acciones sobre uno de los delitos más destructivos de nuestro planeta: la trata de personas.
 
En plena sesión del Senado el pasado jueves 27, cuando se discutía el tipo penal sobre Trata de Personas, los senadores perredistas Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans, sin darse cuenta que sus micrófonos estaban abiertos, comentaron de manera burlona que si el debate sobre trata, (ellos) lo abordarían como “usuarios”.
 
El video retomado del canal del congreso -con el comentario- salió en redes sociales y provocó gran indignación y la solicitud de renuncia de ambos senadores. A modo de disculpa, desde su cuenta de tuiter, Mayans explicó que el comentario era privado y que él estaba contra la trata de personas.
 
¿Quién le cree al senador Mayans de su compromiso contra la trata de personas, cuando un tema tan delicado le provoca risa y peor aún, él se reconoce consumidor de este delito?
 
¿El mundo privado de un representante popular o funcionario le permite quebrantar la ley? ¿Son dos personas distintas, una la que legisla y otra la que quebranta la ley? ¡No! ¡claro que no! por lo tanto argumentar que el comentario fue privado no lo excusa de la gravedad de lo dicho.
 
Un representante popular tiene la obligación de ser respetuoso de la ley que nos rige y que en muchos casos él mismo votó.
 
Lo ocurrido el jueves pasado nos abre nuevamente el debate sobre quiénes llegan a los congresos y al Senado. ¿Cuáles son los méritos del senador Mayans y de Sánchez Jiménez para ocupar una curul en el Senado de la República?
 
De acuerdo con el portal Monitor Legislativo el hoy senador Luis Sánchez Jiménez, durante su periodo como diputado plurinominal, jamás presentó una iniciativa, sus calificaciones como diputado  tanto en su contribución a la legislatura como a la creación y presentación de iniciativas es CERO.
 
¿Será acaso la práctica de cuotas de corrientes la que los lleva a ocupar cargos para los que no están preparados? ¿Cómo cambiar esta lógica que tanto daño hace la democracia mexicana?
 
Los comentarios quedarán como el chascarrillo de dos senadores que se dicen de izquierda y su partido tomará alguna acción ante el insulto a las mujeres y las víctimas de trata de personas.
 
Las declaraciones del Ejecutivo Federal respecto a que en todos los partidos hay corruptos ¿nos tranquilizan? ¿acaso el refrán mal de muchos, consuelo de … es lo que quieren que aceptemos con resignación la ciudadanía?
 
Nada de eso, no lo aceptamos. Especialmente las mujeres estamos buscando nuevas reglas del juego en la meritocracia para que sean el trabajo, la honradez y la transparencia las que imperen en nuestro sistema político.
 
No queremos doble moral disfrazada de chistes privados que agravien la vida y la dignidad de las mujeres, queremos que las acciones políticamente correctas sean las que beneficien a la sociedad y no las que maquillan para quedar bien con la corriente que los mantiene en el poder.
 
Lo ocurrido la semana pasada en el Senado no puede quedar sin consecuencias, Por decencia, ambos senadores tendrían que retirarse de sus encargos. Su partido, no puede hacer como si no pasara nada, encubrirlos es lo peor que puede hacer.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL

La presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, la priista Lisbeth Hernández Lecona, exhortó a la ciudadanía a enviar cartas a la Comisión que ella preside, para solicitar “respeto” al concepto de “matrimonio y la familia natural” ya que ello servirá para la discusión y dictamen de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal sobre matrimonio igualitario.
 
En una carta membretada con el logotipo de la agrupación “Red Familia: la familia es la solución” dirigida a “amigos, directores, y representantes de Red Familia”, se señala que la legisladora del tricolor exhorta a través de esta organización, a que todas las organizaciones miembro de Red Familia, hagan llegar cartas a la Comisión de Familia del Senado de la República, solicitando que se respete el concepto de “matrimonio y familia natural”.
 
En la misiva, se agrega que de acuerdo con la senadora, “esto servirá a la Comisión para la discusión y proceso del dictamen”. Cabe recordar que será esta Comisión quien la dictamine.
 
El día de ayer, organizaciones civiles congregadas en el Movimiento Laico Nacional, llamaron a los legisladores a respetar el Estado laico y a legislar “ajenos a preceptos religiosos”.
 
El pasado 17 de mayo Enrique Peña Nieto, presentó dos iniciativas ante el Congreso de la Unión para reformar el Código Civil Federal y el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, para reconocer el “matrimonio igualitario” y el derecho de todas las personas a la “adopción” en tanto que las agrupaciones religiosas también enviaron sus iniciativas ante ambas cámaras.
 
En el mismo documento (del que Cimacnoticias tiene copia) se invitó a la marcha que se efectuará este 24 de septiembre con el objetivo de “defender la familia tradicional”, es decir la conformada por una mujer y un hombre.
 
La marcha del 24 de septiembre también es convocada por el “Frente Nacional por la Familia”, movimiento de influencias religiosas que entregó la iniciativa Provida ante la Cámara Baja, que días más tarde fue llevada al pleno por la legisladora del Partido Encuentro Social (PES).   
 
La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, se instaló el 12 de junio del 2014 por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con el objetivo de frenar las iniciativas que promuevan la Interrupción Legal del Embarazo y las uniones entre personas del mismo sexo.
 
Además, desde su inicio presentó un programa de trabajo de “Protección de la Familia”, una propuesta impulsada por países influenciados por el Vaticano, en el que no se toman en cuenta los derechos reproductivos de las mujeres.
 
16/GVV/LGL

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, presentará este martes ante el pleno, un punto de acuerdo para asegurar más espacios para mujeres en los siguientes procesos de selección de candidaturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
En entrevista con Cimacnoticias, de la Peña Gómez explicó que el objetivo del punto de acuerdo es dejar un antecedente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien es la encargada de conformar las ternas de candidaturas para el cargo de magistrado, integre a más mujeres y conforme ternas mixtas.
 
Cabe recordar que las candidaturas para ocupar un cargo de magistrado se dieron a conocer el 5 de agosto de 2016. Era una lista de 126 personas, entre ellas 20 mujeres, que reunían los requisitos de la convocatoria. Después el grupo se redujo a 42 finalistas, donde quedaron 10 mujeres.
 
Tras  las comparecencias que se celebraron este 22 y 23 de agosto, la Suprema Corte redujo la lista a 21 aspirantes, incluidas seis mujeres que cumplieron con los méritos curriculares y el perfil para desempeñar el cargo.
 
El pasado 29 de agosto, el alto tribunal propuso 7 ternas para la elección de igual número de integrantes de la Sala Superior del TEPJF de las cuales, dos son integradas exclusivamente por mujeres.
 
Actualmente el Senado se encuentra en etapa de revisión y análisis curricular de las candidaturas. Después, quienes aspiran a pertenecer a la Sala Superior del TEPJF, presentarán un ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado, quien les realizará una entrevista y serán sometidos nuevamente a una elección de sus trayectorias y desempeño, explicó Angélica de la Peña.  
 
La legisladora agregó que aunque este punto de acuerdo ya no beneficiará a las candidatas que participan en el actual proceso, sí representa un antecedente para los siguientes y es, además, un “asunto de justicia”, ya que dijo, “es derecho de las mujeres ocupar un cargo de representación y con poder para la toma de decisiones”.
 
Indicó que así como en el Artículo 41 de la Constitución Mexicana las legisladoras incorporaron el principio de paridad para que las mujeres tengan el derecho de participar en la política asegurando el 50 por ciento de espacios en las candidaturas de las planillas electorales, así se debe legislar para que la SCJN asigne espacios a las mujeres no por voluntad política, sino en obediencia a un mecanismo que procure los derechos políticos de las mujeres.
 
16/GVV/LGL