paridad

Los políticos de Oaxaca innovaron en una nueva modalidad de violar la ley electoral y simular el cumplimiento de la paridad de género, esta vez decidieron hacerse pasar por mujeres trans con tal de ocupar el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección reservadas para las mujeres.

Así lo denunciaron mujeres trans originarias de diversas regiones del estado de Oaxaca y el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, quienes exigieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) cancelar los registros de los hombres que de manera ilegal se hicieron pasar por trans para obtener una candidatura y participar en el actual proceso electoral.

El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, organización de la sociedad civil que defiende y promueve el derecho a la participación política de las mujeres en el estado de Oaxaca, identificó, junto con integrantes de la comunidad LGBTI, el registro arbitrario en dichos postulaciones que por ley deben ser ocupadas por mujeres.

El IEEPCO informó que fueron registradas 19 candidaturas de mujeres transgénero en el segmento de competitividad que corresponde a las mujeres, de estas personas 12 competirían por una presidencia municipal y 7 por la suplencia de una presidencia municipal.

Sin embargo, Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, dijo que se identificó que 17 de las 19 personas que obtuvieron una de estas candidaturas no forman parte de la comunidad trans o muxe de Oaxaca, es decir, se trata de hombres que se hicieron pasar por trans.

En un comunicado la organización alertó que en la mayoría de los casos es conocido el candidato y públicamente se sabe de su relación matrimonial y la procreación de hijas o hijos con mujeres. Incluso algunos de los candidatos buscan reelegirse como presidentes municipales y durante sus cargos anteriores no manifestaron ser transgénero.

La organización señaló que los candidatos que de manera deshonesta y fraudulenta se registraron como mujeres transgénero, propietarios a presidencias municipales son 12.

De estos candidatos seis son de la coalición de los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC): Luis Armando Martínez Morales, candidato a la presidencia municipal de Cosolapa; Pedro Osiris Agustín Cruz, candidato al mismo cargo en San Pedro Ixcatlán; y Roberto Ferrer Espinoza, candidato a la presidencia municipal de San José Chiltepec.

También por esta coalición, denominada a nivel federal Por México al Frente, se postularon Alejandro Javier García Jiménez, candidato a la presidencia municipal de San Antonino Castillo Velasco; Carlos Ceballos Rueda, candidato a la presidencia municipal de Santiago Laollaga; y Alfredo Vicente Ojeda Serrano, candidato en San Juan Bautista Lo de Soto.

Otros personajes que también usurparon la identidad trans fueron los candidatos de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal): Carlos Quevedo Fabián, candidato a la presidencia municipal de Santa María Teopoxco y Santos Cruz Martínez (Santi), candidato a la presidencia municipal de Cuilapam de Guerrero.

Así también lo hicieron Emmanuel Martínez Palacio, candidato a la presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec por el partido MC y Yahir Hernández Quiróz (Yairas), candidato a la presidencia municipal de Chalcatongo de Hidalgo por el Panal.  

De igual manera las organizaciones alertaron que 7 varones se registraron como suplentes de presidencias municipales. Por la coalición Por México Al Frente: Lenin Morales Palma, candidato a suplente de la presidencia municipal de Cosolapa; Pedro Agustín Pedro, suplente de la presidencia municipal de San Pedro Ixcatlán; Carlos Gómez Gregorio, en San José Chiltepec; Rodrigo Abdías Córdova Sánchez, en San Antonino Castillo Velasco; Carlos Arturo Betanzos Villalobos, en Santiago Laollaga; y Alejandro Guzmán Liborio, en San Juan Bautista Lo de Soto.

También como persona trans se postuló Salvador García Guzmán, candidato a suplente de la presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec por el partido MC.  

Dichas candidaturas se ampararon bajo el artículo 16 de los Lineamientos en Materia de Paridad de Género 2018 que señala: “En caso de postulación de persona transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el  cumplimiento del  principio de paridad de  género. De la cual el partido político postulante deberá informar en  el  registro  correspondiente a la  fórmula o planilla de que se trate”.

A partir de la revisión que realizó el Colectivo con integrantes de las comunidades trans, muxe y de las diversidades sexuales de Oaxaca, sólo identificaron a Kristel (Israel Ramírez Cortés) y Grecia Jiménez Osorio, quienes además de autoafirmarse como muxes, socialmente se nombran a sí mismas con esos nombres en su vida cotidiana, ambas son conocidas pública y notoriamente con sus nombres de mujer en su comunidad y, adicionalmente, sus dichos y sus actos del día a día reafirman y consolidan dicha identidad muxe como parte del libre desarrollo de su personalidad.

Por lo anterior, personas trans y muxe rechazaron y denunciaron este intento de 17 hombres de usurpar de forma fraudulenta la identidad trans, para evadir la obligación que tienen tanto partidos políticos como candidatos, de respetar el mandato constitucional de la paridad de género.

“Como integrantes de la población trans y muxe, aplaudimos la incorporación del artículo 16 en los lineamientos de paridad del IEEPCO pese a ello, si bien estos registros fueron aprobados por el máximo órgano de dirección, hacemos un llamado a realizar las infracciones correspondientes en materia electoral a los partidos políticos”, declararon estas ciudadanas.

Las mujeres trans aseguraron que esta simulación vulnera los principios de buena fe, certeza, legalidad y objetividad con la que deben conducirse los actores políticos dentro del actual proceso electoral.

Frente a ello, aseguraron que interpondrán recursos administrativos ante el IEEPCO haciendo uso del Procedimiento Especial Sancionador y acudirán a los Tribunales Electorales locales y federales.

Asimismo solicitaron al Consejo General del IEEPCO inicie de manera exhaustiva la investigación correspondiente respecto de cada uno de estos casos, solicitando se dé vista a los partidos políticos con las pruebas que presentaron las organizaciones de sociedad civil y se requiera la ratificación por comparecencia de los candidatos asumidos como mujeres.

Exigieron también que se inicie un procedimiento sancionador en contra de los partidos políticos y candidatos que violentaron el artículo 16 de los lineamientos de paridad, a través de la simulación y la falsedad de declaraciones. Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral cancele los registros de las candidaturas que están integradas por personas que simulan ser mujeres trans.

Entre las mujeres trans que se sumaron a este llamado está Naomy Romero Méndez, presidenta de Ladxido Muxe, una comunidad Muxe, en el municipio de Juchitán; Pablo Ángel Osorio, integrante de la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, el Colectivo Binni Laanu y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, entre otras.  

Este año en Oaxaca se elegirán 25 diputaciones locales de mayoría relativa, 17 diputaciones locales de representación proporcional, integrantes de 153 Ayuntamientos y mil 77 concejales. El 20 de abril el IEEPCO informó que nueve mil 660 personas participarían como candidatas y candidatos en estas elecciones. De estas 4 mil 953 son mujeres y 4 mil 707 son hombres.

Ese mismo día el organismo destacó la inclusión de 19 personas trans; sin embargo, ante la denuncia ciudadana de simulación a la ley, este 7 de mayo el IEEPCO informó que la Comisión de Quejas y Denuncias iniciará las investigaciones correspondientes y en caso de ser necesario emitir las sanciones correspondientes que van desde una multa económica al partido, hasta la cancelación de los registros de dichas candidaturas.

18/AGM

La Red Mujeres en Plural presentó la Agenda para la Igualdad en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres en México, una serie de propuestas dirigidas a la candidata y a los candidatos a la Presidencia de la República para que quien gane los comicios impulse la participación política de las mexicanas.

En el marco del actual proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y gobiernos estatales y locales, este 26 de abril las mujeres, entre académicas, consultoras y militantes de partidos políticos, presentaron su agenda en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acompañadas por las consejeras electorales, Dania Ravel y Adriana Favela, integrantes de la Red Mujeres en Plural, como Teresa Hevia Rocha y Janette Gongora destacaron la importancia de que quienes aspiran a gobernar México tengan estas propuestas que podrán impulsar una vez que ganen la elección.

La primera propuesta es transversalizar la perspectiva de género, es decir garantizar que este principio este en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2024 y además fortalecer las Unidades de Igualdad de Género en la administración pública federal.

La segunda es promover la armonización legislativa a favor de la igualdad sustantiva en materia electoral, realizando las reformas a la legislación nacional de conformidad con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos aprobada en 2011 y la normativa internacional.

En este tema también propusieron que la próxima persona que ocupe la Presidencia presente una iniciativa preferente para tipificar en la legislación federal la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La tercera propuesta es implementar acciones afirmativas y la paridad de género, por ejemplo, impulsar reformas legislativas, medidas administrativas y políticas públicas para que se garantice la participación de las mujeres en los tres poderes y órdenes de gobierno.

También sugirieron que el Ejecutivo federal implemente acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en especial de mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad o de la comunidad LGBTTI.

En la cuarta propuesta la Red Mujeres en Plural llamó a aumentar la presencia de las mujeres en el Poder Ejecutivo y en la administración pública al garantizar una integración paritaria del Gabinete y ampliar las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres.

La quinta propuesta fue promover mayor presencia femenina en el Poder Judicial, esto a través de una reforma que incorpore el principio de igualdad sustantiva y la paridad para integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos del Poder Judicial.

Otra medida para logar este fin es el próximo gobierno establezca una defensoría de oficio en materia electoral para respaldar la ampliación de mecanismos de defensa y asesoría de los derechos políticas de las mujeres.

Las mujeres, promotoras de las reformas en materia electoral que en 2014 elevó a rango constitucional la paridad de género, se pronunciaron porque las próximas legisladoras también formen parte de comisiones relevantes y que organismos autónomos, como los electorales, se conformen por igual número de mujeres y hombres.

18/AGM

Sin importar que no tengan experiencia política, militancia partidaria, conocimientos parlamentarios o propuestas para implementar políticas públicas, actrices, cantantes y comediantes son algunos de los perfiles postulados por los partidos políticos para competir por una diputación federal o una senaduría.

En el actual proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y el Senado, mujeres de la farándula como la comediante María Elena Saldaña Ramírez, “La Güereja”; la cantante Susana Harp Iturribarria; o la presentadora de televisión, María Lilly del Carmen Téllez García, “Lilly Téllez”, buscarán una curul en San Lázaro o en el edificio de Avenida Paseo de la Reforma.

Durante décadas, el movimiento feminista y mujeres políticas pugnaron para que los partidos estuvieran obligados a abrir espacios a las mujeres, particularmente para que fueran candidatas y compitieran por puestos de elección popular. En un primer momento los avances beneficiaron a las militantes de los partidos pero hoy ya no es necesario profesar alguna ideología partidista.

Una de las frases de las expertas en participación política de las mujeres es “cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género”, a la par hay corrientes feministas que han trabajado para que más ciudadanas puedan participar en la toma de decisiones sin que la acumulación de experiencia o la adhesión a una corriente política sea un obstáculo.

En las listas de candidaturas presentadas por los partidos y avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 30 de marzo abundan nombres de personas sin experiencia política, o provenientes de la farándula. Ellas buscarán ganar una de las 64 senadurías de mayoría relativa, y 64 pluris; o de las 300 diputaciones que se eligen por voto ciudadano, y 200 de representación proporcional.

Por ejemplo la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que agrupa a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), postuló como candidatos a diputados al actor Sergio Mayer Breton, al comediante Ausencio Cruz Antillón y al actor y cantante Ernesto Vargas Contreras, conocido como Ernesto D´Alessio.

También en la carrera por una diputación federal por voto directo y por el principio de representación proporcional, está el actor y conductor Ernesto Laguardia Longega, en la primera vía postulado por la coalición que encabeza el PRI y en la segunda vía por el Panal.

En el caso de las mujeres, el PES postuló a la comediante María Elena Saldaña Ramírez, “La Güereja”, como candidata a diputada federal; y la Coalición encabezada por Morena postuló a la cantante Susana Harp Iturribarria y a la comunicadora María Lilly Del Carmen Téllez García, “Lily Téllez”, para el Senado; a su vez la coalición del PRI abandera a la actriz Ruth Gabriela Goldschmied Guasch, “Gabriela Goldsmith”, para llegar a ser diputada federal

La doctora en Ciencia Social y académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña Murillo, asegura que estas postulaciones son parte de una estrategia para hacer frente al desgaste de la clase política, de los partidos, y de quienes hacen política. El objetivo, explica en entrevista, que la ciudadanía no asocie a estos personajes con los partidos y les otorgue su voto.

La estrategia no es nueva, por ejemplo, en 2015 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló a la actriz Carmen Salinas como candidata a una diputación por la vía plurinominal, cargo que se obtiene sin la necesidad de hacer campaña porque son lugares que se asignan dependiendo del porcentaje de votación que recibe el partido. A la fecha la actriz ha propuesto cuatro puntos de acuerdo en casi tres años.

Mientras mujeres como Carmen Salinas no han tenido empacho en negar que no tienen una agenda parlamentaria y qué no sabe qué hacer durante las sesiones y las votaciones de las legislaciones que se debaten, las mujeres han exigido el derecho de ser candidatas, tener recursos para capacitación y llegar mejor preparadas a los procesos electorales.  

Cuando en 2014 México abandonó las cuotas de género  (60-40) promovidas por mujeres políticas y el movimiento feminista para garantizar más mujeres compitiendo, el Congreso elevó a rango constitucional la paridad de género, es decir el 50-50, y con ello se promovieron modificaciones a las leyes secundarias.

Desde ese año las Leyes Generales de Partidos Políticos (LGPP); y de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), obligan a los partidos a buscar la participación efectiva de las mujeres al reservarles la mitad de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales.

El Artículo 232, párrafo 2 de la LGIPE señala que estas candidaturas por ambos principios, voto directo y plurinominales, se deben registrar por fórmulas de titular y suplente del mismo sexo y salvaguardando la paridad entre los géneros.

En este proceso electoral los nueve partidos políticos participan en tres coaliciones; es decir, registraron una candidatura común para la Presidencia de la República pero además van en alianzas parciales en 300 diputaciones federales y 64 senadurías, cargos que se elegirán por voto directo de la ciudadanía.

La Coalición del PRI y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), denominada “Todos por México”, postulará 133 diputaciones y 64 senadurías comunes; mientras que los partidos Morena, PT y PES van juntos con 292 diputaciones y 62 senadurías

Por su parte la Coalición “Por México al frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) abanderarán 283 postulaciones a diputaciones y 30 a senadurías. La mitad de estas candidaturas son para mujeres.

A decir de Acuña Murillo hay que considerar que un principio de la democracia es que cualquier ciudadana tiene derecho a votar y ser votado, es decir cualquiera puede aspirar a ser legislador federal.

La Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus Artículos 55 y 58, requisitos básicos como edad mínima, ser residente del estado donde será la elección y no tener cargos como autoridad electoral o ministro religioso, entre otras obligaciones para ser legislador federal.  

“En ese sentido, no se le podría negar a nadie salvo que tuviera problemas con la ley o no cumpliera con estos requisitos”, afirma la analista.

Si bien cualquier persona puede aspirar a tener una candidatura, lo cierto es que las mujeres han logrado una legislación que obliga a las agrupaciones políticas a destinar 3 por ciento de su financiamiento ordinario a la capacitación y promoción de liderazgos femeninos para que lleguen a los cargos preparadas.

Esta disposición está en el Artículo 51 de la LGPP y en los Artículos 186 al 189 del Reglamento de Fiscalización del INE. A pesar de este logro, ahora los partidos han optado por dar las candidaturas a personas externas, fenómeno que a decir de la especialista, “muestra el desgaste político de partidos y de quienes hacen política”.

Acuña agregó que este tipo de postulaciones también busca que los partidos tengan el mayor número de curules posibles, porque un tema será ganar la Presidencia y otra tener al Congreso en contra como ha sucedido desde 1987 cuando el PRI perdió la mayoría en el Legislativo, lo que obliga al partido en el poder a negociar con las otras fuerzas políticas para sacar avante leyes, iniciativas y reformas.

La académica añade que lo que se está viendo en México y el mundo es que en las campañas electorales lo que importa es la imagen pública, tanto la imagen física, como la de los valores; y cómo se posicionan las y los candidatos, por lo cual es probable que en estas campañas veamos pocas propuestas y muchos spots. 

Actualmente la Cámara de Diputados está integrada por 285 hombres y 215 mujeres, es decir 43 por ciento de presencia femenina. La primera fuerza política es el PRI con 40.6 por ciento de legisladores y le sigue el PAN con 21.6 por ciento. En el Senado hay 77 varones y 51 mujeres, ellas representa el 40 por ciento de legisladores.

18/AGM/LGL

¿Qué pasaría si un día cualquiera las mujeres de su ciudad o de su estado o del país se pusieran en huelga?

Imaginemos ese día: Las mujeres se levantarán muy temprano, y simplemente se vestirán para salir a encontrarse con otras mujeres en la calle o la plaza pública, donde pasarán todo el día, platicando, cantando, reflexionando, debatiendo.

Nada de despertar a las niñas y niños para ir al colegio. Nada de dar biberón y cambiar pañales. Nada de preparar desayuno. Nada de hacer las compras, preparar la comida, limpiar la casa, cuidar al familiar que padece alguna enfermedad.

Nada de trabajar en el banco, supermercado, hospital u escuela. Nada de ir a la empresa, la fábrica o el campo. Nada de cumplir con labores gubernamentales, secretariales, docentes... ¿Puede imaginar qué pasaría?

En Islandia no se lo imaginaron. ¡Lo llevaron a cabo!

Un 24 de octubre de 1975, en esa isla que entonces tenía poco más de 200 mil habitantes, 90 por ciento de las mujeres se pusieron en huelga.

Las organizadoras buscaban visibilizar la enorme cantidad de trabajo que hacían las mujeres y las desiguales condiciones en las que lo hacían. Y convocaron a lo que llamaron “El Día libre de las Mujeres”, aunque pasó a la historia como “Viernes largo”, porque bancos, fábricas, escuelas, tiendas, guarderías, oficinas gubernamentales y un largo etcétera tuvieron que cerrar. Islandia se paralizó. Y todo cambió. Hoy es el país con más igualdad de mujeres y hombres.

Por eso, colectivos feministas de medio mundo convocaron por segunda vez a la huelga de mujeres el 8 de marzo.

La intención no es sólo hacer evidente todo el trabajo que hacemos las mujeres y las desiguales condiciones en que lo hacemos. Es exigir acciones claras y contundentes para que cesen las violencias en nuestra contra.

¿A quién le exigimos? Al Estado, claro, pero también a nuestros compañeros, colegas, amigos, hermanos, padres. La desigualdad, discriminación y violencias que vivimos tiene muchos cómplices por acción u omisión.

En nuestro país las mujeres trabajan diariamente en promedio cinco horas más que los hombres en tareas del hogar, y ganan 19 por ciento menos en el ámbito laboral remunerado.

En la toma de decisiones gracias a la obligatoriedad de paridad en cargos de elección popular, en promedio 40 por ciento de las curules de los Congresos estatales están ocupadas por mujeres. Pero sólo hay una gobernadora y menos del 14 por ciento en las presidencias municipales.

En otros ámbitos nuestra presencia es casi invisible. Apenas el mes pasado, por primera vez fue nombrada una Vicegobernadora en el Banco de México, ¡fundado en 1925!

Y si de violencia se trata los números son de pavor. En promedio, una de cada dos mexicanas vive violencia en su hogar; una mujer es violada cada cuatro minutos y siete son asesinadas diariamente.

¡Eso tiene que terminar! Porque no hay manera de construir un país en paz si la mitad de su población vive todos los días una guerra, de alta o baja intensidad.  

¿Qué pasaría si 90 por ciento de las mujeres de nuestro país nos ponemos en huelga por un día?

Si la realidad no cambia, un soleado día lo sabremos.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

18/CL/LGL

A partir de la legislación de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, todos los partidos políticos están obligados a postular a la mitad de mujeres para cargos de elección y garantizar que no sean candidatas exclusivamente en distritos donde el partido tiene posibilidades de perder.

El objetivo de esta regla, establecida en las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales y de Partidos Políticos, es tener a más candidatas participando en los comicios, generar condiciones para que sean electas, y estén en los espacios donde se gobierna.

Sin embargo de cara a las elecciones de julio próximo y ante el panorama político, las mujeres que quieran participar en esta contienda para ocupar un cargo de elección popular enfrentarán condiciones de desigualdad en la competencia porque a pesar de esta legislación, aún hay actores que no están comprometidos con la paridad de género, y la posibilidad de vivir violencia política es latente.

Tan sólo durante los comicios de 2015, 2016 y 2017, las mujeres electas en ellos vivieron amenazas e intimidación; y en lo que va de este año, ya se cometieron 2 asesinatos contra aspirantes políticas. El pasado 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio guerrerense de Chilapa la ex aspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 del mismo mes fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

Cabe recordar que el próximo 1 de julio se renovará la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados; 30 entidades Congresos, presidencias municipales, y se elegirán 8 gubernaturas.

El desafío de estas elecciones, aseguraron a Cimacnoticias investigadoras e integrantes de la Red Politólogas #NoSinMujeres, Flavia Freidenberg y Adriana Báez Carlos, será apoyar realmente a las militantes y sus campañas, no sólo darles candidaturas.

NUEVAS REGLAS, MISMOS ACTORES

En entrevista con Cimacnoticias la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad, Flavia Freidenberg, explicó que a pesar del marco legal los partidos políticos aún se “resisten a cumplir con las reglas del juego que ellos mismos se impusieron”.

Recordó que hoy los partidos no pueden postular mujeres y después obligarlas a renunciar cuando ganan para ceder su cargo a un suplente varón -como ocurrió en la elección de 2009-; tampoco pueden hacerlas candidatas donde el partido va a perder o argumentar la postulación mayoritaria de hombres como resultado de procesos de selección internos.  

En opinión de la investigadora Flavia Freidenberg, todo el tiempo se crean nuevas estrategias de resistencia a la paridad, y ejemplificó que ahora los partidos no eligen a militantes, invitan a mujeres a ser candidatas dependiendo de su pertenencia a grupos o sus lazos familiares, económicos o de sumisión y hasta hacen “pactos de caballeros” intercambiando mujeres.

Es por ello que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han actuado a través de acuerdos y sentencias que según la investigadora Freidenberg, servirán para que este año, las mujeres estén más presentes en la política.

Para estas elecciones el INE acordó que 50 por ciento de las listas de candidaturas al Senado de cada partido o coalición por los principios de mayoría relativa (voto directo) deben ser encabezadas por mujeres y que las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional (pluris) deben encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.  

En estas elecciones también existe otra novedad, habrá candidaturas independientes y reelección, por lo que la también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que no sólo las leyes garantizan el principio de paridad, hay gente que trabaja en el monitoreo constante de que estas reglas se cumplan.

Mencionó que en México ha sido fundamental las redes de mujeres, observatorios creados por organismos electorales locales, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres que están comprometidas con impulsar la participación de las mujeres, algo que hace la diferencia con otros países que buscan la construcción de una democracia paritaria.   

VIOLENCIA FRENA IGUALDAD  

Para la socióloga y doctora en Ciencia Política, Adriana Báez Carlos, la paridad implica violencia directa contra las mujeres como se registró en 2015, particularmente en localidades donde compitieron por cargos edilicios.

Entre los casos de violencia contra aspirantes o candidatas que salieron a la luz, está el del municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde en 2013 se impidió que las mujeres fueran candidatas para integrar el Ayuntamiento de ese municipio; o la amenaza contra la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, que en 2016 recibió una corona fúnebre con la leyenda “descansa en paz”.

La también docente del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó que estos casos hicieron que en 2016 las autoridades electorales elaboraran un protocolo para atenderlos, instrumento que en 2017 se actualizó para hacer frente a la violencia en el contexto electoral.

A la fecha 29 de las 32 entidades (75 por ciento) incluyeron en su legislación electoral o en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término de violencia política contra las mujeres, pero sólo en Oaxaca, Estado de México y Veracruz es un delito penal.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), de 2013 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 416 expedientes de violencia política por razones de género (averiguaciones previas y carpetas de investigación).

Pero las dificultades para las mujeres no terminan en las elecciones, afirmó la doctora Adriana Báez, quien señaló que una vez superada esta etapa, deberán inspeccionarse las condiciones que enfrentan cuando llegan a los puestos de elección.

18/AGM/HZM/LGL

La síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Yareli Cariño López, denunció que el viernes 23 de febrero un grupo de hombres acudieron a su oficina a agredirla física y verbalmente presuntamente por órdenes del presidente municipal, Guillermo García Cajero.

Los hombres llegaron a violentarla a empujones porque la acusan de tomar posición a favor de priistas en un conflicto entre grupos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la región.

Sin embargo la violencia en su contra ha sido constante desde 2016 cuando compitió por el PRD y fue electa; incluso durante la primera sesión de Cabildo, en enero de 2017 fue “destituida” y nombrada Regidora de Desarrollo Social y Económico.

A este cambio le siguieron amenazas telefónicas, intimidación y aislamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones y aunque denunció el clima de hostilidad ante su partido no hubo acciones para sancionar a los perredistas que la violentaron.

En enero de 2017 Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral, mismo que ganó en febrero de ese año y posteriormente una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque a pesar de la sentencia a su favor no podía ejercer el cargo.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, organismo que en 2017 conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad.

Desde marzo de 2015 el Código Penal de la entidad establece el delito de violencia política de género e impone una sanción de 2 a 6 años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sin embargo, en la investigación que se sigue al caso de Yareli Cariño no hay avances

El año pasado renunció al PRD y se sumó a las filas del PRI con el objetivo de realizar las labores para las cuales fue electa pero las agresiones continuaron, por ejemplo, hace tres meses dispararon frente a su casa.

En opinión de la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, ante la omisión de los partidos políticos que son quienes violentan a las mujeres, las síndicas, regidoras y alcaldesas son obligadas a ocupar su tiempo en defenderse y no en gobernar.

Cabe recordar que este mes suman dos homicidios de mujeres políticas en el estado de Guerrero. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

Con el propósito de revertir la desigualdad que enfrentan las comunidades indígenas y las mujeres en estas elecciones, los partidos políticos y coaliciones deberán postular candidaturas a diputaciones federales integradas por personas indígenas en 13 distritos de los estados de Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y San Luis.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que de estas 13 candidaturas 7 deberán ser de mujeres, lo que garantizará que la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados (2018-2021) sea integrada por al menos 13 personas indígenas.

Los municipios que deben tener candidaturas indígenas son Tamazunchale (San Luis Potosí), Valladolid, Ticul (Yucatán), Huejutla de Reyes (Hidalgo), Tantoyuca (Veracruz), Tlapa (Guerrero), Teotitlán de Flores Magón, Tlacolula de Matamoros Palenque (Oaxaca), Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Las Margaritas (Chiapas). 

Esto después de que en noviembre pasado el INE acordara que las agrupaciones políticas deben postular a personas indígenas en al menos 12 distritos electorales –aunque después el TEPJF aumentó la cifra a 13 distritos– todos con más de 60 por ciento de población indígena; de estas fórmulas de titular y suplente 7 deben ser de un sexo y 6 del otro.

Considerando que hay nueve partidos políticos con registro a nivel nacional, habrá 117 candidaturas indígenas, de las cuales, 63 serán de mujeres que compitan por obtener una curul en San Lázaro. Esta medida hará posible que la próxima Legislatura tenga por lo menos 2.6 por ciento de legisladoras y legisladores indígenas, porcentaje mínimo en México, donde hay 119 millones 530 mil 753 personas, de las cuales 21.5 por ciento son indígenas y de éstas, 51.3 por ciento son mujeres, según los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015.

De acuerdo con un análisis publicado por el TEPJF, la presencia indígena en la Cámara de Diputados ha sido notable porque al menos desde 1988 cuenta con uno o más legisladores de cultura y origen indígenas.

Por ejemplo, en 1988 había cuatro personas de autoadscripción indígena como legisladoras federales, en 2006 aumento a 18 y en 2007 bajó a 17 diputaciones.

Actualmente la Cámara baja se conforma por 287 hombres y 213 mujeres, lo que se traduce en 42.6 por ciento de presencia femenina y entre las mujeres que se asumen como indígenas está Modesta Fuentes Alonso, originaria de Oaxaca y diputada por Movimiento Regeneración Nacional; y Karina Sánchez Ruiz, militante de Nueva Alianza, también oaxaqueña.

El análisis publicado por el organismo electoral en 2013 indica que la participación indígena en la Cámara de Diputados es anterior a la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la reforma de 1992 y a la rebelión zapatista de 1994 que posicionó los derechos de las comunidades indígenas; sin embargo su presencia también ha sido volátil.

18/AGM/LGL

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó otorgar el galardón “Elvia Carrillo Puerto” a la política priista María Elena Chapa Hernández, quien fuera diputada federal, senadora y extitular de la Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León, cargos desde donde promovió la paridad de género en candidaturas.

La senadora priista y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, la perredista Angélica de la Peña Gómez, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama así como las priistas Carmen Dorantes Martínez y María del Carmen Izaguirre Francos aprobaron otorgar el reconocimiento a Chapa Hernández.

Las senadoras resaltaron la trayectoria de la exlegisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien más allá de su militancia partidaria promovió las políticas de igualdad en su estado y el cumplimiento de las cuotas de género y después de la paridad.

Aun en contra del PRI y sin pretensión de ser candidata para ocupar un cargo de elección, en 2011 Chapa Hernández fue parte de las 10 mujeres que presentaron demandas para la protección de sus derechos políticos pidiendo a la autoridad electoral que se garantizara que las mujeres pudieran participar en las elecciones federales de 2012. 

Como resultado de estas demandas, presentadas por mujeres de diferentes filiaciones políticas, en noviembre de 2011 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la resolución 12624 que obligó a los partidos a postular, sin pretexto alguno, 40 por ciento de candidatas, tal y como lo establecía el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El resultado de esta resolución hizo que todas las agrupaciones abanderaran a 120 candidatas a diputadas federales y 26 a senadoras. Ya en 2014 las legisladoras lograron avanzar de las cuotas a la paridad como principio constitucional.

María Elena Chapa Hernández fue diputada federal en dos ocasiones de 1989 a 1991 y de 2000 a 2003 y senadora de 1991 a 1997, fue presidenta del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer PRONAM (1997-2000), presidenta ejecutiva del Instituto de las Mujeres en Nuevo León durante 13 años, de 2003 al 2016 e invitada permanente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (2001-2002).

También fue presidenta fundadora del International Women´s Forum (IWF), capítulo México (1993-1995); presidenta honoraria del IWF (1996 a la fecha) y presidenta del Congreso Nacional de Mujeres por el cambio del PRI, de 1994 a 1999.

Por su lucha por la igualdad ha sido galardonada con el Premio de México 1995 a “La mujer que hace la diferencia” del Foro Internacional de Mujeres, entre otros.

El reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” se otorga a las mujeres que han incidido y destacado en la lucha cultural, política y económica a favor de los Derechos Humanos de las mujeres y de la igualdad de género y se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo de cada año.

En años anteriores destacadas feministas han recibido este premio que otorga el Senado. En 2014 la primera en recibirlo fue la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, en 2015 la diplomática Carmen Moreno Toscano, en 2016 la tesorera del gobierno de EU, Rosario Marín y en 2017 la académica Gloria Ramírez Hernández.

Elvia Carrillo Puerto fundó, en 1912, la primera organización femenina de campesinas con la finalidad que a las mujeres jefas de familia se les garantizaran los mismos derechos que a los hombres en la distribución de tierras.

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La incorporación del principio de paridad de género en las leyes electorales ha generado mayor participación de mujeres en el ámbito legislativo, sin embargo, al no existir una norma expresa en el ámbito judicial y ejecutivo la presencia femenina es escasa en estos órganos.

De acuerdo con el análisis “Democracia incluyente en la administración pública en los ámbitos federal, estatal y municipal”, realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados, falta ampliar la paridad a otros espacios administrativos.

El análisis indica que el Legislativo puede ampliar este principio constitucional para que aplique en la integración del Gabinete legal y ampliado federal, los cargos edilicios, la estructura orgánica de los Ayuntamientos y en los órganos de dirección y cuerpo decisorio de los partidos políticos y organismos electorales.

El documento detalla que una amplia participación de las mujeres en la gobernanza nacional mejorará las condiciones para el ejercicio sustantivo de los derechos y una ciudadanía activa en el marco de una democracia paritaria.

Después de que en 2014 la paridad se reconoció en la Constitución y en las leyes generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos fueron obligados a postular a 50 por ciento de mujeres a cargos de diputaciones locales, federales y senadurías.

Como resultado, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados (2015-2018) se integró por 213 mujeres y 287 hombres, lo que representa 42.6 por ciento de presencia femenina. La integración del Senado, después de las elecciones de 2012, fue con 49 mujeres y 79 varones, lo que significó 38.28 por ciento de legisladoras.

Sin embargo, en los cargos de dirección y de toma de decisiones en la administración pública se aprecia la precaria participación de mujeres. Al comienzo del gobierno de Vicente Fox (2000), las Secretarías encabezadas por mujeres fueron cinco, aunque para el 2003, solo permaneció la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el gobierno de Felipe Calderón, seis mujeres se encontraban en la integración del gabinete y de acuerdo con datos disponibles en 2009, del total de las 59 subsecretarías dentro del gobierno federal, 45 estaban ocupadas por hombres y sólo 13 por mujeres.

El Gabinete de Peña Nieto se integró por 21 titulares, de los cuales solo tres eran mujeres (Relaciones Exteriores, Salud y Desarrollo Agrario y Territorio Urbano), es decir 14.28 por ciento, mientras que el gabinete ampliado de cinco espacios, uno es encabezada por mujer, lo que representa 20 por ciento.

Tras hacer cambios, el titular del Ejecutivo federal designó a Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a Arely Gómez González en la Secretaría de la Función Pública y a María Cristina García Cepeda en la recién creada Secretaría de Cultura. 

Sólo hay una gobernadora: Claudia Pavlovich Arellano, quien en 2015 fue electa gobernadora de Sonora. En el caso de los ayuntamientos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al cierre de 2014, 92.7 por ciento de los presidentes municipales o jefes delegacionales eran hombres, lo que representa una cifra de 2 mil 274; mientras que 7.3 por ciento, esto es, 180, eran mujeres.

Respecto a la integración del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integra por 11 ministros, de los cuales 2 son mujeres; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal, por 6 Consejeros (2 mujeres y 4 hombres), según datos de 2017.

Es por esto que en su documento de análisis, el CEAMEG indica que la democracia inclusiva debe reconocer la participación equitativa, activa, real y tangible de las mujeres, que representan más de la mitad de la población en México, lo que conllevará a la consolidación de una verdadera democracia.

Cabe decir que este 2018 se elegirá presidente de la República, 9 gubernaturas y se renovará el Senado, la Cámara de Diputados; además de cargos edilicios. 

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Cada vez más mujeres participan en los procesos político-electorales pero su presencia en los gobiernos municipales apenas alcanza 14 por ciento por lo que senadoras de los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una propuesta para garantizar la paridad (50-50) en la integración de los ayuntamientos.  

Las legisladoras presentaron la iniciativa este martes 14 para sugerir que se modifique el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que “la elección para la integración de los ayuntamientos deberá garantizarse los principios de paridad vertical y horizontal entre mujeres y hombres”.

Con este agregado las senadoras quieren que los partidos políticos estén obligados a postular a 50 por ciento de mujeres como candidatas a las presidencias municipales y que ellas también ocupen la mitad de las candidaturas a cargos edilicios en cada plantilla que presenten las agrupaciones políticas.

Esta propuesta, que se analizará en las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, segunda, del Senado, buscará aumentar la cantidad de mujeres alcaldesas, ediles y regidoras, los cargos más cercanos a la población y donde aún es precaria la presencia femenina.

Desde hace cuatro años, el 10 de febrero del 2014 en México se publicó una reforma que hizo obligatoria la paridad en candidaturas a senadurías y diputaciones locales y federales. El resultado de esta norma es que actualmente en el Senado hay 48 mujeres, lo que representa 37.5 por ciento de los escaños; y en la Cámara de Diputados hay 112 mujeres, igual a 42.4 por ciento de presencia femenina.

A la par se ha mejorado el diseño del financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres; así los partidos deben invertir 3 por ciento de su gasto ordinario a actividades para formar mujeres líderes en sus partidos.

Con todos los avances y si bien en México siete mujeres han gobernado alguna entidad; todavía falta equilibrar la participación de las mujeres en el ámbito local.

En 2014 había entre 175 y 180 alcaldesas en el país (alrededor de 7 por ciento); en 2015 subió a 232 (9.4 por ciento); y en 2016 la cifra aumentó a 346, lo que significa 14 por ciento de presidentas municipales en toda la República mexicana, de acuerdo con información de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalitas y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres que manejan cifras similares.

Las alcaldesas siguen siendo minoría, entre otras razones, porque no todas las entidades federativas han incorporado la paridad como parte de la elección y conformación de los ayuntamientos, de tal forma que las senadoras afirmaron que es imperante establecer mecanismos  idóneos para aumentar la participación femenina en los ayuntamientos.

De acuerdo con información parlamentaria, de las 32 entidades federativas, 9 no han incluido plenamente las reglas de paridad horizontal y vertical en los municipios. La primera implica la mitad de las candidaturas a presidencias municipales y la paridad vertical asegura que las planillas para la integración de un ayuntamiento, las regidurías y sindicaturas sean registradas de manera alternada entre hombres y mujeres.

Debido a que las leyes electorales dependen de las legislaturas de cada estado, las senadoras consideraron necesario reformar la Constitución para garantizar que todas las entidades federativas armonicen  su marco legal para incorporar la paridad en los ayuntamientos.

Esta medida que no aplicará en el actual proceso electoral, afirman en la iniciativa, abonaría a mejorar la calificación de la participación política de las mujeres y contribuirían a mejorar la representación de las mujeres en el ámbito público.

La iniciativa es encabezada por las senadoras priistas Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum,  Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu,  Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, el priista José Marco Antonio Olvera Acevedo y la senadora del Partido Verde, María Elena Barrera Tapia; sin embargo esperan se sumen mujeres de otros partidos.

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