Lesvy Berlín Rivera Osorio

La audiencia intermedia para revisar el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria por su entonces pareja, Jorge Luis González Hernández, fue suspendida a petición de la defensa legal del presunto responsable, quien aludió a la falta de tiempo para contar con peritajes que les permitan debatir el caso. 

La mañana de este miércoles 9 de mayo se reanudó la audiencia intermedia que hace un mes comenzó a realizarse para esclarecer el asesinato de Lesvy Berlín Rivera, caso que se está llevando a cabo pro medio del sistema procesal acusatorio en el Reclusorio Oriente, donde Jorge Luis González permanece en prisión en espera de que se dicte sentencia. No obstante la reunión se volvió a aplazar a petición de la defensa del acusado.

El pasado 9 de abril el juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) encargado del caso, Alfonso Dávila Gómez, dio un plazo de 20 días a la defensa legal del presunto asesino para que reestructurara su hipótesis sobre los hechos de mayo de 2017 y preparara pruebas para defenderse.

Lo anterior, debido a que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) cambió su hipótesis sobre el asesinato de Lesvy; anteriormente había afirmado que la joven de 22 años de edad “cometió suicidio” enfrente de su pareja ahorcándose con el cable de un teléfono público ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sin que él la detuviera.

No obstante, después de reclamos públicos de la familia y la comunidad universitaria, la PGJ reformuló su acusación y en la audiencia del 9 de abril afirmó que Lesvy fue asesinada por asfixia a manos de Jorge Luis, por ello solicitó 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

Estas modificaciones son respuesta al cumplimiento de la determinación de la Quinta Sala del TSJDF que el 18 de octubre de 2017 ordenó reclasificar el caso de homicidio simple a feminicidio agravado y esclarecer los hechos.

En esa audiencia la defensa del presunto asesino pidió tiempo para volver a replantear sus pruebas, argumentando que no tenían previsto que la PGJDF cambiará su acusación. El Juez Dávila Gómez aprobó esta petición.  

En esta audiencia, que comenzó en punto de las 9 de la mañana, se debieron presentar los peritajes realizados por la defensa de la víctima y el presunto victimario con el objetivo de que el Juez determinará cuáles pasarían a la etapa del desahogo de pruebas, sin embargo, una vez más el abogado del presunto feminicida pidió un plazo de 20 días más argumentando que no tuvieron tiempo suficiente para que los peritos concluyeran con las pruebas.

Al ser cuestionadas por el Juez Dávila si existían objeciones para otorgar los 20 días solicitados, tanto las asesoras jurídicas de la familia de Lesvy Berlín, la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román; y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, como el Ministerio Público, dijeron que no. Afirmaron que ya tenían prevista esta situación.

Para la madre y el padre de Lesvy este hecho fue desesperanzador. Araceli Osorio, madre de la víctima, manifestó al juez su inconformidad por seguir retrasando las audiencias. Cuando éste le otorgó la palabra, con la voz entrecortada rememoró con tristeza que hace seis días se cumplió un año del feminicidio de Lesvy, un proceso que, sobre todo en estos días de luto, ha sido doloroso y cansado para la familia.

En el entendido del derecho del acusado de presentar pruebas para defenderse, Araceli Osorio, de la misma manera demandó el derecho que tienen como víctima a  “acceder a la justicia de manera expedita”. “Esto nos hace que sintamos que no llega la justicia a tiempo”, dijo Araceli.  

El juez pidió a la defensa de Jorge Luis no más retrasos para contar con las pruebas que necesiten. La próxima audiencia se fijó para el 8 de junio.

PERITAJES INDEPENDIENTES

La familia de Lesvy y las organizaciones que la asisten en la defensa legal se han abocado a reunir expertos peritos en perspectiva de género que les permitan demostrar que la joven no se suicidó como afirmó en un inicio la PGJDF, sino que se trató de un feminicidio.

El Centro Fray Francisco de Vitoria ha dado a conocer los peritajes que presentarán próximamente ante el juez:

Se iniciaron numerosas diligencias en Ciudad Universitaria, entre ellos un “dictamen en materia criminalística”, realizado por la maestra Mercedes Adriana Rubio Mendoza, quien coadyuva en el esclarecimiento de otros casos de feminicidio de la Ciudad de México;  “el dictamen en materia de medicina forense”, elaborado por el doctor José Mario Nájera Ochoa, quien tiene experticia en aportación de pruebas por hechos violentos en conflictos armados y abuso sexual en Guatemala, además de participar en la tipificación del feminicidio en ese país.

Asimismo, el peritaje “en materia de sociología sobre contextos socio-cultural de las violencia contra las mujeres” realizado por la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, experta en feminicidio y coordinadora general del OCNF; otro es el “dictamen en materia de arquitectura forense” aportado por el arquitecto Sergio Stephen Beltrán García para la reconstrucción del hecho en la cabina telefónica,

Fernando Reyes Espinoza del Río realizó el “dictamen en materia de video” en las que se analizaron las más de 20 horas de videograbaciones que dan cuenta de cómo Jorge Luis violentó a Lesvy, antes de que ella apareciera asesinada en la caseta telefónica. También colabora la investigadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Ximena Antillón Najlis en el “peritaje de impacto psicosocial”.

Asimismo el “Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas de género de la UNAM” que reunió las autoridades de la UNAM tras el asesinato de Lesvy propusieron dos peritajes: uno en materia de trabajo social con perspectiva de género hecho por la maestra Roxana Denisse Medina Guzmán y otro en socioantropología sobre entorno social de la doctora Erika Liliana López López.

Cabe recordar que aún está pendiente que la Procuraduría General de Justicia de la ciudad acepte la Recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos local por las violaciones a debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy, a un año de que ocurrió el crimen.

18/HZM

El pasado 11 de enero concluyó el periodo de investigación complementaria que otorgó la Jueza de la Unidad de Gestión Judicial Número 6, Gloria Hernández Franco, a la defensa legal de Lesvy Rivera, para contribuir con evidencias que permitan determinar que la joven fue víctima de feminicidio por parte de su entonces pareja, Jorge Luis González Hernández.

Tras la extensión para investigar el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido el 3 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la defensa legal de la víctima aportó peritajes independientes que buscan demostrar que se trató de un feminicidio.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y coadyuvante del caso, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, precisó que las pruebas presentadas constaron de peritajes con perspectiva de género en materia de sociología, antropología, criminalística, arquitectura, fotografía y psicología.

Estos aportes, señaló el abogado, tienen el objetivo de contrarrestar los peritajes hechos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), los cuales indican que Lesvy se suicidó enfrente de Jorge Luis González, sin que él la detuviera.

Por ello la defensa incluyó la reconstrucción de los hechos sucedidos en la cabina telefónica del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria -lugar donde fue hallado el cuerpo de Lesvy- en el cual descartan la hipótesis de la Procuraduría capitalina, quien argumentó que la joven se enredó con el cable del teléfono para asfixiarse.

Esto, a pesar de que las autoridades contaban con un video de seguridad que muestra a la ex pareja de Lesvy golpeándola con una cadena de su perro e intentándola asfixiar, y testimonios de amigos que hablan sobre la violencia previa que vivió la joven por parte de Jorge Luis.

La extensión de la investigación se dio tras el fallo de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), quien dictó el 18 de octubre de 2017, reclasificar el caso de Lesvy de homicidio simple a feminicidio agravado en contra de Jorge Luis González.

MANTIENEN TEORÍA DEL SUICIDIO

Ahora que entregaron estos peritajes independientes, la familia de Lesvy y su defensa esperan que sean integrados a la carpeta de investigación y en un plazo de una semana se les dé fecha de la próxima audiencia, en la que se formularán las acusaciones y se debatirán las pruebas aportadas por ambas partes.

El abogado Alejandro Martínez añadió que el Ministerio Público no presentó ninguna otra evidencia, por lo que es probable que mantengan la teoría del suicidio en la audiencia. “Al consultar la carpeta vimos que no aportaron diligencias novedosas, más bien tuvieron una actitud pasiva, se esperaron a que las víctimas las presentáramos, parece que ellos no están variando sustancialmente su hipótesis pero vamos a esperar la acusación que formulen”, señaló.

Cabe mencionar que las evidencias presentadas por el Centro de DH, fueron realizadas por peritos independientes que han participado en casos como la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco y las personas fallecidas en la discoteca News Divine, además de organización civil Fundar, mencionó el abogado.

18/HZM/LGL

La jueza Gloria Hernández Franco adscrita a la unidad de gestión judicial número 6, a cargo de la audiencia de Jorge González, ex pareja de Lesvy B. Rivera Osorio acusado de su feminicidio, extendió al 11 de enero de 2018 el plazo de la investigación por este delito, por lo que a partir de esta fecha se terminará la parte de aportación de pruebas de ambas partes.

Lesvy, de 22 años, fue hallada asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo pasado. La Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó que ella se había suicidado pese a que su cuerpo presentó signos de violencia que acreditan un feminicidio y los videos de seguridad de la universidad muestran a Jorge Luis González Hernández agrediéndola previo a su muerte.

El viernes pasado se realizó la audiencia para ventilar el caso en la sala 7 del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente (donde se encuentra recluido el feminicida) la cual inició con una hora de retraso porque los agentes del Ministerio Público (MP) Alejandro Madrid Soria y Fabián Lara Ramírez, de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, a cargo de la indagación y en representación de la familia, no llegaron a tiempo.

La audiencia inició a las 13:47 horas y no a las 12:30 como estaba previsto. En ese lapso un funcionario del Área de Estrategias Procesales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), sin conocimientos del caso, se presentó para cubrir a los agentes. “Solicitó de 30 a 40 minutos para revisar la carpeta de investigación”, dijo. Después de ese tiempo, los agentes de la Fiscalía de Homicidios llegaron y lo sustituyeron.

“Todo ese tiempo de espera puso en incertidumbre e indefensión jurídica a la familia de Lesvy”, afirmó en entrevista la observadora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Xanny Hernández, quien dijo que por esa razón presentarán un escrito a la PGJDF en el que le llamarán la atención y expondrán que la instancia de justicia violó el derecho de la familia Rivera Osorio a estar representada.

Para uno de los abogados del caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, el retraso fue una muestra más de la actitud omisa con la que la PGJDF ha actuado desde el inicio de la investigación. 

Durante la audiencia, Jorge González, ex pareja de Lesvy acusado de asesinarla, se mostró indiferente. Fue hasta que escuchó el fallo de la jueza cuando, molesto, levantó los hombros y opinó; “el tiempo se me hace excesivo, pero me acato a lo que ordene”.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña el caso, Sayuri Herrera Román, indicó que el plazo apenas alcanza para realizar los peritajes independientes que contemplan, como la reconstrucción de hechos en la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería en CU, donde Lesvy fue hallada asesinada- y la consulta de peritos independientes.

La jueza Gloria Hernández recordó a los agentes de la PGJDF el compromiso que tienen de investigar con perspectiva de género, como ordenó la Quinta Sala Penal del TSJDF el pasado 18 de octubre cuando pidió a la instancia de justicia reclasificar el delito por el que se investigaba a Jorge González (de homicidio simple por omisión) a feminicidio agravado.

La PGJDF, mencionaron los ministerios públicos, utilizará la extensión del plazo para solicitar la ampliación de entrevistas de algunos peritos involucrados en la investigación (médico forense y uno en criminalística); además de realizar peritajes en trabajo social, en antropología social, así como una autopsia psicológica a familiares y amistades de la víctima.

“Necesitamos este tiempo para realizar algunos elementos que por el nuevo delito que se investiga (feminicidio agravado) son necesarios”, argumentó el agente Fabián Lara a la jueza durante la audiencia.

Herrera Román, destacó que estos peritajes, tuvieron que realizarse desde el inicio de la indagatoria, apegados al Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio, “pero no lo hicieron, aunque la PGJDF afirmó que agotó esa línea”.

De acuerdo con los abogados de la familia de Lesvy, el primer plazo de la investigación terminó el pasado 10 de noviembre, pero ellos, recordaron, solicitaron una audiencia de ampliación con la que buscaban que fuera hasta el 17 de enero del 2018 cuando concluyera la etapa de aportación de pruebas, por ello quedaron inconformes con el fallo de la jueza, que restó 6 días para el mismo.

“Los seis días que nos  quitaron son importantes. Yo sí valoro el tiempo porque Jorge me lo quitó con mi hija cuando la mató; y por meses las autoridades nos impidieron saber de la investigación” opinó molesta la mamá de Lesvy, Areceli Osorio Martínez.

Para Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, la ampliación no los deja satisfechos del todo “no nos dieron días muy importantes, se les olvidó que ellos nos tuvieron más de dos meses sin ver la carpeta de investigación”.

Por lo pronto, dijo que seguirán con el proceso legal de la mano de las organizaciones y colectivos de mujeres que se sumaron a la exigencia de la verdad y que hoy no estuvieron ausentes pues organizaron un mitin afuera de la sala séptima y al finalizar la audiencia recordaron la consigna: “¿Qué quiere Lesvy?... ¡Justicia!”

17/MMAE/LGL

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el amparo presentado por Jorge Luis González Hernández, con el que buscaba obtener su libertad por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por lo que será investigado como autor material del feminicidio.

El 25 de octubre el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal del CJF rechazó el recurso de amparo que Jorge González presentó el pasado 31 de julio y donde argumentó que el juez de control a cargo del caso, Christian Franco Reyes, violó sus derechos al vincularlo a proceso por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio “sin pruebas suficientes”.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrera Román, afirmó que la instancia negó el amparo gracias “al fallo favorable” de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) en el que ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y al TSJDF investigar como feminicidio y no como homicidio simple culposo, como primero se acusó a Jorge González por no impedir el “suicidio” de Lesvy cometido el 3 de mayo.

Esta semana la familia Rivera Osorio y su defensa legal tendrán una audiencia en la Sexta Unidad de Gestión Judicial donde solicitarán al poder judicial ampliar hasta enero el plazo que tienen para recabar pruebas que demuestren que el ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Hernández, asesinó a Lesvy.

En la audiencia, anunció la abogada Herrera Román, argumentarán que la familia de Lesvy “ha estado en desventaja” pues la PGJDF les negó por más de dos meses el acceso completo a la carpeta de investigación. Y aseguró que el plazo debe ampliarse para “privilegiar el derecho fundamental de las víctimas a acceder a la verdad”.

Desde el 10 de julio, durante la audiencia en la que se vinculó a Jorge González por homicidio, los abogados de la familia de Lesvy solicitaron al juez Franco Reyes los seis meses que el nuevo sistema de justicia penal otorga a las víctimas y a los inculpados como periodo máximo para recabar pruebas, sin embargo, el juez les concedió únicamente cuatro meses, los cuales concluirán el próximo 10 de noviembre.

La familia de Lesvy busca que el periodo de investigación se amplié pues, apoyadas por colectivas feministas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han buscado a peritos reconocidos internacionalmente para que abonen a desmontar la teoría del suicidio, pero a las y los expertos les tomará tiempo dar su análisis.

La justicia para Lesvy aún tardará más de un año en llegar. La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que representa a la familia Rivera Osorio, explicó que una vez concluido el periodo de investigación, el caso pasará a la etapa intermedia donde un juez estudiará si admite las pruebas presentadas por la familia Rivera Osorio, las aportadas por su agresor, Jorge González; y las que hasta ese momento recabe la PGJDF.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el acusado y las víctimas serán escuchadas y expondrán nuevamente sus pruebas con las que se dictará o no una sentencia.

Mientras tanto cientos de estudiantes y organizaciones siguen solidarizándose con la familia Rivera Osorio y se suman a la exigencia de justicia pues, según ha expuesto en actos públicos la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, el feminicidio representó la violencia y revictimización que viven las mujeres de la Ciudad de México.

17/MMAE/LGL

Desde que la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJ) conoció e inició la investigación del caso de la estudiante Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada en la UNAM el pasado 3 de mayo, se empeñó en demostrar que fue un suicido.

Sin embargo, las protestas en redes sociales y en las calles por el tratamiento misógino que se le dio; y la presión de la familia y sus abogados, hicieron que este 18 de octubre se reclasificara el delito de homicidio simple culposo, a feminicidio agravado.

A 5 meses del hecho, este logro representa no solamente un primer paso para garantizar justicia, como lo declaró el padre de Lesvy, sino que demás es un revés a la actuación de la Procuraduría que ha cometido una serie de pifias con tal de no tratar el caso como feminicidio.

ACTUACIONES DEFICIENTES

El 3 de mayo, personal de vigilancia de la UNAM localizó el cuerpo de Lesvy. Su cuello estaba atado al cable de una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería. Al día siguiente, Comunicación Social de la PGJ, publicó en su cuenta de Twitter que al momento de su muerte estaba alcoholizada, drogada y además que no estudiaba.

Los comentarios en redes sociales causaron tal indignación que la etiqueta #SiMeMatan se convirtió en tendencia. Lesvy fue ejemplo de cómo las autoridades culpan a las víctimas en lugar de investigar a los agresores, en este caso al novio de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, última persona en verla con vida.

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía Desconcentrada COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo” pese a que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal. Ése fue el inicio de una demanda de la familia en contra de las autoridades para conocer la verdad de lo sucedido.

En total secrecía y contrario a la actitud de los primeros días, la dependencia encabezada entonces por Rodolfo Ríos Garza, negó a la familia y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que representa a las víctimas, el acceso a toda la carpeta de investigación.

La PGJ dejó que los abogados Sayuri Herrera Román y Alejandro de Jesús Martínez Martínez, que representan el caso, accedieran al expediente completo hasta el pasado 5 de julio, un día antes del anuncio del “suicidio”, delito por el cual González Hernández está en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Durante las indagatorias, la autoridad diseñó una hipótesis enfocada en el suicidio, por lo que insistió en un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de Lesvy así como sus relaciones familiares, mismo que no se realizó por oposición de la familia.

Lo que sí logró hacer fue una necropsia psicológica basada en los videos que la UNAM proporcionó. Las primeras entrevistas que hizo a Jorge y sus amigos, y un supuesto análisis de las imágenes y los testimonios, le bastaron para concluir que “Lesvy era dependiente” y que su consumo de alcohol mostraba señales de un “suicidio crónico”, como consta en la carpeta de investigación.

El 6 de julio la PGJ informó públicamente que Lesvy “se suicidó” y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y novio de la joven, sería acusado de “homicidio simple por omisión”, por no impedir que ella se quitara la vida.

El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.

REVÉS A PGJ

Los abogados del Centro de DH  y la madre de Lesvy no aceptaron el supuesto suicidio. La defensa legal sostuvo que la necropsia y los peritajes no se hicieron con perspectiva de género y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio, así que apelaron la decisión del juez de control para reclasificar el delito a feminicidio agravado porque Lesvy y Jorge mantenían una relación de pareja.

El resultado fue que este 18 de octubre la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ávalos Sandoval (este último votó en contra) resolvió la apelación a favor de la familia de Lesvy.

Con esta decisión la PGJ está obligada a investigar el crimen como feminicidio y el juez Reyes Franco, a vincular a proceso al sospechoso por este delito y a juzgar con perspectiva de género.

También llamó al juez y a la PGJ a investigar las lesiones que Lesvy presentó en rostro y otras partes del cuerpo como antecedentes de violencia previa que pudo vivir por parte de su pareja.

Un día después del fallo, la PGJ “aclaró” que actuó apegada a derecho, y señaló que antes de  vincular a proceso al agresor, la familia de Lesvy pudo aportar pruebas para “fortalecer la investigación” o señalar al posible culpable pero esto no fue así.

Durante los primeros meses después del crimen, el entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, instancia que atrajo el caso, Marco Enrique Reyes Peña, no explicó a los abogados ni a los familiares las líneas de investigación que se seguían, ni si tenía a algún sospechoso.

Tampoco tomó en cuenta los resultados de las primeras entrevistas que se hicieron a Jorge y a sus amigos, quienes evidenciaron que él ejercía violencia contra ella; ni dieron importancia a los videos del campus del día del crimen donde se observa cómo Jorge golpea a Lesvy con la cadena de su perro y cómo trata de asfixiarla.

La autoridad prefirió validar la conclusión del perito de la PGJ, Gilberto Saldaña Prieto, quien determinó que Lesvy “decidió enredarse el cuello con el cable de teléfono, deslizarse y dejarse caer, lo que provocó su asfixia, y lesiones en el rostro por su caída”; acción que hizo frente a Jorge. Sin embargo, esta teoría fue descartada por un peritaje independiente aportado por la familia.

Con todo el trabajo que la Procuraduría capitalina hizo para acreditar un suicidio, ahora la familia de la víctima permanece a la expectativa de justicia y de que en noviembre próximo haya una sentencia en contra de Jorge, quien interpuso un amparo en el que argumenta que no hubo pruebas para dictarle prisión preventiva, recurso que está por resolverse.

17/MAE/LGL

Tras el fallo de ayer del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para reclasificar a feminicidio agravado el caso de Lesvy, su papá y representantes de OSC, coincidieron en que éste obedeció a la presión social y mediática para exigir justicia y una investigación con perspectiva de género.

Entrevistados por separado por Cimacnoticias, Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, asesinada el pasado 3 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo sentirse satisfecho con el fallo de la Quinta Sala Penal del Tribunal, sobre todo porque ello servirá para que las autoridades investiguen “como deben” los casos como el de su hija Lesvy.

Para el papá de la joven, esto es “un primer paso para el acceso a la justicia y un logro”, pues desde que Lesvy fue encontrada ahorcada con un cable de una cabina telefónica, la familia ha tenido que enfrentar a un sistema de justicia empeñado en señalarla como responsable de su propia muerte.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, el fallo demostró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no investiga con la debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres, no acredita el delito, ni tampoco sanciona a los responsables, por lo que la resolución del Tribunal es un llamado a que sí lo haga,

Ayer la Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) respondió al recurso de apelación que la familia de Lesvy interpuso en julio y obligó al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, a cambiar la vinculación a proceso del inculpado Jorge Luis González Hernández (pareja de Lesvy) de homicidio simple a feminicidio agravado y a continuar la investigación bajo la línea de feminicidio.

Luz Estrada reconoció que al aceptar la reclasificación la magistrada Celia Marín Sasaki y el magistrado  Arturo Eduardo García Salcedo mostraron la obligación que tienen los jueces de cumplir los instrumentos nacionales e internacionales que los obligan interpretar las pruebas desde la perspectiva de género.

Si bien es un paso para la justicia, tanto el papá de Lesvy como Luz Estrada coincidieron en que es muy lamentable que las familias cuyas hijas son asesinadas tengan que recurrir a la presión social y mediática para que las autoridades capitalinas investiguen correctamente los casos.

“Es alarmante porque corregir la investigación del feminicidio de Lesvy ha sido una lucha constante, pese a que las autoridades tienen la presión social de cientos de personas atentas a su actuación, imagina qué pasa con los casos que no son públicos”, externó Luz Estrada, quien agregó que precisamente por eso se solicitó implementar la Alerta de Violencia de  Género para la Ciudad de México que el OCNF y otras organizaciones solicitaron el mes pasado.

Luz Estrada precisó que ahora, la Procuraduría capitalina deberá realizar otras diligencias como un peritaje sociocultural que describa la violencia de la que Lesvy fue víctima por su pareja durante la relación y que se suma a las agresiones que Jorge González le causó antes del asesinato. “Antes sólo entregaron dictámenes que robustecieron  su hipótesis del suicidio, ya no pueden hacerlo, dijo.

Lo anterior, toda vez que sostuvo, la Procuraduría demostró su falta de debida diligencia la cual quedó evidenciada con peritajes independientes.

Estrada llamó a que antes que la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo deje el cargo, emita una recomendación por las violaciones de la PGJDF a los Derechos Humanos de la familia de Lesvy.

En tanto, el papá de Lesvy aseguró que si el juez Franco Reyes aún decide inculpar a la pareja de su hija por homicidio, llevarán el caso “a todas las instancias posibles”, como la Suprema Corte de Justicia, tal como lo hizo la mamá de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México, Irinea Buendía, y que resultó, en 2015, en el “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio” que las autoridades deben cumplir.

Agregó que la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, y él, se han sentido cobijados por las personas y organizaciones que se han sumado a su lucha. “Todas esas personas nos dan fuerza y el valor para seguir exigiendo justicia”, concluyó.

17/MMAE/LGL

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 

La defensa legal de Lesvy, la estudiante de la UNAM hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, presentará mañana un recurso de apelación para que se reclasifique como feminicidio el delito de homicidio simple culposo por el que se investiga a Jorge Luis González Hernández, pareja de la estudiante.
 
Luego de que el pasado 10 de julio el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital, Cristian Ricardo Franco Reyes, determinó en una primera audiencia que Jorge Luis González Hernández será juzgado por el delito de homicidio simple culposo y no por feminicidio, la representación legal de la familia de Lesvy dijo que presentarán este recurso pues insistió, existen todos los elementos para que sea por feminicidio.
 
El también abogado del caso e integrante del Centro Fray Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, explicó en entrevista con Cimacnoticias que en la apelación argumentarán que en la audiencia del 10 de julio el juez, que la necropsia y los peritajes están mal hechos porque no tienen perspectiva de género, y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio.
 
“Si el mismo juez aceptó que esa necropsia está mal hecha es porque la mayoría de los peritajes también lo están”, insistió el abogado.
 
La familia de Lesvy también está en espera de que el TSJDF les informe en dónde continuará el proceso legal, ya que actualmente el inculpado cumple prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.
 
CONTINÚA INVESTIGACIÓN
 
El juez Franco Reyes determinó que el plazo de la investigación se ampliaría hasta noviembre, por  lo que en este tiempo, explicó el abogado Martínez, presentarán elementos para comprobar “que Jorge fue el feminicida. “Para ello solicitaremos que expertos independientes de la PGJDF realicen otros peritajes y vamos a presionar para que corrija algunos de los dictámenes o haga algunos que no se han hecho y a partir de ello aportar otras pruebas, como testimoniales”.
 
El abogado recordó que en los videos entregados por la PGJDF sobre el día del crimen no se observa que Lesvy se quitó la vida, lo que sí se aprecia es a Jorge agrediéndola previo al suceso.
 
“Nosotros presumimos que los videos están editados porque en la hora que corresponde con la muerte de Lesvy la imagen está pasmada, por eso pediremos ayuda a algún experto que analice los videos”, dijo.
 
Y recalcó que las lesiones que presentaba el cuerpo de Lesvy no corresponden a las de un suicidio y que la carpeta de investigación incluye el testimonial de Carlos, un amigo en común de Jorge y Lesvy, quien afirma que días previos al suceso Jorge le dio tres cabezazos a Lesvy.
 
A Jorge se le asignó un abogado de oficio, y no hay otro detenido o imputado por el hecho, solo se sabe de dos amigos en común de Lesvy y Jorge que están en calidad de testigos, informó el abogado Martínez Martínez.
 
Hasta el momento la PGJDF no ha hablado con la familia de Lesvy, esto pese a que, de acuerdo al abogado, la instancia de justicia tiene la capacidad de cambiar su fallo y determinar que el delito debe investigarse como feminicidio.
 
En días pasados el Centro Fray Vitoria exigió a través de un comunicado la renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por "las violaciones a Derechos Humanos de las víctimas cometidas desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio".
 
También pidió la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información de Lesvy que la instancia realizó durante el día del hallazgo del cuerpo.
 
17/MMAE

A tres meses del asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que se cumplen hoy, las organizaciones feministas y colectivas que acompañan el caso se pronunciaron en contra del silencio que han mantenido las autoridades universitarias, y pidieron al Rector, Enrique Graue Wiechers, que exija a la Procuraduría de Justicia capitalina que el agresor de Lesvy sea juzgado por feminicidio.
 
En un mitin realizado afuera de la Rectoría, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para conmemorar los 3 meses del feminicidio de la estudiante universitaria, las activistas ahí reunidas exigieron a Graue Wiechers y al director del Instituto de Ingeniería, Luis Agustín Álvarez Icaza, que garanticen la seguridad, la vida y la libertad de las estudiantes, docentes y trabajadoras de esta casa de estudios y que coordinen un sistema de seguridad con perspectiva de género en el cual participen expertas en el tema.
 
El sistema, precisaron, implica analizar a profundidad las violencias que viven las mujeres en Ciudad Universitaria y qué factores las propician; requiere ser implementado con el apoyo de expertas en género, deben monitorearse contantemente los objetivos por alcanzar; así como integrar la perspectiva de género en todas las actividades y trabajar en coordinación con las organizaciones que se ocupan del tema.
 
Exigieron que el procurador capitalino Edmundo Porfirio Garrido Osorio ordene una investigación complementaria con perspectiva de género y formule la acusación como feminicidio contra Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy, toda vez que señalaron, hay evidencias suficientes para que así sea.
 
A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, le pidieron emitir una recomendación dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y a todas las autoridades responsables de haber cometido las violaciones a los Derechos Humanos de Lesvy.
 
Cabe recordar que la  CDHDF ya abrió dos quejas de oficio por el caso, una está en la Primera Visitaduría y la otra en la Cuarta.

La exigencia también incluyó al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, a quien le pidieron que reconozca el mal tratamiento del caso por parte de la instancia encargada de la procuración de justicia de la capital y por la inoperancia de las autoridades que han puesto en riesgo a la familia de Lesvy, en particular a su madre, Araceli Osorio Martínez.
 
Asimismo pidieron la destitución del juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital Cristian Ricardo Franco Reyes, quien juzgó el caso por homicidio culposo por omisión y quien carece de perspectiva de género para juzgar, por lo que revictimiza y pone en riesgo a las mujeres.
 
También exigieron las renuncias del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por las violaciones a Derechos Humanos de las víctimas cometidas desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio; y la de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información de Lesvy que la instancia realizó, mientras estaba a su resguardo el cuerpo el día del hallazgo.
 
Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le exigieron que entregue a la defensa de Lesvy las fotografías completas y los vídeos que se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y a la Sala Penal que conocerá del recurso de apelación interpuesto por la defensa, para que corrija la deficiente intervención del juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes y determinar la vinculación a proceso de Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio agravado.
 
Lesvy tenía 22 años cuando fue hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, su cuerpo estaba colgado con el cable de una cadena telefónica y presentó lesiones en su cuerpo que acreditan un feminicidio, sin embargo, la Procuraduría capitalina determinó que ella se suicidó y acusa a su novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, por homicidio culposo por omisión al no impedir el “suicidio”, aun cuando hay evidencia de la violencia que él ejercía contra ella.
 
Entre las denunciantes está la organización que acompaña legalmente a la familia Rivera Osorio, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo de Mujeres Fuerza Alternativa del Sindicato de Trabajadores de la universidad (STUNAM) y Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC).
 
Señalaron las irregularidades y falta de trasparencia que ha caracterizado la investigación y recordaron que no es el primer caso de violencia hacia las mujeres en el que la UNAM ha sido omisa. Como ejemplo mencionaron la desaparición de la estudiante de arquitectura Adriana Mortlett en septiembre de 2010, afuera de la Biblioteca Central, quien fue hallada asesinada un año después en Tlalpan, sin que a la fecha se conozca al asesino.
 
Pese a ello y aunque el feminicidio se tipificó en la Ciudad de México en 2011 “las autoridades se niegan a reconocer los casos”, expusieron.
 
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tan solo de 2012 a 2015 se registraron en la Ciudad 555 homicidios violentos de mujeres, de ellos la PGJDF estimó que solo 217 fueron casos de femincidio.
 
 
17/MMAE

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
17/MMAE/GG