#SiMeMatan

Desde que la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJ) conoció e inició la investigación del caso de la estudiante Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada en la UNAM el pasado 3 de mayo, se empeñó en demostrar que fue un suicido.

Sin embargo, las protestas en redes sociales y en las calles por el tratamiento misógino que se le dio; y la presión de la familia y sus abogados, hicieron que este 18 de octubre se reclasificara el delito de homicidio simple culposo, a feminicidio agravado.

A 5 meses del hecho, este logro representa no solamente un primer paso para garantizar justicia, como lo declaró el padre de Lesvy, sino que demás es un revés a la actuación de la Procuraduría que ha cometido una serie de pifias con tal de no tratar el caso como feminicidio.

ACTUACIONES DEFICIENTES

El 3 de mayo, personal de vigilancia de la UNAM localizó el cuerpo de Lesvy. Su cuello estaba atado al cable de una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería. Al día siguiente, Comunicación Social de la PGJ, publicó en su cuenta de Twitter que al momento de su muerte estaba alcoholizada, drogada y además que no estudiaba.

Los comentarios en redes sociales causaron tal indignación que la etiqueta #SiMeMatan se convirtió en tendencia. Lesvy fue ejemplo de cómo las autoridades culpan a las víctimas en lugar de investigar a los agresores, en este caso al novio de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, última persona en verla con vida.

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía Desconcentrada COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo” pese a que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal. Ése fue el inicio de una demanda de la familia en contra de las autoridades para conocer la verdad de lo sucedido.

En total secrecía y contrario a la actitud de los primeros días, la dependencia encabezada entonces por Rodolfo Ríos Garza, negó a la familia y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que representa a las víctimas, el acceso a toda la carpeta de investigación.

La PGJ dejó que los abogados Sayuri Herrera Román y Alejandro de Jesús Martínez Martínez, que representan el caso, accedieran al expediente completo hasta el pasado 5 de julio, un día antes del anuncio del “suicidio”, delito por el cual González Hernández está en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Durante las indagatorias, la autoridad diseñó una hipótesis enfocada en el suicidio, por lo que insistió en un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de Lesvy así como sus relaciones familiares, mismo que no se realizó por oposición de la familia.

Lo que sí logró hacer fue una necropsia psicológica basada en los videos que la UNAM proporcionó. Las primeras entrevistas que hizo a Jorge y sus amigos, y un supuesto análisis de las imágenes y los testimonios, le bastaron para concluir que “Lesvy era dependiente” y que su consumo de alcohol mostraba señales de un “suicidio crónico”, como consta en la carpeta de investigación.

El 6 de julio la PGJ informó públicamente que Lesvy “se suicidó” y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y novio de la joven, sería acusado de “homicidio simple por omisión”, por no impedir que ella se quitara la vida.

El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.

REVÉS A PGJ

Los abogados del Centro de DH  y la madre de Lesvy no aceptaron el supuesto suicidio. La defensa legal sostuvo que la necropsia y los peritajes no se hicieron con perspectiva de género y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio, así que apelaron la decisión del juez de control para reclasificar el delito a feminicidio agravado porque Lesvy y Jorge mantenían una relación de pareja.

El resultado fue que este 18 de octubre la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ávalos Sandoval (este último votó en contra) resolvió la apelación a favor de la familia de Lesvy.

Con esta decisión la PGJ está obligada a investigar el crimen como feminicidio y el juez Reyes Franco, a vincular a proceso al sospechoso por este delito y a juzgar con perspectiva de género.

También llamó al juez y a la PGJ a investigar las lesiones que Lesvy presentó en rostro y otras partes del cuerpo como antecedentes de violencia previa que pudo vivir por parte de su pareja.

Un día después del fallo, la PGJ “aclaró” que actuó apegada a derecho, y señaló que antes de  vincular a proceso al agresor, la familia de Lesvy pudo aportar pruebas para “fortalecer la investigación” o señalar al posible culpable pero esto no fue así.

Durante los primeros meses después del crimen, el entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, instancia que atrajo el caso, Marco Enrique Reyes Peña, no explicó a los abogados ni a los familiares las líneas de investigación que se seguían, ni si tenía a algún sospechoso.

Tampoco tomó en cuenta los resultados de las primeras entrevistas que se hicieron a Jorge y a sus amigos, quienes evidenciaron que él ejercía violencia contra ella; ni dieron importancia a los videos del campus del día del crimen donde se observa cómo Jorge golpea a Lesvy con la cadena de su perro y cómo trata de asfixiarla.

La autoridad prefirió validar la conclusión del perito de la PGJ, Gilberto Saldaña Prieto, quien determinó que Lesvy “decidió enredarse el cuello con el cable de teléfono, deslizarse y dejarse caer, lo que provocó su asfixia, y lesiones en el rostro por su caída”; acción que hizo frente a Jorge. Sin embargo, esta teoría fue descartada por un peritaje independiente aportado por la familia.

Con todo el trabajo que la Procuraduría capitalina hizo para acreditar un suicidio, ahora la familia de la víctima permanece a la expectativa de justicia y de que en noviembre próximo haya una sentencia en contra de Jorge, quien interpuso un amparo en el que argumenta que no hubo pruebas para dictarle prisión preventiva, recurso que está por resolverse.

17/MAE/LGL

Si somos mujeres defensoras de Derechos Humanos viviendo en México y recibimos alguna amenaza de violación o de muerte, es probable que estemos en riesgo y sintamos miedo. Bastante lógico si sabemos que en este país asesinan a 7 mujeres al día, y que de 2010 a la fecha, 44 mujeres activistas han sido asesinadas en toda la República.
 
Puede ser un hecho irrelevante el medio por el que se recibió la amenaza: si fue por vía telefónica, en un sobre que llegó a nuestra casa, o en la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, Facebook o Twitter, pues en cualquiera de los casos es posible que los agresores tengan acceso a información importante sobre nuestra familia, entorno y hábitos, incluyendo nuestra ubicación exacta.
 
Aún con todo esto, es bastante frecuente subestimar las agresiones y amenazas que recibimos por medio de nuestras redes sociales; dudamos en hacerlas públicas, en pedir apoyo y todavía más en denunciar dando seguimiento a un proceso legal. Y vaya que tenemos razones para decidir borrar el mensaje y hacer como si no hubiera pasado nada, pues es bastante frecuente que la respuesta social a nuestra denuncia sea minimizar lo ocurrido y culparnos.
 
Por otra parte, como sabemos, el sistema de justicia en México es obsoleto, pero en temas cibernéticos me atrevo a decir que es completamente analfabeta. Basta con saber que el Código Penal Federal que tipifica los delitos informáticos no se ha actualizado desde 1999. Los funcionarios públicos en dichos espacios tienen un escaso o nulo conocimiento acerca de qué es y cómo funciona Internet, sumado a las serias deficiencias en cuanto a perspectiva de género.
 
Es así que, si decidimos iniciar un proceso legal, luego de recibir amenazas o agresiones por nuestras redes sociales, lo primero es saber que hay que invertirle bastante tiempo y paciencia, entre otros recursos. Tendremos que enfrentar miles de argumentos absurdos de diferentes personas, incluyendo los agentes del Ministerio Público que tratan de hacernos desistir de la denuncia: “ni existen los delitos cibernéticos en el Código Civil”, “es complicado este tipo de casos porque no sabemos quién es el responsable y es casi imposible saberlo”, “no podemos acceder a su información, porque él -el agresor- también tiene derecho a su privacidad”, “aquí en el MP, apenas si tenemos Internet”.
 
Es posible que tengamos que pasar también por la revictimización: “¿tenías enemigos?, ¿alguna expareja, alguien que te pretendiera y no le hicieras caso?”, “¿has dado algún motivo para recibir este tipo de comentarios?, ¿públicas pornografía o fotos de desnudos?”. Sin librarnos de los peritajes psicológicos, pues deben estar seguros de que, de entrada, no estás imaginando cosas y también de que la amenaza o agresión “realmente te pudo haber afectado”.
 
Analizamos mejor las miles de trabas que las defensoras de derechos humanos enfrentamos al denunciar este tipo de agresiones ante el aparato de justicia del Estado si atendemos a estas preguntas: ¿Quién o quiénes estarían interesados en lanzar ataques contras las activistas? ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo agresiones contra las mujeres que por medio de las redes denunciamos la violación a nuestros derechos? ¿Cómo se proveen de recursos (tecnológicos, monetarios y de tiempo) aquellos que se dedican a enviar diariamente miles de tuits por medio de cientos de cuentas falsas para intimidar a decenas de feministas?
 
Ahora bien, sabemos que las acciones que hasta ahora han implementado plataformas como Twitter o Facebook para atender la ciberviolencia no han sido suficientes ni eficaces, mucho menos cuando se trata de violencia a defensoras. Tampoco se han logrado construir estrategias conjuntas entre los gobiernos y dichas plataformas para enfrentar estos delitos.
 
Al final, como suele suceder, lo que nos queda es apostarle a lo que sabemos que sí podemos hacer, que es construir entre nosotras las formas para defendernos. La violencia cibernética nos afecta a todas de manera constante y voraz, es claro que este problema no se puede resolver individualmente, tenemos que dar una respuesta colectiva. Y hay que hacerlo ya.
 
Este artículo lo escribo a partir de mi experiencia personal tras la amenaza que recibí en Twitter luego de la acción en redes #SiMeMatan y de la manifestación del 5 de mayo en Ciudad Universitaria por el asesinato de Lesvy: “Te voy a violar en CU, serás mi sirvienta perra feminazi”.
 
Decidí poner una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la capital, la cual sigue en investigación. Después del incidente y de compartir experiencias con muchas otras, decidí hacerme una lista de 3 compromisos personales, que comparto aquí para alimentar la construcción de complicidades ciberactivistas:
 
1. No normalizar este tipo de agresiones. Es un problema real que tiene afectaciones reales; minimizar las emociones que experimentamos nosotras y las demás es sumamente dañino, luego de recibir aunque sea solo uno de este tipo de mensajes.
2. Aumentar nuestra seguridad en Internet. Sé que es difícil poner en práctica los protocolos, pero démonos chance de ir paso a paso, como una estrategia de autocuidado feminista, y hacerlo de forma colectiva. 
3. Las redes cibernéticas de mujeres salvan vidas. No estamos solas en esto, acompañarnos puede hacer la diferencia en cómo nos sentimos y enfrentamos esta violencia. Si alguna compañera pide apoyo, tratemos de responder en medida de nuestras posibilidades.
 
A veces pienso que no es que haya miles de hombres que se levanten queriendo soltar millones de tuits de odio contra nosotras, quiero pensar que son unos cuantos machos que son pagados para desacreditar nuestra lucha (tal como las empresas contratan a personas que manejan bots para colocar sus campañas en las redes).
 
Pero nosotras sí somos miles y miles de mujeres en todo el mundo, que nos levantamos cada día llenas de rabia para enfrentar este sistema que nos odia y solo así sobrevivimos. Por eso reafirmo que, al igual que en la vida que llamábamos “real”, en el ciberespacio, las redes de mujeres también pueden salvarnos.
 
Organizaciones y recursos:
Social TIC A.C. https://socialtic.org/
 
Derechos Digitales: https://www.derechosdigitales.org/
 
Internet es nuestra: https://www.derechosdigitales.org/internetesnuestra/
 
Guía de Seguridad Digital para Feministas Autogestivas https://es.hackblossom.org/cybersecurity/?utm_content=buffer9f42b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
 
*Dirce Navarrete Pérez es politóloga feminista @agateofobia_
 
17/DNP/GG